AHORA EL PUEBLO.- Luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentara su informe de investigación al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sobre los hechos ocurridos en Bolivia a fines de 2019, durante el régimen de Jeanine Añez, los representantes de esta instancia que tomaron la palabra coincidieron en que deben activarse los juicios correspondientes a los responsables y partícipes de los hechos luctuosos en esa etapa negra de la historia boliviana.
El representante alterno de Estados Unidos ante ese organismo, Thomas Lerstern, se solidarizó con las víctimas por las masacres y también dijo estar de acuerdo en que se abran procesos judiciales a las personas responsables de estos hechos de manera imparcial.
“Los derechos humanos de todas las partes deberían ser respetados para mostrar al mundo qué justicia creíble y transparente ha sido servida (…) Estados Unidos urge al Gobierno boliviano a que implemente procesos judiciales imparciales, creíbles, que ofrezcan trato igualitario”, manifestó Lerstern durante su participación ante los países miembros de la OEA.
Manifestó que el informe del GIEI es equilibrado sobre los acontecimientos ocurridos en ese año y señaló que las conclusiones del GIEI apuntan a generar reformas positivas en Bolivia bajo procedimientos jurídicos que deben darse en consonancia con juicios justos para demostrar transparencia y credibilidad.
La expresidenta de facto Añez y otros 40 exfuncionarios, militares y policías están siendo investigados y procesados por los hechos violentos ocurridos durante la crisis política que ocasionó la toma ilegal de la silla presidencial, lo que dejó 38 muertos, según el mismo informe del GIEI. Las elecciones de octubre de 2019 fueron denunciadas como fraudulentas por la OEA, lo que desencadenó un estallido social, luego de que militares y policías se amotinaran y obligaron al entonces presidente electo Evo Morales a renunciar.
INDIGNACIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA
El Consejo Permanente de la OEA expresó su indignación por las ejecuciones sumarias, homicidios, graves violaciones a los derechos humanos, persecuciones políticas y encarcelamientos ilegales, entre otros, perpetrados por el régimen de facto y sus cómplices, después de la ruptura constitucional y el golpe de Estado en noviembre de 2019.
El embajador de Bolivia ante ese organismo regional, Héctor Arce Zaconeta, a nombre de Estado Plurinacional, agradeció a los expertos Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá por la presentación de su trabajo final y rindió homenaje a las 38 personas asesinadas en Pedregal, Sacaba, Senkata, Montero y Betanzos.
“Este informe final de 479 páginas se constituye en uno de los documentos de mayor aporte legal internacional en materia de derechos humanos para el restablecimiento de la memoria, la verdad y justicia en Bolivia”, aseguró en su intervención.
“Es un aporte fundamental para la defensa de la democracia, la institucionalidad republicana y el Estado de derecho en todos los países que hacen a la Organización de los Estados Americanos”, agregó.
POSTURA DE URUGUAY
El embajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, elogió el documento y dijo que los hallazgos se constituyen en pruebas que podrían ser presentadas en eventuales juicios.
“Si yo fuera abogado, utilizaría este informe en un juicio para demostrar una sumatoria de responsabilidades. Éstos —para mí— no son indicios ni son elementos de prueba, son pruebas, es prueba contundente, eso es lo impactante del asunto”, indicó.
“Lo primero que hay que hacer es felicitar al grupo de expertos independientes que llevaron adelante esta tarea (…) En las conclusiones yo diría que hay muy poca cosa para disentir y la enorme mayoría para coincidir en materia de responsabilidad del Estado por los actos desmesurados por parte de los agentes estatales y de particulares”, indicó el diplomático uruguayo.
Abdala señaló que “preocupa mucho” la constatación del informe en sentido de que los actos de violencia de 2019 tuvieron un importante componente de racismo y discriminación, “se apeló a la identidad étnica (…) las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y pretendieron ser utilizadas como factor de exclusión de los espacios institucionales”.
Además manifestó que las conclusiones y hallazgos del GIEI deben ser traducidos en acciones concretas. “Si sólo sacamos conclusiones desde el punto de vista analítico, esto queda como en un limbo, la esperanza que uno tiene es que desde una documentación de esta naturaleza se disparen acciones concretar en términos de modificación estructural del propio sistema”.
POSTURA DE ARGENTINA
El embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi, de igual manera, agradeció el trabajo del GIEI y también manifestó que la riqueza del mismo es que fue desarrollado en el lugar.
“Los Estados que pertenecemos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos tenemos el deber de aceptar la presencia de esos organismos del Sistema Interamericano en el lugar de los hechos porque los informes que se preparan fuera del lugar tienen un nivel de mediatización de los hechos concretos, y pueden ser muy influenciados y modificados”, sostuvo.
El diplomático argentino lamentó que, a diferencia del informe del GIEI, se hicieron informes apoyados en “testimonios de miembros de la ‘sociedad civil’”, con financiamiento para direccionar pensamientos con estrictos objetivos políticos e ideológicos, o de la llamada “prensa independiente”, concepto que calificó de superficial, artificial e interesado, agrega el reporte de prensa.
Quiero “relacionar estrechamente la descripción de estos informes con el golpe de Estado de 2019, en el cual siento la indignación y la vergüenza de que haya participado el Gobierno que en aquel entonces estaba en mi país, tenemos diplomáticos, ministros, inclusive el propio expresidente (Mauricio Macri) imputado por el delito de contrabando agravado de armas, para que se ayudara a reprimir al pueblo boliviano en los hechos descritos en este informe”, indicó Raimundi.
El argentino observó la participación de la Secretaría General de la OEA, a cargo de Luis Almagro, durante la ruptura del orden constitucional en Bolivia en la gestión 2019 y aseguró que el hecho no es un caso cerrado.
POSTURA DE MÉXICO
La embajadora mexicana Luz Elena Baños destacó el trabajo del GIEI-Bolivia como un aporte fundamental a la paz y la salud democrática del hemisferio.
“Mi Misión agradece las importantes intervenciones de las y los expertos del GIEI y su destacado trabajo (…) luego de conocer los principales hallazgos de la investigación, reconocemos nuevamente que es un dramático capítulo de la historia política de este país (Bolivia) y de nuestro hemisferio, que continúa abierto”, manifestó.
Baños también se centró en la crítica a la injerencia cometida por la Secretaría General de la OEA y señaló que, de no sentar precedente al acto de instrumentalización política de la Misión Electoral de 2019, se podría atentar contra la estabilidad democrática de la región.
“Aunque las acciones antidemocráticas de funcionarios de la OEA aseguren que los resultados de la Misión de Observación de 2019 en Bolivia es un asunto cerrado, cuando en realidad su instrumentalización política facilitó el golpe de Estado que sufrió Bolivia, es necesario rescatar la memoria, la verdad y la justicia de lo acontecido en ese país y asegurar que ello no se repita nunca más en ningún otro sitio del hemisferio”, demandó la diplomática mexicana.
POSTURA DE ANTIGUA Y BARBUDA
El representante de Antigua y Barbuda manifestó que se encuentra anonadado por el nivel de violencia y violaciones cometidas en el Estado Plurinacional de Bolivia y el papel cuestionable de las Fuerzas Armadas descrito a través de testimonios y evidencias que deben perturbar a los miembros del Consejo Permanente. Destaca además la labor desarrollada con las víctimas de forma voluntaria convirtiendo al informe en legítimo y dotado de confianza.
Recomendó que se implemente un mecanismo de seguimiento en el marco de los derechos humanos y que se tomen en cuenta los mecanismos implementados, los riesgos que generarán para garantizar los derechos de las víctimas y se haga justicia y reparación.
“Instamos a este Consejo Permanente y al GIEI a que brinde todo el apoyo a las autoridades en Bolivia para asegurar que se establezca la maquinaria necesaria para asegurarse de que nunca jamás se presente repetición de violación de derechos humanos y violencia”, sostuvo.
POSTURA DE CANADÁ
El Embajador de Canadá dijo que es alentador seguir las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes, e instó a evitar la politización o utilización electiva de dicho informe. Destacó la independencia y respeto de los procedimientos que son esenciales para el mantenimiento de la democracia.
POSTURA DE TRINIDAD Y TOBAGO
El representante de Trinidad y Tobago consideró que las conclusiones y recomendaciones del GIEI son de suma utilidad no sólo para Bolivia, sino son un ejemplo a seguir en casos similares.
POSTURA DE VENEZUELA
El representante de Venezuela destacó que el informe muestra un señalamiento claro de violaciones, abuso, discriminación racial generada por todos los actores políticos, por lo que se pide acciones jurídicas con respeto al debido proceso que debe ser ejemplo en toda América Latina.
EXPOSICIÓN DEL GIEI
Marlon Weichert, del GIEI, reveló que esa instancia concluyó en graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Bolivia durante el último trimestre de 2019, que cobró la vida de 38 personas en diversos lugares del país y centenares fueron heridas tanto físicamente como psicológicamente.
También manifestó que hubo ejecuciones sumarias por parte de la Policía, las Fuerzas Armadas (FFAA) y homicidios cometidos por particulares avalados por agentes estatales. La ocurrencia de dos masacres por acciones militares, así como el uso constante de la tortura y otros atentados a la integridad por personas bajo el control del Estado.
La Policía y las Fuerzas Armadas en acciones separadas y en operativos conjuntos usaron la fuerza excesiva y desproporcional. Se atacaron a ciudadanas y ciudadanos, a defensores de derechos humanos, a periodistas, a funcionarios y agentes políticos. Además, personas fueron detenidas por grupos de civiles siendo sometidas a torturas y secuestro con complicidad de agentes del Estado.
Las mujeres indígenas, en especial, fueron el blanco de las manifestaciones. La discriminación de género y el abuso sexual fue otro elemento destacado; durante la crisis de 2019 el GIEI encontró diversos casos de violación a la integridad personal de las mujeres y de abuso sexual.
RESPONSABILIDAD
Marlon Weichert dijo también que el GIEI considera que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos esos hechos son violaciones a los derechos humanos bajo responsabilidad del Estado.
“En síntesis, el GIEI ha confirmado que los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personal, a la honra, dignidad y vida privada, a garantías judiciales, al debido proceso, a la libertad de expresión, a la asociación, a la discriminación, a la salud, a la propiedad, al trabajo y a la información fueron vulnerados”, sostuvo el experto.
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