ABI / AHORA EL PUEBLO.- Se tiene previsto que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, en la audiencia que se instalará hoy, escuche los alegatos finales de las partes en el caso Golpe de Estado II y dicte una sentencia en contra de la exsenadora Jeanine Añez.
Añez es juzgada en la vía ordinaria por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó un último recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Añez, además de una complementación contra esa misma resolución, lo que deja libre el camino para que se reinstale el juicio y, una vez presentados los alegatos finales, se pueda dar una sentencia.
Si el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz se pronuncia por una sentencia condenatoria contra la exsenadora Jeanine Añez se generaría un “efecto dominó” que implicaría a quienes participaron en la ruptura democrática en noviembre de 2019, afirmó el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez.
Protestas y masacres
Después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, las protestas escalaron cada día en Bolivia. Fueron jornadas que convulsionaron el país. La situación se agravó con la sublevación de la Policía y la irrupción de las Fuerzas Armadas al pedir públicamente la renuncia del presidente constitucional Evo Morales.
Ante un supuesto fraude electoral, organizaciones ciudadanas convocaron a un paro indefinido con bloqueos y marchas, que derivaron en enfrentamientos y represión policial con heridos.
Ante las acusaciones de fraude, el presidente Morales denunció que la oposición estaba gestando un “golpe de Estado” y llamó a los ciudadanos y bases políticas a “defender la democracia”.
30 de octubre
Las protestas se tornan cada día más violentas y el 30 de octubre tienen un punto de inflexión que será una constante hasta el 20 de noviembre.
Esa jornada, en un choque de oficialistas y opositores, fallecen dos personas en el municipio de Montero, a 60 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
A Marcelo Terrazas, de 48 años, y Mario Salvatierra, de 60 años, les disparan, se desangran y mueren.
Se agudiza el conflicto y se torna más violento. El paro indefinido vuelca a la ciudadanía a las calles. Unos rechazan los resultados del verificativo electoral, que dieron como ganador a Morales, otros apoyan al Gobierno central.
3 de noviembre
El ultracatólico y radical Fernando Camacho, entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, convoca a los militares y a la Policía a “ponerse del lado de la gente”.
6 de noviembre
Grupos de manifestantes a favor y en contra del Gobierno continuaron enfrentándose a diario en varias ciudades del país, lo que provocó la tercera muerte después del estallido del conflicto, la de Limberth Guzmán, de 20 años.
La directora del hospital Viedma, Daysi Rocabado, informó del fallecimiento de Limbert Guzmán Vásquez, quien quedó con muerte cerebral como resultado de hechos violentos en el puente Huayculi, del municipio de Quillacollo, a 13 km de la ciudad de Cochabamba.
8 de noviembre
Tres unidades policiales se amotinan en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. A lo largo de la noche y durante la madrugada del siguiente día, el motín se extiende al resto de los departamentos de Bolivia. El Gobierno descarta una operación militar contra los sublevados.
10 de noviembre
Evo Morales renuncia a su cargo. La Policía sigue amotinada.
11 de noviembre
Las Fuerzas Armadas salen a las calles para neutralizar en operativos conjuntos con la Policía a “grupos vandálicos que causan terror en la población”. El comandante de la institución armada, general Williams Kaliman, dice que la Policía fue rebasada.
Se quemaron vehículos en la Estación Policial Integral (EPI) del Sur de la capital cochabambina. En El Alto se saqueó el Comando Regional y se quemó la FELCC de la Ceja.
En la zona Sur, sector Pedregal, de La Paz, fallecieron Percy Romer Conde Noguera de 32 años y Paulino Arumi Condori Beltrán de 21 años, a causa de traumatismo tórax abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego.
12 de noviembre
Filemón Soria Díaz, de 45 años, fue encontrado maniatado de manos y pies por inmediaciones del hospital de la zona sur en Cochabamba, sector Tamborani B, cuya causa de su muerte fue por estrangulamiento a lazo.
El comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), teniente coronel Heyber Yamil Antelo Alarcón, murió como consecuencia de un trauma abdominal cerrado a consecuencia de un hecho de tránsito, ocurrido en La Paz.
15 de noviembre
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el “uso desproporcionado” de la fuerza en la muerte de cinco cocaleros en Cochabamba. La CIDH colgó un video que muestra a las víctimas que yacen sobre una frazada en el piso.
Miles de cocaleros pretendieron ingresar a la ciudad de Cochabamba. La movilización fue interceptada en el río Huayllani, cerca de Sacaba, donde hubo una refriega en la que murieron esas cinco personas, además resultaron heridas 26 y otras 169 detenidas, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
18 de noviembre
El comandante regional de El Alto, Iván Rojas, informaba que el sargento Juan José Alcón Parra falleció en el Hospital Obrero.
Paralelamente, el informe forense da cuenta de que disparos de armas largas mataron a nueve cocaleros en Sacaba.
19 de noviembre
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, luego de la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Añez incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019 en el barrio alteño de Senkata y en Sacaba, Cochabamba.
Vigilias ciudadanas acompañarán alegatos finales en juicio ordinario a Jeanine Áñez
ABI.- Familiares de fallecidos, heridos y perseguidos políticos del régimen de Jeanine Áñez anunciaron para este lunes, a la conclusión del juicio denominado Golpe de Estado II, vigilias ciudadanas en la ciudad de La Paz.
Una de ellas se instalará en las puertas del penal de Miraflores, donde guarda reclusión la exsenadora Jeanine Áñez.
También se prevé concentraciones en la Corte Departamental Justicia y en la iglesia de San Francisco de la ciudad de El Alto, vecina del barrio Senkata.
El 15 de noviembre de 2019, a tres días de autoproclamarse presidenta, en el desarrollo de intervenciones militares para aplastar protestas ciudadanas, murieron 11 civiles en Sacaba y otros 120 resultaron heridos.
El 19 de noviembre, en Senkata, El Alto, otros 11 civiles fallecieron y 78 resultaron heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó ambos acontecimientos como masacres.
El caso Golpe de Estado II se refiere a las acciones que la exsenadora tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir en 2019 la presidencia del Estado de forma inconstitucional.
Janto a Áñez también fueron imputados el exalto mando de las Fuerzas Armadas y el estado mayor de la Policía.
El juicio ordinario por el caso Golpe de Estado II, no estará libre de tensiones sociales ni políticas, señaló en su momento el exrepresentante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot.
El Tribunal de Sentencia Primero de La Paz tiene previsto instalar este lunes a las 14.00 la última audiencia del juicio ordinario para escuchar los alegatos de las partes para luego dictar sentencia.
En opinión de Racicot, el ámbito ordinario del juicio es “correcto”.
“Desde el punto de vista jurídico, es correcta la jurisdicción ordinaria, porque son los momentos previos a la finalización del Golpe de Estado”, cuando Jeanine Añez se autoproclamó presidenta del país “sin respetar las reglas, la Constitución, y el procedimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, señaló el Alto Comisionado en abril pasado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinarito de Expertos Independientes, la Oficina del Alto Comisionado, el Comité para la Prevención de la Tortura, el relator especial para la independencia judicial, instituciones de la Organización de Estados Americanos y de la ONU, afirmaron en su momento que “urge la justicia para las víctimas de las masacres, de las violaciones de los derechos humanos”.
Jeanine Áñez no es juzgada aún por masacres en Sacaba y Senkata
ABI.- Jeanine Áñez es juzgada en la vía ordinaria por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
Se prevé que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz en la audiencia del lunes 6 de junio escuche los alegatos finales de las partes y dicte sentencia.
Gloria Quisberth, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, dijo en una entrevista con ABI en abril pasado que lamentaba que Áñez aún no fuera juzgada por los sucesos violentos ocurridos en noviembre de 2019, que dejaron en el país al menos 36 muertos por armas de fuego, cientos de heridos y detenidos.
Los fallecimientos se produjeron en protestas callejeras que reprimieron las fuerzas de seguridad del Estado.
Protestas y masacres
Tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, las protestas escalaron cada día en Bolivia. Fueron jornadas que convulsionaron el país. La situación se agravó con la sublevación de la Policía y la irrupción de las Fuerzas Armadas al pedir públicamente la renuncia del presidente constitucional Evo Morales.
Ante un supuesto fraude electoral, organizaciones ciudadanas convocaron a un paro indefinido con bloqueos y marchas, que derivaron en enfrentamientos, disturbios y represión policial con varios heridos.
Ante las acusaciones de fraude, el presidente Morales denunció que la oposición estaba gestando un “golpe de Estado” y llamó a los ciudadanos y bases políticas a “defender la democracia”.
30 de octubre
Las protestas se tornaron cada día más violentas. Pero el 30 de octubre, tienen un punto de inflexión que será una constante hasta el 20 de noviembre.
Esa jornada, en un choque de oficialistas y opositores, fallecen dos personas en el municipio de Montero, a 60 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
A Marcelo Terrazas, de 48 años, y Mario Salvatierra, de 60 años, les disparan, se desangran y mueren.
Se agudiza el conflicto y se torna más violento. El paro indefinido vuelca a la ciudadanía a las calles. Unos rechazan los resultados del verificativo electoral, que dieron ganador a Morales, otros apoyan al Gobierno central.
3 de noviembre
El ultracatólico y radical Fernando Camacho, entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, convoca a los militares y a la Policía a “ponerse del lado de la gente”.
6 de noviembre
Grupos de manifestantes a favor y en contra del Gobierno continuaron con el enfrentamiento diario en distintas ciudades del país, lo que provocó la tercera muerte tras el estallido del conflicto, la de Limberth Guzmán, de 20 años.
La directora del Hospital Viedma, Daysi Rocabado, informó el fallecimiento de Limbert Guzmán Vásquez, quien quedó con una muerte cerebral como resultado de hechos violentos en el puente Huayculi, del municipio de Quillacollo, a 13 km de la ciudad de Cochabamba.
8 de noviembre
Tres unidades policiales se amotinaron en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. A lo largo de la noche y durante la madrugada del siguiente día, el motín se extendió al resto de los departamentos de Bolivia. El Gobierno descartó una operación militar contra los sublevados.
10 de noviembre
Evo Morales renuncia a su cargo. La Policía sigue amotinada.
11 de noviembre
Las Fuerzas Armadas salen a las calles para neutralizar en operativos conjuntos con la Policía a “grupos vandálicos que causan terror en la población”. El comandante de la institución armada, general Williams Kaliman, dice que la Policía fue rebasada.
Se quemaron vehículos en la Estación Policial Integral (EPI) del Sur de la capital cochabambina. En El Alto se saqueó el Comando Regional y quemó la FELCC de la Ceja.
En la zona sur, sector Pedregal de La Paz, fallecieron Percy Romer Conde Noguera de 32 años y Paulino Arumi Condori Beltrán de 21 años, a causa de traumatismo tórax abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego.
12 de noviembre
Filemón Soria Díaz de 45 años de edad, fue encontrado maniatado de manos y pies por inmediaciones del hospital de la zona sur en Cochabamba, sector Tamborani B, cuya causa de su muerte fue por estrangulamiento a lazo.
El comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), teniente coronel Heyber Yamil Antelo Alarcón, murió como consecuencia de un trauma abdominal cerrado a consecuencia de un hecho de tránsito, ocurrido en La Paz.
15 de noviembre
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el “uso desproporcionado” de la fuerza en la muerte de cinco cocaleros en Cochabamba. La CIDH colgó un video que muestra a las víctimas que yacen sobre una frazada en el piso.
Miles de cocaleros pretendieron ingresar a la ciudad de Cochabamba. La movilización fue interceptada en el río Huayllani, cerca de Sacaba, donde hubo una refriega en la que murieron esas cinco personas, además resultaron heridas 26 personas y otras 169, detenidas, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
18 de noviembre
El comandante regional de El Alto, Iván Rojas, informaba que el sargento Juan José Alcón Parra falleció en el Hospital Obrero.
Paralelamente, el informe forense da cuenta que disparos de ‘armas largas’ mataron a nueve cocaleros en Sacaba.
19 de noviembre
Sube a 11 el número de muertos en Senkata y el ministro Arturo Murillo asegura que de las Fuerzas Armadas “no salió ni un solo proyectil”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, tras la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Áñez incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019 en el barrio alteño de Senkata y en Sacaba, Cochabamba.
Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” tras el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción Áñez a la Presidencia y que dejaron al menos 36 muertos por amas de fuego.
Golpe de Estado 2019: Vejación, quema de viviendas, persecución política y 600 autoridades investigadas
ABI.- En la línea estratégica del golpe de Estado de 2019, sus promotores repetían una línea de acción en diferentes puntos del país: Vejación, quema de viviendas, persecución política y 600 autoridades investigadas.
A la alcaldesa Patricia Arce una turba la arrastró por las calles descalza, la embadurnaron con pintura roja y le cortaron el pelo. La retuvieron durante cuatro horas mientras el edificio municipal ardía bajo el fuego.
El delito de Arce, integrar el partido gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
Grupos de choque secuestraron al hermano del entonces ministro de Minería, César Navarro, para obligarlo a renunciar y luego incendiaron su vivienda en Potosí. Su madre, apenas salva la vida.
Ocurrió lo mismo con los bienes del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, la hermana de Evo Morales, gobernadores, legisladores y dirigentes del MAS: todo consumido por el fuego asesino.
El director de Prensa Rural, José Aramayo, fue golpeado y atado a un árbol después de que una turba entrara a la emisora y lo sacara a la fuerza.
En medio de disturbios se extendieron incendios, saqueos y ataques a casas de “masistas”. Dos viviendas “opositoras”, de una periodista y un rector universitario, también fueron quemadas.
“Amenazas de muerte, casas apedreadas, prisiones políticas contra los aliados del MAS en Bolivia”, denunciaba el portal Brasil de Fato.
La persecución del régimen de Jeanine Áñez llegó a su punto máximo cuando su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se presentó ante la prensa nacional e internacional con un par de esposas en la mano y anunciaba que acababa de activarse una orden de búsqueda y captura internacional contra Morales, a quien se acusa de terrorismo y sedición.
“Que venga, no tenga miedo, lo vamos a cuidar”, ironizó en su declaración.
“Tenemos 600 personas investigadas, y es poco”, afirmó Murillo en alusión a la revisión del patrimonio de todos los ministros, viceministros, directores, gobernadores y alcaldes del Movimiento al Socialismo.
Murillo, el hombre más fuerte del régimen de Jeanine Áñez, había prometido antes de asumir como ministro de Gobierno en 2019 que iría a “cazar masistas”.
Como consecuencia del golpe, 38 personas murieron en noviembre de 2019 y otros miles fueron perseguidos, detenidos o torturados, como apuntaron organismos internacionales de derechos humanos
Golpe de Estado de 2019: Arturo Murillo señala a blindados del Ejército y asegura que “son los que han metido bala en Senkata”
ABI).- En los días para consolidar el golpe de Estado de 2019, con masacres de ciudadanos desarmados, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, insinuaba que los mismos manifestantes habían disparado a sus compañeros por la espalda.
“Tengo videos que prefiero no mostrar para no impactar y muchos de los muertos que tenemos confirmados tienen tiros en la nuca, ¿cómo pudieron recibir un tiro ahí?, ¿el compañero de atrás le disparó?”, insinuaba en declaraciones a la prensa.
Sin embargo, en un video que circuló en el sitio La Colmena News y otros digitales, el mismo Murillo admitía que las balas fueron disparadas por militares.
En las imágenes, Murillo y su viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, pasan revista policial y militar a los efectivos, y sus blindados, que tomaron la avenida Mariscal Santa Cruz, frente a Tránsito, en una noche fría antes del 20 de noviembre de 2019.
Ambas autoridades conversan mientras verifican el estado de las fuerzas de represión del Estado.
En un momento, el entonces titular de Gobierno señala a dos vehículos de asalto de las Fuerzas Armadas.
– Estos son los que han metido bala a los…
No termina la frase, pero Santamaría la completa.
– …a los de Senkata ¿no?
– Claro pues, dice el titular Arturo Murillo en un tono de ironía.
Como consecuencia del golpe de Estado, 38 personas murieron en noviembre de 2019 y otros miles fueron perseguidos, detenidos o torturados, como señalaron diversas investigaciones internacionales independientes de derechos humanos.
Con el retorno de la democracia, se estableció como responsables de las muertes a las fuerzas de represión del Estado.
Richter: Gobierno de Áñez, “12 meses de vergüenza” para la oposición
ABI.- Comunidad Ciudadana y su jefe político, Carlos Mesa, fueron actores centrales en el golpe de Estado de noviembre de 2019”, dijo este domingo el vocero presidencial, Jorge Richter.
“Su jefe político fue uno de los mayores actores centrales, pieza importantísima en el andamiaje de la construcción del golpe de Estado y de la narrativa de fraude monumental que le gritó a los cuatros vientos, pero que no pudo llevar una sola prueba, no tenían una, ni dos, ni tres actas que las deberían tener sus delegados”, dijo el vocero a la emisora Panamericana, un día antes de la última audiencia en la que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción escuchará de las partes sus alegatos finales y luego emitirá la sentencia en el juicio ordinario denominado Golpe de Estado II.
La autoridad de la Presidencia señaló que el partido de Mesa, candidato presidencial en 2019, “armó” la narrativa del supuesto fraude electoral para tomar el control del Estado.
“¿Y qué hicieron del Estado?, 12 meses que los avergüenza y que los enrojece (…) por haber participado en el peor gobierno que ha tenido este país producto de un golpe de Estado”.
Recordó que el “embuste” político de un supuesto fraude provocó la muerte de 38 personas, cientos de heridos y encarcelados durante los conflictos que siguieron al fallido verificativo electoral.
“(Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa) han participado de forma directa en lo que ha significado la ruptura institucional de este país, en la decisión de la señora Áñez para que también se torture, se veje a nuestras hermanas mujeres de la peor manera y también han participado de un gobierno que ha asesinado por la espalda y con ejecuciones sumarias, como lo ha dicho el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, remarcó.
De acuerdo con Richter, Carlos Mesa, y su tienda política, segunda fuerza parlamentaria, no tienen el ánimo de dar la cara al país y están buscando un abanico de impunidad para la exsenadora que es juzgada en la vía ordinaria por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
Impunidad, dijo, “no la van a conseguir”.
Jeanine Áñez está detenida desde el 13 de marzo de 2021. Cuando fue aprehendida, estaba con las maletas listas y un pasaporte por lo que se presumió que pretendía darse a la fuga y se determinó su detención preventiva.
En otro caso, llamado “Golpe de Estado I”, es acusada de delitos de sedición, conspiración y terrorismo durante la crisis política y social que siguió a las elecciones de 2019.
Si el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz se pronuncia por una sentencia condenatoria contra la exsenadora se generaría un “efecto dominó” que implicaría a quienes participaron en la ruptura democrática en noviembre de 2019, afirmó el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez.
“Una sentencia por el caso golpe de Estado II (…) involucraría a las personas que tuvieron que ver con el golpe de Estado de 2019 y que hasta ahora han permanecido intocables”, remarcó el abogado en entrevista con la televisión estatal en alusión a que durante el proceso, que concluirá el lunes, surgieron elementos para enjuiciar a otras personalidades como Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín.
Sentencia a Añez puede significar la caída de otros golpistas
El juicio está previsto que se reinstale mañana. El proceso tiene actualmente a cuatro acusados prófugos de la justicia y con mandamiento de apremio, además de contar con decenas de pruebas.
AHORA EL PUEBLO.- Una posible sentencia contra Jeanine Añez, por autoproclamarse presidente, en noviembre de 2019, en el marco de las investigaciones del denominado Golpe de Estado II, significaría un “efecto dominó” en contra de todas las personas que estuvieron implicadas en este hecho ilegal.
Esto significa, manifestó el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez, que pueden surgir elementos para enjuiciar a otras personalidades como Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés Waldo Albarracín.
“Una sentencia por el caso Golpe de Estado II (…) involucraría a las personas que tuvieron que ver con el golpe de Estado de 2019 y que hasta ahora han permanecido intocables”, señaló el analista en entrevista con el canal estatal.
La audiencia contra la exsenadora Añez se reinstalará mañana a las 14.00. Para esto, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz envió las notificaciones a las partes involucradas para la reinstalación del juicio.
Pese a las chicanas jurídicas presentadas en este tiempo, la comisión de admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó la solicitud de explicación y complementación presentada por la defensa de Añez. En ese marco, ya no hay impedimento legal para la instalación del juicio.
Una sentencia contra Añez, remarcó el experto, significará “que la raíz de su presidencia es podrida”, y por lo tanto gatillaría “un balazo” para personas que tuvieron que ver con el golpe de Estado de 2019.
Si hay sentencia contra Añez, significa que “ella ha llegado falsamente a la silla”, y entonces “todo lo que ha hecho hacia adelante ¿sirve o no sirve? ¿De qué está teñido lo que hizo, de falsedad o no? Por eso evitan el juicio, no es para ella nomás, hay mucha gente detrás de ella que está peligrando y dice: ‘¡Si hay sentencia en este juicio, estamos fregados los demás!’”.
Antes, la exsenadora presentó también una demanda de inconstitucionalidad en contra de los delitos por los que es acusada y el Tribunal Constitucional la rechazó.
El juicio Golpe de Estado II tiene cuatro acusados prófugos de la justicia y mandamiento de apremio, dos con condena y una, Jeanine Añez, con detención preventiva en una penal de La Paz, según detallan datos de la ABI.
De acuerdo con la normativa penal, en la audiencia final deberán presentar sus alegatos como parte acusadora la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y la Cámara de Senadores.
Luego tomarán la palabra las defensas de los imputados, unos encarcelados y otros prófugos de la justicia y, finalmente, el Tribunal dictará sentencia.
Añez y seis exjefes militares y policiales están siendo procesados por lo que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 cuando asumió inconstitucionalmente el mando del país.
La entonces senadora violentó tres artículos de la Cámara de Senadores al proclamarse presidente de ese cuerpo legislativo, señala la imputación.
Luego vulneró otros tres artículos del reglamento de Diputados al instalar una sesión de Asamblea ilegal. Finalmente habría vulnerado nueve artículos de la Constitución Política del Estado para alcanzar ilegalmente la primera magistratura.
Los delitos que se le imputan, de acuerdo con la normativa penal, podrían acarrearle una pena de privación de libertad de hasta 10 años.
“La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con la privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años”, establece el artículo 153 del Código Penal.
Según la Fiscalía General del Estado, se cuenta con más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales que indican que la ahora detenida en el penal de Miraflores de La Paz adecuó su conducta a ese tipo penal.
Junto a ella también son enjuiciados exjefes policiales y militares, siendo que la autoridad jurisdiccional emitió la resolución de declaratoria en rebeldía y la orden de aprehensión en contra del excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y el excomandante de la Policía Yuri Calderón.
En el expediente están incluidos, además de Kaliman y Calderón, el exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército Pastor Mendieta; el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana Gonzalo Terceros y el excomandante de la Armada, Palmiro Jarjury, todos ellos, de acuerdo con la acusación, ayudaron a que Añez pueda instalarse en el Gobierno.
Tanto Terceros como Jarjury, sin embargo, aceptaron su culpa por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes en grado de complicidad, y fueron sentenciados en juicio abreviado a tres años de prisión en los penales de Patacamaya, La Paz, y Palmasola, Santa Cruz.
Terceros contribuyó en el traslado de diputados y senadores opositores para la instalación de las sesiones de la Asamblea Legislativa y así promover la sucesión de Añez, mientras que Jarjury fue imputado por permitir también la imposición de símbolos patrios a la entonces senadora.
La exsenadora está detenida desde el 13 de marzo de 2021. Cuando fue aprehendida, estaba con las maletas listas y un pasaporte, por lo que se presumió que pretendía darse a la fuga y se determinó su detención preventiva.
“Ustedes (Comunidad Ciudadana) participaron en el gobierno de Añez y este tema del golpe de Estado al cual ustedes dicen ‘eso es una mentira’, ustedes fueron actores centrales y su jefe político fue uno de los mayores actores centrales”, dijo el vocero Jorge Richter en una entrevista con Panamericana, refiriéndose al expresidente Carlos Mesa. “Ustedes han armado aquello para hacerse del Estado, y ¿qué hicieron del Estado?, 12 meses que los avergüenza”, agregó.
Los actores del golpe: Camacho, Mesa, OEA, obispos católicos y otros
LUIS FERNANDO CAMACHO
Después de las elecciones de octubre de 2019, que daban la victoria al Movimiento Al Socialismo, Luis Fernando Camacho desconoció los resultados, convocó a un cabildo en Santa Cruz y le dio al entonces presidente Evo Morales un plazo de 48 horas para que renuncie.
Posteriormente convocó a los cruceños, y luego al resto de los bolivianos, a un paro indefinido y a la desobediencia civil hasta lograr su objetivo, que era “sacar al ‘dictador’ del Palacio”.
Sus exigencias habían caído inicialmente en saco roto, por lo que convocó a un nuevo cabildo y dio lectura a una carta que redactó él mismo explicando cómo debía renunciar Morales.
Desde ese momento afirmó que no descansaría hasta llegar a la sede de gobierno para entregar la carta a Morales en sus manos.
El 4 de noviembre llamó a paralizar todas las instituciones estatales y las fronteras de Bolivia y, en una actitud entre errante y desafiante, viajó a La Paz para entregar la carta a Morales “en sus manos”, a pesar de que miles de alteños y paceños le advirtieron incluso con quitarle la vida si pisaba suelo alteño.
De a poco las presiones en el país tuvieron el efecto deseado por Camacho, ya que también contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía, cuyos comandantes sugirieron la renuncia de Morales.
El 10 de noviembre se conoció esa renuncia y Camacho, quien ya estaba en La Paz, se trasladó al Palacio de Gobierno. Con una postura triunfante y la Biblia en la mano, Camacho ingresó al Palacio con la carta de renuncia. Desplegó la bandera boliviana y colocó encima de ella las sagradas escrituras prometiendo “devolver Dios al Palacio Quemado”.
MARCO ANTONIO PUMARI
Marco Antonio Pumari se aferró al discurso de fraude electoral y desde el 21 de octubre de 2021, a nombre de defensa de la democracia, convocó a sus seguidores a radicalizar las protestas en la ciudad de La Paz y en todas las capitales del país.
“Nosotros hemos venido con un mandato, hemos traído una carta (de renuncia para que Morales la firme), pero esta carta la vamos a entregar todos. No nos vamos a ir (de La Paz) hasta que Bolivia sea libre”, enfatizaron Camacho y Pumari a manera de advertencia.
El 9 de noviembre, el entonces presidente del Comité Cívico Potosinista anunció la llegada de 2.500 mineros cooperativistas a la ciudad de La Paz para ejecutar una “presión” y reforzar su intento de golpe de Estado.
Luego del llamado al desconocimiento de los resultados electorales, los grupos de choque convocados por los dos cívicos generaron convulsión sistemática en todo el país con enfrentamientos entre bolivianos.
El escenario estaba listo para ejecutar el golpe de Estado. Luego de perder la contienda electoral rumbo a la presidencia de Bolivia, Pumari estuvo a punto de ser agredido en Potosí, ya que los pobladores lo calificaron como traidor y oportunista.
Su discurso de defensa de la democracia y del voto se desmoronó al presentarse como candidato presidencial.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
La Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por su secretario general, Luis Almagro, fue uno de los principales protagonistas para consolidar el golpe en Bolivia, incentivando a la violencia y generalizando todas las elecciones por un mínimo de actas que tenían algún error, lo que fue utilizado por la oposición para consolidar el discurso de supuesto fraude, convulsionando al país y rechazando los resultados oficiales de las elecciones.
El informe que presenta la OEA señala que revisó “una muestra” de 4.692 actas y que identificó “226 actas en las que dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona”. (Página 4).
Del hallazgo de las 226 actas con supuestas irregularidades, la OEA juzga que ha encontrado un patrón que puede aplicarse a todas las mesas electorales del país: “Por el patrón encontrado, un estudio que abarcara un porcentaje mayor de actas, sin duda detectaría un mayor número de falsificaciones, adulteraciones y manipulaciones”. (Página 9).
Para llegar a la conclusión de que existió un “patrón” de adulteraciones y manipulaciones, la “muestra” estadística debe ser científica y representativa de un universo de más de 34 mil actas. Sin embargo, la OEA solo seleccionó 226 actas de sitios donde el MAS históricamente logró una amplia mayoría de votos.
El Informe de la OEA fundamenta sus observaciones en el reporte de la empresa auditora ETHICAL HACKING, en el cual se determina que los resultados electorales debían ser anulados debido a irregularidades, “no podemos dar fe de toda la información que se ingresó en ese momento y el proceso electoral pierde toda credibilidad al violarse el protocolo de seguridad”, afirma la compañía auditora.
Sin embargo, el artículo 173 de la Ley 026 del Régimen Electoral declara que ni las misiones de la OEA ni las empresas informáticas tienen atribución de revisar el escrutinio de los votos, ya que las decisiones del Jurado Electoral son “definitivas e irrevisables”: Desconociendo el “motín policial”, las violentas movilizaciones convocadas por los cívicos y los partidos de oposición, la OEA atribuye el ataque y la quema de las cortes departamentales y la ausencia de personal policial al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Gobierno de entonces.
El acuerdo suscrito entre al Gobierno boliviano y la OEA para la auditoría a las elecciones de 2019 consistía en que el Informe Final debía entregarse al Ejecutivo boliviano el martes 12 de noviembre de 2019.
El jueves 7 de noviembre de 2019, el jefe de gabinete de Luis Almagro se comunica con el excanciller Diego Pary Rodríguez para hacerle saber que no podrán entregar el Informe en la fecha establecida.
Sin embargo, a las cinco de la mañana del domingo 10 de noviembre de 2019, a través de su cuenta de Twitter, Luis Almagro hace público el Informe de la OEA que desatará el infierno.
La decisión de publicar el Informe sorprendió incluso a los auditores de la OEA, que quedaron varados en medio de las acciones violentas de los grupos de oposición.
El 10 de noviembre de 2019, con las guarniciones policiales y militares en abierto desacato, los grupos violentos se apoderaron de las calles. Era el momento preciso para terminar de incendiar la democracia boliviana.
CARLOS MESA
Luego de su presentación en octubre de 2018 en su canal de YouTube, el expresidente Carlos Mesa inició una campaña electoral bajo los cimientos de un posible fraude electoral que al final no logró posesionarlo como presidente de Bolivia un año después (2019), sino al contrario generó con sus aliados políticos una etapa sombría en medio de violentos enfrentamientos que dieron lugar al fallecimiento de más de 36 personas en las masacres registradas en Senkata, Sacaba y otras regiones del país.
El candidato Carlos Mesa, en una entrevista en fecha 9 de octubre de 2019 con el canal alemán DW, manifestaba que no estaba dispuesto a reconocer una eventual victoria de su oponente mayor, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que planteaba como contrincantes al expresidente Evo Morales y Álvaro García Linera para las elecciones presidenciales.
“Temo, porque el presidente no tiene en su cabeza la idea de que vivimos en democracia ni de que puede perder. Lo que fue una realidad hace ocho años no es una realidad hoy. Mis temores y mi evidencia de que el fraude se está consumando ahora me habilitan en el escepticismo”, manifestó al medio internacional.
El expresidente Carlos Mesa declaró el 19 de octubre a la agencia de noticias AFP que el Tribunal Electoral demostró una clara parcialidad hacia la candidatura del MAS, por lo que era probable que se intente afectar el resultado de la votación, especialmente en áreas rurales y en algunas ciudades del exterior.
El 21 de octubre de ese año, el candidato de la oposición y expresidente de Bolivia en un cabildo en San Francisco instó a los comités cívicos, partidos políticos y al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) a movilizarse para exigir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se anuncien los resultados definitivos de los comicios generales.
Asimismo, convocó a la población a rebelarse contra el llamado fraude, asegurando que “Voy a ser presidente o voy a la cárcel”, relató la exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) Teresa Morales e indicó que él fue quien estimuló el golpe de Estado junto a otros golpistas como Luis Fernando Camacho, excívico cruceño.
Develó que Mesa propuso que la entonces senadora Jeanine Añez asuma la presidencia de facto. Relató que la tarde del 10 de noviembre, en la Universidad Católica Boliviana (UCB), Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Jerjes Justiniano, monseñor Eugenio Escarpellini y León de la Torre, de la Unión Europea, intentaron con el Movimiento Al Socialismo (MAS) una salida constitucional, la misma que no prosperó porque ya tenían definido que Añez sería la presidenta, consolidándose así el golpe de Estado.
MILITARES Y POLICÍAS
Luego de las elecciones generales de 2019 hubo varias movilizaciones en el país por parte de ciudadanos que denunciaban un presunto fraude electoral y a pesar de que el Ejecutivo trataba de contener la violencia, policías y militares le dieron la espalda al Gobierno una vez que lograron acuerdos con dirigentes cívicos, políticos y empresarios que vieron su gran oportunidad de sacar del poder a Evo Morales por la fuerza.
Los policías se amotinaron el 8 de noviembre, dos días antes de la renuncia de Evo Morales, dejando sin resguardo las instituciones públicas y privadas, así como otros espacios donde la violencia se acrecentaba, mientras que los militares se insubordinaron paulatinamente. Ambas instituciones, llamadas a defender a la ciudadanía y los intereses del Estado, olvidaron su rol y su misión constitucional, sumándose a los grupos golpistas.
MOTÍN POLICIAL
La tarde del 8 de noviembre de 2019, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba fue la primera en amotinarse y le siguieron sus camaradas de Santa Cruz y Chuquisaca.
Varios uniformados con los rostros cubiertos con pasamontañas se subieron al techo, ondearon la tricolor nacional y aseguraron que era un motín policial. Más tarde, esta determinación fue replicada en otras unidades policiales del interior.
El caos comenzó a reinar en todo el país, puesto que los movilizados que exigían la renuncia de Morales empezaron a cometer una serie de actos vandálicos.
PEDIDO DE RENUNCIA
A pesar de que la Policía y las Fuerzas Armadas no deliberan ni hacen política, el entonces comandante de la institución del orden, general Vladimir Calderón, a nombre de los más de 40 mil efectivos, sugirió la renuncia de Morales, con la excusa de pacificar el país.
“Nos sumamos (los policías) al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia”, fueron las declaraciones de Calderón, horas antes de que Morales dimitiera a su cargo.
La Policía había tomado la decisión política de sacar a Evo Morales.
DIERON PROTECCIÓN A CAMACHO Y PUMARI
El 10 de noviembre en la tarde, luego de la renuncia de Morales, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari ingresaron a las instalaciones de la UTOP en La Paz.
Como si se tratara de celebridades, aunque ellos se consideraban los elegidos por el pueblo para dirigir los destinos del país, fueron escoltados por los uniformados, quienes no dudaban en abrazarlos.
IGLESIA CATÓLICA
Una de las muestras más claras es la poca participación de la Iglesia durante los conflictos de 2019, pues su silencio para que cese la confrontación y la violencia en el país estuvo fuertemente marcado por un ausentismo que los familiares de las víctimas lo reflejaron en los medios de comunicación, después de recuperar la democracia de un régimen golpista como fue el de Jeanine Añez.
Luego de estos cuestionamientos y las revelaciones que hicieran desde la misma exsenadora Jeanine Añez y los partidos de derecha en sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público días previos al golpe de Estado y una sucesión que vulneró la propia Constitución Política del Estado y los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), los miembros de la Iglesia Católica salieron a la luz pública con la necesidad de que “se conozca la verdad” y “se reconstruya la unidad nacional”.
En fecha 16 de junio, miembros de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) presentaron un informe titulado Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia Octubre 2019 – Enero 2020, que da detalles de lo sucedido en aquellas jornadas de tensión poselectoral, documento que fue enviado al Vaticano, a la Fiscalía General del Estado y a los organismos internacionales.
La defensora del pueblo Nadia Cruz dijo que la Iglesia Católica mintió respecto a los hechos violentos acaecidos en Bolivia en noviembre de 2019, porque en su informe se afirmaba que las masacres de Sacaba y Senkata fueron enfrentamientos y “eso nos parece algo para denostar, para repudiar porque no solamente es mentira esta afirmación, sino que es atentatoria contra la dignidad de los hombres que fueron asesinados”.
Otro de los cuestionamientos surgió con base en las denuncias de golpe de Estado en el que revela varios detalles de las negociaciones de pacificación que sostuvieron en la Universidad Católica Boliviana de La Paz, entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019.
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