AHORA EL PUEBLO /La Paz.- Palmiro Gonzalo Jarjury Rada, excomandante general de la Armada Boliviana, y Jorge Gonzalo Terceros Lara, excomandante general de la Fuerza Aérea, fueron sentenciados por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz a tres años de cárcel por el caso Golpe de Estado II.

Ambos exjefes militares se acogieron a un juicio abreviado en el que se declararon culpables de los delitos por los cuales se les acusa, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

“Por Resolución de 14 de febrero de 2022, los representantes del Ministerio Público aceptan la solicitud de los dos imputados, de someterse a la salida alternativa del juicio oral, proponiendo someterse a procedimiento abreviado, admitiendo la culpabilidad por la comisión de los ilícitos de 153 (resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes) y 154 (incumplimiento de deberes) en grado de complicidad, con la imposición de condena sancionatoria de tres años de reclusión de Palmiro Gonzalo Jarjury Rada en el Centro Penitenciario de Patacamaya y de Gonzalo Terceros Lara en el Centro Penitenciario de Palmasola”, indica el acta de la audiencia de procedimiento abreviado.

La acusación formal del Ministerio Público da cuenta de que Terceros facilitó el traslado de diputados y senadores de la oposición para la eventual instalación de las sesiones de la Asamblea Legislativa con el objetivo de promover la sucesión de Añez, además de avalar la “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta”.

Mientras que Jarjury fue acusado también por permitir la imposición de símbolos patrios a Añez, la noche del 12 de noviembre, e incumplir con el mandato de garantizar el ejercicio de un presidente electo, es decir de Evo Morales.

Jarjury y Terceros fueron aprehendidos el 3 de julio de 2021 en la ciudad de Santa Cruz, fueron trasladados a la sede de gobierno para que presten su declaración informativa ante el Ministerio Público y luego tuvieron su audiencia de medidas cautelares en la que se determinó la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro.

En la audiencia —señala el acta— el Ministerio de Gobierno se opuso a la condena de tres años de reclusión, solicitando que se los sancione como autores y no como cómplices.

Ambos exjefes militares se encuentran recluidos hace siete meses y fueron los primeros en ser sentenciados, ya que se acogieron a una salida alternativa al juicio oral, declarándose culpables de los delitos por los que se les inició la acción legal.

Juicio oral aún no tiene fecha de inicio

La audiencia para la apertura del juicio oral contra la expresidenta de facto Jeanine Añez y los otros acusados en el caso Golpe de Estado II espera la emisión del auto de apertura en la que se determina la fecha de inicio.

Anteriormente, la audiencia fue convocada para el 10 de febrero, pero el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría  observaron que no se cumplió con el plazo fijado en el Código de Procedimiento Penal, por lo que el tribunal determinó dejar sin efecto el auto de convocatoria e indicó que se emitirá un nuevo auto para fijar fecha y hora de inicio de juicio para el resto de acusados por el Ministerio Público en el caso Golpe de Estado II.

Ya no quedan muchos discursos que puedan justificar lo ocurrido en noviembre de 2019. Con la confesión de culpa de Palmiro Gonzalo Jarjury Rada, excomandante general de la Armada Boliviana, y de Jorge Gonzalo Terceros Lara, excomandante general de la Fuerza Aérea, ya no quedan dudas del golpe de Estado.

Las palabras de la derecha que tratan de embaucar con la trillada persecución política se derrumban por completo junto con las medidas como huelgas de hambre, descompensaciones y otros shows de Jeanine Añez para que algunos medios magnifiquen su desesperación.

Tanto Jarjury como Terceros recibieron la pena de tres años de cárcel por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes en grado de complicidad.

De acuerdo a la investigación, Terceros facilitó el traslado de diputados y senadores de la oposición para la instalación de las sesiones de la Asamblea Legislativa con el objetivo de promover la sucesión de Añez, además de avalar la “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta”, informó La Razón digital.

Mientras que Jarjury fue imputado también por permitir la imposición de símbolos patrios a Añez la noche del 12 de noviembre e incumplir con el mandato de garantizar el ejercicio del presidente electo, es decir de Evo Morales.

Cabe recordar que están acusados Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas; Flavio Gustavo Arce, exjefe del Estado Mayor; Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; además del excomandante de la Policía Yuri Calderón. Kaliman y Calderón están prófugos. «El hecho de estar reconociendo culpabilidad de delito, en términos políticos, los cómplices del golpe de Estado, pero en términos jurídicos los cómplices de la comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes están admitiendo que han sido parte de la desestabilización política y constitucional en el país, lo que agrava —porque al admitir culpa están admitiendo la comisión del delito— la situación procesal de Jeanine Añez porque se tiene un elemento contundente de prueba de que del conjunto de procesados, cuando menos dos, están reconociendo que sí cometieron estos ilícitos», analizó el abogado Israel Quino.

Con las pruebas presentadas, las admisiones de culpa y los mismos elementos de los hechos ocurridos en 2019, la situación de Añez se complica más y por eso busca victimizarse ante los medios y la población, porque es claro que no tiene muchos más argumentos que dar.

Sin embargo, estos personajes son los visibles dentro de la historia del golpe. Luego de estos detalles claramente se muestra que hay mucho hilo por jalar y muchos otros protagonistas que deben ser investigados, ya que está claro que un hecho de esta magnitud tuvo que ser planificado tanto internamente como externamente.

No por nada algunos personajes como Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, movió fichas y presentó informes incompletos para decir que hubo fraude electoral, cuando nunca pudo demostrar sus afirmaciones.

Nuevamente, no se trata de persecución, como dicen los opositores, sino de justicia.

El cártel de la impunidad se une al show de Añez

Legisladores del oficialismo lo califican como hipócrita y dicen que pretende liberar de culpa a los responsables por las muertes en Bolivia.

AHORA EL PUEBLO.- El jefe nacional de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, fue calificado como un hipócrita porque intenta mostrarse como demócrata cuando sabe que fue partícipe del golpe de Estado de 2019 y de las masacres en 2003 en la denominada ‘guerra del gas’, según lo aseguran los parlamentarios del oficialismo.

“Mesa debería pedir justicia y no impunidad, lo que busca es que no haya responsables, que no se juzgue, que no se investigue a quienes fueron los autores de las muertes en las masacres en 2019 y 2003, en la guerra del gas. No existe esa voluntad para que se haga el procesamiento y el juzgamiento tal como lo recomendó el grupo de expertos internacionales del GIEI”, afirmó el diputado (MAS) Juanito Angulo.

El asambleísta Sandro Ramírez indicó que lo único que pretende le jefe nacional de Comunidad Ciudadana es generar un show político, cuando como expresidente debería exigir que los 38 fallecidos tengan esa justicia que ahora claman y el respeto a la Constitución y las leyes.

Las declaraciones de los legisladores surgen luego de que el expresidente, acompañado por Amparo Carvajal, intentó visitar a Jeanine Añez, pero se le impidió el ingreso al penal de Miraflores, ya que existen restricciones por razones de seguridad frente a la pandemia de la Covid 19.

CONFLICTOS EN 2019

El 21 de octubre de 2019, el entonces candidato derrotado de Comunidad Ciudadana llamó a la movilización para consolidar el golpe de Estado de ese año.

GUERRA DEL GAS

En 2018 la Asociación de las víctimas de octubre de 2003 reveló que Carlos Mesa, a través de un memorial enviado a la Corte Federal de Fort Lauderdate, en Florida, Estados Unidos, se negó a declarar como testigo en el proceso contra Gonzalo Sánchez de Lozada por la masacre de Senkata en la guerra del gas.

Patricio Quispe, dirigente de la Asociación de Víctimas de Octubre Negro, informó que en diciembre de 2017 y enero de este año le solicitaron mediante carta que atestigüe a su favor, pero “nunca respondió y se enteraron que se excusó a través de un memorial que envió a la Corte Federal”.

Exjefes militares que confesaron su culpa en el golpe son sentenciados a tres años de cárcel