Fraude, la mentira que unió a la oposición y que condena a Jeanine Áñez

AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION.- La amenaza de la desobediencia civil fue lanzada por la oposición 16 días antes de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019. Un cabildo de políticos y activistas contrarios al gobierno de Evo Morales preparó el terreno político en inmediaciones del monumento Cristo Redentor el 4 de octubre, cuando determinó acciones de “rebeldía y desconocimiento” a los resultados de los comicios en caso de un presunto fraude.

El encuentro estaba dirigido por Luis Fernando Camacho, entonces Presidente del Comité pro Santa Cruz, quien asumió el cargo el 2 de febrero de 2019. En los registros de la institución cívica, califican las determinaciones del 4 de octubre como un hito histórico “para decidir y cumplir” y resultado de diferentes manifestaciones contra el Gobierno del MAS desde 2017.

20 de octubre

Mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 239/2019 del 27 de mayo de 2019, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a elecciones para el domingo 20 de octubre de 2019.

Para la jornada electoral, 7.315.364 ciudadanos fueron habilitados. Se emitieron 6.460.515 votos, de los cuales 6.137.671 fueron válidos, 93.507 en blanco y 229.337 nulos.   

Tras el cierre de la votación, el TSE instaló las sesiones de sala plena permanente para iniciar el conteo de votos y poner en marcha el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP), a modo de conteo rápido de resultados.

Con el 83,76% de los votos emitidos, el resultado parcial mostraba que Evo Morales lideraba la votación; pero, por ese momento, no alcanzaba la diferencia de votos de 10% necesaria para ser declarado ganador en primera vuelta ante un segundo lugar ocupado por el candidato de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

“Alrededor de las 8:00 p. m., el conteo rápido se suspendió hasta la mañana siguiente, cuando se anunciaron los nuevos resultados que indicaban un aumento en la diferencia de votos entre los dos candidatos, para una victoria de Evo Morales en la primera vuelta (sic)”, se lee en el informe presentado el 17 de agosto pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

El TREP fue un sistema de información que permitió conocer, en el menor tiempo posible, los resultados preliminares no vinculantes de las mesas de sufragio para que se disponga de información previa al cómputo definitivo y oficial.

Los sectores opositores asumieron la paralización del conteo rápido como un argumento para desconocer los resultados oficiales y convocar a marchas, huelgas de hambre, cabildos y un paro cívico indefinido de 21 días que culminó con la renuncia de Evo Morales. Convocaron el 21 de octubre a movilizaciones para rechazar la suspensión del TREP pese a que los datos no tenían validez jurídica ni influían en resultados oficiales finales.

“Como el candidato que va a ir a la segunda vuelta con el señor Morales, estoy llamado a la movilización de Comunidad Ciudadana, de los comités cívicos, de los partidos políticos y del Conade (Comité de Defensa de la Democracia) para que estemos en todos los tribunales departamentales electorales y aquí en el Tribunal Supremo Electoral (TSE)», manifestó Mesa en conferencia de prensa esa jornada.

Sin contar con el resultado oficial al 100%, la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia declaró ese 21 de octubre su preocupación sobre los datos preliminares y anunció un informe previendo una segunda vuelta.

Ante el llamado de Mesa, plataformas ciudadanas, cívicos y organizaciones políticas de oposición se organizaron el 22 de octubre para aplicar un paro nacional indefinido a partir del día siguiente.

El abogado boliviano, experto en derecho internacional y especializado en geopolítica, Gabriel Villalba, considera que la hipótesis del fraude electoral fue la excusa avalada por actores externos para impulsar una ruptura institucional el 2019. Asegura que esa versión era la única vía que sustentaba el Gobierno ilegal de Jeanine Áñez y la violencia.

“Los últimos informes específicos sobre la conflictividad política en Bolivia revelan que esta hipótesis del supuesto fraude electoral del 2019 nunca pasó y al nunca acontecer tampoco se tienen las pruebas documentadas y fehacientes de su existencia, porque efectivamente nunca ocurrió. Tuvieron más de un año para demostrar esta hipótesis y hoy el pueblo boliviano sabe más que nunca que simplemente fue la excusa avalada por la Organización de Estados Americanos para dar el golpe a Evo Morales”, asevera.

El Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, fue contratada para la pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público el 15 de abril de 2021.

En el documento, se establece la inexistencia de manipulación en datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral. Demostró que los sistemas y las bases de datos del TREP y del cómputo oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes.

Violencia opositora

El 25 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral anunció los resultados oficiales al 100%. Evo Morales obtuvo el 47,08% y se impuso a Mesa que obtuvo el 36,51% en segundo lugar. Así se descartó una segunda vuelta.

Ante esa situación, el 31 de octubre, un cabildo nacional convocado por movimientos sociales en la paz exigió la renuncia de Morales, rechazó la segunda vuelta y convocó a la Policía y a las FFAA a sumarse a las protestas.

Villalba asegura que los sectores opositores optaron ese entonces por desconocer la decisión en las urnas y, sobre todo, por unirse en movilizaciones como signo de rechazo a las fórmulas democráticas.

“Cuando todos los caminos por la vía democrática estaban cerrados, porque nunca pudieron ganar en esa batalla de las ideas al MAS, se empecinaron en cambiar de fórmula y la fórmula a la cual cambiaron fue precisamente adoptar la violencia, la subversión del orden constitucional”, dijo.

A eso, se sumaron actores internacionales como la OEA que el 10 de noviembre difundió un informe preliminar con el que denunciaba sin pruebas un caso de fraude.

Esas acusaciones derivaron en hechos de violencia de opositores y paramilitares contra autoridades, líderes sociales y sus familias. Se concretaron quemas de instituciones públicas y viviendas.

En complicidad con las FFAA y la Policía, la escalada de violencia produjo el 10 de noviembre de 2019 la renuncia de Morales, quien denunció un golpe de Estado.

La entonces senadora Jeanine Áñez aprovechó el escenario para instalarse en el Gobierno sin respaldo y aplicar un régimen de más violencia como en los casos de las masacres de Senkata de El Alto y Sacaba en Cochabamba.

Los 11 delitos de Áñez

Jeanine Áñez cometió al menos 11 delitos antes de la toma del poder el 12 de noviembre de 2019, en su autoproclamación como presidenta y durante su gestión de casi un año, según las acusaciones judiciales en su contra que alertan de la existencia de peligro de fuga y obstaculización de la justicia.

Los delitos por los cuales se la acusa son: sedición, conspiración, terrorismo, resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa, atentados contra la libertad de trabajo, genocidio, lesiones graves y leves y lesiones seguidas de muerte.

– Sedición, conspiración, terrorismo

Áñez, antes de tomar el poder, conminó/ordenó públicamente a las FFAA para que salgan a las calles a reprimir a la población en el marco de los preparativos para deponer a un gobierno legalmente constituido (de Evo Morales).

“El 11 de noviembre de 2019, la Sra. Jeanine Áñez Chávez, a través de medios  de  comunicación  nacional  de  manera  pública manifiesta que el Comandante de la Policía Boliviana le envió una carta para que conmine al comandante de las FFAA, General Williams Kaliman, para que ordene que los militares salgan  a  las  calles para reprimir a la población que protestaba por el golpe de Estado  que  se  estaba  gestando, orden que fue cumplida por el Alto Mando Militar con  serias consecuencias para los protestantes, siendo que se  reportó heridos y  muertos”, indica la imputación formal.

El documento menciona que antes de asumir el poder, sostuvo reuniones con Luis Fernando Camacho y otros actores políticos cuyos seguidores estaban en bloqueos, manifestaciones y violencia, en distintos puntos del país, para deponer al gobierno. “Jeanine Áñez, quien cooperaba con los movimientos subversivos que encabezaba Luis Fernando Camacho”, señala.

“Se puede establecer que las reuniones previas a la ascensión del gobierno de Jeanine Ánez y sus ministros fueron con el fin de  organizar  y  direccionar que ejecuten planes para generar temor, muerte y heridos en el eje central del país, vale decir La Paz, Cochabamba y Santa  Cruz  y  otras regiones, con  el  fin de desestabilizar y alzarse públicamente y en abierta hostilidad, con la finalidad de intimidar  o mantener en estado de alarma (…) subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente”, señala el documento. 

También se la acusa por haber asumido de manera ilegal la presidencia del Senado y la Presidencia del país.

El 12 de noviembre  de  2019,  Jeanine Áñez convoca a sesión de la Cámara de Senadores “sin cumplir con los rituales procesales para este cometido y sin quórum correspondiente se autoproclama Presidenta del Senado para posteriormente constituirse en la Asamblea el pleno donde se auto proclama como Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia sin respetar el orden  constitucional,  para  posteriormente constituirse  en  el  Palacio de Gobierno”, donde un militar le impuso los símbolos presidenciales, indica la imputación formal. 

Por todo lo indicado, Áñez fue acusada por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

– Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes

La expresidenta de facto fue acusada también por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos por aprobar el préstamo de $us 327.165.649,93 del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin contar con la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“En fecha 26 de junio de 2020, pese a que la Asamblea Legislativa Plurinacional no aprobó el crédito otorgado por el FMI, haciendo caso omiso a las advertencias y observaciones de este órgano, quebrantando de eso forma lo separación de poderes, cuando ya el FMI había transferido los recursos de IFR a la cuenta del MEFP, en una suerte de legitimar un acto ilegal y anticonstitucional, JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ y todo su gabinete de Ministros, promulgan el Decreto Supremo Nº 4277, que dispone lo siguiente: ‘(…) ARTÍCULO l. (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto disponer la transferencia de los recursos de la asistencia otorgada bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido – IFR del Fondo Monetario Internacional – FMI, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como apoyo presupuestario poro el Tesoro General de la Nación – TGN’ (sic)”, indica la proposición acusatoria.

“La promulgación del D.S. 4277 se constituye en el acto jurídico ilícito que, emitido por el órgano Ejecutivo, es la expresión del abuso de poder que sobrepasa la división de poderes (manifestación mínima de la democracia), cuando omite el concurso de la Asamblea Legislativa Plurinacional. De esta manera, Jeanine Áñez Chávez, materializa la acción típica, consistente en ‘dictar resoluciones u orden contraria a la Constitución o a las leyes, es decir, una operación psicológica positiva de realizar un acto administrativo que es incompatible con la omisión, como expresión del abuso y desviación de poder, elementos característicos de la violación al Estado de derecho y la democracia”, agrega el documento.

– Libertad de expresión

Mientras estuvo en el poder, Áñez aprobó los Decretos Supremos Nº 4231, de 7 de mayo de 2020; N° 4200, de 25 de marzo de 2020 y N° 4199, de 21 de marzo de 2020, los cuales implican los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes; delitos contra la libertad de prensa y atentados contra la libertad de trabajo, todos establecidos en el Código Penal.

Por ejemplo, el Decreto N° 4231 estableció que “II. Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.   

Con esta medida se acalló, se limitó, se vulneró y se restringió ese bien jurídico protegido como es a la libertad de expresión, que era tan importante e imprescindible en el manejo de la información, precisamente cuando todas las personas, grupos familiares, grupos sociales y la población en su conjunto de nuestro país, necesitaban tener acceso irrestricto y abierto a la información, indica la acusación.

– Caso Fundempresa

Añez, mediante el Decreto Supremo 4356 de 29 de septiembre de 2020, amplió la concesión del Registro de Comercio para esa instancia por 15 años adicionales, vale decir, hasta el 29 de septiembre de 2036 y subsecuentemente a ello, autorizó al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la suscripción de la Adenda al Contrato de Concesión, documento que no sólo modificó el plazo de la concesión, sino también los porcentajes de distribución de los recursos entre el Estado y Fundempresa, en total inobservancia a lo dispuesto en el Decreto Supremo 26215.

– Caso masacres de Senkata y Sacaba

Ante denuncia de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, la Fiscalía General del Estado acusó a Áñez por los delitos de genocidio, lesiones graves y leves y lesiones seguidas de muerte, que tienen una pena de cárcel de hasta 30 años, debido a que ella estuvo a cargo de las FFAA y de la Policía en 2019 y aprobó dinero para sus operaciones planificadas que causaron matanzas, ejecuciones extrajudiciales de al menos 20 personas y centenares de heridos que protestaban contra su régimen de facto.

El Requerimiento Acusatorio que será tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, señala que ella se autoproclamó presidenta del país y asumió el mando de las FFAA y la Policía en 2019.

La acusación de la Fiscalía, indica que las masacres de Senkata y Sacaba, “acontecieron tras la planificación y ejecución operativa conjunta policial militar dispuesta por el nivel central de Gobierno bajo la autoridad y aquiescencia de JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ quien en ese momento ejercía funciones de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, habiendo asumido además el control de las fuerzas del orden y seguridad del Estado (Fuerzas Armadas y Policía Boliviana) (sic)”.

Noviembre 2019: Inventario de una transición de gobierno irregular y represiva

En síntesis, Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga, Óscar Ortiz y la propia Jeanine Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a su estilo, para derrocar a Evo Morales.

Foto: ABI

 / 5 de septiembre de 2021 / 00:29

El 10 de noviembre de 2019, el intento de reproducción del poder a la cabeza de Evo Morales terminó de desmoronarse, como todo proceso forzado que se empeña en querer mostrar transparencia en decisiones vinculadas a veredictos inconstitucionales. El voluntarismo con el que el MAS participó de manera antirreglamentaria de las elecciones de octubre de 2019 condujo al país no a un gobierno de transición rutinario y enmarcado en obligaciones específicas de restitución de la voluntad popular para elegir un nuevo gobierno, sino a una presurosa y angurrienta toma del poder azotada por la pandemia, la represión militar y policial, también protagonizada por organizaciones civiles irregulares. El gobierno-bisagra se caracterizó además por continuos actos de corrupción y en el orden simbólico e identitario, en la negación de la existencia del Estado Plurinacional por parte del Ejecutivo formalmente encabezado por Jeanine Áñez, pero fácticamente a cargo del ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Militares en la masacre de Sacaba, en noviembre de 2019, durante el gobierno de Áñez.

El actor fundamental de los acontecimientos producidos entre el 21 de octubre y el 12 de noviembre de 2019 como se ha podido examinar en esta serie periodística, Memoria y archivo, que cerramos hoy en un primer ciclo, se llama Luis Fernando Camacho y es ahora gobernador electo del departamento de Santa Cruz. A la cabeza del Comité Cívico pro Santa Cruz y de los cabildos callejeros organizados alrededor del Cristo Redentor, fueron su determinación y frontalidad en la búsqueda de la renuncia de Evo Morales las que produjeron una suma de acciones táctico-estratégicas —civiles, militares y policiales— de desobediencia al orden constituido. Camacho está orgulloso de lo que hizo. Cada vez que se le pregunta por el tema, dice que el objetivo principal fue cumplido: Sacar del poder a un presidente que quería atornillarse en la silla para siempre. Lo que el ahora jefe de la agrupación Creemos no podía calcular es en qué consistiría el gobierno transitorio. No imaginó que el oscuro y autoritario desempeño de Áñez y los suyos se convertiría en funcional al partido azul que desembocaría en el retorno del MAS al poder en el lapso de 361 días. No estaba en sus manos el manejo del gobierno, aunque en principio contara con actores que se cuadraban ante él (ministros de la Presidencia y Defensa, y presidencia de Entel) y por ello cuando se destapó el escándalo de lavado de dinero y sobreprecios para materiales antidisturbios que tiene privado de libertad a Murillo en Miami (mayo, 2021), Camacho dijo entonces que “la lucha del pueblo boliviano en 2019 fue traicionada por los viejos políticos que se apropiaron del poder” e incluso pidió su extradición y la de sus cómplices.

El momento de la posesión de Jeanine Áñez. Foto: Oscar Ortiz.

Así como Camacho está convencido de que el derrocamiento de Evo sienta un precedente para quienes se animen a violentar las decisiones ciudadanas en las urnas (referéndum de febrero de 2016), Jorge Tuto Quiroga y Óscar Ortiz también actuaron con claridad en la línea para conseguir el objetivo de sacar a Morales de la presidencia. El exmandatario fue clave en tareas de coordinación para acelerar la salida del renunciado presidente fuera del país, y aunque para buscar el aplauso “pitita” le llamara “cobarde que solamente pensaba en escapar”, el criterio de Tuto era estratégico: Mantener a Morales en el país podía dar lugar a la imposibilidad de una exitosa instalación del gobierno transitorio que en términos “procedimentales” se produjo a través de un ardid pensado por su amigo y abogado de confianza Luis Vásquez Villamor, que inventó el ipso facto basado en la sucesión a la que accedió el propio Tuto en 2001 para reemplazar al general Banzer, pero que no figura en la nueva Constitución Política del Estado y tampoco en el reglamento del Senado. A continuación les tocaba operar a los materializadores del artefacto de Vásquez Villamor en forma de comunicado institucional, el trío de senadores conformado por Jeanine Áñez, Óscar Ortiz y Arturo Murillo. De los tres, quien controlaba en esos álgidos momentos los accesos al edificio de la Asamblea Legislativa con participación civil, militar y policial era Ortiz, que el lunes 11 de noviembre había acompañado a Áñez en helicóptero militar para reunirse en un hotel de la zona Sur de La Paz con el que se constituyó en la encarnación de Banzer de la conspiración: Luis Fernando Camacho.

En síntesis, Camacho, Quiroga, Ortiz y la propia Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a su estilo. El primero, gritón y desafiante rodeado de guardaespaldas extranjeros, el segundo muy estructurado y preciso en sus actuaciones, el tercero con el sigilo de la discreción y la que sería presidenta transitoria efectuando una declaración ante la red Unitel el domingo 10 al final de la tarde, desde Trinidad, que anticipaba su llegada a la presidencia, y cuando todavía continuaba como segunda vicepresidenta del Senado, reuniéndose con curas católicos y embajadores, propiciadores de las reuniones en la Universidad Católica, usurpando el despacho de la presidencia de la Cámara Alta. También Arturo Murillo y Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, como indiscutidos protagonistas del derrocamiento, fueron de frente contra Evo y el MAS manejándose bajo el mismo registro de los principales operadores de la conspiración con acciones de hecho caracterizadas por la violencia callejera, y más adelante por las masacres de Sacaba y Senkata, perpetradas contra adeptos a Evo Morales que rechazaban rotundamente su defenestración, que quedaron debidamente registradas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Camacho, cuando era cívico de Santa Cruz y lideró las protestas que derrocaron a Evo Morales en noviembre de 2019.

Hay una segunda fila de personajes de esta conspiración que tiene como al más visible de sus actores de reparto a Carlos Mesa, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC) que utilizando la disparatada decisión tomada por el tribunal electoral de interrumpir el conteo rápido no oficial de votos el mismo 20 de octubre de 2019, gritó “fraude monumental” e instigó a la sociedad civil a acudir a los tribunales departamentales que derivaron en incendios y episodios vandálicos. El mismo Mesa, cuando se producían las reuniones del 11 y 12 de noviembre moderadas por la Conferencia Episcopal presidida por monseñor Eugenio Scarpellini, había decidido desconocer el artículo 169 de la Constitución acerca de la sucesión constitucional, oponiéndose a que “alguien del MAS asuma el gobierno transitorio”. En la misma línea secundaria intervino Samuel Doria Medina, el que refirió el Plan B a las representantes del MAS en las reuniones de la Católica (Salvatierra, Rivero, Teresa Morales) que consistía en “Áñez presidenta.” Dicho sea de paso, Doria Medina escribió en su cuenta de Twitter hace siete días que “La Razón publica un artículo (El día en que el banzerismo derrocó a Evo Morales) lleno de imprecisiones y falsificaciones (no argumenta cuáles serían éstas) para defender su posición política a costa de la honra de las personas (lo escrito en dicho artículo lleva mi firma, compromete mi criterio y visión, y no necesariamente la de este diario). Se dice por ejemplo, mintiendo, que traje a un periodista español al país. Pura retórica ‘golpista’ sin asidero de la realidad”. En el artículo aludido por Doria Medina no hay alusión alguna contra “la honra de las personas”, y con respecto del “periodista español” el texto señala: “La armonía ideológica que se había logrado, contaba incluso con la participación de un exmirista como Samuel Doria Medina que ayudaría a un pseudoperiodista español de apellido Entrambasaguas en su ingreso a Bolivia como operador de persecuciones mediáticas contra dirigentes del MAS…” Si trajo o no Doria Medina a Entrambasaguas resulta un asunto menor. Lo cierto es que hay fotografías sobre sus encuentros públicos en los que se advierte que congeniaron de maravilla —armonía ideológica—. que entre otras actividades dio lugar a una entrevista que el español le hiciera el 25 de enero de 2020 y que el jefe de la extinta Unidad Nacional (UN) anunciaba: “A las 18:00 estaré en la Utepsa (Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz) en el seminario político para ser entrevistado, con público, por el periodista Alejandro Entrambasaguas sobre: Crisis, Transición y nuevo ciclo.” Muy en ese conocido estilo de mirar para otro lado cuando se lo sindica de ciertas responsabilidades en la conspiración de octubre-noviembre de 2019 —“a mí me llamó Héctor Arce para participar de las reuniones de la Católica”—, es necesario recordar que Doria Medina es el propiciador del ingreso de Arturo Murillo a la actividad política como diputado de Unidad Nacional (elecciones de 2005). Y para completar su hoja de vida, queda también para el registro que fuentes confiables aseveran que Samuel ofreció acompañar a Carlos Mesa como candidato a la vicepresidencia. La respuesta inmediata fue no. Pocos días después, quien lo visitó en su oficina para ofrecerle acompañar en binomio a Jeanine Áñez fue nada menos que su criatura política, el mismísimo Arturo Murillo. De ahí en más ya sabemos lo que sucedió, Samuel sumaría un contraste más en su dilatada trayectoria de derrotas políticas, cuando las encuestas le informaban que la candidatura de Jeanine se había desplomado y tocaba emprender la retirada, otro factor que contribuyó al regreso del MAS al poder con nuevos actores en el binomio electoral.

Bolivia, como el resto del mundo, tuvo que someterse a las cuarentenas rígidas como resultado de la llegada del coronavirus que puso en emergencia a un precario sistema de salud pública. Comenzaron los contagios y se empezaron a producir muertos como resultado de la pandemia. El gobierno de Áñez concedió un bono de Bs 500 que con el nombre de Universal beneficiaba a ciudadanos y ciudadanas sin fuente laboral y sin renta estatal alguna, utilizando el mismo argumento que los gobiernos del MAS para hacer del rentismo una fuente de alivio a las carencias económicas de muchas familias en el país. Paralelamente, grupos de fiscales actuaban arrinconando a extrabajadores del Estado a los que se acusaba de hechos de corrupción o a los que se les armaba casos con el propósito de extorsionarlos. Si en el gobierno de Evo hubo persecuciones políticas, en el de Áñez se pasó de una persecución selectiva y muy puntual a la caza indiscriminada de masistas y no masistas, reducidos a las categorías de hordas, sediciosos, narcotraficantes y delincuentes, todo esto en medio de una caótica y opaca gestión institucional con compras de respiradores con sobreprecios que nunca funcionaron y barbijos con costos multiplicados en ocho a 10 veces más que lo señalado por sus precios reales.

Jeanine Áñez, flanqueada principalmente por Yerko Núñez, Arturo Murillo y Óscar Ortiz.
Jeanine Áñez, flanqueada principalmente por Yerko Núñez, Arturo Murillo y Óscar Ortiz.

La persecución practicada por el Ministerio de Gobierno y un aparato de fiscales se había extendido a la sociedad civil. Ciudadanos y ciudadanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz decidieron organizarse para instalar sus pititas en vigilias retribuidas con comida chatarra, con cercanía a viviendas de quienes pudieran haber pensado en ponerse a buen recaudo. Tal cosa sucedió con el apartamento del exministro de Gobierno Carlos Romero en Sopocachi y con la residencia de la Embajada de México en La Paz en La Rinconada, zona Sur, donde se encontraban refugiados expersoneros de alto nivel del depuesto gobierno de Evo Morales. Algo parecido, pero con altos niveles de violencia se suscitó en Vinto, Cochabamba, cuando la Resistencia Juvenil Cochala decidió agredir y humillar públicamente a su alcaldesa Patricia Arce,  así como la Unión Juvenil Cruceñista desencadenó persecuciones desenfrenadas y capturas de militantes del MAS y a quienes aparentaban serlo en Montero y en Yapacaní. En todos estos casos, la Policía que se había amotinado contra el gobierno de Evo Morales, fue permisiva en unos casos y cómplice en otros para instaurar un sistema de interrogatorios en los que además de obligar a los detenidos a incriminar a quienes habrían sido sus jefes, se agredía físicamente y en los casos de varias mujeres, incluso sexualmente, tal como el mismo informe del GIEI lo subraya.

Hay un caso reciente que termina siendo paradigmático en materia de persecución y violencia política. Es el protagonizado por Róger Revuelta, de la Resistencia Juvenil Cochala, que ha sido condenado a 12 años y seis meses de cárcel por tentativa de homicidio contra el periodista Adair Pinto, que recibió tres puñaladas por haber denunciado actos de corrupción cometidos por el gobierno de Áñez. Si hay una historia de conducta paraestatal es ésta. Podrían preocuparse por conocerla a fondo (Periodista se salvó de la muerte a manos de un miembro de la Resistencia Juvenil CochalaLa Razón, 28 de agosto de 2021), quienes intentaron utilizar el término para criminalizar a medios de comunicación supuestamente afines al MAS, esos que de tanto fustigar de paraestatales a medios de supuesta identificación con el partido azul, terminaron convirtiéndose en verdaderos agentes —paraestatales— de persecución política y mediática.

Hay documentos con estatus multilateral y de organizaciones académicas estadounidenses y europeas que han permitido, en las últimas semanas, establecer conclusiones objetivas y concluyentes: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho oficialmente que el derecho a la reelección no puede ser conceptuado como derecho humano, por lo que la candidatura de Evo Morales, basada en ese argumento, no era procedente. La auditoría practicada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ampliamente cuestionada por el MAS y contrastada con otros estudios, sirvió para que las elecciones de octubre de 2019 fueran anuladas, pero no para demostrar categóricamente los alcances precisos del supuesto fraude electoral. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) manejó dos coordenadas fundamentales: la primera, coyuntural, dice que en el gobierno de Jeanine Áñez se perpetraron masacres y se violaron sistemáticamente los derechos humanos. La segunda, estructural, apunta a que el sistema judicial boliviano está penetrado por la corrupción, la lentitud y la cooptación política, y recomienda una gigantesca tarea de reformas que debiera implicar la incorporación de nuevos actores. El llamado telefónico de un ministro a un fiscal o a un juez para apretar a un adversario que interfiere en sus planes debiera ser una rarísima excepción y no la regla.

Carlos Mesa, el protagonista del discurso del «fraude monumental» que derivó en el asedio y vandalismo contra los tribunales electorales.

En caso de que a Jeanine Áñez le sea otorgada una detención domiciliaria y en el mejor de los casos libertad irrestricta para defenderse, la expresidenta deberá estar consciente de una posible condena que la obligaría a quedar privada de libertad ya no unos meses de manera preventiva, sino varios años, por algunos o todos los delitos por los que ha sido imputada. Acerca del falso debate sobre si lo que se produjo en noviembre de 2019 fue fraude electoral o golpe de Estado, debe quedar claro que un fraude queda plenamente demostrado, como es el caso del que se produjera en 1978 con la candidatura del general Juan Pereda Asbún por la Unión Nacionalista del Pueblo (UNP), cuando aparecieron 50.000 votos que superaban el número de inscritos para votar. Sobre si hubo o no golpe de Estado, el hecho objetivo es que se violó la línea sucesoria estipulada por la Constitución y a ello se suman elementos sobre la inobservancia del procedimiento camaral para convertir en presidenta a Áñez, sin el establecimiento de una sesión formal del Senado y sin la elección de una nueva directiva, requisito previo a la designación presidencial tal como sucediera en las transiciones de Tuto Quiroga (2001), Carlos Mesa (2003) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), quienes juraron al cargo conforme a ley, en el hemiciclo parlamentario.

La fotografía de la coyuntura no podía ser más patética: los mismos que respaldaron el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019, salen a protestar en defensa de los derechos de Áñez, quien en su gobierno vulneró derechos a diestra y siniestra: Curas católicos, políticos golpistas, candidatos perdedores y activistas de derechos humanos VIP. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) dirigida por Luis Almagro no se inmuta ante los reclamos bolivianos por la injerencia y las distorsiones generadas en un país enrarecido por una crisis de Estado que debe superarse, en primer de los lugares, con el respeto innegociable de la voluntad ciudadana expresada libremente en las urnas, sin pataleos de última hora tocando puertas de cuarteles para fabricar una nueva aventura civil militar, tal como sucedió luego del triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca en octubre de 2020, a cargo de los grupos más reaccionarios y fascistoides, a los que tragedias como las de Sacaba y Senkata no les provocan ni el más mínimo de los remordimientos.

https://www.la-razon.com/lr-en-la-memoria/2021/09/05/noviembre-2019-inventario-de-una-transicion-gubernamental-irregular-y-represiva/