AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (ABI).- El exministro de Defensa del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín (El Zorro), se refirió a la movilización indígena afín al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que intentó desprestigiar al Gobierno nacional y demostrar su afinidad con los movilizados que reciben el apoyo de la oposición.
“La dictadura de #Bolivia está terminado con los Indígenas que marchan por su sobrevivencia. El riesgo es su extinción por los avasallamientos de tierras promovidos y operados por el régimen cocalero. La marcha indígena va en su día 21 de caminata (sic)”, publicó en la red social.
Sánchez Berzaín es considerado en Bolivia como uno de los protagonistas de la represión de octubre de 2003. Fue parte del gobierno del expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien también huyó a Estados Unidos (EEUU) ese año. Ambos son acusados de genocidio.
La movilización indígena, que partió de Beni, transita hace dos semanas y ocho días sin un pliego petitorio específico. Pretende llegar a la ciudad de Santa Cruz el 24 de septiembre, día de la efeméride cruceña y ser recibida por Camacho.
El miércoles 8 de septiembre, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, invitó a los miembros de la movilización a presentar su pliego petitorio para recibir la atención del Gobierno, pero hasta la fecha rechazan la convocatoria.
Sin embargo, el Gobierno garantiza un equipo médico que acompaña la movilización para atender cualquier problema de salud. Garantiza medicamentos e insumos básicos, alimentos y otros. La Policía Boliviana tiene la instrucción de resguardarlos.
El martes, como parte de las coordinaciones permanentes con los sectores, el presidente Luis Arce se reunió con las cinco regionales de los pueblos indígenas de Beni y con dirigentes históricos, quienes presentaron sus demandas de desarrollo para ser atendidas por el Gobierno.
El mandatario escuchó los distintos pliegos petitorios presentados por las organizaciones indígenas, así como las demandas de las bases, es decir de los afiliados a esas organizaciones.
El encuentro con todos los pueblos indígenas de Beni se realizó luego de que se produjeran, días atrás, similares encuentros del mandatario con los pueblos indígenas de Santa Cruz, La Paz y Tarija.
¿Quién es Carlos Sánchez Berzaín?
POR FERNANDO MOLINA / Brújula / La Paz.- ¿Por qué Carlos Sánchez Berzaín no es un actor válido en el conflicto y la vida política boliviana? ¿Quién es Sánchez Berzaín?
Como ministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) predicó y aplicó la línea “hegeliana”, poniendo la voluntad y la razón del Estado por encima de cualquier expresión de la sociedad civil. Su postulado máximo era respetar y hacer respetar el “orden democrático”. Solo aceptaba la libertad estatal y no la libertad social. Pensaba la democracia como un medio de conformación de los poderes (conservadurismo), no como un medio de administración del conflicto moral e ideológico (liberalismo). En consecuencia, para él, una vez que el poder se había conformado, toda protesta contra las autoridades establecidas resultaba terrorista, externa al pueblo y debía extirparse de forma violenta.
Con esta ideología, ordenó una enérgica represión de los movimientos que en 2003 se sublevaron en contra de Sánchez de Lozada. Enérgica, pero inepta (torpe, irresponsable, carente de seriedad y sensibilidad). Con la aquiescencia del Presidente, aplicó la idea criminal de romper a balas el bloqueo de El Alto para dejar pasar un convoy de cisternas de gasolina a La Paz. También tuvo la ligereza criminal de movilizar, en febrero, al Ejército contra los policías y, en octubre, a conscriptos poco entrenados contra manifestantes civiles. En su gestión a la cabeza del aparato regresivo del gonismo, siempre prefirió el Ejército a la Policía y no hizo nada para remediar la falta de carros lanzaagua y otros medios de represión incruenta en el país. Por eso, junto con Goni, es el principal responsable político e intelectual de los más de 100 muertos que se tuvo que lamentar en ambas fechas infaustas.
Sánchez Berzaín nunca se autocriticó de nada de lo que hizo; hasta hoy sigue defendiendo el capitalismo de compinches, la oligarquización del Estado, el manejo elitista de la democracia y el gobierno de espaldas al pueblo que se practicaron en la parte final del periodo neoliberal. No solo no ha enfrentado los múltiples cargos en su contra (lo que podría atribuirse a cobardía o cálculo); tampoco ha dado ninguna explicación sobre sus decisiones y gestiones, explicando el caos que resultó de las mismas con la teoría de una conspiración internacional de desestabilización. Igual que Goni, nunca asumió su responsabilidad ni rindió cuentas por lo que hizo. Ni ante el país ni ante la historia ni ante los militantes del partido que sus acciones echaron al basurero de la historia.
Por cierto, es difícil imaginar alguien tan opuesto al espíritu pragmático y “cholo” del MNR tradicional que Sánchez Berzaín, un extremista ansioso de quedar bien con unas élites a las que no pertenecía por nacimiento. Por tanto fue, y exclusivamente, un personaje del gonismo, en su aspecto de rebrote señorial –rosquero– dentro del propio partido de la Revolución Nacional. Un “falangista” con la V de la victoria en la solapa.
Luego de su fuga a Estados Unidos, se convirtió en un típico “latino” alienado que repite discursos USA-centristas o funcionales a intereses ideológicos y geopolíticos que no son los de los países latinoamericanos. De ahí su buena relación con CNN en español, controlada por esta clase de “latinos”.
Fernando Molina, periodista.
https://www.brujuladigital.net/opinion/quien-es-carlos-sanchez-berzain
¿Quién es Carlos Sánchez Berzaín?
Carlos Sánchez Berzaín nació en Cochabamba, Bolivia, en 1959. Abogado y político hasta el año 2003, cuando se fugó con el cómplice de genocidio Goni Sánchez de Lozada.
Fue dirigente nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), secretario ejecutivo nacional. También fue diputado nacional y jefe de la bancada de oposición por 5 años.
Fue precandidato presidencial del MNR en 1996-97, Ministro de la Presidencia en dos ocasiones, Ministro de Gobierno dos veces y Ministro de Defensa Nacional en los dos gobiernos del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Carlos Sánchez Berzaín es un político bajo cargos de asesinato por la justicia boliviana y por el gobierno de Evo Morales. Sánchez Berzaín dirigió desde el Ministerio de Gobierno una persecución misma que nunca dio frutos contra Morales.
Está acusado por juicio de responsabilidades, demandado por el Estado boliviano por su participación durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y por los sucesos de octubre de 2003. Escapó a Estados Unidos como asilado político, gracias al imperio es Director del Interamerican Institute for Democracy, financiado por el NDI National Democratic Institute, dependiente de Usaid, desde donde opera y financia a políticos de ultraderecha.
Es conferencista, columnista de prensa en el Diario de las Américas y otros medios difundiendo ideología liberal.
Ha realizado varias apariciones en medios de comunicación internacionales y bolivianos, desde donde ataca al denominado socialismo del siglo XXI.
Tiene cargos en la CPI Corte Penal Internacional por crímenes de Lesa Humanidad.
¿Quién es Carlos Sánchez Berzaín?
Jurado halla responsables a expresidente boliviano y a ministro de Defensa por ejecuciones extrajudiciales de indígenas
Tanto el expresidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, como su antiguo ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, han estado viviendo en los Estados Unidos desde que huyeron de Bolivia después de la masacre de 2003. En Bolivia, cinco excomandantes militares cuyas acciones dependían de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron condenados en 2011 por sus roles en las ejecuciones de 2003. Tanto Sánchez de Lozada como Sanchez Berzaín fueron imputados en el mismo caso, pero no pudieron ser juzgados in abstentia según la ley boliviana.
“Después de muchos años de luchar por justicia para nuestros familiares y el pueblo de Bolivia, celebramos esta histórica victoria,” dijo Teófilo Baltazar Cerro, un demandante y miembro de la comunidad indígena aimara, quienes fueron víctimas de la decisión de utilizar fuerza militar masiva en contra de la población. “Quince años después de que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron de la justicia, finalmente les pedimos cuentas por la masacre que ordenaron contra nuestra gente.”
En Mamani v. Sánchez de Lozada and Sánchez Berzaín, las familias de ocho bolivianos(as) ejecutados(as) entablaron una demanda contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en 2007, alegando que ambos planificaron y ordenaron las ejecuciones extrajudiciales. El veredicto de hoy reafirma los reclamos de los demandados de que los demandantes eran legalmente responsables por las ejecuciones extrajudiciales y que decidieron desplegar fuerzas militares letales en comunidades civiles para aplastar violentamente la oposición a sus políticas. Además de las muertes, más de 400 personas civiles desarmadas fueron heridas por disparos.
El juicio de tres semanas incluyó el testimonio de 29 testigos de toda Bolivia que recontaron sus experiencias en la masacre de 2003. Veintitrés asistieron en persona. Ocho demandantes testificaron sobre la muerte de sus familiares, entre ellos: Etelvina Ramos Mamani y Eloy Rojas Mamani, cuya hija Marlene, de ocho años, fue ejecutada en frente de su madre con un solo disparo que entró por la ventana; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada, Teodosia, fue ejecutada con una bala disparada a través de la pared de una casa; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre Raúl, de 69 años de edad, estaba a la vera del camino cuando fue ejecutado de un disparo; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre Arturo fue ejecutado de un disparo mientras trabajaba en su chacra. Un testigo, un antiguo soldado en las filas de los militares bolivianos, testificó que se le ordenó disparar “a lo que se moviera” en una comunidad civil. Otro testigo contó haber visto a un oficial militar matar a un soldado de su propia tropa por rehusarse a seguir sus órdenes de disparar a civiles desarmados. Otros testificaron que el presidente y el ministro de Defensa se comprometieron a una opción militar en vez de dialogar con dirigentes comunitarios en pos de un acuerdo pacífico.
En 2016, una corte de apelaciones de los Estados Unidos sostuvo que los demandantes podían proceder con sus demandas según la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura (TVPA, Torture Victim Protection Act), que autoriza juicios en la corte federal de los EUA por ejecuciones extrajudiciales. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín solicitaron entonces una revisión por la Corte Suprema de los EUA en 2017. La solicitud fue denegada y el caso fue devuelto a la Corte de Distrito de los EUA. Después de revisar la evidencia reunida por ambas partes, el 14 de febrero el juez James Cohn de la Corte de Distrito determinó que los demandantes habían presentado suficiente evidencia para proceder a un juicio.
“Los demandantes demostraron una inmensa valentía en buscar justicia implacablemente por más de una década,” dijo Judith Chomsky, abogada de cooperación para los demandantes del Center for Constitutional Rights [Centro de Derechos Constitucionales]. “Han sido un ejemplo para todos los que luchan por la rendición de cuentas por los abusos contra derechos humanos en todo el mundo.”
“Este éxito no solo es una victoria trascendental para los demandantes y el pueblo de Bolivia, pero afirma que nadie está encima de la ley,” dijo Tyler Giannini, codirector de Harvard Law School International Human Rights Clinic [Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Leyes de Harvard].
“La victoria de los demandantes envía una señal inequívoca a los perpetradores de todo el mundo de que se los puede responsabilizar por abusos contra los derechos humanos en los Estados Unidos,” añadió Susan Farbstein, codirectora de Harvard Law School International Human Rights Clinic.
Después de que el jurado anunció su veredicto, los demandados entregaron una petición pidiendo al juez que revoque la determinación del jurado de responsabilidad contra ambos acusados. Ambas partes presentarán información sobre este tema en las próximas semanas.
Los familiares están representados por un equipo de abogados de Center for Constitutional Rights, Harvard Law School International Human Rights Clinic, y los bufetes de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Schonbrun, Seplow, Harris & Hoffman, LLP, y Akerman LLP. Una integrante de Dejusticia es abogada de cooperación.
Para mayor información, visite la página del caso (case page) del Center for Constitutional Rights.
La “Masacre de Octubre” va a juicio en Estados Unidos: el histórico proceso al expresidente de Bolivia Sánchez de Lozada por las muertes en la “Guerra del Gas”
- Marcos González Díaz
- BBC Mundo
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“Los dos demandados idearon un plan para matar a miles de civiles e, intencionadamente, usaron fuerza letal contra las protestas políticas para reprimir la oposición”.
Esta afirmación es parte de una demanda civil contra el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su exministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín.
Ambos son juzgados estos días en Estados Unidos por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 50 personas en la represión militar de las protestas ocurridas en Bolivia a mediados de 2003.
Aquel episodio, conocido como la Masacre de Octubre, es uno de los más oscuros en la historia reciente de Bolivia.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, quienes dimitieron de sus cargos y abandonaron el país tras los sucesos de 2003, tendrán que responder ahora por lo que la acusación considera “asesinatos extrajudiciales”, en un proceso legal que se celebra en Florida y que fue calificado de “histórico”.
“Será la primera vez que un exjefe de Estado se siente frente a sus acusadores en un juicio civil de derechos humanos en una corte en EE.UU.”, señaló el Centro de Derechos Constitucionales, una de las organizaciones que representan a los demandantes.
La demanda fue interpuesta por los familiares de ocho de las personas asesinadas en aquellos sucesos, quienes exigen una indemnización económica a los dos ex altos cargos para los que no se contempla pena de cárcel por tratarse de un caso civil.
El juicio se celebra desde el pasado lunes en una corte de Fort Lauderdale, en Estados Unidos, país donde ambos residen.
Los dos niegan los cargos presentados en su contra.
“Guerra del Gas”
La demanda alega que los acusados son legalmente responsables por la respuesta militar ordenada contra las movilizaciones ciudadanas en el marco del conflicto conocido como la “Guerra del Gas” en 2003.
En aquel momento, el país salía de una etapa de gran crisis económica, con una sociedad polarizada entre seguidores de Sánchez de Lozada y los de Evo Morales, por aquel entonces líder de la oposición.
“Bolivia vivía en un clima de conflictividad social muy elevado, con grandes protestas protagonizadas sobre todo por indígenas aymaras, cocaleros y sectores como la clase media y los universitarios”, explica el periodista boliviano de BBC Mundo Boris Miranda, autor del libro “La última tarde del adiós” sobre la Masacre de Octubre.
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Las protestas se intensificaron tras el anuncio de varias decisiones del gobierno de Sánchez de Lozada -conocido popularmente como ‘Goni’-, como la de exportar gas natural boliviano a EE.UU. a través de Chile.
Entre las críticas a los planes del ejecutivo estaban las que señalaban los bajos precios a los que se querían hacer las exportaciones y la falta de un plan que abasteciera antes el mercado nacional.
Sin embargo, la tensión se disparó el 20 de septiembre de 2003, cuando en un operativo militar al noreste de La Paz murieron la niña de ocho años Marlene Rojas -a quien le impactó una bala perdida cuando estaba en el interior de su casa- y otras cuatro personas.
“Esto generó una elevadísima indignación por una actuación militar desmedida e inauguró una etapa de conflictividad casi diaria: protestas, manifestaciones, bloqueos…”, recuerda Miranda.
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El mayor número de movilizaciones se concentró en las ciudades de La Paz y El Alto.
Los choques entre los manifestantes y efectivos del ejército durante esas semanas dejaron un saldo de más de 50 muertos y más de 400 heridos.
Sánchez de Lozada dimitió el 17 de octubre de 2003 y huyó de Bolivia de forma inmediata, al igual que Sánchez Berzaín.
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“Es un episodio muy grave en la historia de Bolivia. Debe ser seguramente la mayor matanza en el menor corto plazo de tiempo de las últimas décadas en el país. Eso da a entender la dimensión de la expectativa por este caso en Bolivia”, destaca Miranda.
“Precedente histórico”
La demanda actual está enmarcada en la Ley de Protección para las Víctimas de Tortura, una de las dos únicas leyes de ámbito extraterritorial en EE.UU. que autorizan la celebración de casos en los tribunales federales por delitos cometidos fuera del país.
Sin embargo, nunca hasta ahora se había conseguido llegar a juzgar a un expresidente por estos motivos.
“En parte es por la dificultad de demostrar la responsabilidad y la relación indirecta que existe entre jefes de Estado y acciones de esta naturaleza”, le explicó a BBC Mundo la abogada Almudena Bernabéu, quien formó parte inicialmente de la investigación del caso.
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“Ningún otro expresidente al que se había intentado juzgar en casos similares se había quedado en el país. En este caso, el Centro de Derechos Constitucionales consiguió ubicarlo y él, que es ciudadano estadounidense y tiene familia y propiedades, decidió quedarse y enfrentarse a la demanda”, agregó.
En cualquier caso, destacó la experta, el juicio “es sin duda un precedente histórico y muy importante”.
Inicio del juicio
“El expresidente y su ministro tendrán que escuchar mientras testificamos sobre lo que pasó”, dijo Teófilo Baltazar Cerro, miembro de la comunidad aymara cuya mujer embarazada falleció en los incidentes y que es uno de los nueve demandantes en este juicio.
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“Esperamos esta oportunidad histórica para tener nuestro día en la corte”, agregó.
Los demandados, sin embargo, culpan al actual presidente de Bolivia, Evo Morales, de haber provocado el derrocamiento de su gobierno mientras era uno de los líderes cocaleros al frente de las protestas.
Aunque no estaban obligados a comparecer en el tribunal por tratarse de un juicio civil, tanto Sánchez de Lozada, de 87 años, como Sánchez Berzaín, de 58, se presentaron en la corte en las sesiones del lunes y martes.
Acompañados de un numeroso grupo de abogados, ambos se mostraron tranquilos y escucharon los alegatos iniciales de representantes de ambas partes.
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“El gobierno hizo lo que tenía que hacer”, aseguró, recordando la grave crisis y conflicto social que se vivía en Bolivia en aquel momento.
Los primeros en testificar fueron los padres de la niña Marlene Rojas, uno de los casos más simbólicos y reconocidos de estos sucesos.
El juicio con jurado podría prolongarse entre cuatro y cinco semanas.
Petición de extradición
Bolivia lleva años solicitando la extradición de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.
Pese a que cinco altos cargos militares están en prisión por su papel en la represión de las protestas, el expresidente y su ministro de Defensa nunca pudieron ser juzgados en su país como presuntos responsables políticos de lo sucedido.
El presidente boliviano, Evo Morales, mostró en Twitter su satisfacción por el inicio del juicio y reiteró la petición para que EE.UU. deje de ser “refugio de los asesinos del pueblo”.
Aunque el actual juicio no está relacionado con una posible extradición, hay quien confía en que un veredicto de culpabilidad contra los demandados podría reactivar el proceso para que ambos respondan ante la justicia boliviana.
“Un veredicto y una sentencia del juez que determine responsabilidad sobre los demandados va a significar sin duda un precedente jurisdiccional que debiera ser tomado en cuenta por el Departamento de Estado de EE.UU. para reforzar el pedido de extradición”, le dijo a BBC Mundo Juan del Granado, quien era alcalde de La Paz en 2003.
Sin embargo, Del Granado -quien declarará como testigo la próxima semana en el juicio- reconoció que son “dos procesos diferentes”.
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Para muchos, sin embargo, el estado de las relaciones entre ambos países hace que no confíen en que el pedido de extradición vaya a avanzar demasiado.
“Si no se logró en 15 años, no parece probable que las cosas vayan a cambiar ahora”, señala Boris Miranda.
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