Por Miguel Gómez / LA RAZON.- La extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada se encuentra en la congeladora, una decisión que depende del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se la cataloga una misión casi imposible. Eso sí, es más factible la apertura de un segundo proceso contra el expresidente en Estados Unidos, por el delito de asesinato culposo.
El exmandatario (1993-1997 y 2002-2003) fugó un día como ayer, el 17 de octubre de 2003, acorralado por los pedidos de renuncia tras la masacre de más de medio centenar de personas (saldo que subió a más de 70 muertos en los siguientes años), en las protestas de rechazo a la propuesta para exportar gas mediante un puerto de Chile.
Escapó del país junto a su lugarteniente, el exministro Carlos Sánchez Berzaín, con destino a Estados Unidos, donde actualmente radican. Tienen cuentas pendientes con la Justicia boliviana, aunque víctimas de la llamada “guerra del gas” lograron que el empresario minero se siente en el banquillo de acusados en Florida.
Peregrinaje en la Justicia
Tras un peregrinaje judicial, y con el asesoramiento del abogado estadounidense Thomas Becker, consiguieron instalar un proceso civil por el delito de ejecuciones extrajudiciales. Solo falta que el juez defina la última apelación de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín ante el fallo que ordenó una reparación de $us 10 millones.
“Formalmente nosotros ganamos el juicio, está registrado que ellos son responsables por violación de derechos humanos, por ejecuciones extrajudiciales. Pero todos los que pierden un caso en Estados Unidos tienen el derecho a apelar, Goni ya lo hizo, estamos en una pelea legal de apelación sobre nuestra victoria”, dijo Becker.
Se espera que el veredicto final se conozca el siguiente año. Y aparte hay la posibilidad de otro juicio. “El juez o la Corte de Apelaciones nos ofreció un caso más para otro cargo, asesinato culposo, entonces es posible que tengamos dos casos. Podemos continuar con otro para que las víctimas puedan ganar dos veces”.
En territorio boliviano, Sánchez de Lozada y varios de sus ministros no pudieron ser juzgados hasta el momento, precisamente porque huyeron a otras naciones. Solo avanzó un juicio de responsabilidades con siete sentenciados, en octubre de 2011, tras 325 declaraciones testificales, 1.364 pruebas documentales y 308 periciales.
Para que el proceso corra, tuvo que desvirtuarse el mito del foco subversivo que pregonaba Sánchez Berzaín. El fallo determinó tres años de presidio en la cárcel de San Roque de Sucre para los exministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, por ser cómplices de genocidio, quienes se acogieron a la suspensión condicional de la pena.
Mientras que los generales Roberto Claros, excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; Gonzalo Rocabado, excomandante en Jefe Accidental de las Fuerzas Armadas; Juan Véliz, excomandante del Ejército; José Quiroga, excomandante de la Fuerza Aérea y Luis Aranda, exjefe de la Fuerza Naval, recibieron entre 10 y 15 años de condena.
Para Becker, es una misión muy difícil que Bolivia consiga la extradición de Sánchez de Lozada, sobre todo por su edad: 91 años. Eso sí, considera que es más factible que Estados Unidos asuma esa medida contra Sánchez Berzaín, quien tiene 62 años e inclusive cometió “varias mentiras en su aplicación de asilo”.
Por ahora, el expresidente continúa con el tira y afloja para conseguir impunidad, tanto en Estados Unidos como en Bolivia. Mientras su aliado incondicional, Sánchez Berzaín, paradójicamente dirige el Instituto Interamericano para la Democracia. A 18 años de la masacre de octubre de 2003, las víctimas y familiares continúan pidiendo justicia.
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