ABI.- La exsenadora Jeanine Áñez se enfrenta a una condena de 10 años de privación de libertad si al final del juicio ordinario que se inicia este lunes en el Tribunal 1º de Sentencia Anticorrupción de La Paz es hallada culpable.
El abogado Macelo Valdez, de la parte acusadora, sin embargo, adelantó a la televisora privada ATB que pedirá 20 años de reclusión.
La Fiscalía General del Estado acusó a Áñez a finales de noviembre de 2021 de tomar la jefatura del Senado y luego asumir la presidencia de “forma inconstitucional” y sin cumplir con las leyes cuando gobernó por un año a partir de noviembre de 2019
Los delitos que se le imputan, en el caso denominado Golpe de Estado II, son resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes e incumplimiento de deberes.
“La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con la privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años”, establece el artículo 153 del Código Penal.
El juicio contra Áñez, en el que figuran también como imputados el exalto mando de las Fuerzas Armadas y el estado mayor de la Policía de su gestión, fue descrito como “histórico” por el ministro de Justicia, Iván Lima.
“Un día histórico”, indicó en la víspera la autoridad gubernamental a la televisora estatal.
Según la Fiscalía, se cuentan con más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales que indican que la ahora detenida en el penal de Miraflores de La Paz adecuó su conducta a ese tipo penal.
El Ministro de Justicia indicó que el proceso no “debería” extenderse, pero aclaró que se prevé que la defensa de la acusada presente “obstáculos legales y chicanas, que buscan aplazar en el tiempo el debido proceso”.
En este caso están implicados el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, hoy prófugo; el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta; el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros y el excomandante de la Armada, Palmiro Jarjury. Todos ellos, de acuerdo con la acusación, ayudaron a que Áñez pueda instalarse en el Gobierno.
Tanto Terceros como Jarjuri, sin embargo, aceptaron su culpa por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes en grado de complicidad, y fueron sentenciados en juicio abreviado a tres años de prisión en los penales de Patacamaya, La Paz, y Palmasola, Santa Cruz, respectivamente.
Terceros contribuyó en el traslado de diputados y senadores opositores para la instalación de las sesiones de la Asamblea Legislativa y así promover la sucesión de Áñez, mientras que Jarjury fue imputado por permitir también la imposición de símbolos patrios a la entonces senadora.
Jeanine Áñez está detenida desde el 13 de marzo de 2021. Cuando fue aprehendida, estaba con las maletas listas y un pasaporte por lo que se presumió que pretendía darse a la fuga y se determinó su detención preventiva.
En otro caso, llamado “Golpe de Estado I”, Áñez es acusada de delitos de sedición, conspiración y terrorismo durante la crisis política y social que siguió a las elecciones de 2019.
NNUU tendrá un observador en el histórico juicio contra Añez
AHORA EL PUEBLO.- En un día histórico para el país, un emisario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos participará desde hoy como observador en el juicio contra la expresidenta de facto Jeanine Añez por el denominado caso Golpe de Estado II, con el fin de velar por el debido proceso y la aplicación de la justicia.
El ministro de Justicia, Iván Lima, hizo el anuncio y explicó que la presencia de un representante del organismo internacional se logró por medio de un acuerdo.
“Hemos suscrito un convenio con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la instancia máxima que regula, critica y observa cuando un gobierno no respeta el debido proceso, y el representante de Michelle Bachelet va a estar como observador de este juicio”, dijo en el programa Las 7 en el 7, de Bolivia TV.
El titular de Justicia destacó que la presencia del observador internacional demuestra la diferencia que existe entre un gobierno que sí respeta el debido proceso y un régimen como el de Añez que encerró a autoridades judiciales antes de que ingresen a una Acción de Libertad, como ocurrió con el juez Hugo Huacani en un proceso contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo por el caso de respiradores españoles.
“Son diferencias sustanciales entre un gobierno democrático y un gobierno de facto”, sentenció.
En cuanto al juicio oral, Lima recordó que la exmandataria será procesada por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
Por ello, destacó que el acto procesal dará las condiciones favorables para que se aclare lo sucedido durante las masacres de Sacaba y Senkata, así como las graves violaciones a los derechos humanos registradas durante el gobierno de facto, complementó.
“Retomamos algo que había quedado suspendido para el inicio de un juicio de responsabilidades”, aseveró.
El Gobierno nacional, dijo, está preparado, encabezado por la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General del Estado para lograr el debido proceso y que haya justicia.
En ese sentido, manifestó que se espera que los abogados defensores de la expresidenta de facto dejen de lado la chicana jurídica, aunque anunció que es seguro que recurrirán de manera permanente al uso de excepciones e incidentes para obstaculizar la acción penal y la discusión fundamental del fondo de los hechos que serán juzgados: establecer si hubo una sucesión constitucional o un golpe de Estado.
“Eso no es lo que desea la parte que está en este momento imputada, lo que están planteando son únicamente obstáculos legales, chicanas, que sólo tienen como fin atrasar en el tiempo el juzgamiento y el debido proceso que se caracteriza por este elemento que es fundamental, la publicidad, la oralidad, la contradicción (…) Dejemos las chicanas, entremos a la discusión política de fondo”, sostuvo.
La autoridad manifestó que se tiene previsto que el juicio oral debería durar un máximo de tres años, de acuerdo con el artículo 133 de la Ley 1970 del Código de Procedimiento Penal, pero rememoró que existe una “grave distorsión” del procedimiento penal y esa norma “no está bien y tiene muchos vacíos que permiten demoras en los procesos penales”.
“Tenemos que mejorarla y esperemos que el trabajo del Ministerio Público, de la justicia y de las partes le den este elemento a las víctimas al país: memoria, verdad y justicia”, añadió.
Asimismo, Lima hizo referencia a la reciente revelación de que Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada, asesoró a Añez durante el golpe de Estado de 2019.
Ante tal hecho, explicó que en el juicio oral por el caso Golpe II no será posible la incorporación de nuevos procesados por más que se determine que tienen algún tipo de responsabilidad penal, porque debe “existir un principio de congruencia entre (el contenido de) la acusación y la sentencia” que sea emitida.
“Lo que va a ocurrir es que en algún momento del proceso o a su conclusión cuando se dicte sentencia el Ministerio Público va a poder abrir otros casos, un golpe de Estado IV o V, sobre la base de lo que ocurra en este proceso”, indicó.
La expresidenta de facto Jeanine Añez fue acusada en el caso Golpe de Estado II porque asumió la presidencia del Senado el 12 de noviembre de 2019, lo que luego le permitió acceder al poder, sin cumplir con los preceptos constitucionales y el Reglamento de Debate de la Cámara Alta.
Los hechos se registraron luego que una reunión de políticos de oposición y cívicos definió que tome el mando de la nación porque el entonces presidente Evo Morales había renunciado dos días antes.
ANTECEDENTES DEL JUICIO ORAL
-La expresidenta de facto Jeanine Añez es procesada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
-La acusación formal en su contra determinó que tomó la presidencia del Senado para luego llegar al poder sin cumplir con los preceptos constitucionales.
Informe del GIEI confirmó que hubo sucesión ilegal en 2019
El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que investigó la violencia ocurrida en el país desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 confirmó que Jeanine Añez llegó a ocupar el cargo de presidenta del Estado Plurinacional por medio de una sucesión ilegal.
El documento da cuenta de que el artículo 169 de la Constitución señala que “en caso de impedimento o ausencia definitiva” del Presidente “será reemplazado en el cargo” por el Vicepresidente y, a falta de este, por el titular del Senado y, a falta de este, por el de la máxima autoridad de la Cámara de Diputados.
Por lo que después de la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, se desencadenó una serie de dimisiones de las personas consideradas para asumir la Presidencia, de acuerdo con la cadena de sucesión.
Sin embargo, el documento menciona que Añez no siguió los preceptos constitucionales para llegar al poder.
“En reunión del Senado, sin el quórum previsto en reglamento, Jeanine Añez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente. Luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Añez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia”, señala el informe.
El 12 de noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un ‘Comunicado’ que fue usado como pretexto para intentar legalizar la toma del poder por parte de Añez; sin embargo, ese comunicado carecía de valor legal ya que el TCP sólo se pronuncia para fines jurídicos a través de autos y sentencias constitucionales.
Bolivia cumple con más del 50% de las recomendaciones del GIEI
En el marco de la consigna de Memoria, verdad y justicia, el gobierno del presidente Luis Arce cumplió hasta el momento con más del 50% de las 16 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) desde octubre de 2021 para la reparación integral de daños a las víctimas del golpe de Estado de 2019.
El ministro de Justicia, Iván Lima, detalló que entre los avances logrados se creó un fideicomiso de Bs 8 millones para atender las demandas de los familiares de fallecidos y los heridos en los rubros de salud, educación y vivienda, así como la provisión de un bono alimenticio.
Además, recordó que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima continúa con la atención
de las solicitudes de los afectados.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Betty Yañíquez, trabaja por su lado en la elaboración de una ley de reparación del daño a las víctimas, complementó.
“En estos seis meses se tiene acciones concretas en el Legislativo, con la aprobación de leyes, en el Ejecutivo con acciones concretas de reparación de daños a las víctimas y también la Fiscalía y el Órgano Judicial que han empezado a trabajar, revisando y ajustando los ejes del debido proceso y la investigación de los casos penales”, agregó.
La autoridad explicó, asimismo, que se firmó un convenio, el 25 de marzo de 2022, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones del GIEI-Bolivia durante los próximos dos años.
El acuerdo, recordó, hará que la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, y su comisionado relator para Bolivia, Joel Hernández, visiten el país para verificar el progreso de las tareas encaminadas.
“Se ha comprometido conformar un equipo entre funcionarios de la CIDH y el Ministerio de Justicia para que este mandato que tenemos de cumplir todas las recomendaciones no sea sólo una voz del Gobierno, sino una voz internacional que refleje este compromiso de la región y del mundo de reparar el daño frente a las graves violaciones a los derechos humanos que ocasionó el golpe de Estado producido en nuestro país”, relievó.
El titular de Justicia explicó en BTV que el trabajo conjunto permitirá también que el organismo internacional provea asesoramiento técnico para una clasificación de algunas de las víctimas en el afán del cumplimiento del más alto estándar de protección de los derechos humanos.
“Hay una categoría, la de perseguido político que puede tener diferentes matices. No vamos a imponer una posición como gobierno. Le hemos pedido al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la misma CIDH que nos ayuden en un diálogo constructivo con todos los perseguidos políticos a generar parámetros objetivos y también formas de reparación integral del daño”, aseveró.
Mencionó que el término de reparación integral del daño será incluido en el análisis porque “tiene matices, tiene precisiones y varía en cada caso”.
El GIEI-Bolivia presentó las 36 recomendaciones el 19 de agosto de 2021, junto con un informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Avanzan las acciones para restaurar los derechos de las víctimas de las masacres
ABI.- Las acciones para restaurar los derechos de las víctimas de las masacres de 2019 avanzan en el Estado Plurinacional de Bolivia, uno de los compromisos asumidos por el Gobierno en el marco de la recuperación de la democracia.
“Este 8 de noviembre de 2020, iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un Gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Nuestro Gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz”, aseveró el presidente Luis Arce en su discurso de posesión.
La restauración de derechos
En noviembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a Bolivia, en el contexto del conflicto electoral.
Posteriormente, emitió una serie de recomendaciones, entre las cuales se hacía referencia a la necesidad de crear e instalar un mecanismo internacional autónomo e independiente para la investigación de los hechos de violencia ocurridos en Bolivia a partir de octubre de 2019, con la finalidad de garantizar el derecho a la justicia y verdad.
Así, la CIDH recomendó específicamente la creación del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes fue creado mediante el acuerdo suscrito por la CIDH y Bolivia el 12 de diciembre de 2019. El fin fue coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el régimen de Jeanine Áñez. El GIEI-Bolivia se instaló el 23 de noviembre de 2020 en La Paz y entregó su informe en 2021.
Concluyó que el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba, y el 19 de noviembre de ese año en Senkata, El Alto, existió, durante el régimen de Áñez, vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.
El GIEI presentó el 2 de marzo de 2022, en el Consejo Permanente de la OEA, el informe de los hechos de violencia ocurridos en 2019 en Bolivia. El documento establece que al menos 11 derechos fueron vulnerados en el país durante el régimen de Jeanine Áñez.
El informe final sobre la vulneración de derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 establece 36 recomendaciones para el Estado plurinacional, la sociedad civil boliviana y la CIDH.
Otro de los avances es que el Gobierno nacional firmó el 22 de marzo el convenio con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y establecieron el plan de trabajo de la MESEG Bolivia para la implementación de las recomendaciones del GIEI-Bolivia tras los sucesos luctuosos de 2019.
“Esta mesa se construye tras meses de diálogo entre la CIDH y el Estado (boliviano), donde tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto un acuerdo de trabajo que recoge las preocupaciones de las víctimas y, a su vez, toma en cuenta los retos, los desafíos y las fortalezas del Estado Plurinacional de Bolivia para el cumplimiento de las recomendaciones que en su momento formuló el GIEI-Bolivia”, aseveró Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH.
Destacó que el Gobierno boliviano en su momento facilitó y colaboró en “todos los niveles” el trabajo que del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y con la firma de este convenio demuestran su voluntad y disposición para continuar colaborando con la CIDH.
Agradeció el apoyo de las víctimas porque fueron una parte fundamental en este proceso. Resaltó que con la implementación de esta mesa de trabajo se busca dar soluciones a problemáticas concretas sobre derechos humanos.
“Es un placer para mí, un placer compartir con ustedes el proceso de la instalación oficial de la mesa de seguimiento a la implementación de las recomendaciones del GIEI- Bolivia”, señaló.
Aseveró que este trabajo es un esfuerzo para fortalecer e innovar con herramientas dirigidas a facilitar un seguimiento complementario en el marco de situaciones específicas y prioritarias de derechos humanos, por lo que esta mesa de trabajo desarrollará trabajos de análisis de cumplimiento a partir de tres temáticas: reparaciones, investigaciones y cuestiones estructurales.
“Este plan de trabajo del mecanismo de seguimiento es un instrumento vivo, que puede fortalecerse y enriquecerse con las experiencias del pasar del tiempo, es por eso, que siempre se tiene apertura para retomar propuestas de la sociedad civil y de cualquier ente interesado en colaborar con estos trabajos”, dijo.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, ratificó este domingo que se da cumplimiento a todas las recomendaciones establecidas por el GIEI, a través de diferentes medidas, entre ellas, la reparación integral a las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba.
“Creo que esos conceptos de memoria, verdad y justicia, en estos seis meses, tienen acciones concretas, en el Legislativo con la aprobación de leyes, en el Ejecutivo con acciones concretas de reparación de daño a las víctimas y, también en la Fiscalía y el Órgano Judicial que ha empezado a trabajar revisando y ajustando los ejes del debido proceso de investigación de los casos penales”, indicó.
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