Diario AHORA EL PUEBLO / La Paz.- Ninguno de los dirigentes de organizaciones políticas, de la oposición y de otros sectores se reunieron con el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas (NNUU), Diego García-Sayán, ni presentó hechos que sustenten persecución política por la administración del presidente Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes.
Así lo aseguró García-Sayán en la presentación preliminar de sus observaciones sobre la situación del sistema judicial en el territorio nacional, con una previa aclaración de que se concertaron entrevistas con representantes del Gobierno, el sistema judicial, el Órgano Legislativo, líderes políticos, sectores de la sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos y académicos.
“Se ha hablado de persecuciones políticas, yo no he tenido entrevistas con ninguna persona que me haya manifestado hechos que sustenten una persecución política; si hay otras situaciones que yo no he conocido, podría ser, pero en este caso yo no puedo responder con conocimiento de causa en sentido afirmativo a la pregunta (de si hay persecución política)”, sostuvo en conferencia de prensa en un céntrico hotel de la ciudad sede de gobierno.
ACUSACIONES DESVIRTUADAS
Con la afirmación de García-Sayán se desvirtúan las reiteradas acusaciones de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC); de Luis Fernando Camacho, de Creemos; de Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN); de Jorge Tuto Quiroga, de Acción Democrática Nacionalista (ADN); del prófugo de la justicia Carlos Sánchez Berzaín, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); del denominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade); de Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, y de plataformas políticas de oposición, de una presunta persecución política a quienes están investigados por el golpe de Estado en 2019 y los involucrados en actos de corrupción en entidades públicas del Estado Plurinacional.
VIOLACIÓN A DDHH
El experto dijo que se constataron graves violaciones a los derechos humanos en el último trimestre de 2019, en medio de una violenta crisis política en la que 38 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares fueron heridas.
“Como constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares. Comparto la preocupación de muchos con el contenido y promulgación del Decreto 4078, sobre actuación de las Fuerzas Armadas, del 14 de noviembre de 2019”, precisó.
Señaló que su misión se reunió con las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba, y de la zona Sur (Pedregal). “Escuché testimonios muy conmovedores. Lamento profundamente que estas víctimas hayan pasado más de dos años esperando justicia sin conseguirla”, manifestó el relator Diego García-Sayán.
Relator: No me entrevisté con ninguna persona que haya sustentado persecución política
Pero “si hay otras situaciones que yo no he conocido, podría ser”, remarcó Diego García-Sayán en una conferencia de prensa realizada a la conclusión de su visita oficial a Bolivia.
El gobernador Luis Fernando Camacho durante su entrevista con el relator Diego García-Sayán. Foto: @LuisFerCamachoV.
Por Edwin Condori / LA RAZON.- Diego García-Sayán, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, afirmó este martes que no se entrevistó con nadie que haya sustentado una presunta persecución política en Bolivia.
“Se ha hablado de persecución política, (no obstante) yo no he tenido entrevista con ninguna persona que me haya manifestado hechos que sustenten una persecución política; si hay otras situaciones que yo no he conocido, podría ser, pero en este caso yo no puedo responder con conocimiento de causa en el sentido afirmativo a la pregunta que usted me ha hecho” sobre este tema, dijo García-Sayán ante la consulta de un periodista.
Sin embargo, durante su visita a Bolivia para analizar la independencia judicial, García-Sayán se reunió con varios actores políticos de la oposición que alegan la existencia de una supuesta persecución política en el país, entre ellos, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el líder de Comunidad Ciudadana (CC) y expresidente, Carlos Mesa; la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez e incluso la hija de ésta, Carolina Ribera.
De hecho, Áñez, en sus mensajes que suele escribir desde su encierro en el penal de Miraflores, generalmente se identifica como “expresidenta constitucional” y “presa política”.
Es así que, por ejemplo, el lunes la exmandataria insistió que es “inocente y presa política desde hace 11 meses”.
La exautoridad está detenida de manera preventiva desde marzo de 2021 por su cuestionada proclamación como Jefa del Estado en la crisis de 2019, tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia, y su defensa solicitó al Relator de la ONU visitarla en el penal de Miraflores.
Pero García-Sayán aseguró que no visitó a la exmandataria en la cárcel porque su función no es visitar a personas privadas de libertad.
Aunque el funcionario también destacó “que el Estado, frente a cualquier persona privada de libertad, es el responsable de la integridad física y de la salud de las personas que están en esa condición y que, por supuesto, en todos los casos, incluido el de Jeanine Áñez, (…) tiene que ser respetando todas las garantías procesales y las normas del debido proceso”.
Mientras Camacho, tras su reunión con el Relator, informó que le expuso sobre el estado actual de la democracia en Bolivia en el que, según su criterio, queda claro que la independencia de poderes hoy es inexistente, que la justicia está sometida al partido político de turno y que la violación a los derechos humanos se ha convertido en una práctica habitual.
Pues, “desde el 2006, el masismo implementó una serie de medidas que fueron tejiendo un sistema judicial que hoy en día somete a todo aquel que piensa distinto. Un sistema que actúa políticamente robándole el derecho a la legítima defensa y el debido proceso a aquellos que no comulgan con el partido de gobierno y dándole privilegios e impunidad a los que están dispuestos a pasarse a filas azules”, agregó el Gobernador cruceño.
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