Por Celeste del Bianco / EL DIARIO AR/ Argentina.- C. G. A. es mujer, madre de cuatro hijos y migrante. Nació en Bolivia, pero viajó a la Argentina después de sufrir violencia de género en su país. Aquí tuvo a sus hijos y fue el único sostén de hogar hasta 2016. Como casi el 40% de las 3568 mujeres presas en Argentina, fue condenada por infringir la Ley 23.737: tráfico de “estupefacientes en su modalidad de transporte”. En términos más claros, era mula. Como la mayoría de las mujeres que pasan estupefacientes por la frontera, escondidos en su ropa o dentro de su mismo cuerpo (al tragar cápsulas), C.G.A también vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad.
En 2016, fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo y la Dirección Nacional de Migraciones (durante el gobierno de Mauricio Macri) decretó la expulsión con prohibición de reingreso al país. En ese momento comenzó la peregrinación judicial a la que la Corte Suprema le puso fin ayer al revocar el fallo, que de cumplirse provocaría “el desmembramiento” de familia de C.G.A.
“Se desprende que la actora y sus hijos menores de edad se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y la medida de expulsión ordenada importa para estos últimos un riesgo cierto de desamparo”, describe el fallo del máximo tribunal emitido ayer. Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti consideraron que se demostró el “altísimo grado de dependencia de sus hijos menores de edad para su subsistencia y desarrollo tanto en el plano psicológico y emocional, como económico” y sostuvo que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal “debió considerar el derecho de los niños a ser oídos, así como sopesar sus intereses”.
Al momento de la detención, en 2016, C.G.A tenía dos hijas y un hijo (la mayor de siete años) y era jefa de hogar. Vivía en un parador de la Ciudad de Buenos Aires después de terminar una relación con el padre de los chicos tras siete años de violencia de género. La situación era tan extrema que cuando obtuvo la prisión domiciliaria no pudo volver a su casa familiar del Barrio Olimpo de Lomas de Zamora por el hostigamiento del hombre. Sin un lugar fijo, estuvieron en distintas instituciones, primero en el Hogar Sol Naciente y, después, en el Hogar Pellegrini dependiente de la Secretaría Nacional de la Niñez Adolescencia y Familia (SENAF).
Mientras cumplía la condena de manera ambulatoria, en 2018 C.G.A tuvo otro hijo con su nueva pareja y se fue a vivir al Barrio La Matera, en San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires. Comenzó a trabajar en un comedor comunitario del Frente Popular Darío Santillán en el que también almorzaban. Limpiaba y cocinaba y con eso alimentaba a su familia. También participó del programa para adultos “Puentes Escolares” del Ministerio de Educación porteño para acompañar a sus hijas e hijos en las tareas escolares. Todo ese recorrido lo confirmó el informe socio ambiental del “Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación al que la Corte le dio preponderancia en su fallo.
El máximo tribunal también descartó la opción de expulsar a la mujer junto con sus hijos. “Les resultaría especialmente gravosa, por cuanto en su actual centro de vida reciben una contención y asistencia que se revela fundamental para su desarrollo integral, ya que no solo gozan de una vivienda digna y se encuentran regularmente escolarizados en el sistema de educación pública (…) y, por intermedio de su madre, ven cubiertas sus necesidades alimentarias a través del comedor comunitario”, escribieron.
El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia porque consideró que “carece de objeto actual que esta Corte se pronuncie con relación a los agravios de la recurrente pues, mediante ellos, se procura que se dejen sin efecto actos administrativos que han sido extinguidos por voluntad de la propia Administración”.
Como confirma el fallo, durante años C.G.A “fue único sostén emocional y económico de sus hijos”.
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Celeste del Bianco, es comunicadora social y redactora de elDiarioAR. Sus orígenes en el periodismo comenzaron en el plano deportivo: un día tocó el timbre en Continental y entró al mundo de la radio de la mano de Víctor Hugo Morales. Participó en Competencia, el Gran Domingo y La Mañana. Es una bicha de radio. Forma parte del área de Géneros de Radio Nacional. Curiosa, explora diferentes formatos. En el 2020 ganó la primera edición del Concurso Nuevas Narrativas del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Además de escribir, le gusta leer, viajar y escuchar murga uruguaya.
ENLACE ORIGINAL DE ESTA NOTA:
https://www.eldiarioar.com/sociedad/corte-revoco-expulsion-mujer-boliviana-vulnerabilidad-vive-hijos_1_9297849.html
ABAJO, UNA NOTA PUBLICADA POR EL DIARIO PAGINA 12, EL 26 DE AGOSTO DEL 2016, SOBRE LA POLITICA MIGRATORIA DEL GOBIERNO DERECHISTA DE MAURICIO MACRI:
EL GOBIERNO FIRMO UN CONVENIO PARA CREAR UN CENTRO DE DETENCION DE MIGRANTES
Una cárcel para extranjeros
En línea con la idea de Macri sobre la “inmigración descontrolada”, el Ejecutivo creará un lugar de encierro con el objetivo de “combatir la irregularidad migratoria”. Repudio de Amnistía Internacional, organismos de derechos humanos y delegaciones extranjeras.
Por Sebastian Abrevaya /26/08/2016/ PAGINA 12.- Era el año 2010 y Mauricio Macri todavía iba por su primer mandato como jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, ya fijaba con claridad su posición respecto de la política migratoria argentina: Tras graves incidentes en una toma de tierras en Villa Soldati, Macri responsabilizó de los hechos a la “inmigración descontrolada”. Con esa concepción, el gobierno nacional firmó ahora un convenio con su par de la ciudad de Buenos Aires para crear el primer centro de detención de migrantes del país, con el supuesto objetivo de “combatir la irregularidad migratoria”.
Amnistía Internacional, organismos de derechos humanos, especialistas en migración y delegaciones diplomáticas extranjeras expresaron su preocupación por la actitud del Poder Ejecutivo, contraria a la Ley Nacional de Migraciones y a los compromisos internacionales asumidos por el país. Para disimular, ayer la Dirección de Migraciones cambió en su página web el comunicado que anunciaba el convenio bajo el título “complementación estatal contra la irregularidad migratoria” por otro encabezado “complementación estatal en aplicación a la ley migratoria”.
El 19 de agosto, el director nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y su par porteño, Martín Ocampo, rubricaron un acuerdo por el cual la Ciudad entrega en comodato un inmueble ubicado en Pasaje Colmo 3860, que estará destinado “de manera excluisva al alojamiento de las personas infractoras de la Ley 25.871 y su normativa complementaria”. Más allá de los eufemismos, se tratará de la primera cárcel para migrantes del país. En el comunicado, la Dirección de Migraciones establece que se retendrán allí las personas que hayan cometido “infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión del territorio”.
Consultado por Página/12, Diego Morales, director del Area de Litigio y Defensa Legal del CELS, explicó que la ley argentina, aprobada en 2004, reglamentada en 2010 y considerada modelo a nivel internacional, abandonó los criterios restrictivos de “combate” a la inmigración. La normativa sólo habilita la detención de los migrantes para situaciones muy puntuales y como última instancia, en caso de una orden judicial firme de expulsión del país y luego de que el Estado le otorgara al extranjero la posibilidad de regularizar su situación. Morales subrayó que la nueva interpretación del Gobierno implica “una ampliación de los supuestos de retención y expulsión que la ley no contempla”.
Por su parte, Amnistía Internacional afirmó que esta decisión “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina”. El organismo expresó su rechazo a “la utilización de la detención como una forma de castigo o con fines disuasorios, en lugar de abordar las causas que originan la migración irregular”.
Este cambio de actitud también despertó un fuerte malestar en la delegación diplomática de Bolivia en argentina. La queja llegó hasta el vicepresidente Alvaro García Linera, de visita actualmente en el país.
“Este Gobierno quiere romper todo lazo con los países hermanos de la región. Está teniendo una actitud servil con Estados Unidos para que no haya visa mientras quiere meter presos a los latinoamericanos”, advirtió el ex embajador en Bolivia, Ariel Basteiro.
Un grupo de más de 500 académicos, activistas y migrantes firmaron un duro petitorio en la plataforma change.org titulado “no a la creación de centros de detención de personas migrantes en Argentina”.
“De un paradigma de prácticas centrado en los derechos humanos de las personas migrantes hemos pasado rápidamente a un paradigma basado en el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un “problema” de seguridad nacional y de orden público”, alertaron.
El convenio entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre y tendrá una duración de 4 años.
La Policía Federal, dependiente de Bullrich, “se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos”.
Previamente se realizarán “tareas de refacción y reconstrucción” del lugar.
Desde el CELS advirtieron que todos los lugares de encierro deben tener una supervisión muy estricta y cumplir características precisas para adecuarse a la ley de implementación del protocolo para la prevención de la tortura.
ENLACE DE LA NOTA PUBLICADA EN AGOSTO DEL 2016:
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-307814-2016-08-26.html
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