AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (ABI).- Los dirigentes gremiales Francisco Figueroa y Jesús Cahuana, el líder de los cooperativistas mineros, Bruno Arguedas, y el abogado William Bascopé se oponen al Proyecto de Ley “Contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales”, porque estuvieron de la mano del gobierno de facto de Jeanine Áñez.
En el caso de Figueroa, fue militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), amigo de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, además de que llegó a ser diputado suplente por Unidad Cívica Solidaridad (UCS). En su trayectoria como dirigente, el gremial consiguió aplazar varias veces el pago de créditos de su sector con amenazas de paros y movilizando a sus afiliados.
Sin embargo, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García, informó en enero de 2021 que su sector no acataría un paro convocado por dirigentes del transporte público.
Por otro lado, los trabajadores gremiales de base desconocieron la representación de Figueroa, quien se perpetuó en el cargo desde 1994 y sólo defiende sus intereses personales en desmedro de la mayoría.
Según publicaciones, Figueroa ha establecido una camarilla junto a otros importantes gremiales que han podido establecer influencia sobre el sector, pero que no conlleva una representación total, sino parcial.
Por otra parte, después de que fuera diputado por el MNR, estuvo siempre al lado de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros dirigentes de base y no fue observado por ninguno de ellos.
Se dice también que es aliado de Luis Fernando Camacho, junto a “Toño” Siñani, dirigente principal de la Federación de Comerciantes Minoristas del Distrito 6 de El Alto.
Hasta 2006 fue dirigente, pero después de un congreso salió elegido Braulio Rocha en Oruro y Figueroa fue desconocido por el sector y fue expulsado varias veces desde ese ampliado, porque no tiene representatividad.
El expresidente Evo Morales no quiso negociar nada con él porque su modo de operación está basado en la extorsión.
Es Oriundo de Tarija, pero no vende nada en la actualidad y se dedica a defender a los gremiales mayoristas y contrabandistas que financian sus actividades.
Por su lado, el dirigente gremial de Santa Cruz, Jesús Cahuana, es exconcejal y actual aliado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue aliado del líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y de la exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, para crear dirigencias paralelas en la ciudad de El Alto.
Siempre fue contrario al Movimiento Al Socialismo (MAS) y estuvo de la mano con el gobierno de facto de Jeanine Añez y el exministro de Gobierno, Arturo Murillo. En 2019, estuvo constantemente reunido con Camacho.
A su turno, el abogado Williams Bascopé fue candidato a primer diputado plurinominal por La Paz por “Juntos”, que era la agrupación política de la expresidenta de facto Jeanine Áñez.
Se trata de una persona que no repara en medio alguno para lograr sus fines, satisfacer su ego y apetito por el poder, por lo que no por nada coqueteó con diferentes frentes políticos de diferentes raíces ideológico políticas, pues además de su postulación junto a Áñez (derecha) ahora es cercano a Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa. Tiene varios artículos suyos marcadamente contra el Movimiento Al Socialismo en dos portales:
https://rimaypampa.org/tag/williams-jose-bascope-laruta/ y
https://inmediaciones.org/category/williams-bascope-laruta/
Hace varias semanas aparece en numerosos medios de comunicación como “abogado constitucionalista” y “analista” y es un furibundo detractor de la futura Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.
Afirma que el instrumento legal es copia de una norma de Venezuela, que afectará a todos los bolivianos de diferentes rubros y profesiones, que 25 de sus 59 artículos son inconstitucionales y que los sectores sociales temen ser investigados por su actividad informal.
Hace varios meses, busca cobrar protagonismo mediático y en redes sociales, e incluso en 2019 apareció ya como acérrimo opositor al gobierno de Evo Morales.
En el mismo bando está el vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Braulio Arguedas Arancibia, que fue militante del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y acusado en numerosas oportunidades de recibir recursos económicos para reconocer a incipientes cooperativas del país.
Arguedas utiliza un casco de cooperativista minero, pero nunca fue trabajador del subsuelo. El casco le fue entregado por los cooperativistas auríferos de La Paz en un congreso y desde ahí no se lo saca para aparentar que es minero.
Varios dirigentes de la Concobol apoyaron la gestión de la presidente de facto Jeanine Áñez, como puede corroborarse en el sitio https://www.vozdeamerica.com/a/bolivia-gobierno-interino-apoyo/5191167.html.
Ratifican en Bolivia licitud de proyecto de ley en discusión
LA EPOCA/ABI.- El proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo busca combatir los ingresos ilícitos y el crimen organizado, aseguró hoy el ministro boliviano de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.
En entrevista con una televisora local, el titular descartó que esta medida, aún en discusión por las autoridades, afecte a los sectores populares y mucho menos al sector informal.
De ninguna manera el ‘nivel de informalidad’ existente en el país constituye objeto de sanción mediante esta futura ley, afirmó el ministro, y subrayó que la misma está dirigida contra el narcotráfico, tráfico de armas y el crimen organizado, no contra la economía informal.
Lima denunció la existencia de ‘una grave distorsión’ sobre el mencionado proyecto de ley, el cual, dijo, está ahora en discusión en la Comisión de Constitución del Senado.
Aclaró que su análisis fue suspendido para ponerlo a debate en diferentes sectores y evitar continúe deformándose.
También la viceministra boliviana de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, declaró que la mencionada normativa está a tono con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
Comentó que sus principios cumplen con los estándares implementados por otros países y mencionó el ‘Sujeto Obligado’ practicado en Bolivia, México y Chile, con los mismos parámetros.
Espinoza explicó que el primer propósito del proyecto de ley es unificar las disposiciones referidas a la legitimación de las ganancias ilícitas e incorporar aspectos no recogidos en las 40 recomendaciones del Gafi.
Nosotros no estamos yendo en contra de lo que establece nuestra Constitución, enfatizó en declaraciones publicadas por la Agencia Boliviana de Información.
Este lunes, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que el mes próximo Bolivia se someterá a la evaluación del Gafi y advirtió que si el país no logra la certificación será la economía la que pague ‘los platos rotos’.
La UIF no tiene ni tendrá la facultad de aplicar procesos en el ámbito judicial
Las normas de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no sólo se emplean en Bolivia, sino de todos los países del mundo.
DIARIO AHORA EL PUEBLO.- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) no tiene ni tendrá la facultad de aplicar procesos en el ámbito judicial en materia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, informó la directora general ejecutiva de la institución, Ana María Morales.
Explicó que la UIF ejecuta un análisis financiero en el ámbito administrativo con la finalidad de que los resultados de ese trabajo sean transmitidos a las autoridades competentes encargadas de la investigación y procesamiento de cualquier delito, como la Policía, el Ministerio Público, en el marco de lo establecido en el Código Penal.
Añadió que nadie puede ejecutar un allanamiento o pesquisa si no son las autoridades establecidas por ley, en el marco de las garantías que establecen las normas, por lo cual la UIF “jamás podrá realizar este tipo de actividades”.
“La UIF no tiene la facultad ni antes, ni ahora, ni la va a tener después de hacer procesamientos en el ámbito judicial”, manifestó Morales en entrevista con la red Unitel.
En este sentido, la autoridad sostuvo que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, que se encuentra en proceso de socialización con los sectores sociales, será un instrumento importante para mostrar a Bolivia como un país confiable ante el mundo, tomando en cuenta que en noviembre de este año será sometido a una evaluación por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de su organismo para América Latina (Gafilat).
Dijo que esta norma de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no sólo la debe tener Bolivia, sino que actualmente la tienen todos los países del mundo.
En una conferencia de prensa en Santa Cruz, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, mencionó que el proyecto de ley cumple con las 40 recomendaciones que establece el Gafilat.
“Nuestro proyecto de ley cumple con las recomendaciones que también cumplen otros países y que ya figuran en sus normas”, apuntó la autoridad.
Advirtió que si el Estado Plurinacional de Bolivia no aprueba la evaluación del Gafilat, corre el riesgo de volver a la lista gris o negra, lo cual sería un perjuicio para la economía nacional.
Espinoza también aclaró que la propuesta de ley no es una copia de la norma venezolana, como afirman algunos sectores de la oposición política.
Evaluación y situación del país ante el mundo
El proyecto de ley contra ganancias ilícitas será un instrumento importante para mostrar a Bolivia como un país confiable ante el mundo.
En noviembre de este año, el país será sometido a una evaluación por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Si Bolivia no aprueba la evaluación,corre el riesgo de volver a la lista gris o negra del GAFI, lo cual sería un perjuicio para la economía nacional.
Gobierno afirma que el proyecto de ley contra ganancias ilícitas cumple recomendaciones internacionales
La Viceministra de Pensiones hizo esta aclaración ante declaraciones “falsas” de una exasambleísta, quien indicó que este proyecto de ley es una copia de la “Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo” de Venezuela.
DIARIO DIGITAL OXIGENO.- La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaró este miércoles que el proyecto de Ley Contra la legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo cumple las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), recomendaciones que otros países también incluyen en su legislación.
“Nuestra normativa y proyecto de ley cumple con las recomendaciones que cumplen otros países y que ya han incluido en sus leyes respectivas”, dijo la autoridad en rueda de prensa en Santa Cruz.
La viceministra hizo esta aclaración ante declaraciones “falsas” de una exasambleísta, quien indicó que ese proyecto de ley sería una copia de la “Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo” de Venezuela.
“Tenemos que desmentir de forma categórica esta aseveración que se ha hecho porque demuestra en primer lugar un desconocimiento sobre lo que son las leyes de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva en cumplimiento de países que no estamos hablando solamente de países de Latinoamérica sino a nivel mundial”, sostuvo.
Explicó que ese proyecto de ley cumple con estándares que deben tener todos los países como el caso del “Sujeto Obligado” que se da tanto en Bolivia, México y Chile, con los mismos parámetros.
“En este sentido, nosotros aclaramos que nuestra ley tiene por objeto primero unificar lo que ya son disposiciones existentes en cuanto a Legitimación de Ganancias Ilícitas; y, segundo, en aquellos casos, y eso quiero aclarar, que no tuviéramos esta normativa estamos incorporando aspectos que están en las 40 recomendaciones (del Gafi)”, sostuvo.
Señaló que ese proyecto de ley tiene la finalidad de investigar dineros obtenidos de delitos como narcotráfico, trata y tráfico de personas, venta de órganos, que realmente dañan a la sociedad, por lo tanto la norma no afecta a sectores como gremiales, transportistas, entre otros que generan ingresos al día.
“Nosotros no estamos yendo en contra de lo que establece nuestra Constitución y no estamos tampoco incorporando aspectos más allá de los que ya se encuentran en nuestro marco normativo y estamos incorporando aquellos aspectos que nos pide el Gafi en el caso de las 40 recomendaciones”, agregó.
Cabe recordar que los cívicos advirtieron con realizar un paro de 48 horas en caso de que el Gobierno no anule el proyecto de Ley.
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