Después de dos años: Almagro, que impulsó el Golpe, rinde “homenaje” a las víctimas de Añez

Por Sebastián Ochoa/ SPUTNIK/ Bolivia.- El informe final sobre las vulneraciones de derechos humanos cometidos durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) fue presentado a los 34 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El documento deja a Almagro en aprietos, por su rol en el derrocamiento de Evo Morales.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe sobre las vulneraciones de derechos humanos cometidas en Bolivia antes y después del golpe de Estado contra Evo Morales. Desde el Gobierno de Luis Arce aseguraron a Sputnik que este “es el comienzo” del camino hacia la justicia para las —al menos— 37 personas asesinadas por el régimen golpista.
El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, contó que en la reunión se observó un cambio de actitud en Luis Almagro, secretario general de este organismo, quien desde un primer momento había negado que en Bolivia se hubiera cometido un golpe de Estado contra Morales (2006-2019).
No obstante, Arce sostuvo que Almagro tiene responsabilidad en lo ocurrido en 2019, ya que su modo de actuar y hablar públicamente habría avalado las graves vulneraciones de derechos denunciadas.
LUIS ALMAGRO CON LOS GOLPISTAS CAMACHO, MURILLO Y TUTO. EL SECRETARIO DE LA OEA LOS RECIBIO EN SU OFICINA, TRAS EL GOLPE Y LAS MASACRES DE SACABA Y SENKATA EJECUTADO PARA CONSOLIDAR LA PRESIDENCIA DE FACTO DE JEANINE AÑEZ.
“Esa posición absurda e incoherente que defendía el secretario Almagro ha quedado prácticamente superada. Hoy ha tenido que apegarse a un homenaje a las víctimas que, de alguna manera, él ha ayudado a que sean víctimas”, dijo el embajador boliviano a Sputnik.
“Recordemos que el génesis, el epicentro de lo que se vivió en Bolivia está justamente en un informe de la OEA que publicaron en la madrugada del 10 de noviembre de 2019″, la misma fecha del golpe.
Ese documento, avalado por Almagro, decía que en las elecciones del 20 de octubre de ese año hubo un fraude electoral dirigido a mantener a Morales en el poder por cinco años más, hasta 2025. Finalmente, el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) anuló esos comicios, que daban por ganador en primera vuelta al entonces presidente.
Luis Almagro - Sputnik Mundo, 1920, 11.08.2021

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Para Arce, el informe de Almagro comprende “una serie de situaciones anormales. No había sido validado por el Estado, no hubo un informe preliminar. El documento era tendencioso, destinado a buscar un solo fin”, el derrocamiento de Morales.
“Nos enteramos de que ese informe estaba lleno de falsedades por estudios de destacadas universidades y centros académicos”, comentó.
En este sentido, el informe del GIEI permitirá iniciar nuevas investigaciones, dirigidas a conocer el rol de la OEA y su secretario general en el golpe. “Insistimos para que se abra una investigación certera, independiente, para que los hechos sean definitivamente aclarados y los responsables identificados”, sostuvo el embajador boliviano.
“Hacemos hincapié en que no es un tema cerrado. Es un tema abierto. Varios Gobiernos, incluido Estados Unidos, están interesados en saber cuál fue el rol de la Secretaría General de la OEA en este periodo nefasto”, advirtió Arce.
Al momento de su intervención en la reunión virtual, Almagro dio un discurso algo errático, totalmente alejado de la dureza con la cual culpaba a Morales en 2019 por los hechos suscitados a partir de su derrocamiento.
“Cuando llamamos a la estabilidad, como lo hicimos en el comunicado del domingo 10 [de noviembre de 2019], cuando llamamos a la estabilidad y a la no violencia para respetar el mandato constitucional, actuar en el marco constitucional, lo hacemos por una razón clara: evitar que ocurran situaciones como estas”, dijo en referencia a lo narrado en el informe.
Y reconoció: “La responsabilidad institucional que tenemos no es algo que podemos sacarnos y ponernos a nuestro antojo, sino que la tenemos que asumir”.
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Presentación ante la OEA

El informe final fue presentado este 2 de marzo vía virtual a los 34 países de la OEA. Allí, cuatro de los cinco expertos independientes compartieron sus impresiones sobre el periodo analizado.
Dejaron en claro que hubo “masacres” en Sacaba y Senkata, que costaron la vida a decenas de civiles. En ese momento, militares y policías operaron al amparo del decreto 4078, firmado por Áñez y su gabinete, según el cual la justicia ordinaria no iba a castigarlos por los crímenes que cometieran contra el pueblo boliviano.
Marlon Weichert, del GIEI, afirmó que “hubo ejecuciones sumarias por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, y homicidios cometidos por particulares, facilitados o tolerados por agentes estatales”.
En el mismo sentido, Julián Burger, también de GIEI, dijo que el informe “sí considera que los actos de violencia en Senkata y Sacaba deben calificarse de masacres, dado un número de ciudadanos que protestaban pacíficamente y que fueron asesinados por la Policía y las Fuerzas Armadas”.
Estas masacres fueron lideradas por el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien durante el régimen de Áñez viajó a EEUU varias veces. En una de esas ocasiones tuvo una reunión amena con Almagro, a juzgar por sus sonrisas en las fotografías que compartieron del encuentro.
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En otro de esos viajes, Murillo fue detenido en el estado de Florida, por su participación en una red de sobornos y corrupción para comprar materiales represivos destinados a la Policía boliviana, que en esos días lidiaba a diario con quienes exigían en las calles el regreso de la democracia.
Murillo, como todos los funcionarios de Áñez, sostenía que las personas asesinadas en Sacaba, Cochabamba (el 15 de noviembre de 2019), y en Senkata, La Paz (el 19 de noviembre del mismo año) se habían “disparado entre ellos”.

El informe del GIEI

“Es un informe de 500 páginas, que narra de una manera extraordinariamente precisa y absolutamente objetiva todo lo que ocurrió en nuestro país en este luctuoso período de quiebre constitucional y crisis del Estado de derecho”, indicó Arce, quien fue diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), procurador general del Estado (2014-2017) y ministro de Justicia hasta el día del golpe (2017-2019).
El actual embajador ante la OEA confió que en el Gobierno de Arce “hemos quedado gratamente sorprendidos: hemos tenido la participación de 10 países, todos de corriente más conservadora, como Canadá, EEUU, Trinidad y Tobago, Uruguay, que han salido en defensa y apoyo a las recomendaciones para el cumplimiento de este informe”.
Y adelantó que en la segunda mitad de marzo “se ha de suscribir en Bolivia un acuerdo entre la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] y el Estado boliviano para la implementación y el seguimiento a las recomendaciones de este informe del GIEI”.
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Próximos juicios

Por los crímenes cometidos en el marco del golpe de Estado están tras las rejas la expresidenta de facto Jeanine Áñez, dos de sus ministros, así como varios jefes militares y policiales, quienes obedecieron a sus órdenes de disparar sobre el pueblo boliviano en las calles, descontento con la ruptura del orden constitucional.
Días atrás, dos ex altos jefes militares (Palmiro Jarjuri y Jorge Terceros) se acogieron al juicio abreviado para reconocer su culpa en los crímenes del golpe.
A finales de marzo se instalaría el juicio contra Áñez, el cual versará sobre las condiciones ilegales en las cuales la entonces senadora se autoproclamó presidenta de Bolivia. Pero en esas sesiones no se tratará su responsabilidad en las masacres, que causaron al menos 37 muertes por balas policiales y militares.
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Las organizaciones de víctimas y familiares de los asesinados exigen más velocidad a la justicia boliviana. Por ello permanentemente tienen discusiones con el Gobierno de Arce. El informe del GIEI ¿puede servir para acelerar los tiempos judiciales?
“Yo creo que sí. Es uno de nuestros principales cometidos, porque las víctimas tienen un lugar preponderante”, dijo Héctor Arce. Y agregó que a partir del informe se les debe dar “una reparación integral y una atención completa. Esto es necesario para lograr un proceso de verdadera reconciliación y de reencuentro entre bolivianos”.

México y Argentina denuncian rol político e intervencionismo de la OEA para facilitar el golpe de 2019

AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION.- México y Argentina denunciaron la instrumentalización política que se hizo de la OEA para facilitar y crear condiciones dirigidas al golpe de Estado de 2019 en Bolivia y coincideron en afirmar que este caso no está cerrado.

Las posiciones fueron expresadas este miércoles tras la presentación, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las violaciones de derechos humanos suscitadas en Bolivia en 2019.

México

La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños Rivas, fue enfática al explicar que la Secretaría General de la OEA (dirigida por Luis Almagro) impulsó la instrumentalización política del organismo internacional con el fin de facilitar el golpe de Estado en Bolivia en 2019.

Explicó que ese caso no está cerrado por lo que se debe sentar un precedente para evitar una nueva injerencia de la Secretaría General en la soberanía de los países.

No solo eso, la diplomática mexicana cuestionó que la OEA pretenda desincentivar la participación de los países para tomar posición sobre el informe del GIEI.

Dijo que ese desincentivo “retrata de cuerpo completo cuales son las prioridades de esta organización y cual es el manejo y la instrumentalización política de sus prioridades”.

Sostuvo que “sigue abierto” el caso ocurrido en Bolivia en 2019 “aunque resulte incómodo y voces antidemocráticas de funcionarios de la OEA aseguren que el trabajo de la misión de observación electoral en Bolivia en 2019 es un asunto cerrado, cuando en realidad su instrumentalización política facilitó el golpe de Estado que sufrió Bolivia”.

“Es necesario rescatar para la memoria, verdad y justicia que lo acontecido en ese país (Bolivia) y asegurar que ello no se repita nunca más en ningún otro sitio del hemisferio. El asunto está abierto hasta que sea aclarado el papel de la OEA en una actuación que sienta precedente inaceptable para nuestros países y se constituye en un grave precedente de intervencionismo en un formato de actuación política que puede ser aplicado en cualquiera de nuestros países si es avalado en la OEA resulta doblemente grave y atenta contra el prestigio de la organización”, manifestó.

“Es importante que la Secretaría General (dirigida por Almagro) reflexiona profundamente sobre el rol que tuvieron antes, durante y después del rompimiento constitucional que vivió Bolivia en 2019”, añadió.

Argentina

A su turno, el embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Alberto Raimundi, calificó como “golpe de Estado” lo ocurrido en Bolivia en 2019 y lamentó el papel del entonces presidente argentino, Mauricio Macri, quien entregó material bélico al régimen de Jeanine Áñez por lo cual es enjuiciado en su país por contrabando agravado.

Ese material bélico fue usado en Bolivia para “reprimir al pueblo boliviano”, indicó.

“Aquí estamos en una Organización (OEA) que tiene una profunda responsabilidad en haber creado condiciones y clima social y político para ese golpe de Estado”, dijo.

Explicó que ese papel del organismo internacional “no es un caso cerrado. Mucho ayudaría a recuperar la legitimidad de esta organización, que se reconozca esa responsabilidad histórica que tuvo la conducción de esta Organización cuando avaló determinadas posiciones de la observación electoral para crear las condiciones para ese golpe de Estado”.

Uruguay

Respecto al informe del GIEI, el embajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, dijo que ese reporte se constituye en una “prueba contundente” para iniciar procesos judiciales ya que cuenta con testimonios, estudios técnicos y documentos fundamentados.

Antigua y Barbuda

Otros embajadores como Ronald Sanders, de Antigua y Barbuda, dijeron que se quedaron “anonadados” y “alarmados” ante los datos expresados por el GIEI sobre las violaciones a los derechos humanos en Bolivia en 2019.

Lamentó que esos acontecimientos hayan ocurrido frente a la OEA.

Canadá y EEUU

El representante de Canadá Hugh Adsett, destacó el informe del GIE y la importancia de encontrar verdad y justicia.

El embajador alterno de EEUU ante la OEA, Thomas Lersten, pidió procesos judiciales imparciales a oponentes y aliados respecto a los hechos de 2019.

Según el informe del GIEI, “hubo ejecuciones sumarias por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas”.

“El GIEI ha concluido que graves violaciones a los derechos humanos fueron cometidas en Bolivia durante el último trimestre de 2019. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. Hubo ejecuciones sumarias por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, y homicidios cometidos por particulares, facilitados o tolerados por agentes estatales”, afirmó Marlon Weichert, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Por esos hechos, Jeanine Áñez y algunos actores de su régimen se encuentran detenidos.

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