«Ítems fantasmas», el caso de corrupción más grande de la élite de Santa Cruz

DIARIO AHORA EL PUEBLO.- La denuncia de Valeria Rodríguez por violencia económica y patrimonial en contra de su exesposo Antonio Parada destapó un hecho de corrupción en la Alcaldía de Santa Cruz, la creación de 800 ítems fantasmas, de los cuales se benefició una red de personas allegadas al partido gobernante en la comuna cruceña.

El 3 de diciembre de 2021 se hizo pública la denuncia de que Antonio Parada, su hermano Guillermo, los exfuncionarios municipales Julio Herbas y Javier Cedeño conformaron una verdadera telaraña de corrupción para hacerse con el dinero de la comuna cruceña.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, los exfuncionarios captaban personas para que figuren como funcionarios municipales por lo que recibían “un bono” de 300 o 400 bolivianos, mientras que el resto del dinero se quedaba en manos de los integrantes de la red de corrupción.

Cada ítem o contrato tenía montos entre 3.500 y 7.000 bolivianos, los cuales eran cobrados mediante tarjetas de débito de la Cooperativa Jesús Nazareno, donde trabajaba Mery Balcázar, esposa de Herbas y quien abría las cuentas de ahorro pero no entregaba las tarjetas de débito.

A partir de estos hechos es que Antonio Parada amasa una enorme fortuna que en 10 años pasa de tener cero bolivianos de patrimonio a más de 2,8 millones de bolivianos, tres inmuebles en Miami, Estados Unidos, nueve propiedades en Bolivia y algo más de 18 vehículos de lujo.

Ever Mérida, director general de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la , explicó que existen dos casos diferentes, uno referido a los 800 ítems fantasmas durante la gestión de Percy Fernández y otro referido a unos 1.205 contratos irregulares ocurridos entre enero y marzo de 2021, durante la gestión de Angélica Sosa como alcaldesa interina.

DETENIDOS Y EXTRADITABLES

La investigación está a cargo de una comisión especial de fiscales conformada por Javier Cordero, Yolanda Aguilera y Marcela Terceros, que hasta la fecha pusieron tras las rejas con detención preventiva a cuatro involucrados, mientras que los cabecillas de la telaraña corrupta, los hermanos Parada, esperan en celdas de Panamá y Brasil por los trámites de extradición.

Julio Herbas, exfuncionario edil y el reclutador de personas, fue detenido el 10 de diciembre y recluido en el penal de Palmasola acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
La exalcaldesa interina Angélica Sosa fue la siguiente, fue aprehendida el 21 de diciembre y estará recluida por cuatro meses acusada por los delitos de incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

Javier Cedeño, sucesor de Parada en la Dirección de Recursos Humanos de la comuna cruceña, fue detenido el 22 de diciembre y también puesto en detención preventiva en Palmasola por los delitos de incumplimiento de deberes y legitimación de ganancias ilícitas.

Antes de que concluya el 2021, Guillermo Parada, funcionario de la cooperativa Saguapac, fue detenido en Panamá cuando intentaba viajar a Estados Unidos. Se encuentra recluido en ese país a la espera de su extradición a Bolivia y en su declaración ante los jueces panameños confirmó la creación de los ítems fantasmas y acusó directamente a su hermano Antonio y a 17 funcionarios de la Cooperativa de Aguas y Alcantarillado como los responsables.

El 25 de enero de 2022, Antonio Parada fue hasta la comisaría de la Policía Federal de Corumbá en Brasil, creyendo que le otorgarían sus documentos de residencia, pero fue aprehendido y recluido en un penal a la espera de su audiencia para su extradición a Bolivia, la información la dio a conocer el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a través de su Twitter.
Recientemente, el 27 de enero, Mery Balcázar, esposa de Herbas también fue recluida con detención preventiva, acusada de incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y otros.

Además de estas personas, existen otras 60 que son investigadas, entre ellos el exalcalde Percy Fernández, a quien se le debe hacer una valoración psiquiátrica para ver si es apartado o no del proceso.

A raíz de esta denuncia se conocieron otros casos similares, como los 39 ítems fantasmas creados en la Caja Nacional de Salud en 2020, también a manos de Antonio Parada.
Otros 43 que aparecieron en la Alcaldía de Warnes e inclusive la venta de ítems en la Alcaldía cruceña.

Camacho y Calvo quieren desvirtuar investigaciones de los ítems fantasmas

El cívico cruceño junto al gobernador Camacho.

El gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, estarían creando cortinas de humo para desvirtuar las investigaciones que sigue el Ministerio Público en el caso de los ítems fantasmas, según lo denunció el jefe de bancada departamental de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricio Mendoza.

“Estamos preocupados por las cortinas de humo que están creando el gobernador Luis Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo en Santa Cruz, convocaron a una movilización en defensa supuestamente de la institucionalidad de entidades públicas y privadas para desvirtuar las investigaciones que sigue el Ministerio Público en el caso de los ítems fantasmas”, denunció Mendoza.

El parlamentario afirmó que intentan hacer creer a la población cruceña que defienden sus intereses cuando es todo lo contrario, porque estas dos autoridades son parte de las llamadas logias cruceñas Toborochi y Los Caballeros que, por mucho tiempo, manejaron las instituciones públicas para cometer actos ilícitos con dineros de los cruceños.

“Calvo pertenece a estas logias que siempre estuvieron incrustadas en instituciones como la Alcaldía Municipal y la Gobernación, Saguapac, CRE y Cotas, tomaron el poder y la plata para mantenerse. No debemos olvidar que estas logias trabajaron coordinadamente con Angélica Sosa que pactó con Camacho y Calvo”, aseguró.

Asambleístas de Creemos se beneficiaron con los ítems

 

Redacción Central

Los diputados del partido de Luis Fernando Camacho, Creemos, Haidy Muñoz (suplente), Rosa Tatiana Áñez, Verónica Aguilera (suplente), Jenifer Torrico (suplente), Whalty Egüez, Óscar Michel y la asambleísta departamental Keila García se beneficiaron con los ítems fantasmas de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra, según denuncia presentada al Ministerio Público.

Según las declaraciones de testigos protegidos, además, los diputados José Carlos Gutiérrez y Carlos Arrien se encargaron de la captación de personas con la promesa de facilitarles una fuente de trabajo; después de la entrega de sus documentos se olvidaban del ofrecimiento en la mayoría de los casos.

Por denuncia del alcalde cruceño Jhonny Fernández, la exalcaldesa Angélica Sosa y el entonces presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, suscribieron un acuerdo para los comicios presidenciales de 2020 y la elección subnacional de 2021.

De acuerdo con la información recolectada los seis diputados y la asambleísta departamental en tres meses cobraron Bs 930 mil por la administración de 109 ítems fantasmas.

COBRO
El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar presentó la denuncia documentada ante el Ministerio Público, que involucra a Óscar Michel, Jenniffer Torrico, Haidy Muñoz, Rosa Tatiana Áñez; Whalty Egüez, y Verónica Aguilera, y la asambleísta departamental Keila García.

Óscar Michel tuvo asignados 12 contratos, cobró por tres meses más de Bs 105 mil; Jenniffer Torrico tenía 23 contratos (más de Bs 202 mil); Haidy Muñoz, 28 contratos (más de Bs 246 mil); Rosa Áñez, 16 contratos (más de Bs 140 mil); Whalty Egüez, 12 contratos (más de Bs 105 mil); Verónica Aguilera, 15 contratos (casi Bs 132 mil) y Keila García por tres ítems cobró Bs 35.184.

DELITOS
La documentación presentada ante el Ministerio Público en contra de los parlamentarios de Creemos es por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, asociación delictuosa y uso indebido de influencias.

La denuncia fue acompañada de pruebas que demuestran que los involucrados “han recibido dinero del municipio en concomitancia con la señora Angélica Sosa y otros”.

VOLUNTARIA
Parlamentarios del oficialismo piden a los asambleístas de la alianza Creemos que se presenten en el Ministerio Público de Santa Cruz de manera voluntaria para que presten sus declaraciones sobre su presunta participación en torno a la denuncia que pesa en su contra, de beneficiarse con dineros de parte de los 800 ítems fantasmas.

Sandro Ramírez dijo que los diputados de Creemos no sólo deberían presentarse a declarar, devolver los dineros, y si la justicia encuentra indicios de responsabilidad, renunciar a sus cargos como asambleístas nacionales.

DENUNCIA
El 3 de diciembre de 2021, la exesposa de Antonio Parada, Valeria Rodríguez, denunció el ilícito de 800 ítems fantasma en la Alcaldía de Santa Cruz y no el Movimiento Al Socialismo (MAS), por lo que se descarta una persecución política, aseguró el analista político Hugo Ernesto Salvatierra.

En ese contexto, descalificó las acusaciones de concejales de Comunidad Ciudadana y de la exalcaldesa Angélica Sosa, en su afán de responsabilizar al Gobierno, así como el silencio de los denominados defensores de Santa Cruz, que entre 2019 y 2020 denunciaban que ese departamento estaba siendo robado, pero ahora no dicen nada sobre el daño económico de al menos Bs 48 millones al año.

Dinero ilícito por ítems fantasmas financió golpe de Estado en 2019

Los denominados ‘pititas’, con escudos y armas artersanales en noviembre de 2019.

Al menos una parte de los Bs 48 millones generados al año por la creación de 800 ítems fantasmas en la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra financió el golpe de Estado entre octubre y noviembre de 2019, aseguró el analista político Hugo Siles.

Explicó que la declaración del entonces presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Luis Fernando Camacho, en la que admite que su padre cerró un acuerdo con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Boliviana, así como de Angélica Sosa, que la Alcaldía pagó las ollas comunes para sustentar los 21 días del paro que antecedió al golpe de Estado en octubre de 2019, prueban que financiaron las acciones para la ruptura del orden constitucional.

“Había amotinamiento en la Policía Boliviana, el propio Luis Fernando Camacho dijo que su padre cerró con los militares y los policías, no se necesita tener mucha imaginación para deducir que hubo un pago pecuniario, hay una parte de este proceso de investigación que debe ser esclarecida, es decir, me remito a lo que han dicho el abogado Jerjes Justiniano, Luis Fernando Camacho y Angélica Sosa en su momento, lo que han dicho los detenidos y falta la palabra de Percy Fernández y de los dos hermanos Parada”, sostuvo.

“No cabe duda de que el total o parte de esos recursos (ítems fantasmas) necesariamente tuvieron que ser utilizados en los procesos de desestabilización del país, ya lo han señalado que se financiaron las ollas comunes y si ocurrió eso, se pudo haber pagado otros ítems que estaban girando en torno a la desestabilización del país entre octubre y noviembre de 2019”, añadió el analista en contacto con Ahora El Pueblo.

En ese contexto, Hugo Siles señaló que el millonario desfalco ocurrido en las gestiones de Percy Fernández y Angélica Sosa, a través de la modalidad de contratación de funcionarios públicos, prueba que se instauró una organización criminal al interior de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz con cobros de personal público inexistente, ocasionando un daño de al menos Bs 5 millones por año.

“Este denominado caso ítems fantasma es el caso de corrupción más grande en la historia de la Alcaldía de Santa Cruz. Por las dimensiones no sólo de la cuantía de los recursos, sino por los vínculos y la relación que han tenido los responsables de este hecho de corrupción con la cooperativa Saguapac y la Jesús Nazareno emparentados por las logias para el financiamiento de la desestabilización en la democracia en Bolivia con el golpe de Estado, el financiamiento del paro de 21 días y los vínculos de la plana mayor política en Santa Cruz”, precisó. 

Un lío familiar develó los ítems fantasmas en la Alcaldía cruceña

Un lío familiar destapó la denuncia de un daño económico millonario en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra mediante la creación de supuestos 800 ítems fantasmas de los cuales por ahora queda mucho por descubrir, pues cada vez se conoce a más implicados que se beneficiaron para fines personales de los recursos de los cruceños.

Valeria Rodríguez y Antonio Parada Vaca se divorciaron hace más de seis años. Luego ella inició un proceso familiar contra su expareja, quien fue director de Recursos Humanos del municipio de Santa Cruz en las gestiones de Percy Fernández y Angélica Sosa, y llegó a ganar hasta 11.000 bolivianos.

Rodríguez contó que hizo esa demanda porque no fue escuchada cuando pidió a su expareja ayuda y conciliación, a fin de no perder la casa donde vive con sus tres hijos y la vivienda donde está su madre. En ese sentido, la mujer amplió la demanda contra Parada por “violencia patrimonial y económica”.

En ese lapso, Rodríguez dijo que descubrió que su exesposo estaba implicado en la creación de al menos 800 ítems fantasmas en el municipio y que él y otras tres personas cobraban esos ingresos. Detalló que con esos recursos Parada adquirió mansiones, vehículos de alta gama y propiedades tanto en Bolivia como en Estados Unidos (EEUU), hasta donde también hizo transferencias millonarias.

Valeria Rodríguez, exesposa de Antonio Parada, en una camilla de hospital, luego de sufrir una descompensación.

CONTRADEMANDA

Luego de que el escándalo cobrara relevancia nacional, Antonio Parada, de quien se desconocía su paradero, dio la cara y negó las acusaciones de su expareja. Lo que comenzó por un tema familiar terminó en una “denuncia falsa” por los supuestos 800 ítems fantasmas y en extorsión, apuntó.

Contó que ingresó a trabajar al municipio en 2004 gracias a la ayuda de la madre de su exesposa (su exsuegra Romy Paz, que era concejala de UCS en aquel momento). A partir de ese año, dijo que ocupó diferentes cargos hasta llegar a la dirección de Recursos Humanos en la gestión de Percy Fernández.

Afirmó que no existen tales ítems fantasmas. Explicó que si hubiesen esos ítems tendrían que estar involucrados todos los directores de las secretarías, porque cada uno controlaba al personal a su cargo.

Parada también negó la posesión de propiedades y vehículos lujosos, como señala su expareja, y dijo que no hizo varias transferencias millonarias. Detalló que hizo sólo un depósito de 180 mil dólares, dinero que proviene de la venta de una propiedad heredada de sus padres y de un negocio de venta de celulares. Especificó que con ese dinero compró un departamento en Estados Unidos, el mismo fue vendido en 2019 para comprar el inmueble donde vive ahora su exesposa con sus hijos.

“Se llegó a un acuerdo de que yo iba a mantener todo lo que le he dado desde siempre”, refirió Parada, indicó que paga el seguro y colegiatura de sus hijos, el crédito de dos casas, una donde vive su exesposa e hijos, y otra donde vive su exsuegra, además de dar una pensión de 3.000 bolivianos.

Admitió que en la causa familiar que enfrenta ya estaba conciliando el tema. Pero dijo que su exesposa y sus abogados le enviaron un documento de desistimiento del proceso a cambio de que se le otorgue el 50% de todas las supuestas propiedades y vehículos lujosos, además de tres millones de bolivianos.

Valeria Rodríguez relató que su fin jamás fue hacer su denuncia por un tema político, porque no le incumbe y que su único pedido fue que su expareja cumpla con sus obligaciones como padre y regularice algunos documentos de sus bienes inmuebles, por lo que continuará con la denuncia en las instancias de familia “pese a las amenazas”.
Calificó ese acto como una extorsión y anunció que pondrá una denuncia penal. Además dijo que se puso a buen recaudo.

AMENAZAS A LA DENUNCIANTE

Luego de que se destapara el caso, Valeria Rodríguez, la denunciante, afirmó que su vida y la de sus hijos estaba en peligro debido a las amenazas y presión que sufría de exfuncionarios de la Alcaldía para que retire la demanda.

“Tuve parálisis de la mitad de mi rostro y de mis dos piernas, también pérdida de memoria. Por eso estoy internada”, indicó Rodríguez, actual funcionaria de la Gobernación cruceña, en un video difundido en las redes sociales del concejal Federico Morón de Comunidad Autonómica.

Rodríguez acusó a la exalcaldesa Sosa de amenazas de muerte y reclamó que la Fiscalía no le haya otorgado garantías por presentar la denuncia.

EL DESCARGO DE ANGÉLICA SOSA

Sosa, a través de un video en sus redes sociales, negó haber amenazado a Rodríguez y reclamó que estas denuncias dañan su imagen, por lo que amenazó con emprender acciones legales.

“Nunca he amenazado a la señora Valeria (Rodríguez), peor aún una amenaza de muerte, no está eso dentro de mis principios y mis valores”, señaló la exalcaldesa en el video.

Valeria Rodríguez y Antonio Parada.

ACCIONES

Esta denuncia encendió las alarmas de la administración del actual alcalde Jhonny Fernández y de la Fiscalía.
Fernández calificó de “escandaloso” el grave caso de corrupción que sacude al gobierno municipal y pidió a la Unidad de Transparencia de la Alcaldía recabar toda la información para dar con los autores.

La denunciante reveló que su acusación fue presentada con documentos que fueron entregados a la Fiscalía en septiembre, cuando amplió la denuncia por violencia familiar a violencia económica y patrimonial contra su expareja Antonio Parada.

“No veo que haya avanzado (…) Nunca tuve respuesta desde agosto, ya estamos en diciembre y hasta hoy no tengo respuesta. Se ha tenido que hacer muy público y destaparse la olla de grillos con nombres y apellidos para que salte”, denunció, y alertó que el fiscal del caso fue funcionario de la Alcaldía.

LA ALCALDÍA AFIRMA QUE EL DAÑO ES DE BS 200 MILLONES

Antonio Parada Vaca es el principal acusado en la denuncia presentada por su expareja Valeria Rodríguez.

El daño económico asciende a Bs 200 millones, según la Alcaldía de Santa Cruz.

Valeria Rodríguez relató que su único pedido fue que su expareja cumpla con sus obligaciones como padre.

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