Por José Galindo / LA EPOCA.- La experiencia demuestra que un movimiento fascista no necesita de grandes liderazgos para organizarse, mucho menos de personalidades de cierta genialidad. De hecho, los peores regímenes del fascismo fueron presididos por figuras de escasa inteligencia e incluso poco carisma, desde Luis García Meza hasta el propio Luis Fernando Camacho o Jeanine Áñez. En todo caso la cuestión de la dirigencia que cohesionará a la derecha como bloque social no puede ser descuidada.
Los intentos de la derecha por rearticularse como bloque social no se detendrán por lo pronto, lo que nos brinda una oportunidad para reflexionar acerca de otro factor clave en la construcción de un proyecto político, además del programa y las consignas: el liderazgo. Saber qué sectores se alinearán con uno u otro frente en disputa es tan importante como identificar al grupo social o incluso a los individuos que los dirigirán. En ese sentido, tanto la marcha del jueves 21 como el paro que se espera para este lunes 25 son dos episodios que pueden servir para identificar a los actores encargados de engrasar la maquinaria política que pretende construir la oposición. La adhesión o no de tal o cual sector a las filas de la derecha, al mismo tiempo, también depende del Gobierno y su capacidad de negociar.
La oposición en La Paz
Comencemos por la Marcha por la Democracia y en Contra de la Persecución Política que se dio el jueves 22 en el centro de la ciudad de La Paz. Estuvo encabezada por las esposas de policías y militares supuestamente perseguidos por el Gobierno, muchos de los cuales se encuentran arrestados o bajo investigación por haber participado del golpe de Estado de 2019 y en las masacres que le sucedieron. Se unieron a esta marcha, como no podía ser de otra forma, organizaciones de derecha que trabajan bajo el paraguas de los Derechos Humanos (por muy difícil que parezca creerlo), como el Comité en Defensa de la Democracia (Conade) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Bolivia (Apdhb), junto a jóvenes pertenecientes a la Resistencia Km 0, un pequeño grupo de paramilitares que actuó en el golpe en labores de persecución política en contra de las autoridades del entonces depuesto gobierno de Evo Morales.
Llama la atención de que ese mismo día otro sector de la sociedad haya decidido realizar su propia manifestación en demanda de un incremento salarial que llevan pidiendo desde finales de mayo: el Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), que agrupa tanto a gremios tradicionalmente conservadores y opuestos al Gobierno, como el Colegio Médico, hasta otros menos involucrados en acción política y menos favorecidos que el grupo anterior, como trabajadores sociales y de enfermería, entre otros. Aunque este sector se reunió y movilizó en un punto completamente distinto de la ciudad, muchas personas no pudieron evitar establecer algún tipo de conexión entre esta protesta de carácter profesional con aquella de naturaleza evidentemente política. Y eso es porque, hasta la materialización del golpe de Estado, el Colegio Médico, a veces actuando bajo el Sirmes, se constituyó en uno de los principales antagonistas del gobierno de Morales.
En todo caso ninguna de las marchas pudo encontrarse con la otra para multiplicar sus fuerzas, debido a que simpatizantes del oficialismo no solo los abucheaban en las calles, sino que se enfrentaron con ellos abiertamente, aunque sin ir más allá de los amagues de violencia que se suelen dar en estos casos.
Mención aparte merece el arresto de ocho integrantes de la Resistencia Km 0, debido a que fueron identificados no solo por el Gobierno, sino por organismos internacionales relacionados con la defensa de los Derechos Humanos, como organizaciones parapoliciales. Es decir, grupos paramilitares entrenados para el uso de la violencia. Fueron arrestados por la Policía, sector que fue, en uno de esos giros del destino, uno de sus aliados cuando el golpe de 2019.
En todo caso, el alcance limitado de estas movilizaciones no debe llevar a subestimar la indisimulada intención de la derecha por rearticularse en un bloque social capaz de incidir en las calles y poder ejercer presión sobre el Ejecutivo, pues como todas las inundaciones este tipo de movimientos suelen darse por goteos hasta convertirse en multitudinarios, dependiendo de la capacidad del Estado para gestionar los conflictos.
Así, además de los tradicionales sectores de la salud y las organizaciones de “Derechos Humanos”, el Gobierno debe esforzarse por tejer puentes con sectores por el momento antagonizados con el partido gobernante, como los productores de hoja de coca del norte de La Paz y de los Yungas, organizados en torno al Mercado de la Asociación de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca); y los trabajadores de la educación básica, primaria y superior, aglutinados en los magisterios rural y urbano, entre muchos otros que no necesariamente tienen intereses contrapuestos al gobierno de las organizaciones sociales.
La oposición en Santa Cruz
En Santa Cruz de la Sierra la configuración del bloque opositor resulta ser más sólida que en el Occidente, expresándose políticamente en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, presidido por el belicoso Rómulo Calvo; su brazo paramilitar de la Unión Juvenil Cruceñista, dirigida por Juan Martín Delgado Ferrante; y la máxima autoridad ejecutiva de la Gobernación de aquel departamento, Luis Fernando Camacho. No obstante, cabe aclarar que estas tres figuras deben tomarse solo como las cabezas visibles de un grupo más extenso y poderoso, conformado por familias que en su conjunto constituyen la burguesía agroindustrial del país, con sus ramificaciones en las industrias farmacéutica, bancaria y manufacturera, y con lazos directos con negocios menos formales, como el narcotráfico.
Dicho bloque pondrá a prueba su capacidad de convocatoria mañana, lunes 25 de julio, jornada en la que piensan ejecutar un paro en contra de la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda programado para finales de este año, y que el Gobierno ha decidido retrasar hasta la segunda mitad de 2024, año considerado como preelectoral e inestable para algunos.
Hasta ahora el llamado a las calles hecho por Camacho ha sido secundado solo por Rómulo Calvo, puesto que los 31 municipios del departamento cruceño han anunciado explícitamente que no acatarán el paro de actividades por considerarlo perjudicial económicamente. Tampoco han confirmado su participación otros sectores de la sociedad cruceña, como las universidades públicas o las cooperativas de servicios. Las universidades, por su lado, han anunciado que tratarán de llevar el censo a finales de 2023, en cuyo caso, de ser rechazados, apoyarían el llamado de Camacho.
La decisión de llevar a cabo el Censo en 2024 es acusada por algunos de no basarse en criterios técnicos, sino de orden político; esto si partimos de las interpretaciones que señalan que el único departamento que tiene algo que perder con la postergación del Censo es justamente Santa Cruz, la región más pujante del país, que ha crecido en términos demográficos, tanto por crecimiento vegetativo pero sobre todo por la migración interna, y que podría llegar a tener tal peso en número de habitantes que le permitiría reclamar no solo una mayor porción de la torta fiscal, sino igualmente más representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Todos los demás departamentos que aprobaron la postergación del Censo tendrían posibilidades de perder tanto en términos fiscales como representativos. Esto, sin embargo, es solo una parte de la explicación, pues se dieron otro tipo de obstáculos de orden logístico que harían de un censo inmediato un acto irresponsable.
Dirigencias y liderazgos
Pero lo central de estos últimos días no es la legitimidad de las protestas en contra del Gobierno, discutibles tanto política como técnica o jurídicamente, sino el hecho de que la rearticulación de la derecha como bloque social requiere, como toda forma de organización política, liderazgos capaces de cohesionar a los sectores inevitablemente enfrentados con el partido gobernante. Dicha tarea es más difícil de lo que parece, debido a que en su consecución ya han fracasado casi todos los referentes de la oposición política partidaria, como Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y Carlos Mesa, siendo el último caso el más ejemplificador acerca de las limitaciones de algunos representantes. Así, mientras Doria Medina y Tuto Quiroga jamás contaron con una base social considerable incluso como cabeza de partido, Mesa sí fue por un breve lapso de tiempo la única opción viable de la derecha a nivel nacional; pero hoy ya no es así y su relevancia política es cada vez menor.
Por lo que una nueva rearticulación de la derecha al parecer se dará de la misma manera en que se dio en la primera gestión de Evo Morales: desde el plano regional. Esto porque las clases dominantes encontraron la vía de permutar o intercambiar sus espacios de ejercicio del poder político pasando del gobierno central a las regiones subnacionales, desde las cuales tratan de recuperar influencia nacional, a veces logrando cierta cooperación con otras ramas del Estado todavía no alineadas con el oficialismo, como la Policía Nacional o las clases sociales que trabajan en los sectores de salud o educación. Se trata de la única oposición que cuenta con los recursos institucionales, materiales y humanos suficientes como para enfrentar al Gobierno, además de desenvolverse políticamente a través de estrategias más agresivas que las que podrían adelantar otras oposiciones, como las clases autopercibidas como medias. Entre estas clases hay figuras de muy corto alcance y que tienen notabilidad solo por un decidido apoyo mediático, como Manuel Morales de Conade o Amparo Carvajal de la Apdhb.
Camacho parece estar lejos de gozar con el capital político y la capacidad de convocatoria que alguna vez tuvieron Branco Marinkovic o Rubén Costas, o incluso las habilidades de gestión del exalcalde cruceño Percy Fernández. Aunque es cierto que se presentó a sí mismo como una revelación de la farándula política, poco después se supo que su gesta contra el gobierno de Morales, que terminó con el derrocamiento de este, fue negociada en realidad por su padre, puesto que hasta entonces era prácticamente un desconocido. Varios errores políticos cometidos desde 2019 hasta hoy han mermado su capacidad de convocatoria y la percepción que se tenía de su liderazgo.
De hecho, Camacho no parece ser capaz de organizar a los sectores más importantes de la sociedad cruceña en torno suyo, como lo confirma la negativa de los gobiernos municipales de unírsele en el paro convocado para este lunes, así como ciertos episodios de tensión y alejamiento en relación al propio Calvo, que en teoría sería algo así como su aliado natural. Al respecto resulta útil considerar que la falta de apoyo al desafío planteado por Camacho se dio por el hecho de que esta autoridad no participó en las reuniones del Consejo de Autonomías, en las que estaban presentes las autoridades de los otros ocho departamentos, que decidió posponer el Censo, y por haber desempeñado una gestión bastante mediocre a la cabeza de la región más pujante económicamente, con la ejecución presupuestaria más baja entre todas las otras gobernaciones. Un dato no menor y muy elocuente acerca de su capacidad como líder y autoridad.
Pero lo expuesto podría no ser más que un enfoque exageradamente optimista respecto a la oposición, debido a que la experiencia inmediata demuestra que, en determinadas circunstancias, el bloque opositor puede cerrar filas en torno a liderazgos más que deleznables, como lo demuestran Camacho y Jeanine Áñez, sobre todo cuando se tiene un respaldo en las calles lo suficientemente grande como para reducir el peso de las responsabilidades organizativas que debe tener un liderazgo. Después de todo, los peores regímenes de la historia del país fueron encabezados por personajes mediocres de la política, sin carisma o talento alguno que los respaldara.
Es posible que la oposición pueda, de hecho, prescindir de un liderazgo, sobre todo si su estrategia política es pensada desde el exterior.
