ABI.- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, expuso este martes las razones jurídicas por las que la expresidenta de facto Jeanine Añez debe enfrentar un juicio de responsabilidades a raíz de la firma del Decreto Supremo 4078 que permitió que las fuerzas del orden disparen en contra de la población civil y se generen masacres.
“El principal argumento es que ella ha sido una gobernante de facto, que ha estado a cargo de una organización prácticamente criminal que ha llevado adelante la muerte de bolivianos”.
“Ni en la teoría del Ministerio de Justicia ni de la Fiscalía (General del Estado) ni del Órgano Judicial se reconoce ninguna calidad constitucional, lo que ocurre es que existe en nuestra Constitución el principio de verdad material”, manifestó la autoridad.
Explicó que, en el marco del principio de verdad material, es posible llevar adelante un juicio de responsabilidades por las masacres cometidas durante el gobierno de facto, lo que no significa que se reconozca la permanencia de Añez en Palacio Quemado como constitucional.
Remarcó que hay dos escenarios, uno por la vía ordinaria por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, y el delito de incumplimiento de deberes cometidos cuando Añez era senadora, motivo por el cuál guarda detención preventiva.
El otro, que plantea la apertura de juicios de responsabilidades por la firma del Decreto Supremo “de la muerte” 4078 que derivó en masacres y otros delitos cometidos durante su gestión de facto, relacionados a violaciones a los derechos humanos y daño económico al Estado.
El 14 de noviembre de 2019, tras haber asumido el cargo de manera inconstitucional y haberse puesto al mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, Jeanine Añez firmó junto a su gabinete de ministros el Decreto Supremo 4078 que eximía de responsabilidad penal a las fuerzas castrenses que actuaran para reprimir manifestaciones.
Horas después de la firma del decreto, el 15 de noviembre se produjo la masacre en Sacaba y el 19 la masacre de Senkata, donde 22 bolivianos resultaron asesinados con arma de fuego, cientos quedaron heridos, además de otra cantidad relevante de detenidos, torturados y perseguidos.
“La señora Añez fue una gobernante de facto que emitió, entre otras normas, el Decreto 4078 que le llamamos el ‘decreto de la muerte’, si ella no hubiera promulgado ese decreto, los militares y policías no hubieran actuado como actuaron”, manifestó.
Lima repitió que es una razón de Estado trabajar para que los familiares de los asesinados y los sobrevivientes obtengan justicia e interpeló a los opositores, Carlos Mesa y Fernando Camacho, a no dejar en la impunidad esos hechos luctuosos.
“El escenario internacional y todos los escenarios que tenemos en este momento, nos llevan a plantear al país un juicio de responsabilidades, si Comunidad Ciudadana y Creemos no aceptan mediante 2/3 de votos de la Asamblea, a dar la autorización, ellos serán los responsables de haber negado la justicia y nos abrirán los caminos a la justicia internacional, inclusive la justicia constitucional para lograr justicia para las víctimas de estos hechos; pero, tenemos que agotar todas las vías”, indicó.
