Por Edwin Condori / LA RAZON.- El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, volvió a referirse este miércoles al cuestionado proyecto de ley de ganancias ilícitas y esta vez consideró que es un “instrumento de chantaje”.
“La Ley contra enriquecimiento ilícito, que es inconstitucional, busca dotar al MAS (Movimiento Al Socialismo) de otro instrumento de persecución y chantaje”, escribió Mesa en su cuenta en Twitter.
Además, aseguró que esta iniciativa amenaza a los derechos de gremiales, periodistas, transportistas, comerciantes, iglesias, organizaciones no gubernamentales y otros sectores, por lo que, en su criterio, “no puede aprobarse ni permitirse”.
En el mismo sentido, el pasado 20 de septiembre, Mesa dijo que este proyecto de ley vulnera principios constitucionales y derechos fundamentales, y que “es otra arremetida del Gobierno masista para imponer un Estado policial, usando a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), el Ministerio de Justicia y la Procuraduría como aparatos de represión y persecución”.
Sin embargo, en las últimas horas, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, sostuvo que la oposición política del país solo está infundiendo miedo en la población sobre el proyecto de ley con base a “mentiras y sofismas”.
Montenegro insistió que esta propuesta de ley no va a afectar a gremiales ni a periodistas u otros sectores como se está advirtiendo de manera constante, porque lo que se pretende es simplemente “compilar de forma coherente y ordenada lo que ya está disperso en varias leyes”.
El 17 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría absoluta, el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales, y lo remitió al Senado.
Ministro Montenegro desmiente que Ley de Ganancias Ilícitas afecte a sectores y avale “pinchazos telefónicos”
LA EPOCA.- La Paz, 29 de septiembre, Viceministerio de Comunicación-. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, desmintió que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales afecte a los sectores gremialistas y periodísticos, y que avale los “pinchazos telefónicos” como aseveran algunas versiones de prensa, y como denuncian opositores y dirigentes de estos gremios.
“Lo que pretende la norma es compilar de forma coherente y ordenada lo que ya está disperso en varias leyes; de hecho, los bancos, las entidades financieras que son los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ya lo vienen haciendo hace muchos años”, explicó, a tiempo de criticar que, por intereses políticos, la derecha y algunos medios de comunicación contribuyan a la desinformación y generen incertidumbre entre la población.
La autoridad lamentó expresamente “que legisladores de CC y Creemos estén induciendo a falsas interpretaciones”. “Las leyes bien hechas no se interpretan, por lo tanto, ellos están queriendo interpretar lo que ya está plasmado”, enfatizó. Agregó, además, que es “totalmente falso” que esta normativa faculta a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) a realizar pinchazos telefónicos. “Cualquiera que tenga acceso al proyecto de ley, puede corroborar que no dice nada de intervenir llamadas telefónicas; se trata de una sarta de mentiras de la oposición”, manifestó.
En la misma línea, Ivette Espinoza, viceministra de Pensiones, reiteró que la norma no perjudica a comerciantes, transportistas ni periodistas. “Es preocupante lo que dicen diversos analistas o sectores. La ley no afecta desde ningún punto de vista a estos y ningún otro sector”, sostuvo.
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