LA RAZON.- El juicio por el caso Golpe de Estado II avanza y hasta el momento ya fueron “judicializadas” más de 70 pruebas de cargo, mientras que otras 100 serán presentadas por parte de la Procuraduría. Una vez concluya esta fase se presentarán los testigos y la Fiscalía tiene entre 17 y 18, donde no figura el expresidente Evo Morales, informó el fiscal Omar Mejillones.
La expresidenta Jeanine Áñez está entre las principales acusadas en este juicio por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes. La exmandataria ya dio su versión sobre lo ocurrido y reivindicó que asumió la Presidencia del Estado respetando los preceptos constitucionales.
Este martes empezará la lectura de las pruebas presentadas por la Procuraduría General del Estado que, junto al Ministerio de Gobierno, son parte de los acusadores en este juicio. Mejillones informó que la Procuraduría presentó 100 pruebas y que el Ministerio de Gobierno se adhirió a las presentadas por el Fiscalía.
Áñez fue acusada por asumir la Presidencia del Senado en noviembre de 2019, lo que luego le permitió acceder al poder, sin cumplir con los preceptos constitucionales y el Reglamento de Debate, según la Fiscalía. La defensa de la expresidenta lo niega y defiende que todos los procedimientos de sucesión estaban enmarcados en la norma.
Tomó el poder el 12 de noviembre de 2019, luego de que una reunión de políticos de oposición y cívicos definiera el curso de la sucesión. El expresidente Evo Morales había renunciado dos días antes, acorralado por denuncias de fraude electoral, luego puestas en duda, un motín policial y la “sugerencia” militar de dejar el cargo.
También son enjuiciados Flavio Gustavo Arce, exjefe del Estado Mayor; y Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; mientras que Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas, y el excomandante de la Policía Yuri Calderón, están prófugos.
Los excomandantes Gonzalo Terceros, de la Fuerza Aérea Boliviana, y Palmiro Jarjuri, de la Armada, admitieron su culpa y se fueron sentenciados en juicio abreviado a tres años de prisión en los penales de Patacamaya, La Paz, y Palmasola, Santa Cruz, respectivamente.
El Gobierno busca anular fallo que concede a Áñez juicio de responsabilidades en caso EBA
El viceministro de Justicia, César Siles, informó que el Gobierno no reconoce el mandato de la expresidenta Jeanine Áñez, por lo que sus acciones ilegales deben ser juzgadas en la vía penal
Jeanine Áñez, en la audiencia presencial de hace dos semanas. Foto: APG
Una vez agotada la vía ordinaria, el Gobierno acudirá a un amparo constitucional en contra de la decisión judicial que este lunes estableció que la expresidenta Jeanine Áñez deba ser juzgada en juicio de responsabilidades en el caso de la designación irregular en la estatal Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), informó el viceministro de Justicia, César Siles.
Para Siles, el mandato de la expresidenta no está respaldado legalmente, por lo tanto, las acciones que asumió deben ser procesadas en la vía penal. “Nosotros creemos firmemente como autoridades del Ejecutivo que la señora Áñez no ha cumplido el procedimiento constitucional y legal para ser considerada presidenta y, por tanto, debería merecer un juicio ordinario”.
Los jueces de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia dieron curso a un recurso presentado por Áñez, quien durante su mandato designó a Karina Leiva Áñez como gerenta general de EBA, sin cumplir con los requisitos establecidos por ley.
El tribunal dispuso “la remisión de antecedentes en principio ante la Fiscalía General para posteriormente ser remitido al Tribunal Supremo de Justicia y, finalmente, a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el fin de que este ente colegiado establezca si la imputada merecerá el juicio de privilegio”.
Siles informó que se solicitó en la audiencia una complementación y enmienda del fallo judicial.
“Respetamos la opinión de la Sala Penal Cuarta, pero creemos que podría cambiar por alguna acción que podríamos promover. Agotada la vía ordinaria, después de la complementación y enmienda, corresponde un amparo constitucional”, explicó la autoridad.
El artículo 129 de la Constitución Política del Estado establece que “la Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.
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