La Paz, 26 de enero de 2022 (MEFP).- El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informa que la liquidez del sistema financiero alcanzó a Bs15.498 millones, al 10 de enero de 2022, cifra que representa un nivel adecuado de liquidez, con un crecimiento del 26,2%, con respecto a similar período del año anterior.
Este indicador de liquidez posibilita que las Entidades de Intermediación Financiera inyecten mayores recursos para efectuar operaciones de crédito con sus clientes.
Asimismo, los activos líquidos llegaron a Bs57.199 millones, al 11 de enero de 2022, con un ratio (Activos líquidos/Pasivos de corto plazo) de 46%, por tanto, las entidades financieras tienen una cantidad de recursos adecuada para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo y continuar con la expansión de sus operaciones de colocación de créditos.
La cartera de créditos del sistema financiero llegó a Bs198.309 millones, al 7 de enero de 2022, con un crecimiento del 4,2%, respecto a similar periodo de 2021, esta cifra refleja el crecimiento y dinamismo de la economía.
Sin embargo, algunos analistas aseguran que la cifra de la cartera de créditos significa una desaceleración con relación a años previos, cuando se reflejaban tasas de crecimiento de entre el 12 y 20%, es necesario aclarar que se trata de una comparación de contextos diferentes, aunque la tendencia al crecimiento se mantiene.
También se dieron publicaciones en el sentido de una supuesta “desaceleración” de la liquidez del sistema financiero con una comparación realizada entre diciembre de 2015 y diciembre de 2021, al respecto se aclara que el dato mencionado para el año 2015 es de Bs18.844 millones ($us2.747 millones), el cual corresponde a un periodo donde crecimiento de la economía boliviana se encontraba en una etapa de expansión consolidada por el modelo económico implementado en Bolivia.
Contrariamente, los datos que son comparados con diciembre de 2021, corresponden a un periodo post-pandémico y de recuperación de la actividad económica como consecuencia de los problemas producidos por el COVID-19 y el mal manejo económico por parte del gobierno transitorio en la gestión 2020.
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