Por Naira C. de la Zerda / AHORA EL PUEBLO .- La oposición recurre a la desinformación para confundir a la población y obstaculizar la gestión del presidente Luis Arce. De acuerdo con el analista Gabriel Villalba, una de las formas de aplicar esta estrategia es iniciar procesos legales sobre la base de leyes derogadas, solo para armar un “show político”.
Esta “chicana” fue aplicada por la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, quien presentó una denuncia penal contra el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, y el director interino del Instituto Nacional de Estadística (INE), Gastón Cordero, por la reprogramación del Censo Nacional de Población y Vivienda, ahora reprogramado para el 2024.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Iván Lima, dejó en evidencia, en una entrevista en Bolivia TV, que el mencionado proceso penal fue desestimado, ya que “la Fiscalía notó que las leyes en las que se amparaba ya han sido derogadas”, detalló.
El titular de Justicia reclamó que, los medios de comunicación hayan dado plena cobertura a la presentación de esa denuncia, pero que no se realizó un seguimiento e investigación al tema y tampoco se informó que la demanda fue desestimada ni se conocieron las razones.
Para el analista político, Gabriel Villalba, la denuncia presentada por Nayar “es parte de una campaña de desprestigio continua”, que apela a la desinformación como una estrategia de la oposición para obstaculizar la gestión del presidente Luis Arce y generar desestabilización política.
Villalba lamentó que parlamentarios opositores como Nayar, se aprovechen de ciertos órganos del Estado, para armar “show políticos” y distraer a la población.
“La reprogramación del Censo, incluso cuando fue un pedido del Consejo Nacional de Autonomías, se constituye en un pretexto para que los actores políticos, que fueron parte de la toma ilegítima del poder, junto a Jeanine Añez se rearticulen”, aseguró.
Cuestionó el papel de los medios de comunicación que están alineados con los intereses de la oposición, y que desde ese papel promueven este nivel de desinformación hacia la opinión pública.
Alertó que parecidas estratagemas pueden aplicarse como últimos recursos para bloquear la selección y designación del Defensor o Defensora del Pueblo y del Contralor o Contralora General del Estado.
