Ahora El Pueblo y ABI.- La Ley 1386 aprueba la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo y no afecta a los transportistas, comerciantes, trabajadores por cuenta propia ni otros.
Esta ley, aprobada en agosto de este año, responde al cumplimiento de un compromiso del Estado boliviano en el ámbito internacional con las Naciones Unidas (NNUU), con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otros, en materia de prevención y lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.
“Hay que puntualizar que esta norma no afecta a los hermanos transportistas, de ninguna manera, a los pequeños comerciantes ni al sector gremial en su conjunto”, afirmó el viceministro de Transporte, Israel Ticona, en entrevista con Bolivia TV.
Calificó de “tendenciosas y maliciosas” las aseveraciones de los sectores de oposición, cuando señalan que esta norma tiene una finalidad de persecución política.
“Como Gobierno rechazamos aquellas declaraciones (vertidas) por los representantes de la oposición que solamente tienen un interés político. Ignoran que la verdadera necesidad de esta ley (1386) responde al cumplimiento de un compromiso del Estado en el ámbito internacional como es las Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional, entre otros”, explicó la autoridad.
Reglamento y socialización de la norma
El viceministro Ticona señaló que la Ley 1386 será reglamentada en coordinación con todos los sectores sociales, como transportistas y gremiales.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, la reglamentación será puesta a consideración del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo (Conal), en coordinación con las carteras de Estado que conforman dicha instancia.
Ticona dijo que el Gobierno inició en los nueve departamentos la socialización de la norma con la finalidad de aclarar las dudas que puedan surgir sobre lo establecido en la ley y evitar su manipulación con objetivos políticos “que sólo pretenden desestabilizar, en este caso, a un Gobierno legal y legítimamente electo en democracia”.
Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, recordó ayer en conferencia de prensa que el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, hizo la invitación para que los sectores acudan a la Asamblea Legislativa para plantear sus sugerencias o solicitudes de cambio de la Ley 1386; sin embargo “hasta ahora no han enviado ese tipo de sugerencias y solicitudes”.
En ese marco, la autoridad indicó que el diálogo está abierto para que dichos sectores puedan presentar sus propuestas de ajustes a la norma que establece la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.
Frentes de ataque
El anexo de la Ley 1386 menciona que como parte de este esfuerzo permanente de fortalecer el sistema nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, y a efectos de continuar con dicho proceso de una manera sistematizada, integrando esfuerzos de Órganos y entidades del Estado, se desarrolló la presente estrategia nacional con un enfoque multidimensional que significa encarar esta problemática desde tres frentes de ataque: 1) la prevención; 2) la detección e inteligencia; y 3) la represión y justicia penal, incluyendo la consideración de asuntos de carácter transversal, con lo que estratégicamente se cubre de manera íntegra todas las áreas de acción.
DIEZ CLAVES PARA ENTENDER LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS
¿CUÁNDO FUE APROBADA LA LEY 1386 Y CUÁL ES SU OBJETIVO?
Fue aprobada en agosto del presente año por el Gobierno. Tiene el objetivo de prevenir y luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas que podrían generar efectos negativos a la estabilidad económica y reputación de Bolivia.
¿EL CONTENIDO DE LA NORMA?
Consta de siete artículos, disposiciones (adicional, final, abrogatoria y derogatoria) y anexo.
¿AFECTA A ALGÚN SECTOR SOCIAL INFORMAL?
Esta normativa no afecta a los transportistas, pequeños comerciantes ni al sector gremial. Al contrario, esta ley es preventiva, considerando que define las principales directrices en cuanto a la lucha contra las ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.
¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN SU REGLAMENTACIÓN?
Será reglamentada en coordinación con los sectores sociales, como por ejemplo gremiales, transportistas, entre otros, con la finalidad de definir las tareas a ser ejecutadas dentro de la estrategia; es decir, se delimitarán plazos, uso de herramientas y metodologías, entre otras, para la ejecución de la citada norma.
Las reglamentaciones serán puestas a consideración del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo (Conal), en coordinación con las carteras de Estado que conforman dicha instancia.
¿QUÉ ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LA LEY?
El artículo cuarto sobre el seguimiento y monitoreo señala: “La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) deberá efectuar el seguimiento y monitoreo de las acciones previstas en la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo y reportar al Conal para fines de evaluación de su ejecución. Para tal efecto, las entidades involucradas en la ejecución de acciones deberán reportar los avances y proveer a la UIF, la información que sea requerida por esta entidad”.
Es importante recordar que las atribuciones de la UIF fueron establecidas el 31 de julio de 1997, mediante el decreto reglamentario, el cual dispone, entre otras acciones: recibir y pedir de los “sujetos obligados” los reportes de actividades sospechosas; recabar información pública o confidencial de cualquier organismo de registro público. Estas atribuciones ya se encuentran vigentes hace más de dos décadas, por tanto no son nuevas.
El artículo sexto referido al financiamiento indica: “La Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, deberá ser financiada al interior del presupuesto de las entidades públicas involucradas, en el marco de sus atribuciones establecidas por norma”.
“De manera excepcional, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de acuerdo a disponibilidad financiera del Tesoro General de la Nación (TGN), podrá asignar recursos para la ejecución de la mencionada Estrategia”.
¿QUIÉNES SON LOS “SUJETOS OBLIGADOS”?
Son los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones financieras de desarrollo, entidades financieras de vivienda, entidades de arrendamiento financiero, almacenes generales de depósitos, casas de cambio, remesadoras de dinero, compañías de seguro, corredores de seguro, agencias de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión, empresas transportadoras de dinero y/o valores, entidades de titularización del mercado de valores, burós de información crediticia, notarios de fe pública, juegos de azar y casino.
¿CUÁLES SON LOS ALCANCES Y PROPÓSITOS DE LA ESTRATEGIA?
De acuerdo con el anexo:
La Estrategia Nacional de Lucha Contra la LGI/FT también está concebida con la finalidad de integrar, organizar y coordinar los esfuerzos de todas las entidades involucradas en el combate de las actividades delictivas de LGI/FT a efectos de generar sinergias que permitan potenciar y hacer más eficaz el combate de estos delitos.
En el ámbito de la prevención, la Estrategia busca el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control interno con los que operan los “sujetos obligados”, como también de la vigilancia de otras actividades y unidades económicas expuestas a riesgos de LGI/FT; y, del ejercicio de la capacidad supervisora y sancionadora a nivel administrativo; entre otros.
Respecto a la detección e inteligencia, la estrategia prevé el mejoramiento de las disposiciones regulatorias y condiciones institucionales para incrementar cuantitativa y cualitativamente la capacidad de identificación y procesamiento analítico de operaciones relacionadas a la LGI/FT, a partir de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), resultados de análisis estratégicos y de inteligencia financiera.
En cuanto a la represión y justicia penal, que constituye otro de los componentes estratégicos de la lucha contra la LGI/FT, la presente estrategia nacional plantea entre los propósitos relevantes, la consolidación de procesos de especialización de actores personas e instancias institucionales que tienen un rol fundamental en el proceso de investigación y juzgamiento penal de las actividades delictivas de LGI/FT.
Finalmente, en búsqueda de la máxima efectividad del combate a la LGI/FT, la estrategia también contempla un frente de ataque orientado a resolver vulnerabilidades que no son específicamente del ámbito de la prevención, detección o represión y justicia penal, sino que son transversales a dichas áreas estratégicas de acción.
¿CUÁL ES LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL?
Su misión es fortalecer la institucionalidad de lucha contra la LGI/FT del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de enfrentar de manera más efectiva la grave amenaza que representan estos delitos y controlar sus efectos corrosivos sobre la integridad y estabilidad del Estado, sus instituciones, el sistema financiero nacional, la economía y sociedad civil en general.
Su visión es que el Estado Plurinacional de Bolivia cuente con un sólido régimen de protección contra las actividades delictivas de LGI/FT, que funciona con una visión de política de Estado de seguridad ciudadana, fundada en una institucionalidad de disposiciones legales y entidades efectivas; y, que integra esfuerzos que permiten prevenir y reprimir eficazmente dichas actividades delictivas.
¿SE SOCIALIZA LA LEY?
Sí. El Gobierno lleva adelante una campaña de socialización con los gremialistas, comerciantes, transportistas y otros sectores con el objetivo de evitar malas interpretaciones sobre la norma e impedir la manipulación de la misma.
¿SE APLICA EN OTROS PAÍSES?
Sí. Esta estrategia de control financiero se aplica en todos los países, por lo que la ley obliga a las personas a declarar y transparentar sus transacciones económicas.
¿Ley 1386? El pretexto para otros fines
En uno de sus discursos, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, invocó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a sumarse al pueblo, como lo hiciera el 2 de noviembre de 2019 su antecesor Luis Fernando Camacho, hoy gobernador de Santa Cruz, cuando lideraba las protestas que terminaron con el derrocamiento del presidente Evo Morales.
“Libertad y democracia” es la premisa, como si el país no viviera bajo esos derechos. Tal como ocurrió también en 2019.
Calvo ya había liderado protestas fallidas el año pasado, cuando denunció que hubo fraude en la elección de Luis Arce. Ahora encontró motivo suficiente para intentar convulsionar el país con el argumento de “leyes malditas” o “paquete de leyes”, en referencia a la Ley 1286 y el proyecto de Ley 342, de Estrategia de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.
Hay mucha especulación: que violenta las autonomías, que irrumpe los presupuestos locales, que viola la información personal, que apunta a la expropiación de propiedades, que busca afectar los negocios de los comerciantes… Mucha desinformación, a pesar de que el Gobierno —más de allá de su incapacidad de concertación y comunicación— se ha esforzado sin éxito en explicar su espíritu real.
¿Importará esa explicación a Calvo y compañía? Me temo que no; hace rato va porfiando contra el presidente Luis Arce, al punto de desacreditarlo como mandatario electo en urnas y hasta calificarlo de dictador.
Ellos tienen otros fines, y esos fines contradicen lo que pregonan: la convivencia democrática y el respeto a los resultados electorales de 2020.
Calvo y compañía se basan en información falsa para posicionar su “lucha” (dijo en reiteradas ocasiones que éste es su tercer round o su última oportunidad para buscar libertad y democracia). Han sembrado dudas sobre esas normas y ahora se justifican en algo que los medios “serios” posicionaron la semana pasada con base en rumores en redes sociales, a pesar de la aclaración de parte del Ejército Nacional: las Fuerzas Armadas están “acuarteladas” para reprimir el paro de los gremialistas, que por eso movilizaron tropas y armamento en los últimos días.
Esta idea es bien aprovechada también por el gobernador Camacho, que ante la aclaración dijo que “no es habitual este desplazamiento de tropas en democracia”.
¿Camacho hablando de democracia? ¿Camacho hablando del papel real de las Fuerzas Armadas? Doble rasero.
¡Camacho invocó a los militares en 2019 para derrocar a Morales! Él mismo admitió que su padre “cerró” con los militares durante el paro que propició en 2019. Él mismo usó a la Policía para sus fines, cuyo motín terminó quebrando la institucionalidad.
¡Calvo también invoca a los militares! “A los militares que están encuartelados, decirles: maldito sea el militar que empuñe un arma contra su pueblo”, dijo el lunes, cuando pidió su “protección”.
No es la ley la que lo mueve. Ya dijo en agosto reciente que sabe el camino para derrocar gobiernos. Tenemos la “receta para tumbar a un dictador”, dijo en alusión a Arce, apenas un año en el poder luego de su victoria democrática del año pasado.
Lo están viendo los bolivianos, algunos con mucha complacencia y complicidad, como si hiciera las cosas de forma sana y apegada a la democracia, como si no fuera racista y discriminador (acuérdense de lo “bestias salvajes” que son los campesinos o “cuervos” y “malagradecidos” los residentes de otras regiones en Santa Cruz).
Sus huestes otra vez golpean las puertas de los cuarteles. Hace dos noches que se apuestan en las afueras de la Policía de Santa Cruz para invocarla y rezar, como también hicieran vigilias una semana después de la victoria de Arce en 2020, cuando pedían el gobierno de una “junta militar”.
Ya aprendimos la lección, ya sabemos el libreto. No es democrático lo que hacen, buscan convulsionar el país para sus fines, con el pretexto de cualquier cosa. Y vean cómo se agazapan estos días algunos líderes políticos. Ajenos. Repudiable.
Rubén Atahuichi es periodista.
https://www.la-razon.com/voces/2021/11/10/ley-1386-el-pretexto-para-otros-fines/
Debe estar conectado para enviar un comentario.