Por Maria Luisa Auza Vidal / LA EPOCA-.El desarrollo de la economía no es un fin en sí mismo si no está orientado a transformar y liberar al hombre de la enajenación. El dilema en el que se encuentra el proceso liderado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) desde el año 2006, es generar las condiciones para que efectivamente se modifiquen las relaciones de producción imperantes, fortaleciendo las formas económicas alternativas, comunitarias u otras o mantener las vigentes. Con la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) en 2009 se establece esta estrategia, reconociendo la economía plural, pero a la vez estableciendo como prioridad el fortalecimiento del rol del Estado y las formas comunitarias de producción.
La complejidad del mundo contemporáneo requiere instalar un debate profundo respecto a las características del desarrollo económico y social del país, que se han puesto en práctica entre 2006 y 2021 y han implementado varios planes que deben ser evaluados en cuanto al cumplimiento del objetivo fundamental: la construcción de una sociedad alternativa conceptualizada por la Constitución como el Vivir Bien.
Es visible el hecho de que aún hay mucho camino por recorrer para lograr los cambios estructurales que requiere el país y por los cuales se pronunció reiteradamente durante los últimos 15 años, cambios que el paréntesis golpista que tuvimos a fines de 2019 y 2020 no pudo desarticular, a pesar de empeñar sus esfuerzos en retornar al pasado neoliberal.
Algunos indicadores del estado de la economía al tercer trimestre de 2020, señalados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), muestran que el Índice General de la Actividad Económica (IGAE) se encontraba en -11%, es decir, un estado de semiparalización de la economía; el desempleo urbano en 8,7%, incrementado en la población joven a 14,7%. La consecuencia: el aumento de la pobreza extrema a 13,7%. La desesperación de la población, particularmente la más vulnerable, se podía sentir en las calles.
El año 2021, una vez recuperada la democracia, se produjeron resultados importantes en la economía, se logró controlar la pandemia y sentar las bases de la recuperación económica. La estrategia implementada se basó en preservar la salud de la población como prioridad, para lo cual se destinaron recursos para la aplicación de las pruebas rápidas, campañas de vacunación masivas y la provisión de equipos médicos, así como personal de salud. La crisis sanitaria ha puesto en evidencia con mayor fiereza las asimetrías sociales que se mantienen, la importancia de regulación de la salud privada y la necesidad del fortalecimiento del sistema de salud pública, del que depende la mayoría de la población.
La demanda fue incentivada desde el Estado otorgando liquidez a las familias, para esto se destinaron cuantiosos recursos a paliar la esmirriada condición que dejó a la población encarar una pandemia en condiciones de encierro, más de cinco mil millones de bolivianos fluyeron mediante el Bono contra el Hambre y la devolución de aportes a las AFP; posiblemente estas medidas son las de mayor impacto en la población vulnerable. Mejores condiciones de acceso a financiamiento y refinanciamiento apoyaron la recuperación de actividades productivas y el gasto estatal asumió un rol dinamizador. La demanda, como es propio de periodos críticos, se centró en la satisfacción de las necesidades básicas relacionadas a salud, alimentación y cobijo, particularmente en la mayoría de la población.
Si bien la tendencia a reducir el desempleo fue positiva, los resultados están aún lejos de los observados el tercer trimestre de 2019, cuando la tasa de desocupación urbana era de 4,3%, mientras en similar periodo de 2021 se tiene un 6,3% [1]. Por tanto, la dinámica laboral se encuentra aún a la zaga de la recuperación del PIB en 2021, que de -8,8% en 2020, se incrementó a 4,4% [2]. La dinamización de los diferentes sectores de la economía preservó o generó trabajos, la construcción llegó a 367 mil puestos de trabajo [3], mientras que la industria manufacturera aportó con más de 620 mil y los servicios más de 700 mil empleos. Indudablemente, en un país caracterizado por un sector informal que absorbe el empleo en condiciones precarias, reducir la tasa de desocupación es uno de los temas pendientes sobre el que es necesario orientar políticas públicas este 2022.
Respecto a la oferta, los estímulos financieros implementados a través del Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional (Fogadin) y el Fideicomiso para la política de sustitución de importaciones (SiBolivia) facilitaron el acceso a recursos por aproximadamente 700 millones de bolivianos.
El incentivo a la sustitución de importaciones estuvo acompañado de medidas que protegen la producción nacional vía incremento de aranceles, particularmente de productos textiles, bebidas, azúcar, entre otros. Se aplicaron también incentivos tributarios para la importación de maquinaria pesada y bienes de capital en general. Un aspecto que incidió en los resultados fue la implementación de estas medidas en el segundo semestre de la gestión, por lo que su efectividad será observada en la gestión 2022.
La gestión 2022 se desenvuelve en medio de condiciones de contexto críticas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha previsto un crecimiento global de 4,9%, menor al 5,8% estimado de 2021, esto debido a las repercusiones que se tiene como resultado del rebrote del Covid-19 y las limitaciones de acceso a vacunas de muchos países, particularmente de América Latina y África. Los avances en el programa de vacunación masiva que se viene implementando en el país son decisivos para el proceso de recuperación de la economía. El MEFP ha previsto un crecimiento del PIB de 5,1%, que de concretarse estaría por encima del promedio mundial.
Las restricciones al desarrollo de comercio internacional como efecto de las limitaciones y encarecimiento de la logística hacen que varios productos se encuentren con precios al alza. En nuestro caso este aspecto tiene implicaciones contradictorias, aporta a mayores ingresos por exportaciones pero encarece las importaciones, lo que en el caso de bienes de capital puede afectar al fortalecimiento del aparato productivo del país, en momentos en que se busca incentivar la industrialización de diversos productos.
El Presupuesto General del Estado 2022 procura mantener una política fiscal que apoye el crecimiento, plantea entre sus objetivos “apoyar la continuidad de la reconstrucción de la economía, estabilidad y sostenibilidad macroeconómica”, en medio de las restricciones que permitan una racionalización del gasto público y bajo supuestos de optimización de los ingresos, como lo manifiesta explícitamente el MEFP.
Prevé un incremento de 3% en los ingresos del Estado, mejoras en las recaudaciones impositivas y actividades operativas, así como un mayor financiamiento interno del presupuesto. Las restricciones al ingreso pueden constituirse en un factor que limite la intensidad en la asignación de recursos necesarios para la recuperación económica. La aplicación de impuestos progresivos, como el de las grandes fortunas, deben ser emulados y ampliar su alcance ya no solamente a individuos, sino a personas jurídicas que obtienen ganancias extraordinarias en su actividad. Más allá de esto, avanzar en un cambio estructural conlleva revisar el marco tributario vigente, herencia del periodo neoliberal.
Las críticas que vienen de los nostálgicos del pasado neoliberal hacia las empresas públicas ignoran el hecho de que aproximadamente el 32% de los ingresos del Estado provienen de las mismas, aportando al desenvolvimiento de la economía y al financiamiento de las actividades productivas en todas las regiones del país. El presupuesto 2022 evidencia la sostenibilidad de las actividades productivas de las empresas estatales.
El gasto previsto está distribuido en 57,4% al gasto corriente, 16,6% a la inversión y 26% al servicio de la deuda. Dentro del gasto corriente destacan los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios, los que permitirán hacer transacciones en la economía nacional que dinamizarán la actividad productiva, comercial y de servicios.
La inversión pública prevé un crecimiento de 25% respecto al 2021, con una programación de cinco mil 15 millones de dólares; sobresalen los proyectos productivos que suman el 42,5% de estos recursos, seguidos de la inversión en infraestructura con el 29,9%, un 17,2% de la inversión en proyectos sociales y un 10,5% en proyectos multisectoriales.
Hay un cambio cualitativo en el contenido de los proyectos productivos, empezando por la implementación del Complejo Industrial Farmacéutico, industria que permitirá contar con la producción de los medicamentos básicos para garantizar la salud de la población y otros que avanzan con la industrialización de productos agrícolas como la quinua, maní, asaí, castaña, papa, entre varios, y el apoyo pecuario con proyectos de desarrollo camélido y piscícola.
El elemento común de este presupuesto es la apuesta por la industrialización. Destaca el proyecto de la Planta Siderúrgica del Mutún, cuya puesta en marcha está prevista para el 2023, o la refinación del zinc en la minería y proyectos de continuidad como el del litio en Potosí.
Hidrocarburos muestra un cambio cualitativo, destinando la mayor cantidad de recursos a proyectos exploratorios, en busca de reponer y consolidar su base productiva.
Como vemos, hay elementos que permiten afirmar que el PGE 2022 aporta a la reactivación de la economía, sin embargo, su concreción está además sujeta a la urgente necesidad de ajustar la burocracia estatal tornándola ágil y eficiente, aspecto en el que aún queda camino por recorrer.
Lo que aún no es visible es la orientación del presupuesto como instrumento de cambio estructural de la economía, modificando la posición estratégica de los actores de la economía plural en aras de fortalecer las formas de economía alternativas a la capitalista aún dominante. La participación del Estado como actor fundamental de la economía se consolida, pero aún está pendiente el fortalecimiento de la economía comunitaria.
- Miembro de la Red de Economía Política.
1 Instituto Nacional de Estadística, Principales Indicadores de Empleo 2015-2021.
2 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Presupuesto General del Estado 2022.
3 Boletín Sectorial De Construcción Nº 12/21, Instituto Nacional de Estadística.
