Justicia procesa a Macri, lo arraiga y le aplica embargo de 100 millones de pesos

Mauricio Macri se reunió por primera vez con los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan el 20 de noviembre de 2017. Habían pasado cinco días desde que desapareciera el submarino. Entre diciembre de ese año y fines del siguiente, las familias fueron víctimas del espionaje ilegal: seguimientos, infiltraciones, fotos. Por estos hechos, el juez federal Martín Bava procesó al expresidente. Si bien las denuncias por el accionar ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la era Cambiemos fueron múltiples, ésta es en la que, por primera vez, un juez federal le asigna responsabilidad directa al exmandatario.

“El gobierno nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y  los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”, escribió el juez Bava en la resolución. 

El magistrado, además, embargó al expresidente por 100 millones de pesos y le prohibió la salida del país. Macri recibió la noticia de su procesamiento desde Chile, donde pidió viajar para participar supuestamente de una cumbre sobre el cambio climático. En conversación con unos periodistas, acusó a Bava de encabezar una “persecución” en su contra.

“No es un día de alegría, sino de confirmación de algo que sabíamos y denunciamos en 2018”, dijo la abogada Valeria Carreras, que encabeza la querella mayoritaria en la causa. “Significa probar lo que siempre las señoras presintieron: que les adivinaban lo que iban a preguntar. Este fallo es un alivio. Tenían razón”, añadió.

Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de un submarinista,  describió la resolución de Bava como un gran paso. “A pesar de las presiones se hizo justicia”, resaltó.

Un camino de obstáculos

La decisión de Bava se conoce casi un mes después de que indagara a Macri. El líder del PRO fue inicialmente llamado a indagatoria el 1 de octubre. Sin embargo, no se presentó hasta el 28 de octubre, cuando no declaró porque su defensa advirtió que no le habían levantado el deber de guardar secreto que rige para cuestiones vinculadas a la inteligencia. Bava recién pudo indagarlo el 3 de noviembre.

En esa oportunidad, Macri no habló sobre la actividad de inteligencia ni sobre lo sucedido con el colectivo de familiares, únicamente le entregó un escrito al juez y le dedicó un par de chicanas: le dijo que no quería demorarlo así podía procesarlo antes de las elecciones del 14 de noviembre.

El procesamiento llega casi tres semanas más tarde de las elecciones y después de que Bava haya sorteado una segunda recusación que planteó el expresidente para intentar correrlo de la causa. Ninguno de los argumentos de Macri se verificó: ni que el juez lo llamó a indagatoria con el calendario electoral en la mano, ni que se trataba de un magistrado “anti-PRO”. Por el contrario, Bava no dictó la resolución hasta recibirles declaración a los testigos que pidió Macri el 3 de noviembre.

El espionaje ilegal

Según reconstruyó el juez, la AFI –desde su delegación Mar del Plata– se dedicó a seguir, fotografiar e infiltrar a los familiares. Lo hicieron en marchas, reuniones e incluso misas. El accionar de los espías estuvo guiado por un objetivo: anticiparle a Macri cuáles serían sus reclamos en un tema que suscitaba interés nacional e internacional.

“Estas personas no reclamaban otra cosa que justicia y no buscaban más que saber qué había ocurrido con sus seres queridos. No es posible considerar que sus reclamos representaban amenazas a la seguridad interior, a la defensa nacional o a la seguridad presidencial”, escribió Bava. “La gravedad de los hechos aquí investigados constituye no solo una conculcación al sistema democrático y una violación a las garantías constitucionales, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado“, añadió.

En la causa ya había once procesados por el espionaje ilegal a las familias: el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, la exsubdirectora Silvia Majdalani, el exdirector de Reunión Interior Eduardo Winkler, el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes bajo sus órdenes. El martes, Bava procesó también a los dos directores operacionales de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, por no haber controlado lo que pasaba en la base Mar del Plata. Para el juez, la omisión no fue un error sino que obedeció a un plan pergeñado desde lo más alto del Poder Ejecutivo para tener en la mira a los familiares de los tripulantes.

Para Bava, lo que sucedió en Mar del Plata no pudo no haber sido ordenado por Macri y dejó en claro que excedió a la conducción de la AFI. Al expresidente le enrostró también haber modificado la doctrina de inteligencia, lo que habilitó el secretismo y las tareas ilegales.

La investigación por el espionaje sobre las familias del ARA San Juan se inició en septiembre de 2020 con una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la Justicia federal de Mar del Plata. La pesquisa estuvo en manos inicialmente del fiscal general Daniel Adler, pero el juez Santiago Inchausti entendió que debía investigarse dentro de una trama más grande de espionaje como la que se investigaba en el Juzgado federal de Dolores –entonces a cargo de Alejo Ramos Padilla–. La Cámara Federal de Mar del Plata convalidó la decisión y, cuando Ramos Padilla juró al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata, Bava se hizo cargo de este expediente y de los otros que tramitaban en Dolores.

Macri quiere que la causa vaya a Comodoro Py

Para Macri no está dicha la última palabra. En el entorno del expresidente dan por sentado que apelarán el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país. El defensor del exmandatario, Pablo Lanusse, tiene tres días hábiles para hacer la presentación, que podría concretarse en los primeros días de la semana próxima.

Horas antes de que Bava dictara el procesamiento, Lanusse le había pedido a la Sala II de Casación Penal que tratara de manera inmediata su pedido para correr al juez que subroga en Dolores. 

En realidad, la meta última del expresidente es que la causa pase a los tribunales de Comodoro Py, un terreno más conocido y amigable para el macrismo. Días atrás, el camarista Martín Irurzun ordenó al juez federal Ariel Lijo que diga si debe investigarse allí el caso o debe seguir en Dolores. 

Si pasara a los tribunales de Retiro, la revisión del procesamiento quedaría en manos de la Cámara Federal porteña, el mismo tribunal que aún dilata las definiciones sobre los 38 procesamientos por espionaje que dictó en febrero el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, antes de que le sacaran el expediente .

Espionaje al ARA San Juan: una por una, las razones por las cuales el juez Bava procesó a Macri

Para el juez Martín Bava, se encuentra acreditado que Macri “posibilitó la realización de tareas ilegales”, recibió el material que confeccionó la Agencia Federal de Inteligencia y lo utilizó para “tomar decisiones”. Derribó la defensa del exmandatario de que eran trabajos para la “seguridad presidencial”. Las pruebas.

Por Franco Mizrahi / EL DESTAPE / Buenos Aires.- El juez federal Martín Bava dictó el procesamiento del expresidente Mauricio Macri en la causa del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. El magistrado desarrolló a lo largo de 173 páginas las diversas razones por las cuales consideró al exjefe de Estado responsable de los hechos.

“Se encuentra acreditado en autos que, por lo menos entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 el imputado Mauricio Macri, desde su rol de Presidente de la República Argentina, posibilitó la realización de las tareas ilegales, generó las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenó parte de ese producido y utilizó esa información de inteligencia ilegal realizada desde la Delegación Provincial Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia sobre el colectivo de familiares de los tripulantes de los buques pesqueros naufragados ‘Rigel’ y ‘El Repunte’ y, en particular, del submarino ARA San Juan”, señaló el juez.

De acuerdo a Bava, las tareas ilegales de inteligencia y los informes que produjo la AFI con ese material “fueron producidas para el conocimiento del imputado”. “Las mismas tenían por objeto informar los movimientos que llevaron adelante las víctimas en el marco de los reclamos que realizaban contra su gestión de gobierno como consecuencia del hundimiento del submarino”, señaló Bava.

En esa línea, el juez destacó que “no solo los documentos estaban dirigidos al imputado, sino que del texto mismo de esos informes se desprende que la información era producida para que fuera analizada por él. Asimismo, la temporalidad de los documentos en relación a los hechos cubiertos también se erige como un indicador de que era Macri el destinatario de esos informes”.

Entre los pasajes más duros de la resolución del juez se destacan los siguientes, que hacen referencia a que el espionaje ilegal tenía por objetivo informar al entonces Presidente de los movimientos de los familiares:

“Fue Mauricio Macri quien no solo permitió la realización de esas tareas ilegales, sino utilizó esa información para tomar decisiones. En algunos casos esas decisiones tuvieron que ver con tener información adelantada sobre los reclamos que recibiría o las manifestaciones organizadas por las víctimas ante la visita del entonces Presidente a la ciudad de Mar del Plata”.

Para el juez el sistema de inteligencia nacional se adaptó “no a preservar la seguridad interior o la defensa nacional, sino a defender y cuidar la gestión y la imagen pública gubernamental”.

“El tenor de la información reunida, la intencionalidad expresa y la sistematicidad de los documentos analizados en esta causa permiten afirmar que esa producción de inteligencia ilegal tenía un destinatario: Mauricio Macri”.

“Desde los informes en los que se le adelantan al imputado cuales iban a ser los reclamos que los familiares de los 44 tripulantes le iban a realizar en una reunión, hasta aquellos en los que se relevaban las manifestaciones que el colectivo de familiares realizaba en Mar del Plata. En todos esos documentos se ve la matriz ideológica y la causa motivacional que llevó a la AFI a producir esa información. Esa política de inteligencia respondió directamente a los designios del imputado en su calidad de Presidente de la Nación”.
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“La sanción del Decreto Nº 656/16 y la derogación del anexo II del Decreto Nº 1311/2015 con todas las limitaciones que dicha norma establecía para la Agencia Federal de Inteligencia, generaron las condiciones que hicieron posibles que estas acciones pudieran desarrollarse”.

Otro aspecto central del escrito de Bava fue la demolición de la estrategia defensiva de Macri, quien busco enmarcar las tareas de inteligencia en lo que hace a la seguridad presidencial:

“La hipótesis de que los informes de inteligencia ilegal que hacen a esta causa se corresponden con funcionamientos vinculados a la seguridad presidencial y a la coordinación existente entre el organismo de inteligencia y la Casa Militar se desvanece por completo”.

Ninguno de los testigos que propuso Macri, sobre todo quienes encabezaron la Casa Militar y la Custodia Presidencial, “refirió que los agentes de la AFI formaran parte de los ‘anillos de seguridad’ del Presidente de la Nación”. “Por tal motivo -añadió el juez-, la presencia de los agentes de la delegación de Mar del Plata en el lugar de los hechos, informando los movimientos de los familiares y realizando inteligencia sobre ellos, era completamente irregular”. En muchos casos, la ifnnormación brindaba la AFI era “en tiempo real”.

“Es imposible argumentar que los informes que producía la Delegación de Mar del Plata se vinculaban a la seguridad presidencial toda vez que la mayoría de ellos refieren a períodos temporales distantes a recorridos o visitas presidenciales a la ciudad de Mar del Plata”, especificó Bava. Y destacó “la continuidad temporal en el espionaje ejercido contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan” que se extendió “durante más de 12 meses.”

En la misma línea, remarcó: “La temporalidad de los documentos permite desechar esa defensa. Así mientras en algunos casos se advierten documentos producidos con posterioridad a que el presidente se haya retirado de los lugares, hay otros documentos que se realizaron con una antelación que nada tiene que ver con cuestiones protocolares y/o de seguridad vinculadas a la coordinación existente entre la AFI y la Casa Militar”.

Los hechos que se le imputan a Macri fueron seis. El juez hizo un análisis sobre esos hechos y la documentación que confeccionó la AFI, que fue hallada en la base que la exSIDE tiene en Mar del Plata. Esa documentación fue la que se pudo rescatar de la destrucción de archivos que llevó adelante el exjefe de esa dependencia, el agente Nicolás Iuspa Benítez. El juez dedicó más de un párrafo a esa destrucción de archivos, que abarcó al material elaborado durante el macrismo. “La ilegalidad de los documentos producidos por la Delegación de Mar del Plata fue de tal magnitud que llevó al jefe de la Delegación, Iuspa Benítez, a destruir toda la documentación que allí obraba desde el mes de diciembre del año 2015” a enero del 2020.

Los hechos imputados a Macri fueron los siguientes:

Hecho 1: seguimientos coordinados el 15 de enero de 2018, a dos meses de la desaparición del submarino, a familiares y confección de informes de inteligencia.

Hecho 2: el 3 de febrero de 2018, agentes espiaron a esposas de tripulantes desaparecidos para “prever cuestiones de agenda” y así anticiparse a los reclamos que familiares plantearían a Macri en la reunión del 6 de febrero siguiente.

Hecho 3: Una semana después se hizo un informe en el que se señala que familiares intentarían entregar una carta a Macri en Chapadmalal.

Hecho 4: El 2 de abril de 2018 hay seguimientos a familiares que buscaban entrevistar a Macri en el Golf Club Mar del Plata. Y se elaboran informes de inteligencia con ese material.

Hecho 5: en el primer aniversario de la desaparición del submarino, la AFI cubrió una protesta en la Base Naval de Mar del Plata
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Hecho 6: diez casos más de seguimientos con fotografías que se volcaron a informes de inteligencia.
El juez hizo especial hincapié en los hechos 2, 3 y en el 4.

Respecto a los hechos 2 y 3, Bava señaló: “Dentro de la prueba obrante en la causa, radican dos documentos producidos por la Delegación de Mar del Plata en el mes de febrero del 2018 en los que se le ‘adelanta’ al imputado cuáles iban a ser los reclamos que iba a recibir por parte de los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan”.

En lo que hace al documento del 3 de febrero (hecho 2), el juez asegura que “no solo su redacción deja en claro que se produce para conocimiento del imputado, sino que además el propio título del documento es ‘Pedidos y reclamos al Sr. Presidente’”.

El magistrado señala que “el destinatario de este informe es el entonces Presidente de la Nación: Mauricio Macri”. Y agrega: “Debe ser entregado en la mayor brevedad posible porque se trata de ‘información en tiempo real’ para su eventual utilización en medidas que determinaría el imputado”.

“Este archivo -consideró Bava- reviste enorme gravedad, siendo ejemplo clarificador de todo lo expuesto hasta el momento: es la Agencia Federal de Inteligencia adelantándole al entonces Presidente de la Nación, reclamos de los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Nada más alejado de la legalidad y del espíritu de la ley 25.520.”

Además del documento surge con claridad la infiltración de los agentes de la AFI en el núcleo de los familiares de los 44 tripulantes.

Respecto al hecho 3, es decir, la entrega de la carta, el juez indicó: “Nuevamente estamos ante la presencia directa de los agentes de inteligencia en el lugar en el que se encontraba Mauricio Macri completamente injustificada. Otra vez no hay argumento posible referido a la seguridad presidencial. Se trata de un documento en el que se refleja pura y exclusivamente una intromisión ilegal a los reclamos que iban a efectuar algunos familiares vía una presentación escrita a Mauricio Macri. El hecho de que los agentes de la Delegación conozcan con lujo de detalles el contenido de la carta que le iban a hacer llegar al entonces Presidente de la Nación da cuenta del grado de infiltración que estos mantenían con el colectivo de familiares”.

El juez también focalizó en el hecho 4, es decir, cuando los familiares buscaban entrevistarse con Macri en el Golf Club de Mar del Plata, y lo analizó en profundidad.

En el informe de la AFI “se puede leer cómo los agentes de la Delegación exponen que por ‘medios propios’ tomaron conocimiento de la identidad de las personas que querían entrevistarse con el entonces Presidente de la Nación”. Estas eran G.M y M.V. “Es muy llamativo que los y las agentes de la base no hayan podido identificar a Daniel Coluccio, a quien consignan como ‘el señor que las había acompañado’” y que no era familiar de la triulación. Para el magistrado esto “deja en evidencia que lo que realmente le resultaba de interés informar a los agentes de la AFI eran los movimientos de las familiares de los tripulantes del ARA San Juan y no la seguridad presidencial. No resulta creíble que los agentes de la delegación, con el supuesto objetivo de aportar a la seguridad presidencial, hayan relevado solo los datos personales de las dos mujeres y no del varón que se presentó con ellas, y además era quien logró que las dejaran pasar”.

Ante este panorama, el juez se preguntó: “¿Qué amenaza a la seguridad interior o a la seguridad presidencial puede presuponer dos mujeres en un predio custodiado por diversas fuerzas policiales y militares que lo único que querían era tener unos minutos de la atención de la máxima autoridad de la República en aquel entonces?” “¿Por qué razón a la AFI le podía interesar lo que dos familiares de tripulantes desaparecidos pensaban sobre el entonces Gobierno Nacional?”. La respuesta para el juez “resulta evidente”. “La intencionalidad buscada en el informe oficial se dirigía a conocer la opinión y/o los reclamos que existían en el colectivo de familiares de los 44 tripulantes”.

“En este caso -dijo Bava en referencia al hecho 4-, puede verse claramente como los legítimos reclamos de justicia que encabezaban los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, eran vistos por el gobierno nacional, como una variable de conflicto hacia la gestión gubernamental. Ello permite descartar cualquier argumentación tendiente a afirmar que la realización de estas tareas ilegales se debió a una decisión unilateral tomada por los agentes de la Delegación Mar del Plata.”

Para el juez del caso, no hay dudas: “La reunión de información respecto de estas personas no fue azarosa, ni se vio motivada en un cuentapropismo de los agentes de la Delegación y/o de una orden dispuesta solamente por el delegado de Mar del Plata o en tareas legalmente asignadas a la AFI como algunos imputados pretendieron instalar”. “Lejos de ello, queda comprobado en la presente resolución, cómo estas tareas ilícitas se enmarcan en un sistema de espionaje ilegal que posibilitó, utilizó y no hizo cesar el entonces Presidente de la Nación, en el cual se desarrollaron numerosos hechos de espionaje ilegal, dentro de los cuales el colectivo de familiares del ARA San Juan, adquiere una particular preponderancia”, concluyó.