AHORA EL PUEBLO.- El exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora y cinco de sus colaboradores serán sometidos a un juicio oral porque el Ministerio Público presentó una acusación formal en su contra por la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) durante 2019 y 2021 con un daño económico al Estado de $us 8.677.632.
Las exautoridades incluidas son el expresidente, el exvicepresidente Nacional de Operaciones y el exgerente de Industrialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Javier Soliz, Jorge Roberto Blancourt y Oscar Alberto Boutier, respectivamente; así como el exdirector de la PAU Carlos Manuel Segundo Vilar y su excoordinador Ivert Fernando Oliva.
El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos, explicó que los acusados enfrentarán el juicio oral por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por lo que se solicitará su condena por ocho años de reclusión más el incremento que se determine por las agravantes jurídicas del caso.
“El Ministerio Público emitió la acusación formal debidamente sustentada con 11 pruebas testificales y 73 pruebas documentales requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas. También se tiene ofrecida una prueba pericial de auditoría del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), a desarrollarse, que demostrará el daño económico causado al Estado, entre otros elementos probatorios. Ahora, la Fiscalía está a la espera de señalamiento de inicio del juicio por parte de la autoridad jurisdiccional”, dijo.
De acuerdo con los antecedentes del caso, Zamora y Soliz están declarados como rebeldes porque no asumieron defensa en el proceso penal instaurado en su contra.
En noviembre de 2019, las autoridades encausadas de YPFB decidieron paralizar las actividades de la PAU que está ubicada en la localidad de Bulo Bulo del trópico de Cochabamba, ante malos manejos y daños causados en sus equipos de última tecnología.
El cese de operaciones provocó el deterioro de parte de su maquinaria y pese a varios informes sobre el tema no se ordenó la reanudación inmediata de su labor.
El presidente Luis Arce reactivó las operaciones del complejo petroquímico el 6 de septiembre de 2021 y calificó el hecho como histórico, porque se logró la reparación de todos los daños que le fueron ocasionados durante el régimen de facto de Jeanine Añez que demandó millonarios costos al Estado boliviano.
ANTECEDENTES DEL CASO
La Federación Boliviana de Universitarios Petroleros y Energéticos fue la denunciante y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE) se constituyó como parte querellante.
El daño económico fue de $us 8.677.632 por la reparación de turbinas y otros equipos de la PAU. Sin embargo, YPFB tuvo un daño patrimonial de Bs 272,64 millones y la paralización de las actividades causaron un perjuicio valuado en Bs 2.718.174 y Bs 617.790.
El Ministerio Público presentó las pruebas, entre ellas varias notas internas.
La nota interna MH –VMICTAH – NI – 0172/2019 de 16 de diciembre de 2019 señaló que la PAU puede reanudar operaciones. La nota MH-01063-UTRA-0020/2020 de 6 de febrero de 2020 de la Unidad de Transparencia del MHE alertó de un daño económico por parte del ex Gerente de Industrialización y el excoordinador del complejo petroquímico.
El informe YPFB-DTC-UPPD-RO-INF N° 097/2020 del 16 de octubre mencionó que existió un daño económico causado por el ex Gerente de Industrialización de YPFB y sus asesores. La falta de coordinación y la designación de jefes y personal con falta de experiencia cancelaron el reinicio.
Un correo del 28 de enero de 2020, enviado por el ex Director de la PAU, confirmó el arranque de actividades desde el 29 de enero de 2020.
El 16 de septiembre de 2020, el ex Gerente de Industrialización de YPFB confirmó la paralización por instrucciones del presidente de la petrolera estatal para la realización de una auditoría por dos meses.
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