ATB/ La Paz.- La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) alertó que existe un plan de fuga de Jeanine Áñez mediante su salida de la cárcel, internación en un hospital y luego su asilo en una embajada extranjera, dijo el presidente de esa instancia, Edgar Salazar.
Explicó que este plan incluye la potencial participación de una embajada extranjera y hasta versiones de un ofrecimiento de pago de dinero a los custodios de la exsenadora.
“Se estaría gestando un plan de fuga, nosotros hemos conocido algunas denuncias de que se estaría gestando precisamente la salida a un nosocomio de la señora Áñez para que se busque un plan para sacarla a una embajada y, como ha ocurrido en el pasado con otros políticos que tenían cuentas pendientes con la justicia en el país, han fugado del país”, indicó en radio Patria Nueva.
“Se está pretendiendo trabajar en el mismo sentido, se están hablando de ofrecimientos de grandes sumas de dinero a los policías y obviamente esta situación tiene que ponernos en alerta”, agregó el presidente de la APDH.
Dijo que, en vez de gestar un plan de fuga, Áñez debería responder ante la justicia por sus acciones en 2019, cuando perecieron 38 personas, centenares fueron heridas durante las masacres de Senkata, Sacaba y otras, además de la existencia de una cantidad indeterminada de perseguidos políticos y torturados.
Parte de esa estrategia incluye la victimización de Áñez y la invisibilización de las víctimas de su régimen. Esa estrategia es impulsada por actores políticos, institucionales y mediáticos, indicó.
Justicia amplía por tres meses detención de Áñez por caso ‘Golpe de Estado I’
La expresidenta Jeanine Áñez cuestionó que la Fiscalía haya pedido ampliar su detención cuando es la responsabilidad de acelerar la investigación
La expresidenta Jeanine Áñez y los exministros Coimbra y Guzmán fueron aprehendidos en marzo de 2021.
La audiencia fue reinstalada la tarde de este lunes luego que fuera suspendida la semana pasada debido a que Áñez se descompuso debido a su delicado estado de salud por la huelga de hambre que cumple desde hace 12 días en demanda de respeto a sus derechos.
“No corresponde amplíe mi detención preventiva, los argumentos expuestos por mi abogado han sido demasiado claros: yo no tengo responsabilidad alguna en que el Ministerio Público no haya hecho todas las actuaciones en este caso durante un año que me tienen presa”, cuestionó la expresidenta en la audiencia.
La decisión judicial se amplía a los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra.
Áñez fue enviada por cuatro meses a la cárcel en marzo de 2021, luego de haber sido detenida en Trinidad como resultado del proceso abierto por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración derivados de los hechos que acabaron con la dimisión del expresidente Evo Morales en la crisis de 2019.
Antes de terminado el plazo se amplió su detención por otros cinco meses, que concluyó el 13 de febrero, y ahora por otros tres meses para continuar con los actos investigativos.
47% de los ciudadanos consideran a Añez culpable por el caso Golpe de Estado
Diario AHORA EL PUEBLO.- El 47% de los ciudadanos considera culpable a la exsenadora Jeanine Añez, quien es procesada por el golpe de Estado de 2019, según una encuesta de la empresa Captura Consulting para la revista Poder y Placer, difundida por el periodista Pepe Pomacusi en su cuenta de Twitter.
“La justicia hará su trabajo y emitirá sus fallos, pero interesa también la percepción ciudadana. ¿Usted cree que las siguientes exautoridades que están siendo juzgadas por distintos delitos son culpables o inocentes? Es la pregunta del sondeo de opinión.
El 47% considera que Añez es culpable, mientras que el 40% cree que es inocente y 14% señala que no sabe.
En El Alto se sitúa la mayor cantidad de personas que consideran a la exsenadora culpable de los delitos en los procesos por el caso Golpe de Estado I y II, es decir el 63% de los consultados, mientras que el 24% la considera inocente, según la ABI.
En Cochabamba, el 49% indica que es culpable, y el 41% inocente; en La Paz 47% la considera culpable, y el 38% inocente; en Santa Cruz el 37% la ve como culpable y el 49% como inocente, de acuerdo a la encuesta.
En el caso del excívico Marco Pumari —con detención preventiva por el caso de la quema del Tribunal Departamental de Potosí—, el 42% de los consultados lo considera culpable y el 41%, inocente.
En la lista de las exautoridades juzgadas también está la exalcaldesa interina de Santa Cruz Angélica Sosa, el exalcalde cruceño Percy Fernández, investigados por el caso Ítems Fantasmas; además del exburgomaestre de La Paz Luis Revilla, denunciado por la compra irregular de los buses Pumakatari. Los ciudadanos creen que los tres son culpables con 67%, 53% y 42% respectivamente.
En este contexto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que la encuesta muestra que “la población boliviana no tolera la corrupción en Santa Cruz y La Paz, y exige justicia para los muertos del gobierno de facto”.
VÍCTIMAS SOSTENDRÁN ENCUENTRO EN COCHABAMBA
Las víctimas de las masacres de 2019, durante el régimen de Jeanine Añez, acordaron un encuentro de todos los afectados de noviembre 2019 y 2020 para hacer un relevamiento de información, luego de una reunión con el Ministerio de Justicia y Transparencia y personeros de Naciones Unidas.
El evento se hará el 17 y 18 de marzo en la ciudad de Cochabamba, donde se organizarán en mesas de trabajo y se reunirán todas las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal, informó la representante de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz, Eliana Rojas, en declaraciones difundidas por la Red Patria Nueva.
Indicó que como Asamblea de Derechos Humanos se solicitó a la representante de las Naciones Unidas la conformación de una comisión para que respalde los procesos judiciales que se abrieron por los hechos luctuosos de noviembre de 2019 y se dé celeridad a estos procesos.
Manifestó que se solicitará que el relator especial de la ONU, Diego García-Sayán, presente un informe de todo lo que ocurrió durante el régimen de Añez ante la Organización de las Naciones Unidas. (ABI)
Exministro golpista pide citar a Camacho por el golpe de 2019
Álvaro Coímbra afirmó que tanto el padre del expresidente cívico como el actual deberían estar incluidos en el proceso por los hechos de 2019.
AHORA EL PUEBLO / La Paz.- Álvaro Coímbra, exministro de Justicia del gobierno de facto de Jeanine Añez, cuestionó que mientra él y otras exautoridades fueron apresados en marzo de 2021, el actual Gobernador de Santa Cruz no comparece ante la justicia para aclarar los hechos de 2019.
En audiencia virtual, el exministro de Jeanine Añez reveló que en más de una oportunidad pidió al Ministerio Público citar y tomar la declaración respectiva al actual gobernador departamental de Santa Cruz, Luis Femando Camacho.
“Yo he solicitado en más de un memorial, señor juez, que se le tome la declaración al señor Luis Fernando Camacho (…) la señora Lidia Patty presenta su denuncia en noviembre de 2020 y en marzo de 2021 nos toman presos; pero al señor Camacho no le pueden tomar declaración porque es gobernador, porque Santa Cruz se va a levantar, eso es un caso político”, dijo en la audiencia instalada en La Paz.
Coímbra, junto a Rodrigo Guzmán, se encuentra en la cárcel de San Pedro. Fueron aprehendidos en marzo de 2021 imputados por la comisión de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. En esa oportunidad, en su audiencia de medidas cautelares, se determinó su detención preventiva por cuatro meses, que luego fue ampliada a seis meses, y después a otros cinco meses. Ayer, el juez Armando Zeballos determinó ampliar la detención por tres meses más.
Ante ello, Coímbra criticó el desempeño del Ministerio Público por no citar al excívico Camacho y presentar excusas como la falta de recursos, la recarga procesal, que en ningún momento es favorable para los tres imputados que cumple detención preventiva.
“He pedido en más de una ocasión que se notifique a Luis Fernando Camacho, al padre de Luis Fernando Camacho, al presidente del Comité Cívico, que deberían estar incluidos en este proceso y los que deberían estar hoy aquí contando la verdad histórica”, reafirmó el exministro de facto.
En esa línea, Jorge Nina, el abogado de la exdiputada Lidia Patty —denunciante—, sostuvo que la ampliación de la detención preventiva significa un hecho victorioso para las víctimas del golpe de Estado de 2019, porque se invocó al juez ampliar la investigación para “llegar a la verdad histórica de los hechos, demostrar ante un Tribunal que se ha depuesto a un gobierno democráticamente electo en 2019 y se ha subvertido el orden constitucional”.
Mientras tanto, la exdiputada Patty recordó que tanto las víctimas de los hechos violentos de 2019 como las organizaciones sociales están en estado de emergencia porque no permitirán que los detenidos escapen del país sin que se haga justicia.
Señaló que en 2019, los golpistas quemaron casas de autoridades e instituciones como los tribunales departamentales y torturaron a sus familiares.
Camacho en 2019
22 de octubre. Luis Fernando Camacho, entonces presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, convoca a un paro indefinido en contra de Evo Morales.
3 de noviembre. Los cívicos dan un plazo de 48 horas para que Morales renuncie y al mismo tiempo mandan una carta al Ejército para que se una.
6 de noviembre, Camacho llega a La Paz con el pretexto de entregar una carta y convulsiona la sede de gobierno. 11 de noviembre. Camacho y Pumari ingresan con la biblia bajo el brazo al Palacio de Gobierno.
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