Diputada enjuicia al cívico Calvo por sedición y los Interculturales dan 48 horas para detenerlo

Por Romina Montoya /AHORA EL PUEBLO.- La dirigencia de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’ reveló la receta de la derecha, de los comités cívicos y la oposición para desestabilizar el país y gestar un nuevo golpe de Estado como lo hicieron en 2019. Son 16 puntos que hablan principalmente de buscar la revocatoria del presidente Arce, generar un desgaste y división dentro del MAS.

La ejecutiva nacional de las ‘Bartolinas’, Flora Aguilar, con el documento en mano, denunció que esta receta tiene el objetivo de desestabilizar el país, concretar un golpe de Estado y tiene una estrategia de lucha contra lo que llaman el régimen del MAS-IPSP.

Además mencionó que tiene un plan con una metodología y acciones que derivan en todo lo que está pasando en el país, como movilizaciones callejeras, el apoyo de partidos políticos de la derecha y sectores afines.

“Ustedes están viendo con estos paros cómo están cumpliendo su cometido, no es la abrogación de la Ley 1386 o sus paquetes de normas las que cuestionan, sino en realidad lo que quieren es tumbar al Gobierno con cualquier pretexto”, aseguró Aguilar.

La dirigente resaltó que pretenden actuar como lo hicieron en 2019; su consigna es buscar la liberación de todos quienes cometieron delitos, sin excepción, en un acto claro de impunidad ante cualquier acción legal.

“Nos preguntamos qué diálogo están buscando, lo que quieren es la impunidad para todos aquellos que mataron y masacraron en 2019 durante el golpe de Estado, ése es su objetivo, liberarlos para que no sean juzgados por la justicia”, puntualizó.

LA RECETA DE LA OPOSICIÓN

Se deberán coordinar todas las acciones de lucha conjunta para el cambio del régimen masista junto a todas las instituciones acorde al plan del Conade, gobernaciones, alcaldías, Fejuves, los comités cívicos a nivel nacional, sindicatos de transporte público, libre y pesado, confederaciones de gremiales, colegios de profesionales, colegio de médicos, colegio de abogados, sindicatos de micros, cooperativistas, iglesias cristianas, católica y evangélicas, universidades y demás organizaciones.

Con la plena coordinación de los sectores mencionados se debe crear situaciones y escenarios para desestabilizar al régimen masista, utilizando cualquier argumento para cautivar a los amplios sectores utilizando inclusive las mismas leyes que elabora el régimen masista para poner en su contra, si fuera necesario.

La desestabilización del régimen masista podrá ser generada por presión máxima al mismo, por la creación de un caos, zozobra, ejerciendo o causando miedo a la población, por distorsión a la realidad contra el régimen masista y sus medidas de índole económico o respecto a sus políticas de Estado.

Crear todas las circunstancias necesarias para causar la fractura o división interna del MAS-IPSP, ya sea por personas infiltradas, de forma encubierta, tratar de insertar en los movimientos sociales la idea de que Evo Morales es el culpable de todo.

Buscar el debilitamiento del régimen masista mediante la organización de cabildos, paros cívicos en cada departamento y en conjunto de forma coordinada a nivel nacional, utilizando y tomando como pretexto cualquier ley o normativa, medida económica del régimen masista, exigiendo que éstas se deroguen o mostrarlas como negativas ante la población, logrando doblar el brazo al Gobierno y su retroceso en cualquier política a tomar, esto provocará el descrédito del Gobierno en la población.

Todo el apoyo logístico y económico a nuestros brazos de lucha en frente de batalla contra el régimen masista, nuestro glorioso movimiento de jóvenes héroes, la Unión Juvenil Cruceñista, que hará respetar por la fuerza o con dureza las acciones de nuestro Comité pro Santa Cruz y sus determinaciones contra aquellos que no deseen el bien, la libertad de esta patria secuestrada.

Tras cada movilización y aún cuando el régimen masista no dé su brazo a torcer, se debe insistir en la coordinación con las plataformas y los movimientos involucrados para exigir al régimen masista su renuncia inmediata al Gobierno, o iniciar un proceso revocatorio, siguiendo un proceso constitucional establecido, pero para que esto pase, el régimen masista deberá carecer por completo del respaldo social, capturado esta vez por el movimiento de liberación.

Continuar con las alianzas políticas, organizaciones políticas y los grandes lideres como Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Revilla, Jonny Fernández y otros personajes de la política que colaboraron con el movimiento de liberación para la expulsión del poder de Evo Morales, en 2019. Su apoyo político será necesario para terminar con el régimen masista en esta última etapa decisiva.

Esta lucha libertaria requiere el financiamiento, para ello es necesario continuar con el apoyo constante de organizaciones como la asociación de comparsas cruceñas Fegasacruz, CAO, CAINCO, Cámara Forestal, transporte internacional, grupos fraternos, las logias de Santa Cruz, empresas privadas, organismos internacionales, países amigos que buscan la libertad, gobiernos amigos que no dudaron ni un minuto en apoyar nuestro movimiento de libertad en noviembre de 2019.

Los grupos de choque en caso de enfrentamiento deben en lo posible buscar víctimas principalmente de nuestro lado, aunque parezca paradójico, como acción directa, y esto afectará indudablemente la imagen actual del régimen ante la población y colocando en su contra una estrategia funcional para proceder con la solicitud de revocatoria ante un régimen asesino antidemocrático.

AHORA EL PUEBLO.- El paro y bloqueo de caminos promovido por el Comité Cívico pro Santa Cruz genera perjuicios al normal abastecimiento de combustibles y un daño económico irreversible a esta región de cerca de $us 200 millones, informó ayer el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

La autoridad indicó que hasta la semana anterior se tenían unos 360 camiones cisterna varados en la ruta que une Yacuiba con Santa Cruz, sin embargo ahora son cerca de 420 carros con gas licuado de petróleo (GLP), gasolina y diésel, lo cual ocasiona un importante perjuicio.

“Estimamos en Santa Cruz que son poco más de 200 millones de dólares ya la pérdida, es una pérdida irreversible”, manifestó el ministro Molina en entrevista con la red Patria Nueva.

Agregó que de continuar las movilizaciones en Santa Cruz, existe el riesgo de desabastecimiento de combustibles como gasolina y GLP para el departamento de Chuquisaca.

Indicó que el paro y bloqueo de caminos no sólo afecta en este momento a la distribución de combustibles en Santa Cruz sino también a Beni y Tarija donde el producto no llega de manera normal.

En esa línea, Molina exhortó a los sectores movilizados a “repensar sus medidas” porque no sólo “están afectando a un par de sectores, sino a toda la economía del país”, principalmente a aquellas personas que viven de ingresos generados en el día.

El domingo, los cívicos de Santa Cruz determinaron continuar con el paro pese a que el Gobierno nacional decidió abrogar la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

Odio, violencia y cero diálogo, la receta de una derecha sin propuestas

Se agredió a vendedores y gremialistas que decidieron trabajar y no acatar las medidas de protesta, todo bajo el brazo operativo violento que es la Unión Juvenil Cruceñista.

Nuevamente los sectores de la derecha conservadora salen a las calles para intentar mostrar una Bolivia dividida, generar violencia y tratar, en su afán desestabilizador, de cambiar leyes nacionales a su simple gusto.

Las herramientas son las mismas: mentiras en las redes sociales y falsos discursos respaldados por medios de comunicación que sirven a los intereses de unos cuantos, con una desvergonzada campaña con información totalmente falaz.

Las intenciones ya las desnudaron las principales autoridades, entre ellas el propio presidente Luis Arce, quien advirtió que se trata de repetir una fórmula golpista aplicada en 2019, cuando, en afanes desesperados de obtener el poder, sin importar la violencia y el daño que generaron, desconocieron las elecciones y mediante la violencia, en complot con algunos militares y policías, tomaron el poder por la fuerza.

Hoy se trata de duplicar ese escenario, utilizando absurdos discursos en contra de normativas que no hacen más que luchar contra el ilícito financiero y actividades como el narcotráfico, pero que fueron posicionadas como si afectaran a los sectores más humildes de la población.

Durante las pasadas semanas, se habló de marchar en contra de la Ley 1386, para lo cual se mintió, se dijo que afecta a gremialistas, a periodistas y otros sectores, cuando la misma norma fue aprobada por los diputados de oposición hace meses. Hubo protestas violentas y se convocó a un paro indefinido que solamente afectó a dos departamentos: Santa Cruz y Potosí.

Lamentablemente, frente a discursos incendiarios, se vieron nuevamente actos de racismo y discriminación, hordas de Comcipo atacaron a los campesinos que solamente buscaban participar en el aniversario del departamento potosino, pero fueron agredidos.

En Santa Cruz, en algunas zonas como el Plan Tres Mil, se agredió a vendedores y gremialistas que decidieron trabajar y no acatar las medidas de protesta, todo bajo el brazo operativo violento que es la Unión Juvenil Cruceñista.

Las amenazas se escucharon en discursos como del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien utilizó palabras como “tumbar” al gobierno o repetir fórmulas que se utilizaron en el golpe contra la democracia de 2019, esto de manera abierta y descarada incitando a los grupos minoritarios a hacer caso de este llamado.

Sin embargo, poco a poco, los propios gremialistas de dieron cuenta de que trataron de utilizarlos, ya que detrás de ese pedido de abrogar una normativa hoy se pueden ver otros elementos, como el pedido de que las normas pasen por la aprobación de los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El objetivo es frenar el desarrollo del país desde la misma Asamblea, donde se formulan las leyes que buscan impulsar el país; pero con el pedido de los dos tercios sólo se frenarán las normas, ya que la oposición, como lo mostró, solamente protagoniza sesiones bochornosas y hasta la fecha no propuso absolutamente nada.

Cabe recordar que Luis Arce fue elegido con más del 55,1% de los votos de los bolivianos que en octubre del año pasado dieron un claro mensaje a estos grupos: Queremos salir adelante, lo que ahora se traduce en un pueblo que mostró que no dejará que se repitan los hechos de 2019 y luchará por conservar la democracia, ya que la mayoría ya habló en las urnas.