Diario AHORA EL PUEBLO.- Luego de año y medio, debido a los actos de violencia cometidos y los daños a bienes públicos, hoy está previsto el inicio del juicio en contra de los cabecillas del grupo irregular, como lo señala el GIEI en su informe, Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
Para este propósito, la Fiscalía pidió a la autoridad jurisdiccional que señale el auto de apertura del juicio oral por causar daños a la infraestructura de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el que pedirá 20 años de privación de libertad.
El fiscal de Chuquisaca Javier Gorena explicó que de acuerdo con los elementos colectados en la investigación se estableció que Yassir Molina, Mario Bascopé R., Fabio Bascopé R. y Milena Soto L., en su calidad de cabecillas, impartieron instrucciones y directrices para que sus subordinados ejecuten el hecho ilícito en el inmueble considerado patrimonio arquitectónico en Sucre.
En este proceso, Molina es señalado como líder del grupo irregular RJC y es acusado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal con relación a delito de destrucción, deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad, fabricación ilícita, tenencia y porte, portación ilícita, atentado contra bienes públicos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado.
Además, en la investigación se estableció que Mario S.S. y Ayda R.L.T. habrían facilitado los medios logísticos y recursos humanos para engrosar las filas de esta organización para cometer el hecho criminal, por lo que fueron acusados por presunta complicidad.
Los sindicados son acusados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal con relación al delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; tenencia, porte o portación y fabricación ilícita y daño calificado.
El Ministerio Público tiene listos 128 elementos de pruebas documentales y 28 pruebas testificales con la finalidad de demostrar la autoría y participación de los principales investigados y sus cómplices, como el caso de Patricia Arce, quien era alcaldesa de Vinto en 2019 y sufrió agresiones y humillaciones públicas, luego de que este grupo la agredió, le cortó el cabello, le echó pintura y la hizo caminar descalza por las calles, siendo que cada que se desmayaba, la hacían reaccionar con agua.
“Han causado terror en la población, más aún en las personas que vestían pollera o pensaban diferente, realmente 20 años (de prisión) es muy poco para todas las víctimas que hemos sufrido (…) Vamos a exigir que sean más de 20 años porque han causado terror, la desestabilización económica, social y política de nuestro país”, dijo a los medios la exalcaldesa.
DEFENSA DESDE LA OPOSICIÓN
Luego de conocerse que los acusados de la RJC tenían hasta hoy para presentar sus descargos en este proceso, políticos de oposición manifestaron su respaldo al grupo irregular, pese a las evidencias que hay de su participación durante los hechos previos y posteriores al golpe de Estado.
Tal es el caso de Creemos, de Luis Fernando Camacho; Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa; el Comité Cívico pro Santa Cruz; el Conade y otras instancias y personajes también involucrados en los hechos de 2019 que permitieron la autoproclamación de Añez como presidenta.
“Conade, Creemos y otras agrupaciones similares lo que buscan es impunidad; ellos saben, están conscientes de que han sido actores intelectuales y financiadores de grupos parapoliciales, y en esa medida necesitan exacerbar la politización del tema, para que la atención se centre en un falso debate entre fuerzas políticas, y se olviden que el objetivo final es hacer una suerte de reparación a las víctimas del golpe de Estado”, señaló al respecto el analista Luis Arancibia a Bolivia TV.
Las élites y las logias financiaron grupos parapoliciales por interés político y de poder
En Santa Cruz provienen de todas las instituciones vivas, de las cooperativas y de los empresarios que hacen aportes mensuales o anuales. En Cochabamba están atribuidos a los partidos de oposición que terminan apoyando y sustentándolos.
Las logias, a través de los llamados comités cívicos y las élites desde otras formas ajenas a las entidades vivas en el país, promueven y financian grupos parapoliciales contra gobiernos democráticamente constituidos por intereses políticos, económicos y de poder, aseguró el analista político Hugo Siles.
En entrevista con Ahora El Pueblo, el experto explicó que esos grupos irregulares y de choque se constituyen en el soporte violento de la derecha opositora en dos escenarios de la vida política del país: el primero en 2008, durante el fallido golpe cívico prefectural contra la administración de Evo Morales Ayma, a través de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo operador del Comité Cívico pro Santa Cruz; y el segundo, durante el golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019 a través de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) en Cochabamba.
En ambos casos predominaron acciones violentas, de discriminación, racismo y desprecio a lo indígena originario campesino, a través de jóvenes armados que se adjudican el rol de la Policía para asumir el control total, eliminando cualquier posibilidad de diálogo o a la confrontación de ideas en su afán de la toma del poder por la fuerza y la intimidación.
“En esos departamentos (Santa Cruz-Cochabamba) se da esa forma violenta de promover la intolerancia política y el matonaje que tienen los sectores políticos radicales que orquestan su accionar desde los llamados comités cívicos como es el de Santa Cruz, o de unas plataformas parapolíticas como en Cochabamba con la Resistencia Juvenil Cochala”, sostuvo.
SANTA CRUZ
Hugo Siles explicó que la constitución del Comité Cívico pro Santa Cruz se da con la conformación de la Unión Juvenil Cruceñista en octubre de 1950 con el objetivo de luchar por los intereses regionales, como la equitativa redistribución de los fondos por la explotación de recursos, de velar por el engrandecimiento moral y material del departamento, entre otros; pero esos principios y convicciones poco a poco fueron apartados por intereses políticos y económicos de una élite o logias cruceñas.
“Eso se fue trastocando, los temas de agenda regional ya no son de trámite del Comité Cívico, sino los temas de necesidad política y de interés económico y de oposición al Gobierno democráticamente establecido, por las élites y las logias en Santa Cruz. Ahora la agenda del Comité Cívico está íntimamente ligada a la oposición en el país”, precisó.
RESISTENCIA COCHALA
En el caso de los grupos irregulares de Cochabamba, el analista político dijo que los antecedentes se remontan al año 2008, cuando el entonces prefecto por Nueva Fuerza Republicana (NFR), Manfred Reyes Villa, conforma como parte de su entorno y de su militancia esos grupos de choque que protagonizaron acciones de violencia, “de ahí subyace la presencia de este grupo paramilitar y ahora parapolicial que protagoniza diferentes acciones de violencia, pero que está ajeno al Comité Cívico de Cochabamba”.
“La presencia de este grupo paramilitar, parapolicial en Cochabamba está ajeno al Comité Cívico porque es la expresión violenta de los grupos de élite políticos conservadores y radicales que se han jugado en Cochabamba”, aseguró.
RACISMO
Señaló que lo demostrado a raíz de los acontecimientos del intento del golpe cívico prefectural de 2008, los integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista han tenido una clara muestra de actos de racismo y de discriminación hacia campesinos indígenas del occidente que viven en Santa Cruz, focalizando su actuación violenta y desprecio contra bolivianos.
FINANCIAMIENTO
En ese contexto, el analista explicó que el Comité Cívico pro Santa Cruz financia todas las actividades del grupo irregular parapolicial de la Unión Juvenil Cruceñista con fondos provenientes de todas las instituciones vivas, de las cooperativas y de los empresarios que hacen aportes económicos mensuales o anuales para su funcionamiento.
En tanto que en el caso de Cochabamba el financiamiento está atribuido a los partidos de oposición, que son los que finalmente terminan apoyando y sustentando a los grupos irregulares, “por ello es que el exministro de facto Arturo Murillo era el que se mostraba con la Unión Juvenil Cochala”.
ACTO DE RACISMO Y VIOLENCIA EN CONTRA DE LA EXALCALDESA DE VINTO
Antes, durante y después del golpe de Estado en Bolivia en 2019, grupos parapoliciales y paramilitares de la UJC protagonizaron actos de violencia, discriminación y racismo extremo en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, atacando a niños, mujeres e indígenas.
Así lo refleja el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó lo ocurrido en el país desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019.
El odio y la violencia ejercida por esos grupos irregulares contra líderes políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS) deslizó un terror indescriptible en las víctimas que, en algunos casos, se vieron obligadas a renunciar a sus cargos porque sus familiares fueron secuestrados y amenazados de muerte, y otros porque fueron objeto de tortura, humillaciones y discriminación.
Es el caso de la entonces alcaldesa del municipio de Vinto, Patricia Flores, quien la tarde del 7 de noviembre de 2019 fue víctima de una turba de enardecidos liderados por la Resistencia Juvenil Cochala. Ingresaron por la fuerza a la Alcaldía para luego arrastrarla por el suelo, llevarla descalza a empujones hasta la calle donde fue rociada el cuerpo entero con una pintura de color rojizo y le cortaron el cabello en vía pública, rodeada de jóvenes armados con palos y piedras.
“Si quieren matarme, que me maten (…) No tengo miedo, estoy en un país libre”, respondía cuando intentaban obligarla a que firme su carta de renuncia al cargo de alcaldesa.
“Olvidar todo eso es abrir paso para que vuelva a suceder, y no lo vamos a permitir”, dijo Arce.
La también exalcaldesa de Vinto señaló que no sorprende que agrupaciones políticas como las opositoras CC y Creemos salgan ahora en defensa del grupo paramilitar ya que “se entiende, porque ellos han sido parte” del golpe de Estado.
Además de esta violencia, los miembros de la RJC también destruyeron bienes públicos, como el edificio de la Fiscalía General del Estado, que es considerada patrimonio arquitectónico en Sucre, entre otras instalaciones estatales.
Un informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia ocurridos en 2019 identificó a la RJC como una tropa de choque que protagonizó excesos contra personas y bienes públicos.
“El GIEI tuvo acceso a más de 20 videos donde se puede observar a personas con distintivos de la RJC ejecutando actos de violencia, racismo y discriminación en contra de civiles”, señaló este reporte con la recomendación de que esta falange racista sea desarticulada.
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