Por Ibeth Carvajal / LA RAZON.- Por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, por su proclamación en noviembre de 2019, la expresidenta Jeanine Áñez se expone a 12 años de cárcel. El inicio del juicio oral por el caso Golpe de Estado II está previsto para hoy.
Luego de la renuncia del expresidente Evo Morales, señalado por presunto fraude en los comicios de octubre 2019, la entonces senadora se proclamó, primero, titular de la Cámara de Senadores y, luego, presidenta del Estado durante actos en la Asamblea Legislativa sin quórum ni asistencia de la bancada de los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Áñez arguyó entonces vacío de poder, con apoyo de fuerzas minoritarias y dirigentes políticos.
“Va a pedir la Fiscalía 12 años al inicio del juicio, según el parámetro del Código Penal, es lo máximo”, adelantó a LA RAZÓN el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.
En septiembre de 2021, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público y la Cámara de Senadores iniciaron las investigaciones por el caso Golpe de Estado II y el Ministerio Público presentó la acusación formal contra nueve personas el 29 de noviembre de ese mismo año.
Además de Áñez, están implicados Williams Kaliman; excomandante de las Fuerzas Armadas; Flavio Gustavo Arce, exjefe del Estado Mayor; Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea; y Palmiro Jarjury, excomandante de la Armada; además del excomandante de la Policía Yuri Calderón.
Para las 09.00 de hoy está previsto el inicio del juicio oral contra Áñez, quien está detenida de manera preventiva desde marzo de 2021. Ayer, la defensa y el entorno de la exmandataria denunciaron 16 presuntas ilegalidades del caso.
“Ampliación de la denuncia por delitos inexistentes a otros supuestos delitos y desdoblamiento a otro proceso contra los principios y garantías constitucionales”, señala uno de los puntos que difundieron en redes sociales.
Aseguran que “el juicio es ilegal por omitir la instancia parlamentaria para definición de los juicios políticos contra expresidentes”.
Además, sostienen que el juicio oral debe realizarse entre 20 a 45 días posteriores a su señalamiento mediante auto de apertura, “por lo que no se cumplió el plazo de la ley, lo adelantaron para obstaculizar la defensa”.
“Hay un juzgamiento definido públicamente porque el Ministerio de Justicia sentenció públicamente la corta duración del juicio y la condena de 12 años”, especifica otra de las observaciones.
“Hemos invitado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; estará presente, como cualquier otro observador que lo haga, la prensa, no se le está negando ningún derecho. El juicio es abierto”, afirmó Siles a este medio.
A fines de agosto de 2021, la defensa de Áñez solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares (de protección) con el alegato de que su vida e integridad estaban siendo amenazadas y que no se le estaría dando un tratamiento médico adecuado.
El 7 de octubre, la CIDH, con base en “información aportada por ambas partes”, rechazó la solicitud e instó al Estado a que “continúe garantizando las condiciones dignas de detención”.
En abril de 2021, la representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Yulia Babuzhina, visitó a la expresidenta en la cárcel de Miraflores, en La Paz. Y en agosto volvió a reunirse con Áñez para verificar su estado de salud.
El martes, 21 exjefes de Estado pidieron al relator para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas (ONU), el peruano Diego García-Sayán, visitar a la exmandataria e informar “sobre los abusos de poder”.
Áñez había sido detenida por otros delitos el 13 de marzo de 2021, conspiración, terrorismo y sedición, a instancias de la exdiputada del MAS Lidia Patty. Con el actual gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho señalado en primera línea, el caso se llamó Golpe de Estado I. “Sigue en investigación este caso y las penas no se sumarán porque son procesos distintos”, sostuvo Siles.
El Código Penal dicta que por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes se establece privación de libertad de cinco a 10 años y por incumplimiento de deberes, entre uno y cuatro años.
Áñez, entre heroína y transgresora de la Constitución Política del Estado
Entre las repercusiones sobre el juicio a Áñez, de nuevo se vuelve al debate sobre lo que pasó en noviembre de 2019, discusión sobre el fraude o golpe.
Jeanine Áñez, cuando fue detenida, el 13 de marzo de 2020. Foto: APG
Por Iván Bustillos / LA RAZON.- La expresidenta transitoria Jeanine Áñez es o la heroína que asume un “sacrificio personal” en su lucha contra el “autoritarismo masista” o es la exsenadora que cuando se proclamó presidenta era plenamente consciente de que estaba saltando la Constitución.
Tales, nuevamente, las posiciones polarizadas que generó el anuncio del inicio del juicio por — como dice la acusación formal de la Fiscalía— “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, previstos en el Código Penal”; por, como se tradujo en términos políticos, proclamarse mandataria. Eso, la acusación. Cuando sus defensores hablan más bien de una “sucesión constitucional” plena.
El jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, se solidariza con Áñez porque ella —dijo el exmandatario— tuvo la “decisión” del “sacrificio personal para enfrentar” al masismo: “Expreso misolidaridad plena a la expresidenta constitucional JeanineÁñez ante la decisión de sacrificio personal para enfrentarla autocracia y la brutalidad masista, que vulnera todos sus derechos, la mantiene en un encierro vergonzoso y quiere someterla a un juicio espurio”, tuiteó Mesa.
ATRAPADA
Áñez fue detenida el 13 de marzo de 2021 en circunstancias en que se escondía en un somier; sus familiares, dos primos y su hija, ofrecieron resistencia.
Por su lado, el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), también por Twitter, no dejó de contrastar el “coraje” de la exmandataria con la “cobardía” de “los que huyeron”, en clara alusión al expresidente Evo Morales y que “hoy la someten a su cruel guillotina”.
El alcalde de La Paz y exministro de Obras Públicas de Áñez, Iván Arias, fue más argumentativo: “A Jeanine Áñez no se le respeta su condición de expresidenta. La imputan vía juicio ordinario. Vulneran sus derechos con 333 días en prisión preventiva. Es juzgada sin investigación ni pruebas. Condeno lo que empezará, un juicio político de Evo Morales para lavar su huida”, dijo en Twitter.
Por su lado, el abogado, exalcalde y exlíder del extinto Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, en una “Declaración pública-Caso Jeanine Áñez”, deploró el “juicio ordinario” por el que se le está encausando hoy a la exmandataria: “Ilegal juicio ordinario” que “ni siquiera toca las masacres y muertes de Sacaba y Senkata”, “invención jurídica ilegal, rebosante de irregularidades procesales, que solo busca venganza”.
Por el lado del oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, tras enterarse de que la exmandataria transitoria asumió la huelga de hambre contra la instalación de hoy del juicio, recordó que igual debe asumir su obligación de comparecer ante la Justicia. “El que se haya declarado en huelga de hambre es su derecho, por supuesto; pero, también, tiene la obligación de comparecer ante el Órgano Judicial que está siguiendo los procedimientos que corresponde”, indicó Mamani.
El punto es que Áñez debe responder a la acusación que se le hace, insistió que su “sucesión” fue “forzada, ilegal e ilegítima, toda vez que la Carta Magna solo contempla la sucesión constitucional hasta la presidencia del Senado y de Diputados y no así, a la primera, ni la segunda vicepresidencia de las cámaras. En 2019, Áñez ocupaba el cargo de segunda vicepresidenta del Senado”, argumentó el diputado.
LEYES
El senador por Pando Luis Adolfo Flores aseguró: Áñez “en el fondo, estoy seguro, debe saber que violó la Constitución”.
Ella y sus colaboradores —aseguró— “interpretaron la Constitución”, lo que no les tocaba. “Se tiene que sancionar a esas personas que interpretan a libre albedrío la Constitución y las leyes, ellos no son jueces para interpretarla, debieron mandar una (solicitud de) interpretación al Tribunal Constitucional”, demandó.
PLANTÓN
Carolina Ribera, hija de Áñez, anunció que hoy los familiares y gente que apoya a la también exsenadora establecerán un “plantón” en puertas del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, en la calle Colón de la ciudad de La Paz, por el tiempo que dure la instalación del juicio oral contra la exmandataria.
Ayer, la expresidenta transitoria entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020 se declaró en huelga de hambre antes del inicio del juicio en su contra por el caso denominado Golpe de Estado II. “Tengo derecho a un proceso justo señor juez, con un tribunal competente como es el Tribunal Supremo de Justicia si la Asamblea Legislativa lo aprueba con dos tercios de los votos”, dijo.
“Tomo una de las decisiones más duras de mi vida, hoy ingreso en huelga de hambre, estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley”, señaló Áñez en una carta manuscrita que leyó su hija Carolina en las puertas del penal de Miraflores de La Paz, donde está recluida hace 11 meses.
También ayer el Comité Impulsor del Juicio Contra Golpistas de 2019 reclamó acelerar los procesos judiciales contra Áñez, los jefes militares y policiales de entonces, y sus colaboradores.
Asofamd deplora que Jeanine Áñez se compare con las víctimas de las dictaduras
La presidenta de Asofamd, Ruth Llanos, deploró que la expresidenta transitoria Jeanine Áñez se equipare a las mujeres que lucharon contra las dictaduras militares por el solo hecho de enfrentar un juicio por su actuación en la crisis de 2019.
Ayer por la mañana, tras detallar en cuatro tuits lo que considera un proceso judicial injusto en su contra, Áñez al final publicó:
“Yo denuncio ante la comunidad internacional, sus instituciones que velan por Justicia, derechos humanos y las democracias debilitadas por gobiernos totalitarios, déspotas y cómplices, que seré condenada como otras mujeres del mundo que han dado su vida contra las dictaduras”.
Para la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Áñez, “de ninguna manera se puede equiparar a esas mujeres mineras que en los campos de María Barzola fueron masacradas, a las valientes mujeres que hicieron la huelga de hambre para hacer caer la dictadura de (Hugo) Banzer”.
Llanos reclamó la abierta “tergiversación” de la historia en que incurre Áñez (o quien escribe sus tuits) cuando elude hablar de la práctica dictatorial que tuvo su gobierno cuando dictó y aplicó el Decreto 4078, que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en los actos de represión que ejercieran contra sectores sociales movilizados.
Áñez y el entorno mediático que la arropa —remarcó Llanos— se niegan a reconocer que “en el corto periodo que ella estuvo a la cabeza del Ejecutivo, hubo el Decreto 4078; este decreto lo hacen las dictaduras; y ella y su gabinete lo promulgaron para dar impunidad a las Fuerzas Armadas en lo que luego fueron las masacres de Sacaba y Senkata”.
Otra actitud de Áñez por la que Llanos protesta es su actitud “negacionista”, de desconocer las violaciones de los derechos humanos en su gestión y, por tanto, no mostrar ningún arrepentimiento: “Las dictaduras en Bolivia nunca reconocieron sus actos, no se arrepintieron ni pidieron perdón: y ella tampoco”, reclamó.
‘Los procesos judiciales son inevitables’
Áñez se queja de los jueces que, “designados de forma irregular”, solo cumplen “el pedido del Gobierno” en el denominado caso Golpe de Estado II, por el cual se acusa a la exsenadora de haber usurpado la Presidencia transgrediendo leyes y la Constitución. El juicio oral de este proceso está previsto que empiece el 10 de febrero.
Al respecto, la presidenta de Asofamd, Ruth Llanos, insistió en la necesidad y legitimidad de los procesos judiciales que se deben llevar adelante por las muertes y hechos dolosos durante el régimen de Áñez. “Los actos ilegales, ilegítimos, y esas graves violaciones de derechos humanos, ya sabemos que fueron investigados por distintos informes, el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre ellos; y un régimen democrático tiene que juzgar, no hay de otra”, afirmó la activista política.
En cuanto a la protesta de Áñez de que ya hay una “condena anticipada” en su contra, Llanos recordó cómo de manera similar los abogados de Luis García Meza tenían el común de “denigrar” a la Corte Suprema de Justicia de entonces.
Ocho jefes militares y policiales ‘colaboraron’ para la proclamación de Áñez
Los acusados enfrentan una pena máxima de 10 años de presidio.
Por Mónica Arrien / LA RAZON.- El Gobierno y la Fiscalía confirmaron el inicio del juicio oral contra nueve implicados en el caso Golpe de Estado II hoy, desde las 09.00. Se acusa a Jeanine Áñez de haberse proclamado presidenta del Senado, primero, y luego del Estado, con colaboración de ocho militares y policías.
Estas ocho personas son el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kaliman (prófugo), el excomandante de la Policía Yuri Calderón (prófugo) y los exjefes militares Flavio Arce (detenido), Carlos Orellana (prófugo), Jorge Fernández (prófugo), Jorge Terceros (detenido), Jorge Mendieta (detenido) y Palmiro Jarjury (detenido).
La acusación formal contra los nueve implicados fue presentada por el Ministerio Público el pasado 29 de noviembre, en un ampuloso documento que detalla las acciones y omisiones en las que incurrieron los apuntados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.
¿Pero qué papel jugaron los policías y militares en la proclamación de Áñez? ¿Por qué están implicados en los hechos ocurridos entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, en la crisis poselectoral que derivó de la renuncia del entonces presidente Evo Morales?
Una primera acción que ambas fuerzas protagonizaron fue la sugerencia de renuncia de Morales. En sendas conferencias, Kaliman, junto a su Alto Mando, y Calderón pidieron la dimisión.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó por ocho meses la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, cuestionó los roles de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en la crisis.
“Para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas”, concluyó.
El informe abundó en los hechos de septiembre y diciembre de 2019 y calificó a la represión militar-policial de Sacaba y Senkata como masacres, que terminaron con la muerte por impacto de balas de 20 personas.
En el caso de la proclamación, el 11 de noviembre, Áñez se trasladó de Beni hasta La Paz en un vuelo comercial. Llegó a El Alto y desde el aeropuerto fue trasladada en helicóptero militar hasta el Colegio Militar, en Irpavi, con escolta de rango presidencial. En el documento se demuestra que con este actuado inicial Áñez llegó a La Paz con la firme intención de “hacerse de la presidencia del Senado y después del Estado”.
Ese mismo día, miembros de las Fuerzas Armadas retiraron la medalla presidencial del Banco Central de Bolivia (BCB), “cuando aún no se tenía certeza de una posible sucesión constitucional”.
Horas más tarde, según la imputación, Áñez y Calderón solicitaron a Kaliman su intervención en las protestas populares a raíz de la renuncia de Morales. Áñez hizo pública esa petición en un video y, más tarde, en una conferencia de prensa, las Fuerzas Armadas decidieron desplegar sus efectivos a las calles.
Sobre dicha intervención, el GIEI estableció lo siguiente: “En ese contexto, el día 11 de noviembre, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas anunció que, ante la información de que la Policía había sido rebasada, el mando militar había dispuesto “que se ejecuten operaciones conjuntas con la Policía”.
La noche de ese lunes 11, Áñez durmió “en el domicilio de una oficial de la Policía ubicado en la zona de Llojeta”, para ser, al día siguiente, trasladada hasta la Asamblea Legislativa. El Ministerio Público, en su acusación, asegura que en aviones de la Fuerza Aérea se gestionó y operó el traslado de “diputados y senadores suplentes del partido político de Jeanine Áñez para que puedan asistir a la Asamblea”.
PROTECCIÓN
A modo de resumir el rol de uniformados en el caso denominado Golpe de Estado II, la Fiscalía concluye que sin la cooperación de Calderón y Kaliman y los efectivos policiales y militares, Áñez “no hubiese podido llegar a las instalaciones de la Asamblea Legislativa ese 11 y 12 de noviembre con todas las facilidades, protección y seguridad que le fue brindada, amparo que de forma premeditada no les fue proveído de forma equitativa a los demás asambleístas”.
Afirma también que funcionarios policiales y militares impidieron el ingreso de legisladores del MAS a la Asamblea Legislativa “porque conocían perfectamente que si estossesionaban hubiesen exigido el estricto cumplimiento de la Constitución”.
Asimismo, se observa que Palmiro Jarjury “avaló la ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios” a Áñez, incumpliendo su mandato de garantizar el “ejercicio del mandato de un gobierno electo constitucional y democráticamente”.
“Ese mismo día de noviembre (martes 12), Jeanine Áñez ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militarle puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando”, dice el informe del GIEI.
ENLACES:
