AHORA EL PUEBLO.- La Fiscalía General del Estado anunció que solicitará a la autoridad jurisdiccional, que señale el auto de apertura del juicio oral y pedirá 20 años de cárcel para los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala, RJC, por ocasionar daños a la infraestructura de la Fiscalía General del Estado, FGE.
La aclaración surge luego que el próximo lunes vence el plazo, para que estas personas presenten sus pruebas de descargo en este proceso.
El fiscal de Chuquisaca, Javier Gorena, explicó que de acuerdo con los elementos colectados en la investigación, se estableció que Yassir Molina, Mario Bascopé R., Fabio Bascopé R. y Milena Soto L., en su calidad de cabecillas, impartieron instrucciones y directrices para que sus subordinados ejecuten el hecho ilícito en el inmueble de la FGE el 2020.
“Estimamos 20 años por los delitos de organización criminal, destrucción y deterioro de bienes del Estado”, dijo el Fiscal de Materia en conferencia de prensa.
Los sindicados son acusados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, con relación al delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; tenencia, porte o portación y fabricación ilícita y daño calificado, toda vez que el inmueble de la Fiscalía General del Estado es considerado patrimonio arquitectónico en Sucre.
Según explicó la ABI, el Ministerio Público presentará 128 elementos de pruebas documentales y 28 pruebas testificales con la finalidad de demostrar la autoría y participación de los principales investigados y sus cómplices.
AMPLIACIÓN DE LA ACUSACIÓN
Por otra parte, la Fiscalía de Chuquisaca informó que se amplió la acusación formal contra los militantes de la Resistencia Juvenil Cochala, RJC, por los destrozos que cometieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en el 2020.
Ahora, dos integrantes más del grupo irregular armado, que causó temor en la población desde noviembre de 2019, están con acusación formal y ya fueron notificados.
Se trata de Mario S. S. y Ayda R. L .T. Ambos son acusados por los delitos de organización criminal, deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, entre otros.
“Presuntamente participaron en calidad de cómplices en los destrozos a la Fiscalía General del Estado en octubre del 2020”, informó el fiscal de Materia a cargo del caso, Javier Ángel Gorena.
Aseveró que se cumplió con la notificación formal a Yassir Molina, quien guarda detención preventiva en Oruro y a Milena Soto quien tiene detención domiciliaria en Cochabamba. Ambos fueron identificados por liderar el grupo irregular en el departamento de Cochabamba y recorrer el país para ampliar su influencia en otras regiones.
Hace más de un año atrás, la senadora por el Movimiento Al Socialismo, MAS, Patricia Arce, identificó a más de 20 miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, RJC, en el marco del proceso presentado ante la Fiscalía por el secuestro sufrido durante los conflictos de octubre y noviembre 2019.
La entonces alcaldesa del municipio de Vinto en Cochabamba fue víctima de vejaciones por parte de miembros de la RJC, hecho que fue conocido y condenado por organismos internacionales e instituciones por la vulneración a los derechos humanos.
Arce ratificó que la RCJ “fue un grupo paramilitar entrenado para amedrentarnos, agredir a las personas, a las mujeres y personas indígenas de pollera”, y que, “lo que ha hecho este grupo mal llamado Resistencia Juventud Cochala, fue ir a quemar ánforas, han ido a quemar domicilios de las personas, han ido a agredirnos, arrastrarnos. Ustedes (medios de comunicación) han mostrado, como a señoras de pollera han golpeado. A mí me han arrastrado hasta Quillacollo, me han cortado el pelo, han hecho todo eso”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, recomendó la desarticulación de grupos paraestatales como la RJC y la Unión Juvenil Cruceñista, UJC, que causaron violencia, racismo y ultrajes en contra de indígenas, durante el golpe de Estado de 2019.
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