Por Ibeth Carvajal / LA RAZON.- La denunciante en el caso Golpe de Estado I, la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, pidió un informe de las amenazas que supuestamente recibieron los fiscales que debían tomar la declaración del gobernador Luis Fernando Camacho.
La comisión de fiscales que fue de La Paz a Santa Cruz para tomar la declaración del padre de Camacho informó que la audiencia prevista para las 10.00 del martes quedaba suspendida por amenazas de muerte contra los funcionarios del Ministerio Público.
“Dicen que fueron amenazados, ¿por qué no hacen constar a qué hora y cuándo han sido amenazados?, que se investigue, no hacen constar. Vamos a pedir con un memorial explicaciones, vamos a pedir que citen, no podemos quedarnos así”, afirmó el martes la exlegisladora durante una entrevista con La Razón Radio.
En conferencia de prensa, el fiscal del caso Carmelo Laura explicó que se trata de “llamadas anónimas de las que vamos a dar conocimiento a las autoridades”. “Querían atentar contra la vida de estos fiscales”, denunció el fiscal.
En Twitter, Camacho sostuvo que “es el típico recurso de la justicia masista: la dilación, la chicanería y el jugar al desgaste”.
En la mañana del lunes acudió a la Fiscalía José Luis Camacho, padre del gobernador, para declarar en el mismo caso, pero se acogió a su derecho al silencio.
Sobre la suspensión de la declaración, Martín Camacho, el abogado del gobernador de Santa Cruz, aseguró que no recibieron la notificación “como corresponde dentro de un proceso” y que se enteraron por los medios de comunicación y redes sociales. “Mi recomendación fue la de ir, una conferencia de prensa no es el medio oficial” para informar sobre la suspensión de una audiencia.
Además, afirmó que al Ministerio Público le corresponde investigar todas las denuncias contra Camacho y que éste puede abstenerse de declarar.
El caso Golpe de Estado I fue abierto a instancias de Patty en contra de Camacho, la expresidenta Jeanine Áñez y los personajes que formaron parte de su cuestionada sucesión presidencial, por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales Ayma renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas (FFAA) para que dimitiera.
Dos días después, Áñez, que entonces ocupaba el cargo de segunda vicepresidenta del Senado, asumió la presidencia de dicho órgano camaral y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada mayoritaria del MAS, hecho que fue calificado como un golpe de Estado por el partido oficialista.
PROCESO.
El abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que si bien la jurisprudencia del caso Golpe de Estado I está en La Paz, su defendido puede declarar en su lugar de residencia. En este caso, la capital oriental, porque “la Fiscalía no investiga personas, sino hechos”.
“El proceso tiene su jurisdicción en la ciudad de La Paz, pero no es una jurisdicción respecto a las investigaciones. Las investigaciones, por los hechos, pueden realizarse en cualquier parte del territorio nacional”, aseguró el jurista en una entrevista con La Razón Radio. Ratificó que su defendido declarará en el caso.
“No hay una obligación a que la declaración se tome donde se encuentra la sede judicial, fuera distinto si habláramos de una audiencia ante el juez”, agregó.
Por otra parte, la semana pasada, la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez planteó que la Fiscalía solicite la detención preventiva del Gobernador de Santa Cruz en su audiencia.
“Con la convocatoria de Camacho, el Ministerio Público tendría que imputarlo y pedir en toda caso la detención preventiva en similitud o al menos en disimulo con lo que se hizo con Áñez”, afirmó Alain de Canedo, abogado de la exmandataria, durante una rueda de prensa. Y ante la posibilidad de que suceda eso, sostuvo que “se levanta Santa Cruz”.
El jurista del exlíder cívico dijo que De Canedo “tuvo un lapsus” porque se comunicó con Carolina Ribera, hija de la expresidenta, y le dijo que “no quiso decir eso” porque, en su criterio, “serían declaraciones irresponsables o malinterpretadas”. “No hay un proceso sostenible”, afirmó.
“La denuncia empieza contra Camacho en noviembre de 2020 y es en marzo de 2021 que se amplía a Áñez, a ella la imputan y detienen”, afirmó De Canedo.
En ese caso, el expresidente Carlos Mesa ya declaró como testigo al igual que el exmandatario Jorge Quiroga y el excívico de Potosí Marco Antonio Pumari.
Patty ve que fiscales ‘se corren’ en citar a Camacho
“Estos señores se corren, dicen que fueron amenazados”, afirmó el martes la exdiputada oficialista Lidia Patty sobre la suspensión de la declaración del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el caso Golpe de Estado I.
“Lamentablemente las autoridades de la Justicia están con temor, no entiendo cómo postergaron, no están cumpliendo con las normas en nuestro país, por eso la Justicia está retrasada en el país”, cuestionó la denunciante.
“Camacho es el autor del Golpe de Estado, no podemos dejar en la impunidad, hay muertos, heridos y presos políticos”, dijo Patty.
El excívico tuvo un rol crucial en los hechos de 2019, primero, en la caída del expresidente Evo Morales y, luego, en la proclamación de Jeanine Áñez, entonces segunda vicepresidenta del Senado.
Camacho pactó un pliego de demandas con la Policía Boliviana; invocó a las Fuerzas Armadas; sugirió la sucesión a la decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz Sosa; redactó una carta de renuncia de Evo Morales, que el 10 de noviembre plantó en el Palacio Quemado.
Además, Camacho fue parte —junto al político Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga— de las reuniones en la Universidad Católica Boliviana (UCB), los días 10, 11 y 12 de noviembre, que finalmente definieron la sucesión de Áñez.
En representación del excívico estaba Jerjes Justiniano, quien fue el primer ministro de la Presidencia de la gestión de Áñez.
Martín Camacho, el abogado del Gobernador de Santa Cruz, señaló que la Fiscalía debe indagar.
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