Por Luis Fernando Cruz / AHORA EL PUEBLO.- El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, rearticuló ayer grupos de choque en la marcha que promovió después de que uno de sus hermanastros lo denunció por una presunta negligencia médica que habría terminado con la vida de su progenitor, debido al Covid-19.
Con el pretexto de la defensa de la libertad, la justicia y la democracia, Larrea movilizó a un reducido grupo de profesionales en salud, además de políticos de derecha, los autoconvocados y la denominada Comisión Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), quienes se adueñaron de las calles paceñas armados con palos, piedras, bates, petardos y escudos fabricados de turriles, como ocurrió durante los actos de violencia antes y después del golpe de Estado de 2019.
La marcha partió desde la avenida Saavedra, en la zona de Miraflores, e hizo su paso por el Puente de las Américas para conectarse con el centro de la ciudad, donde un grupo de personas intentó impedir su caminata al grito de “golpistas” y “asesinos”, entre otros, acción que fue respondida con el lanzamiento de petardos, piedras y amagues de ataques.
Efectivos de la Policía intervinieron para frenar mayores daños, ya que el ornato público también fue afectado.
Desbaratan grupo de choque de Conade
El Ministro de Gobierno señala que la libertad de expresión tiene límites.
Por Nicolás Fernández/ El Conade de la oposición salió a las calles con escudos metálicos y bombas caseras, con la intención de alterar el orden público, que obligó la Policía resguardar la seguridad física de los ciudadanos.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que la Policía actuó el jueves de manera firme, en el control de disturbios civiles que pretendía provocar desórdenes, contra el denominado Comité de Defensa de la Democracia, (Conade), grupo asistido por la oposición política al Gobierno nacional.
La plaza Abaroa de La Paz fue el centro de la intentona, en donde se observó grupos de civiles armados de escudos metálicos y bombas caseras, como los que se utilizaron durante el golpe de noviembre de 2019.
El ministro de Gobierno, los identificó como grupos “parapoliciales” y “delincuenciales”, por su características organizativas y fines políticos.
libertades.
Del Castillo afirmó que las libertades de expresión, como es el derecho a la manifestación y petición pública están plenamente garantizados, pero no es tolerable disturbios de ataques físicos a la seguridad ciudadana.
De acuerdo con reportes de la Policía, un grupo de personas fue detenido de manera preventiva, a fin de que procedan a entregar los explosivos y escudos que portaban con la finalidad de ocasionar alarma e inseguridad pública.
La acción directa policial permitió identificar a las personas sospechosas y los motivos que les llevó a portar artefactos diseñados para ocasionar daño físico.
El Conade que representa la voz de los médicos colegiados y colectivos políticos opostitores al Gobierno y a las organizaciones sociales, movilizó a sus grupos de choque para demandar libertades de procesados por atentados contra los derechos humanos y los intereses económicos del Estado, durante el golpe de noviembre de 2019.
Los detenidos fueron puesto a disposición de las autoridades judiciales, a fin de desarrollar actos investigativos y entretanto el juez dé garantías considere su procesamiento o libertad.
Los grupos de choque atacaron a periodistas y personas ajenas a la protesta.
Analistas observan cambio de discurso de la derecha cruceña busca generar confrontación
Fernando Camacho aprovecha la polémica sobre la fecha de la encuesta para obtener rédito político.
Por Gabriela Ramos/ El Censo Nacional de Población y Vivienda fue motivo de un cambio en el discurso de la derecha cruceña, que apunta a generar confrontación y conflicto, expresaron los analistas políticos Gabriel Villalba y Hugo Siles.
Villalba observó que, cuando el Censo estaba programado para noviembre de 2022, cívicos, políticos y el gobernador Luis Fernando Camacho objetaron su realización, con el argumento de que era necesario hacerlo bajo criterios técnicos de calidad.
“Sin embargo, ahora que el Consejo Nacional de Autonomías decidió reprogramar la realización del Censo, la derecha cruceña, cuyo representante es el gobernador Camacho y los cívicos, se oponen a la reprogramación, cuando realizaron marchas en las que objetaban la realización del proceso para la fecha establecida. Esto nos muestra que ese sector cambió de discurso y que apunta a la confrontación”, señaló Villalba.
En este marco, el analista alertó sobre las intenciones de la clase política cruceña y sus autoridades, ya que buscan generar un conflicto innecesario.
El Consejo Nacional de Autonomías que reunió al presidente Luis Arce, autoridades de Estado, gobernadores y representantes de las autonomías indígenas, determinó reprogramar el Censo para 2024, para llevar el proceso de manera transparente, técnica y responsable.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no asistió al encuentro; sin embargo, reunió al autodenominado comité interinstitucional, que definió realizar un paro el 25 de julio, contra la reprogramación del evento censal.
El analista Hugo Siles también observó ese cambio de discurso, y alertó la intención de la derecha cruceña, encabezada por Luis Fernando Camacho, de llevar el tema del Censo al plano del conflicto, “para llevar agua a su molino”, es decir, obtener algún rédito político.
“El Gobernador (Camacho) pretende llevar el tema al plano del conflicto debido a la falta de obras. Tomando en cuenta los factores que determinaron su inasistencia al evento, lo cual podría suponerse fue una negligencia, precisa de este recurso para mantener el equilibrio político en el departamento”, indicó.
Siles incidió en el factor de que un conflicto por el Censo podría revitalizar la imagen política de Camacho, y que el gobernador intente retomar su lucha por el liderazgo y control político de la región.
Larrea rearticula grupos afines a la derecha para generar violencia en La Paz
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