Diario AHORA EL PUEBLO.- En entrevista con la televisora estatal Bolivia TV, el Vocero Presidencial indicó que los responsables del golpe de Estado “sabían que el tiempo transcurre y un día iban a tener que enfrentarse a los estrados judiciales por las masacres de Senkata y Sacaba, por las muertes. Ahí tendrá, seguramente, otro proceso porque el pueblo boliviano pide y clama justicia”.
Agregó que “seguramente (Jeanine) Añez deberá enfrentar otro proceso por las pérdidas humanas que existieron durante los conflictos sociales de 2019”.
Actualmente, la expresidenta de facto enfrenta tres procesos en la justicia boliviana, el primero y están en puertas las audiencias orales es el denominado caso Golpe de Estado II, en el que está acusada de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
El segundo proceso es el denominado Golpe de Estado I, donde la imputación es por sedición y terrorismo. Este proceso está a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional para ver si este caso deberá ser en un proceso ordinario o en un juicio de responsabilidades.
El tercer proceso que enfrenta Añez está relacionado con una presumible designación irregular de Karina Fabiola Leiva Añez de Ruiz como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2020, por lo que fue imputada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipo o prolongación de funciones.
FAMILIAS PIDEN JUSTICIA
Los familiares de las víctimas de la masacre en Huayllani – Sacaba de 2019 se declaran en emergencia y anuncian el inicio de un proceso civil en contra de Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa y otras personas ante la falta de celeridad en el proceso penal.
“Nosotros como víctimas, heridos, familiares de fallecidos y toda la organización del 15 de noviembre pedimos justicia”, “nos declaramos en emergencia porque como víctimas de la señora Añez en su gobierno de facto hubo heridos y fallecidos, esto no puede quedar impune”, fueron los reclamos de algunos familiares.
Ayer tuvieron un encuentro en la ciudad de Sacaba para manifestar su molestia y exigir que las muertes de 37 personas no queden en la impunidad.
De forma separada, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que, en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), el Estado trabaja por la “memoria, verdad y justicia” para las víctimas de los hechos luctuosos de 2019, por lo que, advirtió, no se dará impunidad a nadie.
La Fiscalía presentó el 20 de agosto de 2021 la proposición acusatoria al Tribunal Supremo de Justicia.
Huelga de hambre de Añez no paraliza juicio por el golpe de Estado
La huelga de hambre que inició la expresidenta de facto Jeanine Añez no paraliza el juicio por el golpe de Estado de 2019, ya que la Ley de Fortalecimiento de la Lucha Contra la Corrupción permite que este tipo de procesos continúen en rebeldía de los acusados.
“Ahora tenemos una Ley de Fortalecimiento de Lucha contra la Corrupción que nos permite en los casos de corrupción y graves violaciones en derechos humanos llevar adelante (un proceso) en rebeldía porque se fugan del país como López o porque se van del país como Murillo o porque se ponen en huelga como la exsenadora Añez. En estos casos, el proceso puede continuar en rebeldía por mandato de la ley”, dijo Lima.
Agregó que “quien no quiera dar cuenta a la justicia, va a ser sometido a un juicio en rebeldía, esto no va a parar por ningún motivo, porque el concepto del Gobierno es que no vamos a cesar en este esfuerzo por conseguir justicia”.
Reiteró que Añez será juzgada como exsenadora y no como presidenta de facto porque su proceso tiene relación a sus actuaciones en calidad de legisladora, cuando incumplió lo establecido en los artículos 168 y 169 de la Constitución Política del Estado y el reglamento de la Cámara de Senadores, y se autoproclamó como presidenta de la Cámara Alta y luego como mandataria del Estado.
Ministro de Justicia: Vamos a llevar adelante un juicio en las condiciones máximas del respeto al debido proceso
AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (ABI).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne manifestó que, en el caso denominado golpe de Estado II, se buscan las máximas condiciones para que el mismo se desarrolle en respeto al debido proceso y las garantías constitucionales.
“Queremos llevar adelante el juicio en las condiciones máximas de respeto al debido proceso y con la observación internacional, pero lo que vemos al frente es una huelga de hambre y 160 personas que ingresan a audiencia virtual para insultar y agredir”, lamentó.
En respeto a los plazos procesales, el jueves fue suspendido el inicio del juicio por el caso Golpe de Estado II, en el que se busca juzgar la autoproclamación de la exsenadora Jeanine Añez como presidenta de la Cámara Alta del Legislativo y posteriormente del Estado Plurinacional de Bolivia, con la complicidad de altos jefes militares y policiales.
“Lo que se definió (el jueves) tiene una connotación muy relevante, porque le permite al país conocer la manera en la que se llevará adelante este juicio”, indicó el Ministro y agregó que el objetivo es contar con un proceso limpio y transparente que derive en una sentencia irrefutable.
“Entendemos que el tribunal ha tomado una decisión por el bien del procedimiento para que no existan vicios y para que no ocurra que más adelante algún tribunal de casación o tribunal constitucional pueda anular el proceso”, acotó.
Lamentó que se registren ataques contra los jueces que conocerán la causa en medios digitales y por parte de allegados a Añez, “no se debería estar buscando lincharlos mediaticamente, se han estado publicando sus fotos y nombres, promoviendo que se los ataque”.
La acusada y los imputados son investigados por indicios en la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, e incumplimiento de deberes.
Posteriormente, en el país se registraron masacres, ejecuciones extra sumarias y otras graves vulneraciones a los derechos humanos, además de actos de corrupción, “todo esto inició con la autoproclamación de Añez”, subrayó la autoridad.
El titular de Justicia explicó que, si bien hay graves desenlaces a partir de la autoproclamación, el caso golpe de Estado II corresponde a las actuaciones que llevaron a Añez a hacerse del poder sin que la línea de sucesión llegará a ella en su calidad de segunda Vicepresidenta del Senado, como parte de la bancada minoritaria.
El ministro indicó que Añez siendo abogada y senadora conocía lo establecido en los artículos 168 y 169 de la Constitución Política del Estado y el Reglamento de la Cámara de Senadores, por lo que su incorrecta interpretación de dichas normas se constituye en un acto doloso.
Al respecto, manifestó que se probará con argumentos los delitos por los que fue acusada, dentro de un proceso judicial respetuoso del debido proceso y de las garantías constitucionales.
“Vivimos en un Estado de Derecho. Añez, tiene derecho a defenderse de manera amplia”, dijo y agregó que en el país existen todas las condiciones para desarrollar dicho proceso en el marco de la independencia de poderes.
Remarcó que la acusada desarrolla su defensa con todas las garantías, en ese sentido cuenta con más de 40 testigos, asimismo han sido atendidos sus incidentes en observancia a los plazos procesales.
Respecto a la observación de sus abogados por el carácter virtual del proceso, la autoridad recordó que debido a la pandemia por COVID-19 y la muerte de jueces, todas las audiencias se desarrollan a través de una plataforma.
“Tenemos un proceso que está siendo llevado con responsabilidad, con pruebas, con argumentos, con respaldo constitucional y un debido proceso, con un Estado que garantiza que todos los observadores internacionales y nacionales sean parte del mismo”, enfatizó el títular de Justicia.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el país y organizaciones de derechos humanos de Bolivia, evaluaron la situación de la exsenadora, sin haberse registrado observaciones a supuestas vulneraciones de sus derechos humanos.
Para honrar el propósito de sometimiento al escrutinio internacional y nacional para el debido proceso, este lunes llegará al país el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayan.
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