ABI.- En una masiva concentración en el histórico poblado de Ucureña, el presidente Luis Arce celebró el Día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria, y destacó que la tierra es para quien la trabaja y no se debe “tolerar el avasallamiento y el tráfico venga de donde venga”.
Sectores sociales de diferentes puntos de Bolivia llegaron este martes a Ucureña, un poblado del municipio de Cliza, en Cochabamba, para celebrar junto a Arce y el vicepresidente David Choquehuanca un aniversario más de la fecha que simboliza un cambio en la visión del desarrollo rural y el empoderamiento del campesino, indígena y originario como sujeto de derechos.
Arce vestía un poncho de color rojo y una guirnalda de flores en el pecho, obsequio de los anfitriones de este poblado cochabambino. Llegó en horas de la tarde y durante su discurso reafirmó ante una masiva concentración de trabajadores del campo que durante su gestión se concluirá con el proceso de saneamiento de tierras y se garantizará la seguridad jurídica de la propiedad.
Un repaso histórico sobre la problemática de la tierra llevó a recordar que en la República se buscaba “desindianizar” el campo y agrietar la lógica de tierra-territorio. La llegada de Evo Morales al poder en 2006 representó un giro y una “reconducción” de la política agraria, que implicó una revalorización de la labor en el área rural, convertir a los habitantes rurales en sujeto de derechos y tecnificar el agro.
Dentro de esa lógica de desarrollo, la seguridad jurídica de la tierra representa un desafío central y Arce comprometió que en su gestión de Gobierno acabará con el saneamiento y titulación de tierras, principalmente para beneficiar al pequeño productor con la seguridad jurídica sobre su propiedad.
“Hemos recibido con el 87% de la superficie rural saneada y titulada en nuestra gestión y la hemos incrementado a 89%, esto implica hermanas y hermanos 3 millones de hectáreas saneadas, priorizando a los pequeños productores, a nuestros hermanos indígena originarios y campesinos”, destacó.
De acuerdo con los datos oficiales, en 2021 se entregaron al menos 40.846 títulos ejecutoriados de tierras y para este 2022 se proyecta entregar 150 mil en esta lógica de garantizar el derecho propietario. Aunque no precisó la cantidad, Arce aseguró que el Gobierno destinará mayores recursos económicos para concluir esta labor pendiente del Estado.
“Con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) nos hemos propuesto concluir en nuestra gestión el saneamiento de la propiedad agraria, sanear todas las tierras de nuestro Estado Plurinacional para otorgar seguridad jurídica a ustedes hermanos”, afirmó dirigiéndose a la masiva concentración que enarbolaba la wiphala y la tricolor nacional.
Ucureña entró a los libros de historia porque fue el lugar donde en 1953 se firmó el decreto de la reforma agraria, aunque con una visión alejada del campesinado. Este 2 de agosto se mostró que la estructura de propiedad favorecía a los sectores empresariales y terratenientes, quienes detentaban cerca de 39 millones de hectáreas.
Para los indígenas originarios y campesinos solo estaba destinado 17 millones de hectáreas, pese a que es una mayoría en el área rural. Esta situación, empero, cambió con la nueva política en materia de tierras aplicada desde 2006 que logró hasta el momento revertir esa estructura de propiedad.
Ahora, las naciones indígena originario campesinos “tienen el 55% de la tierra rural, 30% se consolidó como tierras fiscales, áreas protegidas y otros, y la propiedad mediana y empresarial tiene un 15% (de la tierra)”, destacó Arce y valoró que la tenencia de la tierra sea “más equitativa y más inclusiva, incluso de género (45% de la titulación es a nombre de mujeres)”.
Mientras que una verificación de la Función Económico Social (FES) acabó con la reversión de latifundios improductivos y la redistribución de tierras fiscales. Más de 8.500 familias en 267 comunidades fueron beneficiadas con la consolidación de tierras, previa verificación de la FES.
Los avasallamientos y el tráfico de tierras fueron otros de los temas abordados. Arce expresó su rechazo a este tipo de acciones que en el pasado se denunciaron, principalmente en el departamento de Santa Cruz.
“Es importante que de manera conjunta todos nosotros asumamos un compromiso de no tolerar avasallamiento ni tráfico de tierras venga de donde venga, porque la tierra no debe ser traficada sino trabajada”, afirmó y en ese marco reveló que hay “millones de tierras paralizadas (en su actividad agraria) por conflictos”.
Ante esa situación y en la línea de asegurar el mayor número de hectáreas productivas, aseguró que el Gobierno “tiene la voluntad política para solucionar los conflictos con un diálogo franco, amplio y sincero”.
Bolivia es un país mayoritariamente rural y dedicado a las actividades agrarias y pecuarias, por eso el énfasis en apoyar su desarrollo para asegurar la estrategia de la seguridad alimentaria en momentos de una crisis climática.
Bolivia producirá su propio diésel
El presidente Luis Arce anunció que próximamente Bolivia empezará con la producción de su propio diésel para dejar la dependencia de la importación. Se prevé la producción de especies oleíferas, materia prima para la producción de este combustible.
Enfatizó que esta importación “es una situación vulnerable para la economía de todos porque allá en el campo nuestros hermanos utilizan maquinaria a base de gasolina y diésel, el transporte de los productos de las zonas productoras es con diésel y esa dependencia nosotros la queremos cambiar, produciendo estas especies oleíferas (palma africana y jotropha). Bolivia va a empezar a generar materia prima que vamos a convertir en diésel”.
Destacó que el país debe ser “absolutamente independiente, no queremos estar importando, es parte de la sustitución de importaciones, por eso apuntamos a que nosotros produzcamos con nuestras propias manos, en nuestra propia tierra nuestro propio diésel y dejemos de importarlo”.
Hace poco, el Gobierno dictó un decreto supremo para la creación del Programa de Fomento a la Producción de Especies Oleíferas que impulsará la producción de jatropha, macororó y palma aceitera, que son materia prima para la elaboración de aceites crudos destinados a la producción del diésel ecológico.
Anunció, además, la inversión de 500 millones de dólares para la implementación de riego tecnificado con enfoque de cuencas, uno de los proyectos más grandes en la historia del país.
Mencionó también la Planta de Fertilizantes Granulados NPK, que se construye en Cochabamba, que tendrá una capacidad de producción de 60 mil toneladas de fertilizantes.
Garantizar la alimentación para la población
La profunda crisis económica y social por la que atraviesa el mundo ha impactado en la producción de alimentos y ante esto el Modelo Económico Social Comunitario Productivo boliviano apunta a garantizar la alimentación para la población, en el marco de la seguridad alimentaria y la industrialización con sustitución de importaciones, manifestó el presidente Luis Arce en el marco de la celebración del Día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria, en Ucureña.
Nuestra prioridad debe ser “la seguridad alimentaria, industrialización con sustitución de importaciones, la dinamización de la demanda interna, la lucha contra la pobreza y las desigualdades, acortar la brecha entre ricos y pobres, y el crecimiento con justicia social para el Vivir Bien de todas y todos los bolivianos”, sostuvo.
Ratificó el compromiso de fortalecer y apoyar la producción agrícola. “Debemos producir nuestras propias semillas, fertilizantes, maquinarias y semillas mejoradas. No podemos condenar a nuestras hijas e hijos, a nuestros nietos, a la dependencia en la producción, a paquetes que nos vienen desde afuera y que nos atan de por vida, buscando hacernos monoproductores y proveedores de los centros capitalistas mundiales”, dijo.
Destacó que se debe mirar hacia adentro de manera prioritaria para desarrollar las potencialidades, diversificar la producción, romper las cadenas de dependencia y así garantizar alimentación primero para la población boliviana y luego ver la exportación.
Es así que el Gobierno, en el marco de la política de la Reconstrucción Económica y Productiva, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, implementó durante la gestión 2021 programas nacionales con un presupuesto de más de 2.533 millones de bolivianos al servicio de los productores. Con estos programas se está brindando apoyo al 79% de los municipios del país.
“Queremos fortalecer a los sectores productivos del área rural para que se potencien, fortalezcan y produzcan más y mejor cada vez; para garantizar una alimentación sana, ecológica y orgánica, que solo nuestros productores campesinos indígenas originarios pueden dar a toda la familia boliviana”, remarcó.
Por otro lado, en abril de este año, a través del Decreto Supremo 4701, se creó la Empresa Boliviana de Producción de Alimentos, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria en el Estado Plurinacional de Bolivia, para dinamizar el mercado interno y la economía a través de la producción agropecuaria en tierras fiscales a ser asignadas para este fin.
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