Por José Luis Exeni / LA RAZON.- En su muy doloroso informe sobre los hechos de violencia y vulneración masiva de derechos humanos en Bolivia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dedica una sección especial al análisis de cómo el género influyó en la selección de las víctimas. Lo que sigue son algunos testimonios de mujeres presas.
1) Mujeres en El Alto: Los policías le agarraron sus pezones y le introdujeron el dedo en la vagina. La amenazaron con matarla y violarla. La hicieron desnudarse. Estaba embarazada. Le propinaron golpes en el estómago y toques eléctricos. No recibió agua ni comida durante tres días en celdas judiciales. Estuvo en la cárcel cuatro meses. Su “delito”: buscar a sus familiares retenidos. Hay otros casos similares.
2) Lorgia Fuentes: Fue arrestada en la clínica donde se recuperaba de un accidente cerebrovascular, sometiéndola a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Durante 130 días permaneció atada a la cama por una cadena amarrada a su pierna. También estuvo enmanillada. Su “delito”: haber sido vinculada sentimentalmente con el exministro Romero.
3) Edith Chávez: La detuvieron junto con su hija en la casa donde trabajaba. Después la llevaron presa al encontrar un arma vieja. Estuvo 14 días en un sótano de 3 x 3 metros, junto con otras 12 mujeres. La encarcelaron durante nueve meses. Su “delito”: ser empleada doméstica del exministro Quintana y negarse a incriminarlo.
4) Mujeres en Sacaba: Las detuvieron el día de la masacre. Eran varias, incluso de edad y una embarazada de ocho meses. Fueron humilladas e insultadas: “pelotudas”, “¿qué les ha dado su macho ese, su Evo?”. Las encerraron en una jaula. A otras las golpearon, las hicieron andar de rodillas. Su “delito”: ser mujeres campesinas.
5) Patricia Hermosa: Pese a su embarazo, estuvo presa seis meses. Durante 10 días sufrió un sangrado y perdió a su bebé. No había médicos en la cárcel ni autorizaron su salida a un centro de salud. Luego de tres meses de sangrado, recién le permitieron una consulta externa. Su caso es representativo “del carácter tenebroso que asumió la persecución política”. Su “delito”: haber sido jefa de gabinete del expresidente Morales.
Presas políticas. Presas por ser mujeres, por “salvajes”, por “masistas”, por “indias hediondas”, por “putas”. Presas de odio.
Ante ellas, la entonces presidenta de ipso facto (Jeanine Añez) no se deprimió ni un poquito.
La señora (Amparo) Carvajal no derramó ni una lágrima.
No hubo ningún pedido de piedad de los patriarcas de la Iglesia.
No tuvieron médicos ni psicólogos.
No hubo vigilias pidiendo su libertad.
Los opositores y sus operadores mediáticos se quedaron mudos-muditos-mudos.
Los defensores del debido proceso, en fin, aplaudieron. Eran solo mujeres presas.
FadoCracia canalla
Primero se autoidentificaron como “un movimiento ciudadano en búsqueda de una Patria libre y democrática” (sic). Luego se redefinieron como “un grupo de reacción rápida a la defensa de su ciudad”. Pronto devinieron en grupo de choque de carácter parapolicial. Se movilizaban en motocicletas: una persona conduciendo y otra con una bazuca artesanal o artefactos explosivos. Su propósito era enfrentar marchas y disolverlas de manera violenta. Así, luego de que la Policía gasificó una concentración de mujeres, varias con sus bebés, los “motoqueros” llegaron portando palos con clavos, con los cuales las golpearon. En otro lugar detuvieron ilegalmente a tres hombres y los torturaron. También agredieron e insultaron: “a ti te vamos a violar”, “estás fichada, sabemos dónde vives”, “te vamos a meter un tubo en el culo”. El GIEI ha documentado sus acciones especialmente violentas, racistas y discriminatorias contra civiles. He ahí la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
“Jóvenes queridos, para mí son una resistencia necesaria”, les dice hoy la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal. Pobre Asamblea, pobres derechos humanos.
José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.
