Diario AHORA EL PUEBLO / La Paz.- El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, denunció ayer, ante el 76 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en New York, Estados Unidos, el golpe de Estado de noviembre de 2019 de la derecha opositora con apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, la Unión Europea (UE) y organizaciones no gubernamentales (ONG), entre otros.
El Jefe de Estado señaló que es importante que los Estados y países miembros de ese organismo multilateral sepan que la ruptura del orden constitucional en Bolivia tuvo la participación directa de los partidos políticos que no logran respaldo popular en las urnas, algunos malos oficiales de la Policía Boliviana, de las Fuerzas Armadas (FFAA), los comités cívicos, la jerarquía de la Iglesia Católica y los medios masivos de comunicación hegemónicos.
“También contó con la participación de la OEA a través de su secretario general, Luis Almagro, de otros gobiernos como el anterior de Argentina, que envió armas y municiones a los golpistas, del propio representante de la Unión Europea (en Bolivia) y de otras organizaciones no gubernamentales de origen internacional”, sostuvo.
Arce Catacora señaló que después del golpe de Estado, en las elecciones presidenciales del 18 de octubre de 2020, el pueblo boliviano recuperó la democracia con el triunfo del binomio que postuló el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), con más del 55% de voto en las urnas.
“Permítanme informar a los países miembros que el Estado Plurinacional de Bolivia (…) el 20 de octubre de 2020 ha recuperado su democracia gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo boliviano ratificada en las urnas y vamos ratificando nuestra democracia intercultural, así como nuestra estabilidad, política, económica y social que tanto trabajo nos ha costado construir”, precisó.
ASESINATOS
Denunció que el último informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), identificó que en el Estado Plurinacional de Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 se cometieron grabes violaciones de los derechos humanos, masacres y ejecuciones sumarias.
El Jefe de Estado dijo que su administración asumió el compromiso, ante el pueblo boliviano, de justicia para las 38 personas asesinadas, por los cientos de heridos y detenidos, por los perseguidos, asilados, exiliados y por las graves violaciones de los derechos humanos que se ejecutaron por el régimen de facto. “Porque la justicia es condición esencial de una democracia y de construcción de una verdadera paz social”, precisó.
Arce Catacora relató que en ese periodo sistemáticamente se vulneró el derecho a la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso con una persecución y encarcelamiento de personas inocentes a quienes se humilló y se reprimió. Además dijo que se ultrajaron los símbolos patrios como la wiphala, denunció acciones racistas y sexistas de la fuerza dirigida a la población movilizada por sus derechos, en su mayoría indígenas, obreras y obreros, campesinas y campesinos.
“Las naciones fuertes y dignas siempre se han edificado sobre el aprendizaje de las grandes lecciones que dejan las tragedias y las desgracias vividas construyendo colectivamente la paz social a través de procesos de memoria, verdad y justicia; ése es nuestro compromiso con el pueblo boliviano. Mi gobierno democráticamente electo, a pesar de las dificultades, incluida la pandemia del Covid-19, hace el mayor de los esfuerzos para recuperar la estabilidad y el crecimiento económico con justicia social”, manifestó.
DEMANDA MARÍTIMA
El presidente Luis Alberto Arce Catacora dijo que con la legitimidad que le otorgó el pueblo boliviano con el 55,11% en la elección presidencial del 18 de octubre de 2020 para defender la independencia y dignidad del Estado Plurinacional de Bolivia, reivindica en ese foro mundial su derecho de obtener una salida libre, soberana y útil al océano Pacífico mediante el diálogo y la concertación con la República de Chile, de acuerdo a lo establecido por la Corte Internacional de Justicia, en su fallo del 1 de octubre de 2018, en el que instó a Chile y Bolivia que sigan trabajando en aras de la solución significativa del problema.
“Bolivia toma el párrafo 176 de esa sentencia como una invocación de una aclaración en sentido de ‘mantener un diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad con el fin de tratar los temas relativos a la mediterraneidad de Bolivia, cuya solución es considerada por el uno y por el otro como de interés mutuo. Con la voluntad de las partes unas negociaciones con sentido serán posibles’”.
En ese marco, el Jefe de Estado aseguró que los procesos de integración que se están dando en todo el mundo deben basarse en la solución efectiva de los grandes temas no resueltos en América Latina, como la soberanía de las Islas Malvinas y el enclaustramiento boliviano, heridas abiertas en nuestro continente que deben sanar a través del diálogo, la diplomacia y el entendimiento entre pueblos hermanos.
UNIDAD
Finalmente, el presidente boliviano, frente a la magna asamblea, reiteró su compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, las metas establecidas en los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 y con la erradicación de toda forma de discriminación y racismo.
Señaló que el multilateralismo es la herramienta idónea para un diálogo, la cooperación y la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a la humanidad para restablecer la vigencia del derecho internacional, la preservación de la paz con justicia social y la reconfiguración del debilitado orden internacional.
Por lo que convocó a trabajar para frenar la crisis climática y construir la igualdad para que el vivir bien se traduzca en el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, al trabajo digno, al desarrollo integral y a una verdadera armonía con la Madre Tierra. A trabajar para garantizar la autodeterminación de los pueblos y la paz duradera.
“No hay duda de que los desafíos a los que nos enfrentamos cada día son más complejos. Si pretendemos un mundo mejor para las actuales y futuras generaciones debemos reflexionar sobre el camino andado para superar la polarización de la arquitectura mundial y en su lugar aunar esfuerzos para promover una cooperación internacional que nos permita enfrentar fortalecidos los problemas actuales”, aseguró.
EL CAPITALISMO ES RESPONSABLE DE LA CRISIS CLIMÁTICA
En el marco de la 76 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Luis Alberto Arce Catacora denunció que el sistema capitalista es el principal responsable de la crisis climática mundial por la depredación desmedida de los recursos naturales.
“Nuestro planeta, nuestra casa común, nuestra Madre Tierra aún sufre las graves consecuencias del consumismo y la depredación desmedida de los recursos naturales. Una vez más ratificamos que el sistema capitalista es una de las principales causas de la crisis climática”, sostuvo.
En ese contexto, pidió a los gobiernos del mundo a retomar las costumbres y la cosmovisión de los pueblos indígenas que plantea la tesis de la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza. Señaló que Bolivia impulsa el nuevo modelo de subsistencia, el Vivir Bien.
Explicó que ese paradigma promueve un cambio de horizonte de vida, dejando atrás la depredación, la competencia irracional, el consumismo desmedido y la búsqueda insaciable de acumular ganancia a costa de la naturaleza, poniendo en peligro la vida en el planeta.
ARCE CATACORA PIDE A NACIONES UNIDAS LIBERACIÓN DE PATENTES
El presidente Luis Alberto Arce Catacora demandó ayer ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la liberación de patentes para la producción masivas de vacunas contra el Covid-19 y que su acceso sea declarado como un derecho humano.
Planteó a los jefes de Estado y de gobierno que son parte de los organismos multilaterales trabajen solidariamente para evitar el acaparamiento de los inmunizantes y promuevan que el acceso sea justo, equitativo y oportuno; así como a los medicamentos e insumos para enfrentar la pandemia.
“El acceso a la vacuna debe ser considerado como un derecho humano (…) Las transnacionales productoras de medicamentos liberen las patentes y compartan sus conocimientos y tecnología para la producción de vacunas contra el Covid-19 y que, mediante un trabajo conjunto, garanticemos el acceso inmediato a todas las personas en todos los países del mundo”, manifestó.
Señaló que el crecimiento de la pobreza, la extrema pobreza y la inequitativa concentración de vacunas fueron denunciados incluso por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Según los datos disponibles, a la fecha, sólo el 30% de la población mundial que requiere vacunas ha recibido al menos una dosis anticovid y apenas el 15,5% está completamente vacunado. Al mismo tiempo, sólo el 1,1% de la población en países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis”, advirtió.
EL ESTADO PLURINACIONAL PROPUSO ANTE EL PLENO EL REFINANCIAMIENTO O ALIVIO DE LA DEUDA EXTERNA
Bolivia propuso ayer ante la ONU avanzar en acuerdos con los organismos financieros multilaterales para el refinanciamiento o el alivio de la deuda externa a nivel global, y apoyar políticas sociales para poblaciones en situación de vulnerabilidad.
“El Estado Plurinacional de Bolivia propone avanzar en acuerdos con los organismos financieros multilaterales para el refinanciamiento o el alivio de la deuda externa a nivel global y para apoyar políticas sociales para poblaciones en situación de vulnerabilidad desde un enfoque de desarrollo integral y sostenible”, indicó el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, durante su intervención en el foro internacional. Señaló que, de la misma manera, es importante que los diferentes mecanismos financieros internacionales activen préstamos concesionales, diseñen y ejecuten medidas de mediano y largo plazo, para garantizar la consecución de la Agenda de Desarrollo 2030.
“La crisis del Covid-19 expuso las vulnerabilidades y desigualdades del sistema financiero y la economía mundial. En un planeta estrechamente interconectado es importante profundizar la solidaridad, complementariedad y responder a las necesidades de los pueblos en el contexto de pospandemia”, señaló. Para ello, dijo, es necesario fortalecer la integración y la cooperación, de manera que los países puedan enfrentar el impacto multidimensional en la economía, industrias y en sus capacidades para alcanzar la seguridad con soberanía alimentaria.
En ese contexto, indicó que es indispensable la reconstrucción de las economías de los países para la protección social y la salud; es decir, resguardar y proteger a los trabajadores, obreros, campesinos, indígenas, originarios, a los micro y pequeños empresarios. (ABI)
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Arce asegura en asamblea de la ONU que se debe hacer justicia por los 38 muertos en el gobierno de Áñez
El presidente Luis Arce denunció en la ONUNaciones Unidas que del golpe de Estado de 2019 participaron actores nacionales e internacionales, entre ellos el secretario General de la OEA, Luis Almagro
Gasificación y represión de militares a movilizados en Sacaba, en noviembre de 2019. Foto: APG
Por Paulo Cuiza / LA RAZON.- En su intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Luis Arce denunció hubo un golpe de Estado en Bolivia que involucró a actores nacionales e internacionales, y que el compromiso de su gobierno es que se haga justicia por las muertes, heridos y detenidos de 2019.
“Nuestro compromiso con el pueblo boliviano es que se haga justicia por las 38 vidas perdidas, por los cientos de heridos, detenidos, por los perseguidos, asilados y exiliados; por las graves violaciones a los derechos humanos que se ejecutaron durante un gobierno de facto”, aseguró en alusión al gobierno de la presidenta Jeanine Áñez.
Durante su intervención mencionó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identificó que en Bolivia se cometieron “graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones sumarias”.
Dos días después de la dimisión del expresidente Evo Morales, Áñez tomó el poder como resultado de una reunión extralegislativa y sin cumplir con las normas y el Reglamento de Debates del Senado. Dos días después aprobó en gabinete el decreto que eximía a los militares de responsabilidad penal por acciones de restablecimiento del orden público.
Fuerzas militares y policiales intervinieron una protesta en Sacaba el 15 de noviembre con 10 muertos por bala y decenas de heridos. Cuatro días después, en Senkata, otra intervención acabó con 10 muertos y decenas de heridos de bala. El GIEI calificó esos hechos de masacre.
Arce acusó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, de haber participado del golpe de Estado, junto al apoyo del expresidente argentino Mauricio Macri, quien envió 70.000 pertrechos antimotines la madrugada del 13 de noviembre al gobierno de Áñez, horas después de que tomara el poder. También mencionó a la Unión Europea.
De la ruptura democrática participaron “políticos que en las urnas no cuentan con el respaldo del pueblo, malos efectivos de la Policía y FFAA, comités cívicos, la jerarquía católica y medios de comunicación hegemónicos”, denunció en el foro mundial.
Destacó que Bolivia recuperó su democracia en octubre de 2020 “gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo boliviano, ratificada en las urnas”.
Arce ganó las elecciones con más del 55% de la preferencia electoral.
Áñez, exministros de Estado y exjefes militares cumplen detenciones preventiva y están acusados de varios delitos por los hechos de noviembre de 2019. Está en trámite un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.
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