Por Juan Pérez Munguía / Página Siete/ La Paz.- El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, afirmó que la corrupción del gobierno transitorio afectó a toda la oposición. Sin embargo, tres fuentes que trabajaron en la gestión interina señalaron que la autoridad cruceña acomodó a personas de su confianza al frente de al menos seis ministerios.
La pasada semana, Camacho, durante su vista a Brasil, dio una entrevista a O Globo en la que afirmó: “La corrupción de ese gobierno (de Añez) fue terrible y dejó en una situación muy dura a toda la oposición”.
Añez asumió la presidencia el 12 de noviembre del 2019. Tras ello tuvo un encuentro con miembros de Demócratas, cívicos y otros sectores que se movilizaron en contra de las elecciones fallidas de octubre. Camacho, entonces, presidía el Comité Pro Santa Cruz.
“En esa reunión, Camacho pidió varios espacios dentro del gabinete e instituciones del Estado. Llamaba la atención que pedía entidades importantes que disponían de grandes recursos económicos”, afirmó la primera fuente consultada.
La exmandataria posesionó a su gabinete en tres actos públicos. El 13 de noviembre nombró a 11 ministros, un día después a otros cinco y el 18 de ese mes completó su gabinete.
Camacho logró que designen a la siguiente gente de su confianza: Jerjes Justiniano (Presidencia), Roxana Lizárraga (Comunicación), Fernando López (Defensa), Wilfredo Rojo (Desarrollo Productivo), Carlos Díaz (Planificación) y Virginia Patty (Educación). La mayoría era de Santa Cruz.
Justiniano dejó el gabinete en diciembre de 2019, Lizárraga y Patty en enero de 2020, Rojo en mayo y Díaz en agosto de 2020.
“Había gente que decía que era recomendada por Camacho, como la primera directora de la UPRE. Los titulares de la DGAC, BOA y Entel también decían lo mismo”, dijo la segunda fuente.
En el caso de Entel, en febrero del 2020 se dio a conocer un presunto hecho de corrupción del entonces gerente Elio Montes. Tras esto fueron filtradas imágenes de Montes y Camacho cuando viajaron en un vuelo privado de Santa Cruz a La Paz.
Asimismo, la fuente manifestó: “Camacho tenía a su gente a cargo de la Aduana e Impuestos Nacionales”. Agregó que a su vez quería que se nombre a una “persona de su confianza en la dirección de Inteligencia de la Policía”.
Una tercera fuente detalló que durante el tiempo en que Justiniano estuvo a cargo de Presidencia, “mantuvo al asesor principal y jefe de gabinete de Juan Ramón Quintana y a toda la gente y el equipo de Evo Morales”.
Página Siete llamó al exministro Jerjes Justiniano y confirmó que dejó en el cargo al colaborador de Quintana, y que no hizo cambios en el Ministerio de la Presidencia para no paralizar la gestión.
“Mi labor era muy ocupada en el proceso de pacificación, si mal no recuerdo realicé cuatro o cinco contrataciones de gente que era necesaria que esté en mi entorno. Mantuve al jefe de gabinete del señor Quintana para darle operatividad al ministerio, él era una persona muy profesional”, afirmó Justiniano.
Este medio también llamó a Camacho para tener su contraparte. En un primer contacto, respondió y pidió que se le llamé en 15 minutos. Sin embargo, después no contestó. Se le dejó un mensaje, pero tampoco hubo respuesta.
Irregularidades
En febrero de 2020, se conoció una de las primeras denuncias de corrupción en la transición, en Entel, presidida entonces por Elio Montes, quien hizo auspicios de más de un millón de bolivianos.
Además, gastaba recursos para vuelos privados, para hospedarse en La Paz en hoteles de cinco estrellas, refrigerios, transporte y el pago de finiquitos para 13 de sus colaboradores que trabajaron poco tiempo, por un monto total de 869.000 bolivianos.
Una de las fuentes aseveró que el extitular de Entel fue recomendado por Camacho, puesto que además estaba muy vinculado al Comité Pro Santa Cruz.
En junio se informó que la transición adquirió gases lacrimógenos con sobreprecio de más de dos millones de dólares, de una firma intermediaria. En el proceso de adjudicación están involucrados los exministros Arturo Murillo y Fernando López, que fue cercano a Camacho. En ese momento, López negó el sobreprecio, pero en mayo del 2021 Murillo fue arrestado en EEUU y la irregularidad en la adquisición de los equipos antidisturbios fue confirmada por una investigación del Departamento de Estado de EEUU.
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