Camacho, Mesa, Tuto y cívicos piden liberar a Añez y dejar sin castigo las masacres de Sacaba y Senkata

Por Carlos Corz /LA RAZON.- Los cívicos, políticos oposición y plataformas decidieron sumarse al paro nacional convocado por los gremiales para el 11 de octubre como parte de una serie de protestas en contra del Gobierno de Luis Arce para “evitar consolidar una dictadora o retorno de dictadores”. Además, crearon el denominado Nuevo bloque de unidad por la libertad y la democracia.

Los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga; el gobernador cruceño, Luso Fernando Camacho; Carolina Ribera, hija de la expresidente Jeanine Áñez; representaciones cívicas, de plataformas ciudadanas y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) participaron en Santa Cruz de la llamada cumbre por la democracia que se había convocado en una cita de cívicos en Potosí.

El presidente cívico cruceño Rómulo Calvo presidió la reunión en la que al final se leyó un documento con una serie de demandas como la libertad de Áñez, encarcelada por el caso golpe de Estado, restitución de los policías dados de baja por el motín de 2019, cese de la persecución a la Resistencia Juvenil Cochala y libertad para “los perseguidos políticos”.

Además, demandaron la anulación de la ley de Emergencia Sanitaria, de Creación del Registro de Comercio y de Ascensos al generalato en la Policía. También exigen dejar el tratamiento del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas.

Justamente por esa exigencia decidieron sumarse al paro nacional convocado por los gremiales para el 11 de octubre.

También exigen la renovación de autoridades judiciales y fiscales, como de la Defensoría del Pueblo. Demandaron se respete el mandato del gobernador Camacho, de los alcaldes de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y de La Paz, Iván Arias, ambos con procesos penales, Reyes Villa con sentencia ejecutoriada suspendida.

“Para alcanzar esto se organizarán y apoyarán todas las manifestaciones, huelgas, marchas y otras medidas que busquen la reivindicación de la libertad de los derechos de los bolivianos garantizando la unidad, los intereses nacionales y de todos los departamentos”, determinaron.

La decisión se toma a horas de la citación a Camacho para que declara en La Paz por el caso golpe de Estado.

Los que participaron de la cita se aglutinarán en lo que llamaron Nuevo bloque de unidad por la libertad y la democracia frente a los intentos de arrebatar derechos.

Cumbre opositora ratifica paro, pide cesar la “persecución” a autoridades subnacionales y exige liberar a Añez

En concreto, la cumbre opositora abogó por el cese de la «persecución» contra el alcalde de La Paz, Ivpan Arias; el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Diario digital OXIGENO /LA PAZ.- La «cumbre por la democracia» que se desarrolló en Santa Cruz este lunes y que reunió a cívicos y opositores, ratificó el paro cívico para el 11 de octubre, pidió al Gobierno cesar la “persecución” contra autoridades subnacionales que no son del MAS y exigió la liberación de la expresidenta Jeanine Añez.

En concreto, la cumbre opositora abogó por el cese de la persecución contra el alcalde de La Paz, Ivpan Arias; el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“Exigir al Gobierno nacional que cese la persecución política judicial para defenestrar al gobernador de Santa Cruz, a los alcaldes de La Paz y Cochabamba, y a cualquier otra autoridad subnacional investida por el voto popular”, señala la Resolución leída por el líder cívico cruceño, Rómulo Calvo.

También urgió la liberación de la expresidenta Jeanine Añez, procesada por el caso «golpe de Estado I» y «golpe de Estado II». En la cita estaba presente Carolina Ribera, su hija.

Además, los opositores también pidieron acabar con los procesos contra policías y militares por los hechos del 2019 y también dieron su apoyo a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), grupo calificado como “paramilitar” por el Gobierno.

Según el reporte de Página Siete, algunas de las conclusiones del encuentro fueron:

  • Exigir al Gobierno nacional que cese la persecución política judicial en el caso del falso “golpe de Estado” y se dé libertad a los presos políticos, que cese la vulneración de derechos mediante el Órgano Judicial y la Fiscalía.
  • Exigir al Gobierno nacional que cese la persecución política judicial para defenestrar al gobernador de Santa Cruz y a los alcaldes de La Paz y Cochabamba y cualquier otra autoridad subnacional elegida por el voto popular.
  • Que cese la persecución a policías y militares y no permitir se les siga dando de baja restituyendo a quienes los apartaron.
  • Que cese la persecución a los jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala, así como su estigmatización.
  • Exigir la liberación inmediata de la expresidenta Jeanine Añez, a quien le han vulnerado sus derechos humanos desde el principio de su detención y la liberación de todos los presos políticos.
  • Promover acciones ciudadanas exigiendo la renovación de las altas autoridades de la Fiscalía y del Órgano Judicial con la incorporación de nuevas autoridades independientes y probas con participación de la sociedad civil organizada en la calificación de sus méritos.
  • Exigir al Gobierno nacional la renovación inmediata de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo.
  • El Gobierno nacional deberá respetar sin óbice alguno las determinaciones, competencias y atribuciones de los gobiernos departamentales.
  • Exigir al Gobierno nacional que cese definitivamente el tratamiento legislativo del proyecto de ley Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas, sin que la ley pueda ser nuevamente puesta en consideración.
  • Abrogación de las leyes de Emergencia Sanitaria, de Registro de Comercio, de Ascensos Policiales por ser las mismas inconstitucionales y vulneradoras de los derechos y garantías de los bolivianos.
  • Exigir al Gobierno nacional una concertación previa de los anteproyectos de ley de Derechos Reales y de Ascensos de Militares. Para garantizar el tratamiento legislativo, deberán restituirse los dos tercios.
  • Exigir a los cuatro poderes del Estado que atienda las demandas y exigencias de la marcha de los pueblos de la Amazonía, Oriente y Chaco boliviano.
  • Exigir al Gobierno nacional se respete a los productores legales de la hoja de coca de los Yungas, debiendo cesar la represión policial contra los representantes y miembros legítimos de Adepcoca.

Por Iván Alejandro Paredes /EL DEBER/ Santa Cruz.- La “Cumbre por la Democracia” emitió anoche una resolución de siete puntos entre los que se destaca una férrea defensa al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez y el rechazo a seis leyes impulsadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS). En el encuentro también pidieron atención a las demandas de la marcha indígena y la restitución de policías que fueron dados de baja por su participación en los conflictos de 2019.

En una de sus resoluciones, los asistentes a la cumbre definieron sumarse al paro del 11 de octubre, que ha sido convocado por los gremialistas en contra de la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas.

El encuentro fue desarrollado en instalaciones del Comité pro Santa Cruz, donde llegaron varias personalidades del ámbito político, social y cívicos del país. Participaron los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez; Rafael Quispe, en representación del alcalde de La Paz, Iván Arias; los legisladores Rodrigo Paz, Erwin Bazán y Miguel Roca; el ejecutivo de los gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa; y organizaciones como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), la Resistencia Juvenil Cochala (RJC); iglesias evangélicas; plataformas ciudadanas y transporte pesado, entre otros sectores.

Los primeros en hablar fueron los políticos. Lo hizo el senador Paz, quien explicó la situación de las leyes a las que se las cuestiona de vulnerar derechos y que son auspiciadas por el MAS. Luego habló Carlos Mesa, quien cuestionó a la justicia de estar sometidas al Órgano Ejecutivo. Quiroga dijo que Bolivia va en camino de tener el modelo cubano y venezolano y tildó de “títere servil” al presidente Luis Arce por estar sometido -dijo- a las decisiones del exmandatario Evo Morales.

“Podemos denominar que Bolivia está yendo hacia un Estado policiaco, tratando de dar súper poder al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público, a la Unidad de Investigaciones Financieras y de dudar de todo mundo, sin respetar la presunción de inocencia”, afirmó Mesa, al referirse al proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que pretende aprobar el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dirigió el encuentro. En la testera estaba Manuel Morales, representante del Conade, quien llamó a la unidad y a la conformación de un bloque único para realizar las protestas contra el Gobierno.

El diputado Roca admitió que La Paz es una plaza difícil para realizar movilizaciones contra el MAS, pero dijo que no es imposible realizarlo, por lo que sugirió que gremiales encabecen las medidas del 10 y 11 de octubre.

Este encuentro fue convocado el viernes pasado en la ciudad de Potosí luego de una reunión del Movimiento Cívico Nacional, donde se determinaron cuatro puntos, entre ellos la cumbre realizada ayer. Luego de más de dos horas y media de debate se decidió paralizar las intervenciones y se llamó a un cuarto intermedio para redactar el documento de conclusiones de la cumbre.

Las resoluciones

Calvo leyó las siete resoluciones. Empezó exigiendo al Gobierno central el cese de la “persecución política-judicial” en el denominado caso golpe de Estado y también se pidió la paralización de la “vulneración de derechos” cometidos por la Fiscalía y el Órgano Judicial.

Luego ingresó al caso del gobernador Camacho y otras autoridades electas de oposición al oficialismo. “Exigir al Gobierno nacional que cese la persecución política-judicial para defenestrar al gobernador del departamento de Santa Cruz (Luis Fernando Camacho), a los alcaldes de La Paz (Iván Arias) y de Cochabamba (Manfred Reyes Villa) y a cualquier otra autoridad subnacional elegida por el voto popular”, fue el segundo punto del documento.

Luego, se exigió la restitución de policías que fueron dado de baja por participar de los conflictos de 2019 y también la liberación de policías y militares que están con detención preventiva por decisiones legales en el caso denominado golpe de Estado.

“Exigir la liberación inmediata de la expresidenta Jeanine Áñez, a quien le han vulnerado sus derechos humanos desde el principio de su detención y la liberación de todos los presos políticos”, es la resolución cuarta que se hace referencia a la liberación de la exmandataria, a quien le dictaron cinco meses más de detención preventiva en el penal de Miraflores de la ciudad de La Paz.

El otro punto se refiere a “promover acciones ciudadanas exigiendo la renovación de las altas autoridades de la Fiscalía y del Órgano Judicial con la incorporación de nuevas autoridades independientes y probas con la participación de la sociedad civil organizada en la calificación de sus méritos”. Luego se hizo similar exigencia con el cargo de la máxima representación de la Defensoría del Pueblo.

El tercer punto se refiere al rechazo del paquete de leyes que ya fueron aprobadas por el MAS y que algunas están en tratamiento. Se pidió la paralización del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales y que esta norma no pueda ser tomada en cuenta nuevamente.

“(Exigimos) la abrogación de las leyes de Emergencia Sanitaria, de Registro de Comercio y de ascensos policiales por ser las mismas inconstitucionales y vulneradoras de derechos y garantías para todos los bolivianos, además de instrumento de persecución para cualquiera que disienta con el gobierno central.

Luego se pidió concertación previa para el tratamiento de los anteproyectos de ley de Derechos Reales y de ascensos militares. “A estos efectos y para garantizar la legitimidad en el tratamiento legislativo de estos proyectos de ley, deberán restituirse los dos tercios en todos los artículos de los reglamentos de las dos cámaras en los que fueron suprimidos”, dice el documento aprobado ayer.

Sobre estas movilizaciones, el vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó que el movimiento cívico promueve un plan de desestabilización contra el gobierno de Luis Arce. Similar percepción la tiene el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien descartó que al menos la ley contra ganancias ilícitas sea paralizada.

El cuarto punto apoya a la marcha indígena y al movimiento cocalero de La Paz, el quinto exige unidad para enfrentar las movilizaciones contra el MAS, el sexto respalda a la activista Amparo Carvajal y el séptimo ratifica la participación del bloque en la marcha del 10 de octubre en la sede de Gobierno y el paro nacional convocado por los gremiales para el 11 de octubre.

El gobernador Camacho agradeció el respaldo de la cumbre y dijo que no tiene miedo ir preso tras su declaración el día jueves en la Fiscalía de La Paz.

Nuevo Jefe de las FFAA de Bolivia admite que en 2019 varios militares quebrantaron la Constitución y la Ley Orgánica de las FFAA

Fotos: Jorge Mamani

Diario AHORA EL PUEBLO.- El nuevo comandante en jefe accidental de las Fuerzas Armadas, general de División Augusto García Lara, comprometió el apoyo de la institución castrense con la justicia boliviana para esclarecer los hechos luctuosos en los que participaron los militares durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez, en 2019, ya que esas acciones quebrantaron la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la institución al asumir acciones personales.

“Luego de que se presentó el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la investigación de los actos de violencia y violaciones de derechos humanos en Bolivia, entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019, identificando plenamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en hechos que enlutaron las familias bolivianas, las Fuerzas Armadas colaborarán con la justicia de acuerdo con nuestras leyes, reglamentos y normas; ya que estas acciones quebrantaron la Constitución Política del Estado y la ley orgánica de las Fuerzas Armadas al asumir acciones de carácter personal”, señaló.

General Augusto García, comandante en jefe de las FFAA.

Junto con García, ayer también fueron posesionados en la Casa Grande del Pueblo el general de Brigada Aérea, Teófilo Medina, como jefe de Estado Mayor general accidental del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y el capitán de Navío, Francis Frank Salazar, en el cargo de comandante general accidental de la Armada.

DECRETO DE LA MUERTE

El 14 de noviembre de 2019, Jeanine Añez y su gabinete ministerial firmaron el Decreto Supremo 4078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas usar sus armas de fuego en contra de la gente que aún se movilizaba en rechazo al golpe de Estado que se concretó el 12 de ese mes, cuando la entonces senadora se autoproclamó presidenta del país.

En el decreto también indicaba que el personal militar estaba exento de responsabilidad penal cuando actúen en legítima defensa o estado de necesidad.

La intervención militar y policial dejó un saldo de al menos 38 fallecidos y más de un centenar de heridos en las masacres de Senkata, Sacaba, Montero, Huayllani, El Pedregal, entre otras zonas.

El GIEI, que investigó hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos de 2019, detectó graves violaciones a los Derechos Humanos y recomendó encarar el juzgamiento de todos los responsables.

El acto de posesión se desarrolló en la Casa Grande del Pueblo.

La Policía y Fuerzas Armadas usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas.

Cinco organizaciones internacionales y una entidad nacional denuncian que en el régimen de Jeanine Añez se produjeron masacres, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, uso desproporcionado e innecesario de la fuerza contra manifestantes desarmados y se detectó la presencia de grupos violentos paraestatales.

Cuando Añez se autoproclamó Presidenta, los militares le pusieron la banda presidencial y reafirmaron su apoyo, lo que demuestra que los jefes militares se dieron la vuelta para apoyar el golpe de Estado.

Las investigaciones por estos hechos establecieron diversas responsabilidades, es así que a la fecha 12 jefes militares de entonces están procesados por las muertes, heridos y su participación en el golpe.

SUBORDINACIÓN Y DISCIPLINA

En el acto de posesión, el presidente Luis Arce afirmó que las Fuerzas Armadas se constituyen en uno de los principales garantes del presente y futuro del país, y que su misión debe cumplirse las 24 horas del día y los 365 días del año, sin descanso, sin feriados ni pausas; con base en valores como la subordinación y disciplina.

Agregó que la ausencia de ambos valores en el Estado y la sociedad pueden reinar el caos y la incertidumbre, y los poderes más oscuros pueden hacerse del gobierno, como a finales de 2019.

“Hemos sido testigos de un episodio en el que faltó subordinación y disciplina, en noviembre de 2019 y durante 2020, cuando se produjo el quiebre del orden constitucional luego de 37 años de procesos democráticos ininterrumpido desde 1982”, expresó.

Luis Arce, presidente de Bolivia.

Remarcó que los “malos militares que participaron en el golpe de Estado de 2019” traicionaron la principal enseñanza de la institución castrense, que es el honor.

Arce recomendó a los militares acudir “como cualquier ciudadano común y corriente para defenderse ante la Justicia desde el llano sin hacer valer ningún cargo de nombramiento”, en el momento en que sean convocados “para responder por hechos relacionados a sucesos trágicos y luctuosos”.

El mandatario señaló que como Gobierno legítimamente constituido, en las elecciones de 2020, como autoridades electas por el pueblo, no se puede ignorar la exigencia de justicia de compatriotas que fueron duramente reprimidos por malos militares al servicio de autoridades ilegítimas.

“Ahora la justicia se encargará de ellos y exhortamos al Órgano Judicial a actuar con celeridad y garantizar los encausados en el debido proceso y dar la justicia que reclaman”, dijo.

Nuevas autoridades castrenses

Entre las tres nuevas autoridades castrenses posesionadas ayer por el presidente Luis Arce, se destaca la presencia del general de Brigada Aérea Teófilo Medina Zavala, un miembro de la comunidad afroboliviana.

En 2019, el presidente Evo Morales entregó bastones de mando, sables y espadas a los nuevos generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y entre los que ascendieron en esa ocasión al grado de General de Brigada Aérea se destacó Teófilo Medina Zavala.

Este militar es reconocido en la Fuerza Aérea por su desempeño y el profesionalismo en su carrera profesional.

El uniformado es también conocido en el ámbito periodístico puesto que, durante mucho tiempo, fue jefe de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Esta es la primera vez que un miembro de la comunidad afroboliviana ocupa un cargo tan alto en las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Desde joven mostró su inclinación por los aviones, es así que mientras cursaba el bachillerato  fue con dos de sus primos a la Fuerza Aérea.

“Ellos se inscribieron y luego me convencieron a pesar de que aún estaba en el colegio. Mi padre me dijo que si quería ser militar, debía ser de la Naval”, recordó.

Su papá estaba molesto cuando se enteró que quería ser parte de la Fuerza Aérea; sin embargo, el joven Teófilo Medina le prometió a su progenitor que con su ayuda volaría detrás de sus sueños, aunque sin su ayuda también se iría a estudiar.

Poco tiempo después, su papá le dio el dinero para ir detrás de sus sueños, eso hace 36 años.

A la par de la carrera militar decidió estudiar Comunicación Social y se le puso la condición de que si perdía una materia sería dado de baja.

Medina redobló esfuerzos y culminó la carrera como uno de los mejores estudiantes.

LOS 12 EXJEFES MILITARES PROCESADOS POR LAS MASACRES Y EL GOLPE DE ESTADO

Según una publicación de El Deber, esta es la lista de los 12 uniformados investigados por las masacres y el golpe de Estado de 2019.

1. Almirante Moisés Mejía, excomandante de la Armada. Es investigado por las muertes en las masacres de Senkata y Sacaba.

2. General Pablo Guerra, exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Es investigado por las muertes en las masacres de Senkata y Sacaba .

3. General Alfredo Cuéllar, exjefe del Estado Mayor. Es acusado por las operaciones en Sacaba (Cochabamba).

4. General Jorge Gonzalo Terceros Lara, excomandante de la Fuerza Aérea, en el caso denominado Golpe de Estado es investigado por los delitos de sedición e incumplimiento de deberes.

5. Coronel Luis Alberto Pacheco Montaño, excomandante de la Décima División de Ejército, acusado por la muerte de un campesino en Betanzos, Potosí.

6. Coronel Franz Vargas Gonzales, exjefe de un grupo táctico del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea de la Fuerza Aérea.

7. General Iván Inchauste, excomandante del Ejército, acusado por las muertes de Senkata y Sacaba.

8. Almirante Flavio Gustavo Arce, exjefe de Estado Mayor, en el caso denominado Golpe de Estado está acusado por los delitos de sedición e incumplimiento de deberes.

9. General Franco Orlando Suárez, excomandante de la División Mecanizada del Ejército, está acusado por las muertes de Senkata durante un operativo para sacar combustibles.

10. General Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada, excomandante de la Armada. En el caso Golpe de Estado es acusado por sedición.

11. General Luis Fernando Valverde. Forma parte del servicio pasivo y fue exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tuvo una importante participación en el operativo para el traslado de combustibles desde Senkata.

12. General Pastor Mendieta, excomandante del Ejército. Está acusado por los delitos de sedición e incumplimiento de deberes.

Branko Marinkovic, uno de los exministros de Añez, tiene cuentas en paraísos fiscales

Marinkovic fue uno de los colaboradores de la expresidenta de facto Jeanine Añez. (Foto: Archivo)

Diario AHORA EL PUEBLO.- La investigación denominada Pandora Papers reveló recientemente que el exministro Branko Marinkovic Jovicevic, el excónsul Pedro Jaime Valdivia y el extinto ministro Fernando Illanes figuran entre los aproximadamente 300 bolivianos con millones de dólares en paraísos fiscales.

El portal connectas.org indica que entre los implicados bolivianos figuran empresarios importadores y exportadores, reconocidas figuras del deporte, la moda y la belleza, hasta exfuncionarios públicos que, convirtieron, entre 1987 y 2018, a Islas Vírgenes y Panamá en sus paraísos fiscales favoritos.

Otros acudieron a Belice, Bahamas y Seychelles, pero en menor escala, aunque con igual importancia.

La página refiere que los investigadores de Pandora Papers analizaron 15 mil archivos relacionados con Bolivia, que son parte de los casi 12 millones que fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Los implicados

El cruceño Branko Goran Marinkovic Jovicevic es ingeniero electromecánico, economista, empresario y político.

Durante el gobierno de facto de Jeanine Añez fue ministro de Planificación del Desarrollo y también ministro de Economía y Finanzas.

También fue presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz entre 2007 y 2009.

Las operaciones de los involucrados ocurrieron entre 1987 y 2018.

En 2000 creó en Panamá, junto a cuatro miembros de su familia, una offshore, además está relacionado con otras cuatro offshore.

Pedro Jaime Valdivia fungió como cónsul de Bolivia en Sao Paulo, Brasil, durante el gobierno de Evo Morales.

“Registró en Panamá, gracias a los servicios del bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), Hines Finance Corporation dos años después de que asumiera como cónsul en 2006, y la cerró en 2014, dos años antes de ser relevado de este cargo. Es decir, la empresa permaneció abierta por seis años”, detalla la red ATB.

Fernando Illanes de la Riva, fallecido en mayo de este año, fue ministro entre 1993 y 2003.

Estuvo al frente de la Confederación de Empresarios Privados y también fue embajador.

Fue ministro de Hacienda y Desarrollo Económico, ministro sin cartera, responsable de Hidrocarburos y Energía, ministro de Planificación.

“Abrió dos offshore, The Chimera Trust y Chimera Investment Holding Corp., en Islas Vírgenes para crear un fideicomiso de alrededor de $us 3 millones para sus hijos”, indica La Razón.

Esta investigación internacional reúne a más de 600 periodistas de 117 países.