Fiscalía imputa a cívico de Santa Cruz por incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión

AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (ABI).- El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este miércoles que se realizó la imputación formal en contra del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por lo que se pedirán medidas sustitutivas por presuntamente cometer el delito de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión.

“Ya se ha emitido, en base a una conminatoria que realiza el juez que ejerce el control jurisdiccional, una imputación formal en contra del mismo (Rómulo Calvo). Se está a la espera que la autoridad jurisdiccional señale la audiencia de medidas cautelares en la cual el Ministerio Público va a sostener su imputación formal”, señaló Mariaca.

El fiscal departamental explicó que para este caso se conformó una comisión de fiscales que en la audiencia de medidas cautelares sostendrá la imputación formal por los delitos de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión.

“Vamos a estar a la espera de que se señale la audiencia de medidas cautelares para que se resuelva su situación jurídica (…) Tengo entendido que la comisión ha solicitado medidas sustitutivas a la detención preventiva, eso en plena coordinación son tres fiscales que están a cargo de esta investigación (…) ellos tienen seguramente sus argumentos legales para ir y fundamentar en la audiencia de medidas cautelares”, aseveró.

Calvo fue cuestionado por presuntamente trabajar durante 31 días en un periodo de seis meses en la Caja Petrolera de Salud (CPS).

Este proceso se inició el 2021 a denuncia del diputado Hernán Hinojosa. La parte querellante presentó pruebas de que, en su calidad de médico de la Caja Petrolera de Salud, Calvo se valió de su fuero sindical y de una antigua declaratoria de comisión para cobrar más de un año de salarios sin asistir a su fuente laboral.

Fiscalía imputa a Rómulo Calvo por ejercicio indebido de la profesión y solicita su arraigo

EL DEBER.- El Ministerio Público imputará a Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, por los delitos de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión, así lo confirmó este miércoles el fiscal departamental, Róger Mariaca.

 El abogado del líder cívico cruceño, Martín Camacho, aguarda que la imputación se oficialice mediante la notificación personal a su defendido. “Por ahora, tenemos conocimiento extraoficial” sobre la imputación, dijo Camacho.

Para Camacho, la exclusión de este delito en la imputación supone la aceptación de un incidente presentado por la defensa y, además, impide la solicitud de prisión preventiva por la Fiscalía. “Los delitos que se le imputan no ameritan la pena preventiva de cárcel, por lo que se solicitan las medidas cautelares”, dijo el abogado. 

Se sabe que la Fiscalía solicitará al juez cautelar las medidas de arraigo, fianza y garantes que deberá presentar el presidente cívico.

Para la defensa de Calvo, la solicitud de medidas cautelares “no es algo que debamos agradecer”. Camacho señala que la imputación y las medidas solicitadas siguen siendo “una forma de restringir los derechos” al titular cívico. Lo que corresponde “debería ser el rechazo de la demanda”, añade.

El letrado insiste en la inocencia de Calvo y en denunciar “alguna forma de presión política que ejercen los diputados del MAS”. En la declaración de Calvo se demostró que contaba con el título de cirujano general cuando ingresó a trabajar a la Caja Petrolera de Salud. En 2010 completó la documentación con la subespecialidad como proctólogo “porque los documentos que respaldan la formación de los médicos se demora hasta dos años”.

Además de este imputación, Calvo también se encuentra involucrado en otros tres procesos relacionados con los sucesos ocurridos el 24 de septiembre en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz de la Sierra. Fue acusado por ultraje, discriminación y lesiones.

“Es llamativo que la misma fiscal, Margoth Vargas, lleve las tres causas”, afirma Camacho. También destaca el cumplimiento de los plazos procesales. Se han superado los 80 días y “la fiscal ha pedido una ampliación” para seguir investigando.

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