Los cómplices del Golpe de Añez: obispos, militares, policías, cívicos y neoliberales derrotados en las urnas

Bolivia acudió el 20 de octubre de 2019 a las urnas para elegir presidente. Evo Morales ganó las elecciones con el 47,08% y Carlos Mesa Gisbert logró el 36,51%, resultado que otorgaba la victoria de más de 10 puntos al MAS y se evitaba la segunda vuelta.

Mesa generó un clima de confusión azuzando a la gente acusando de fraudulento el proceso eleccionario apoyado por una OEA parcializada.

Empezaron las infundadas manifestaciones que derivaron en un paro indefinido con bloqueos y marchas.

El 25 de octubre Morales fue declarado ganador de las elecciones con el 100% de las actas computadas, consiguió una diferencia de 10,55% frente a su inmediato contendiente.

El rechazo de Mesa a los resultados levantó mayores protestas en todo el país hasta que el  30 de octubre en Montero, a 60 kilómetros de Santa Cruz, Mario Salvatierra, de 60 años, y Marcelo Terrazas, de 48, murieron a consecuencia de heridas de bala.

Al día siguiente la OEA inició la auditoría sobre el recuento de votos.

Entonces Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, radicalizó a la oposición y junto a su padre cautivaron al Ejército y a la Policía para abandonar al Gobierno constitucional y generar un motín policial y militar.

El 6 de noviembre se registró la tercera muerte, fue Limberth Guzmán, de 20 años, y Camacho quiso entregar al presidente Morales una carta de renuncia para que la firmara. Entonces protegido por policías, el cívico decidió quedarse en La Paz hasta lograr la renuncia de Morales.

Dos días después, tres unidades policiales se amotinaron en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, y al siguiente día el motín había tomado Bolivia. El Gobierno descartó una operación militar contra los sublevados.

Para reducir el impacto de dejar al país sin las fuerzas del orden, el Presidente llamó a un diálogo abierto, hasta entonces se incendiaron las casas de dirigentes del MAS y autoridades de Gobierno.

El 10 de noviembre fue un día descollante para la democracia. En la mañana, la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un informe preliminar con claro sesgo intencional. Morales convocó a nuevas elecciones en Bolivia y a un cambio total del Órgano Electoral después de que la Central Obrera Boliviana, la Policía y el Ejército pidieran la renuncia del presidente Evo Morales.

A las 18.00, Morales decidió dimitir a su cargo para pacificar el país, evitar más muertes y proteger a los bolivianos de un conflicto armado por la derecha neoliberal.

El 11 y 12 de noviembre de 2019, según la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), en la Universidad Católica Boliviana (UCB) se reunieron representantes de la Unión Europea y de la Embajada de España, la cúpula de la Iglesia Católica y líderes políticos de frentes con representación legislativa como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, que derivó en la autoproclamación de Añez.

Añez

La exsenadora por Demócratas Jeanine Añez admitió que violó el Reglamento de Debates de la Cámara Alta y la Constitución Política del Estado para asumir la presidencia de facto en noviembre de 2019, previa coordinación con los jefes opositores Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, representantes de la Iglesia Católica y de la Unión Europea.

La afirmación se desprende del acta de declaración de la denunciada de 18 páginas con respuestas a 30 preguntas formuladas por el Ministerio Público en el marco del caso Golpe de Estado, preguntas planteadas entre el 7 y 8 de junio de 2021 en el centro penitenciario de Miraflores, en la ciudad sede de gobierno.

A la consulta ¿diga usted si su persona fue presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, de ser así a partir de cuándo y hasta cuándo, y si conoce las funciones que le atribuyen en relación al cargo mencionado? Añez explicó los pormenores que se registraron en ocho páginas.

REUNIÓN UCB

Entre las páginas 5 y 13, la exsenadora relata que cuando se encontraba en Trinidad, el 10 de noviembre a las 18.00, fue contactada por Ricardo Paz (asesor de Carlos Mesa), quien le puso en alta voz para que sea parte de una reunión en la Universidad Católica Boliviana (UCB) en la que participaron el monseñor Eugenio Scarpellini y Eugenio Pesoa, en representación de la Iglesia Católica; el embajador de la Unión Europea (León de la Torre); el embajador de España Emilio Pérez de Agreda; el exembajador de España Carmelo Angulo; la agregada política de la embajada de España Cristina Arreguero; y otros actores políticos, buscando la alternativa para una sucesión presidencial.

“(…) Me sorprendo de la llamada, me dicen que estaban buscando la mejor forma constitucional, de cómo hacer una transición, y como en el Senado todos habían renunciado, yo (Jeanine Añez) era la segunda vicepresidenta del Senado, me preguntaron si yo estaba dispuesta a asumir la presidencia para hacer el proceso de transición y llamar a nuevas elecciones constitucionales, a lo que yo respondo que sí estaría dispuesta si podría contribuir a la pacificación del país”, señala parte de su declaración.

Aseguró que ante la renuncia del primer y segundo vicepresidente de la Cámara de Senadores, el 12 de noviembre de 2019 convocó “a la 198 sesión ordinaria debido a la emergencia (…) en ese momento sensible muy peligroso los que cometieron incumplimiento de deberes fueron los senadores del MAS al no asistir a la sesión convocada (…) ahí, de acuerdo a nuestro reglamento interno de la Cámara de Senadores, en el Art. 41 A señala textualmente: ‘son atribuciones de la segunda vicepresidencia o segundo vicepresidente: a) reemplazar a la presidenta o presidente y a la primera vicepresidenta o primer vicepresidente, cuando se hallen ausentes por cualquier impedimento’, esa asunción del cargo es automática, es administrativa, no requiere ninguna formalidad, en este caso estábamos ante la ausencia definitiva de todas las autoridades que habían renunciado, y bajo ese artículo asumo la presidencia del Senado en primera instancia”.

“Entonces  levantamos la sesión en la Cámara de Senadores y nos vamos a la Cámara de Diputados para sesionar en Asamblea, y conforme a la Constitución Política del Estado, artículo 160, numeral 1 que señala literalmente: En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o presidente del Estado será reemplazada o reemplazado en el cargo por la vicepresidenta o vicepresidente, y a la falta de ésta o éste por la presidenta o presidente del Senado y a falta de éste o ésta por la presidenta o presidente de la Cámara Diputados, en último caso se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días”.

Además, dijo que tenían el respaldo del Tribunal Constitucional, “que es el guardián de la constitucionalidad. Este comunicado establece que se debe asumir de manera ipso facto, sin ninguna formalidad previa”. (Pág 12)

“En  consecuencia, yo asumo la presidencia y lo que hago es instrumentalizar las normas, el reglamento de la Cámara de Senadores en su artículo 41 A, la Constitución Política del Estado en su artículo 160 y respaldada por el comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional”. (Pág. 12)

LA EXSENADORA ADMITIÓ EL DELITO EN SU DECLARACIÓN OFICIAL

Pregunta: Diga usted a qué bloque pertenecía dentro de la Cámara de Senadores.

Respuesta: Pertenecía al bloque minoritario. (Pág. 16)

Pregunta: Diga usted dentro del reglamento de la Cámara de Senadores menciona que usted debe asumir la presidencia, alguien del bloque minoritario.

Respuesta: Porque ante la renuncia de toda presidenta, vicepresidente yo quedo como segunda vicepresidenta en sucesión. (Pág. 16)

Pregunta: Diga usted cómo fue elegida segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores.

Respuesta: De acuerdo a reglamento las minorías tenemos participación en la directiva. (Pág. 16)

Pregunta: Quiénes participaron en las sesiones de la Cámara de Diputados, quiénes en la sesión de la Cámara de Senadores y si su persona participó en la sesión de la Asamblea Legislativa en fecha 11 y 12 de noviembre de 2019.

Respuesta: En la sesión de la Cámara de Senadores y en la sesión de la Asamblea que se desarrolla en la Cámara de Diputados, por un estado de necesidad y por responsabilidad teníamos que resolver el tema de vacío de poder. (Pág. 14)

Pregunta: Diga si la sesión del 11 y 12 de noviembre de 2019 existió convocatoria, llamado de lista y quórum para las sesiones desarrolladas en la Cámara de Senadores.

Respuesta: Las sesiones desarrolladas fueron sólo el 12 de noviembre de 2019, existió convocatoria para la Cámara de Senadores, pero públicamente los parlamentarios del MAS dijeron que no asistirían a la Asamblea, lo que yo hice es instrumentalizar el reglamento de la Cámara de Senadores, la Constitución Política del Estado, el comunicado del Tribunal Constitucional, además para cumplir con mi deber como parlamentaria ante el país en estado de emergencia y convulsión social. (Pág. 14)

Luego de las elecciones generales de 2019, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari desconocieron los resultados que daban como ganador al Movimiento Al Socialismo (MAS) e incitaron a protestas y movilizaciones en el país bajo la bandera de la defensa del voto, de la democracia y apuntando a un fraude electoral “monumental” que hasta ahora no ha sido comprobado.

Después de esos comicios, que daban la victoria al Movimiento Al Socialismo, Camacho desconoció los resultados, convocó a un cabildo en Santa Cruz y le dio al entonces presidente Evo Morales un plazo de 48 horas para que renuncie.

Posteriormente convocó a los cruceños, y luego al resto de los bolivianos, a un paro indefinido y a la desobediencia civil hasta lograr su objetivo, que era “sacar al dictador del Palacio”.

Sus exigencias habían caído inicialmente en saco roto, por lo que convocó a un nuevo cabildo y dio lectura a una carta que redactó él mismo explicando cómo debía renunciar Morales.

Desde ese momento afirmó que no descansaría hasta llegar a la sede de gobierno para entregar la carta a Morales en sus manos.

El 4 de noviembre llamó a paralizar todas las instituciones estatales y las fronteras de Bolivia y, en una actitud, entre errante y desafiante, viajó a La Paz para entregar la carta a Morales “en sus manos”, a pesar de que miles de alteños y paceños le advirtieron incluso con quitarle la vida si pisaba suelo alteño.

“Voy con mi fe y esperanza con una Biblia en mi mano derecha y su carta de renuncia en la mano izquierda”, aseguró a sus seguidores; sin embargo, no pudo salir del aeropuerto alteño porque afuera lo esperaba una gran multitud para confrontarlo.

De a poco las presiones en el país tuvieron el efecto deseado por Camacho, ya que también contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía, cuyos comandantes sugirieron la renuncia de Morales. El 10 de noviembre se conoció esa renuncia y Camacho, quien ya estaba en La Paz, se trasladó al Palacio de Gobierno.

Sus seguidores habían presionado a los presidentes de ambas cámaras legislativas, Víctor Borda, de Diputados, y Adriana Salvatierra, del Senado, a que renuncien, al igual que los vicepresidentes, entonces apareció la figura de Jeanine Añez como la potencial presidenta.

Con una postura triunfante y una Biblia en la mano, Camacho ingresó al Palacio con la carta de renuncia. Desplegó la bandera boliviana y colocó encima de ella las sagradas escrituras prometiendo “devolver Dios al Palacio Quemado”.

PUMARI GESTÓ UN MOVIMIENTO CÍVICO PARA SUS FINES POLÍTICOS CON MIRAS A LA VICEPRESIDENCIA

Luis Fernando Camacho encontró el socio ideal para gestar el golpe de Estado en otro líder cívico, Marco Antonio Pumari, un potosino hijo de minero y con amplia experiencia en el sindicalismo campesino. Entre ambos alentaron la violencia, las protestas y las movilizaciones bajo su idea de fraude electoral.

Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho fueron los principales impulsores del movimiento cívico en el país que durante 21 días se caracterizó por las protestas, agresiones, violencia extrema y que culminó con la renuncia de Evo Morales.

Lo que pretendió iniciarse como un movimiento cívico poco a poco fue mostrando su verdadera intención hacia una estrategia política planificada para deponer a Morales y tomar el poder en el país. Ambos líderes cívicos se unieron con políticos opositores, pusieron a Jeanine Añez como presidenta; ese hecho fue inconstitucional porque no le correspondía tomar la presidencia, y luego mostraron sus verdaderos objetivos y aprovecharon la coyuntura para candidatear.

Marco Antonio Pumari se aferró al discurso de fraude electoral y desde el 21 de octubre de 2021, a nombre de defensa de la democracia, convocó a sus seguidores a radicalizar las protestas en la ciudad de La Paz y en todas las capitales del país.

“Nosotros hemos venido con un mandato, hemos traído una carta (de renuncia para que Morales la firme), pero esta carta la vamos a entregar todos. No nos vamos a ir (de La Paz) hasta que Bolivia sea libre”, enfatizaron Camacho y Pumari a manera de advertencia.

LLEGADA DE MINEROS

Camacho y Pumari se percataron que a finales de 2019 podían derrocar a Morales, por ello no escatimaron ningún acuerdo, alianza y convocatoria.

El 9 de noviembre, el entonces presidente del Comité Cívico de Potosí anunció la llegada de 2.500 mineros cooperativistas a la ciudad de La Paz para ejecutar una “presión” y reforzar su intento de golpe de Estado.

 Luego del llamado al desconocimiento de los resultados electorales, los grupos de choque convocados por los dos cívicos generaron convulsión sistemática en todo el país con enfrentamientos entre bolivianos. El escenario estaba listo para ejecutar el golpe de Estado.

Luego de perder la contienda electoral rumbo a la presidencia de Bolivia, Pumari estuvo a punto de ser agredido en Potosí, ya que los pobladores lo calificaron como traidor y oportunista.

Su discurso de defensa de la democracia y del voto se desmoronó al presentarse como candidato presidencial.

No conforme con esa derrota, este año también pugnó para ser gobernador potosino, pero nuevamente perdió.

Los potosinos le dieron la espalda porque se sintieron usados en 2019 para lograr sus fines políticos.

UTILIZÓ LA BIBLIA PARA JUSTIFICAR SU VIOLENCIA

La ciudadanía cruceña es una de las más católicas del país y Camacho supo unir a sus seguidores bajo un discurso centrado en lograr “que la Biblia vuelva a entrar al Palacio de Gobierno”, puesto que, en su criterio, el libro sobre la vida y obras de Jesús fue desalojado desde que el MAS se hizo cargo de la conducción del país (2006).

Cadenas de oraciones en varias partes y la búsqueda del apoyo de los jerarcas de la Iglesia Católica fortalecieron su tesis de fraude electoral para camuflar un golpe de Estado.

Camacho siempre pregonó ser católico, tener fe y actuar bajo los designios de Dios, como si se tratara de un elegido divino, pero sus acciones demostraron lo contrario.

Las movilizaciones y protestas de la clase media se radicalizaron antes a la renuncia de Evo Morales y con el transcurrir de los días la violencia se desbordó en el país, es así que sus seguidores, como la Resistencia Juvenil Cochala o la Unión Juvenil Cruceñista empezaron a agredir física y verbalmente a cualquier persona que apoyaba a Evo Morales y denunciaba el golpe de Estado.

Mujeres que visten pollera, campesinos y gente humilde fueron las principales víctimas de su intolerancia y racismo.

Luego de las elecciones generales de 2019 hubo varias movilizaciones en el país por parte de ciudadanos que denunciaban un presunto fraude electoral y a pesar de que el Ejecutivo trataba de contener la violencia, policías y militares le dieron la espalda al Gobierno una vez que lograron acuerdos con dirigentes cívicos, políticos y empresarios que vieron su gran oportunidad de sacar del poder a Evo Morales por la fuerza.

Los policías se amotinaron el 8 de noviembre, dos días antes de la renuncia de Evo Morales, dejaron sin resguardo las instituciones públicas y privadas, así como otros espacios donde la violencia se acrecentaba, mientras que los militares se insubordinaron paulatinamente.

Ambas instituciones, llamadas a defender a la ciudadanía y los intereses del Estado, olvidaron su rol y su misión constitucional y se sumaron a los grupos golpistas.

MOTÍN POLICIAL

La tarde del 8 de noviembre de 2019, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba fueron los primeros en amotinarse y les siguieron sus camaradas de Santa Cruz y Chuquisaca.

Varios uniformados con los rostros cubiertos con pasamontañas se subieron al techo, ondearon la tricolor nacional y aseguraron que era un motín policial.

Más tarde esta determinación fue replicada en otras unidades policiales del interior.

El caos comenzó en todo el país, puesto que los movilizados que exigían la renuncia de Morales empezaron a cometer una serie de actos vandálicos.

PEDIDO DE RENUNCIA

A pesar de que la Policía y las Fuerzas Armadas no deliberan ni hacen política, el entonces comandante de la institución del orden, general Vladimir Calderón, a nombre de los más de 40 mil efectivos, sugirió la renuncia de Morales con la excusa de pacificar al país.

“Nos sumamos (los policías) al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia”, fueron las declaraciones de Calderón, horas antes de que Morales dimitiera a su cargo.

La Policía había tomado la decisión política de sacar a Evo Morales.

DIERON PROTECCIÓN A CAMACHO Y PUMARI

El 10 de noviembre por la tarde, luego de la renuncia de Morales, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari ingresaron a las instalaciones de la UTOP en La Paz.

Como si se tratara de celebridades, aunque ellos se consideraban los elegidos por el pueblo para dirigir los destinos del país, fueron escoltados por los uniformados, quienes no dudaban en abrazarlos y agradecerles por sacar “al dictador”.

FALTAS DISCIPLINARIAS

En el marco de la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, se trata de faltas disciplinarias.

Se les prohíbe fomentar la organización o formar parte de logias u organizaciones que atenten contra los intereses de la institución y la sociedad, incurrir en actos públicos deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial.

QUEMA DE LA WIPHALA

Como si se tratara sólo de un símbolo del MAS, a finales de 2019 varios policías arrancaron y cortaron las wiphalas (bandera de las nacionalidades indígenas) de sus uniformes, mientras que otros sacaron este símbolo patrio de sus unidades para quemarlas como muestra de apoyo a los movilizados.

El entonces comandante de la Policía cruceña, coronel Miguel Mercado, expresó su orgullo porque sus “camaradas” quitaron la wiphala de los uniformes al considerar que ese símbolo sólo dividía a los bolivianos entre ricos y pobres.

Estos actos demostraron que el racismo y la discriminación llegaron a límites insospechados, porque se oyeron frases como “la bandera de los indios”, “el símbolo de los indios”.

Sentencia contra dos militares ratifica el golpe y agrava la situación jurídica de Añez

La decisión del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, que falló con tres años de prisión para Palmiro Gonzalo Jarjury Rada, excomandante general de la Armada Boliviana, y para Jorge Gonzalo Terceros Lara, excomandante general de la Fuerza Aérea, confirma el golpe de Estado en noviembre de 2019 y agrava la situación jurídica de la expresidenta de facto  Jeanine Añez.

La sentencia fue asumida después de que los exjefes militares admitieron su culpa y se acogieron a un juicio abreviado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes en grado de complicidad.

Para el expresidente Evo Morales el hecho se constituye en una vedad histórica de que hubo una conspiración contra un gobierno democrático.

“La sentencia condenatoria de dos exjefes militares que conspiraron contra nuestro gobierno democrático en noviembre de 2019 es verdad histórica con base en una verdad jurídica: Sí hubo golpe de Estado en #Bolivia. #MemoriaVerdadYJusticia. Que los golpistas respondan por sus actos”, escribió en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, Terceros facilitó el traslado de diputados y senadores de la oposición para la eventual instalación de sesiones de la Asamblea Legislativa para promover la sucesión de Añez, además de avalar la “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta”.

En tanto que Jarjury fue imputado por permitir la imposición de símbolos patrios a Añez, la noche del 12 de noviembre de 2019, y por incumplir con el mandato de garantizar el ejercicio de un presidente electo, de Evo Morales.

JUICIO ABREVIADO

El veredicto fue emitido luego de que los exjefes militares pidieron un juicio abreviado, admitiendo su culpabilidad sobre los hechos ocurridos durante el golpe de Estado de 2019.

“Por resolución del 14 de febrero de 2022, los representantes del Ministerio Público aceptan la solicitud de los dos imputados, de someterse a la salida alternativa del juicio oral, proponiendo someterse a procedimiento abreviado, admitiendo la culpabilidad por la comisión de los ilícitos de 153 (resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes) y 154 (incumplimiento de deberes) en grado de complicidad, con la imposición de condena sancionatoria de 3 años de reclusión, de PALMIRO GONZALO HARPURI RADA en el Centro Penitenciario de Patacayama y de JORGE GONZALO TERCEROS LARA en el Centro Penitenciario de Palmasola (sic)”, señala parte del informe de la audiencia.

El Juez decidió que “se acepta el procedimiento abreviado, con la imposición de condena sancionatoria de 3 años de reclusión, de PALMIRO GONZALO HARPURI RADA en el Centro Penitenciario de Patacayama y de JORGE GONZALO TERCEROS LARA en el Centro Penitenciario de Palmasola (sic)”, agrega el documento.

PRÓFUGOS

Los militares investigados son Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas; Flavio Gustavo Arce, exjefe del Estado Mayor; Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; además del excomandante de la Policía Yuri Calderón. Kaliman y Calderón están prófugos.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que el Alto Mando Militar dio un ultimátum al entonces presidente Evo Morales para que renuncie a su cargo. Determinó además que la sugerencia de las FFAA y la Policía para que Morales renuncie se trató de un ultimátum que debilitó el respeto a la Constitución Política del Estado.

SITUACIÓN JURÍDICA

En ese contexto, el analista y abogado constitucionalista Israel Quino sostuvo que con el fallo del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz no sólo se ratifica el golpe de Estado, sino que se agrava la situación jurídica de Jeanine Añez y la de sus cómplices.

En 2019, los jefes de oposición Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC); Jorge Turo Quiroga, de Acción Democrática Nacionalista (ADN); Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN); los líderes cívicos Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y el exrector Waldo Albarracín, entre otros, instigaron a la desobediencia civil, al desconocimiento del resultado electoral con un paro nacional movilizado que terminó con la ruptura del orden constitucional, el golpe de Estado, la instauración de un régimen de facto y el asesinato de 38 personas, entre otras violaciones de los derechos humanos.

“En términos jurídicos, los cómplices de la comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes están admitiendo que han sido parte de la desestabilización política y constitucional en el país, lo que agrava —porque al admitir culpa están admitiendo la comisión del delito— la situación procesal de Jeanine Añez porque se tiene un elemento contundente de prueba de que del conjunto de procesados, cuando menos dos están reconociendo que sí cometieron estos ilícitos”, precisó el constitucionalista.

GIEI CONFIRMA QUE SE VIOLARON AL MENOS 11 DERECHOS FUNDAMENTALES EN 2019

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que será presentado en la OEA el 2 de marzo establece que al menos 11 derechos fundamentales fueron vulnerados en el país durante 2019.

El documento indica que se vulneraron el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la honra, dignidad y vida privada; las garantías judiciales y debido proceso; la libertad de expresión, derecho de reunión y libertad de asociación; el derecho a la no discriminación, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia; el derecho a la salud; el derecho a la propiedad y el derecho al trabajo.

“Es una variedad muy amplia de vulneraciones y, desde luego, hay graves vulneraciones a muchos de sus derechos contenidos en la convención americana como es la vulneración al derecho a la vida (sic)”, dijo el 19 de agosto de 2021 en radio Patria Nueva el secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal.

“El GIEI observó, así lo dice en su informe, que en algunos casos, en las operaciones conjuntas de policías y Fuerzas Armadas, incluso hubo ejecuciones extrajudiciales en las actuaciones que llevaron a cabo. También, se observaron, y así está reflejado en el informe, serias vulneraciones a la integridad personal, como por ejemplo los casos de tortura, malos tratos y abusos observados en distintos contextos; pero, mayoritariamente, en situaciones de privación de libertad en las detenciones, comisarías, cárceles, etcétera”, acotó.

El informe internacional es el resultado de más de 100.000 fojas de expedientes investigativos, judiciales y periciales que fueron objeto de revisión y más de 360 entrevistas individuales.

Los expertos y el equipo técnico mantuvieron reuniones con sindicatos, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la prensa, entre otros.

De los derechos vulnerados a los que hace referencia el documento, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho a la honra y la dignidad, el derecho de reunión, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la propiedad y el derecho a las garantías judiciales son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. (ABI)