Revelan que el régimen de Añez pidió armamento a EEUU y Gran Bretaña para reprimir a bolivianos

AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (ABI).- El Gobierno reveló que la gestión de facto de Jeanine Áñez, semanas antes de las elecciones que dieron la victoria a Luis Arce, pidió a EEUU y a Gran Bretaña armamento presumiblemente para “reprimir al pueblo boliviano”, denunció el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, quien mostró las cartas de solicitud.  

El pedido de pertrechos se realizó en momentos en que se preparaba un segundo golpe de Estado con la participación de mercenarios extranjeros, escuadrones de Policía renegados y turbas de justicieros que buscaban impedir, inclusive con el magnicidio, que Luis Arce asuma la Presidencia. Ese movimiento golpista estuvo dirigido por el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, según denunció la revista The Intercept.

“El Gobierno de facto, a través del viceministro Wilson Santamaría, realizó la solicitud de equipos y armamentos a la embajada americana y a la embajada británica, tres semanas antes de las elecciones generales de 2020”, denunció Ríos.

El 25 de septiembre de 2020, es decir semanas antes de las elecciones generales del 18 de octubre de ese año, Santamaría, al margen de sus competencias legales, dirigió una nota al embajador británico en la cual pide “pistolas, cartuchos, granadas de gas, uniformes completos, máscaras antigás, visores nocturnos, térmicos, binoculares, cascos, trajes de protección y equipos que considere importantes destinados a la Policía Boliviana nacional con la finalidad de defender la integridad del pueblo boliviano, su territorio y seguridad”.

Según la documentación presentada, en mayo de 2020 se dirigió una carta al representante diplomático de EEUU en Bolivia, Bruce Williamson, encargado de negocios, donde le pide atender un requerimiento “con la finalidad de defender la integridad del pueblo boliviano y su territorio”.

La misiva remitida en original a la embajada de EEUU, añade que se adjunta como anexos “la asignación del equipo, descripción y justificación del mismo”, sin embargo, el detalle de esos añadidos aún no fue encontrado en los archivos del Ministerio de Gobierno.

¡Tremenda imagen! El de la izquierda es el entonces Viceministro de Gobierno del régimen de Añez, Wilson Santa María (acusado de pedir armas a EEUU y Gran Bretaña para reprimir a los bolivianos). La foto fue tomada en uno de los salones de Palacio Quemado. También aparece, mirando sorprendida el ministro represor de Añez, Arturo Murillo, hoy encarcelado en EEUU por blanquear miles de dólares que le robó al Estado boliviano. El que está con chamarra oscura es el ministro de Economía de la dictadura de Añez, Oscar Ortiz, hoy rector de la Universidad Católica Boliviana en Santa Cruz (UCB). En esa universidad se ejecutó el Golpe de Estado de noviembre del 2019 derrocando a Evo e imponiendo en la Presidencia de Bolivia a una senadora, Añez, cuyo partido no llegó ni al 4% de los votos.

No se pudo establecer aún si EEUU y Gran Bretaña otorgaron ese armamento y pertrechos, pero solo las solicitudes oficiales de parte del régimen de Añez “nos da claros indicios de que todo este armamento, este equipamiento y todo lo que solicitaban a otras instancias iba a ser empleado presumiblemente para reprimir al pueblo boliviano y lo que más llama la atención es que se solicitó semanas antes de las elecciones generales de 2020”, dijo el Viceministro.

Estas gestiones para conseguir armamento antes de los comicios, donde Arce acudía como favorito, se suman a los preparativos de un segundo golpe de Estado, con la participación de mercenarios extranjeros, para evitar que el ahora presidente de Bolivia, asuma democráticamente el mando del país.

The Intercept, una organización de noticias galardonada y financiada por el fundador y filántropo de EBay, Pierre Omidyar, difundió el 17 de junio de 2021 un amplio reportaje titulado: “Exministro de Defensa boliviano planeó un segundo golpe con mercenarios estadounidenses”.

La indagación, que incluye documentos y grabaciones de audio de llamadas telefónicas sostenidas por Luis Fernando López Julio y otros actores, desnudó un plan para desplegar a cientos de mercenarios de Estados Unidos con el fin de impedir las elecciones generales recientes o evitar que Luis Arce asuma la presidencia de Bolivia, pese a que ganó los comicios con el 55,11% de apoyo.

“Varios de los conspiradores discutieron el envío de cientos de mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense en las afueras de Miami. Estos unirían fuerzas con unidades militares de élite bolivianas, escuadrones de policías renegados y turbas de justicieros en un intento desesperado por evitar que el mayor movimiento político del país regrese al poder”, indica la pesquisa.

La más larga de las grabaciones es una llamada telefónica de 15 minutos con una persona que The Intercept identificó como Luis Fernando López, a quien en la grabación se refieren como “Señor Ministro”. Otros actores son Joe Pereira, un ex administrador civil del Ejército de los Estados Unidos (…) y «Cyber Rambo», es decir Luis Suárez, un exsargento del ejército estadounidense de origen boliviano.

El texto indica, por ejemplo, en una de las grabaciones filtradas, que una persona identificada como el Ministro de Defensa boliviano, dijo: “Trabajando para evitar la aniquilación de mi país”. Prosigue: “(…) los desacuerdos entre ministros y divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, tensos por el peso de la contundente victoria de Arce el 18 de octubre de 2020, parecen haber socavado el plan. Nunca se ejecutó, y varios altos funcionarios del gobierno saliente huyeron de Bolivia”.

En otra parte del informe, se lee que “(…) varios de los conspiradores discutieron el envío de cientos de mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense en las afueras de Miami. Estos unirían fuerzas con unidades militares de élite bolivianas, escuadrones de Policía renegados y turbas de justicieros, en un intento desesperado por evitar que el mayor movimiento político del país regrese al poder”.

Ese plan incluía la probabilidad de magnicidio.

En octubre de este año, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que se identificó a paramilitares que participaron en el intento de magnicidio en Bolivia durante 2020.

Citó el nombre de German Rivera García, quien estuvo en Bolivia en octubre de 2020 y luego estuvo involucrado con el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Hizo mención de otros involucrados como Enrico Galindo Arias, Ronal Ramírez Salamanca, Sam Brown, Ernest H. DeLong, Davion Covell Hart, Joe Pereira y Arcángel Pretel Ortiz, quien fue enlace de la denominada empresa de seguridad CTU (o por sus siglas en inglés Counter Terrorist Unit Federal Academy), con sede en Miami y dirigida por el opositor venezolano, Antonio Emanuel Intriago Valera.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que el rango de pago para los paramilitares era 125.000 dólares, más bonificaciones.

“Estas personas hubieran tenido un contrato anual inicial de 125 mil dólares estadounidenses o 10.416 dólares mensuales (…), existió toda una estrategia armada para evitar el ascenso del presidente Luis Arce y secuestrar nuestra democracia, se detalla los contratos, los montos, los curriculums de las personas involucradas, hasta las armas que pensaban usar para matar bolivianos y bolivianas”, explicó entonces.

Miembros de las FFAA y la Policía Boliviana estaban involucrados en el plan. El objetivo de reclutar a mercenarios era bloquear, a la fuerza, la toma de posesión de Arce.

“Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos filtrados en donde se discute el despliegue masivo de mercenarios durante las elecciones revelan que Bolivia pudo haber visto un nuevo derramamiento de sangre en 2020”, informa el medio norteamericano The Intercept.

En uno de los audios, López indica: “El alto mando militar ya está en conversaciones de apronte”. Hace referencia así a que el entonces comandante de las FFAA, el general Sergio Orellana, es quien “realmente puede generar la operación militar como tal”.

“En Bolivia, hubo un intento de magnicidio y de atentar contra la vida de nuestro presidente, no es coincidencia que quien ahora está detenido en Haití por haber participado en el asesinato de su presidente, haya estado en Bolivia días previos y posteriores a las elecciones y que el señor Fernando López, cuota de (Fernando) Camacho en el gobierno de Añez, haya tenido contactos constantes con este tipo de grupos irregulares y paramilitares mediante empresas terciarizadoras con experiencia en combate en guerras como Irak, Afganistán y otros”, manifestó entonces el Ministro.

Gobierno revela que gobierno de Áñez pidió ‘equipos y armamento’ a embajadas Británica y de EEUU

El viceministro Roberto Ríos informó que está solicitando información a las representaciones diplomáticas, para conocer cuál fue la respuesta al requerimiento del exviceministro Wilson Santamaría

El exviceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría

Por Carlos Corz / LA RAZON.- Antes de las elecciones de octubre de 2020, el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez solicitó, a través del entonces viceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría, “equipos y armamento” a las embajadas Británica y de Estados Unidos, para, presumimos, “reprimir al pueblo boliviano”, reveló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

Según la documentación, la primera nota es del mayo de 2020 y está dirigida al representante diplomático de Washington Bruce Williamson. El documento remitido está incompleto, porque no se encontró en archivos la parte en la que se menciona está “la asignación del equipo, descripción y justificación del mismo”.

En la primera hoja se lee: “Le pido atender el requerimiento que en referencia menciono con la finalidad de defender la integridad del pueblo boliviano y su territorio”.

Bajo similar tenor se remitió en septiembre otra nota oficial, firmada por Santamaría, a la embajada Británica, pero en ella se detalla el siguiente requerimiento: “Pistolas, cartuchos, granadas de gas, uniformes completos, máscaras antigas, visores nocturnos, térmicos, binoculares, cascos, trajes de protección y equipos que considere importantes destinados a la Policía Boliviana con la finalidad de defender la integridad del pueblo, su territorio y seguridad”.

Ríos informó que se está cursando requerimiento a ambas legaciones, para conocer si atendieron los requerimientos planteados en el gobierno de Áñez, a través de Santamaría.

“Esto nos da claros indicios de que todo este armamento y equipos que solicitaban otras instancias iban a ser empleados, presumiblemente, para reprimir al pueblo boliviano, y lo que más llama la atención es que se generan semanas antes a las elecciones de 2020”, sostuvo.

Las elecciones generales fueron en octubre de 2020. En el gobierno de Áñez también se gestionaron y lograron envío de gases lacrimógenos desde Argentina y Ecuador.

Otro aspecto que llamó la atención de Ríos, es que Santamaría haya hecho esas solicitudes cuando no está dentro de sus funciones.
También se hizo una serie de denuncias de irregularidades en la gestión de Santamaría que comprometerían Bs 2,2 millones.