Diario AHORA EL PUEBLO.- El régimen de facto de Jeanine Añez incurrió en crímenes de lesa humanidad en complicidad con las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana, después del golpe de Estado y su autoproclamación como presidenta.
En declaraciones al programa El siete a las seis, de Bolivia TV, el exrepresentante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia Denis Racicot explicó que después de la ruptura del orden constitucional por el motín de la Policía Boliviana, el 8 de noviembre de 2019 y la sugerencia de las FFAA de renuncia al presidente Evo Morales el 10 de noviembre de ese año, la senadora por los Demócratas Jeanine Añez, en una sesión sin quórum, violentando la Constitución Política y el reglamento, se autoproclamó primero como presidenta de la Cámara Alta y después como presidenta del país el 12 de noviembre.
El 14 de noviembre, dos días después de instaurado el régimen de facto, Añez y su gabinete de ministros aprobó el Decreto Supremo N° 4078, que exime a las FFAA de toda responsabilidad penal en cuanto al cumplimiento de sus funciones constitucionales.
El 15 de noviembre, un día después de aprobado el denominado decreto de la muerte, efectivos militares y policiales reprimieron en el municipio de Sacaba y al menos 11 civiles perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos por impactos de bala. El 19 de noviembre, en cercanías de Senkata de la ciudad de El Alto, La Paz, otros 11 civiles perdieron la vida y hubo 78 heridos. En ningún caso se produjeron bajas entre los efectivos policiales ni militares.
En ese contexto, Racicot recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó a esos eventos como ejecuciones sumarias, que “en el ámbito del derecho internacional se constituyen en crímenes de lesa humanidad; los crímenes más graves que se pueden cometer desde un Estado con sus Fuerzas Armadas; crímenes que no pueden prescribir, los responsables deben rendir cuenta a la población desde el momento en que se cometen esos delitos”, sostuvo el experto.
Dijo que el Decreto 4078 para eximir de responsabilidad a los autores materiales, a los autores intelectuales por esos crímenes y la violación de derechos humanos “en sí mismo es uno de los actos más ilegales que un gobierno puede adoptar en materia de derechos humanos”.
Debe estar conectado para enviar un comentario.