Diario Ahora el Pueblo.- El total del daño económico ocasionado al Estado, por la enajenación de empresas públicas y recursos naturales, en el periodo neoliberal que abarca desde 1985 hasta 2005, alcanza a un estimado de $us 22.051 millones, según el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CEMIPyC), presentado en enero de 2019.
La CEMIPyC fue conformada por mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional para desarrollar el trabajo de investigación desde julio de 2013 hasta agosto de 2018, sobre la enajenación de empresas públicas y recursos naturales, consumada durante el periodo 1985-2005.
El resultado de esta tarea fue compilado en un documento bajo el título ‘Neoliberalismo: enajenación de empresas públicas y recursos naturales 1985-2005, en sus tomos 1, 2 y 3’, además de una versión resumida.
Según una publicación de la Cámara de Senadores, de enero de 2019, durante la presentación del último informe, el presidente de la comisión investigadora, el entonces senador Rubén Medinaceli, explicó que la enajenación de varias empresas estatales consistió en el cierre, privatización y capitalización de las mismas.
En el informe resaltan cuantiosas cantidades de dinero que fueron usurpadas al patrimonio del Estado, por ejemplo, el perjuicio económico por la privatización de empresas departamentales que supera los $us 27 millones.
Hacia el año 2000, la aplicación de las políticas neoliberales no logró sacar a Bolivia de su catalogación como uno de los países más pobres de la región, menos competitivo y altamente endeudado del mundo.
Durante ese periodo (1985-2005), se descapitalizaron más de siete empresas estratégicas para justificar su capitalización. Sólo en este caso, el Estado boliviano perdió $us 9.576 millones por el proceso de la privatización.
Las siete compañías estatales estratégicas investigadas son Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV).
Medinaceli explicó que antes de los gobiernos neoliberales Bolivia contaba con 212 empresas, de las que siete eran estratégicas, es decir “aquellas empresas que generaban excedentes económicos con dos destinos: potenciar el sector productivo y atender los requerimientos de la población boliviana”.
Indicó que la enajenación de esas empresas se generó durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), que proponía ‘capitalizar’ las empresas estratégicas con el fin de doblar sus ganancias, promesas que “no se cumplieron”.
SUBVALUACIÓN
Según el informe de la CEMIPyC, el proceso de enajenación de empresas públicas se efectuó bajo una directriz: la subvaluación de activos y de patrimonio. La constante en el trabajo de las empresas consultoras encargadas de la valuación de las firmas estatales para su transferencia al sector privado fue bajar su valor por cualquier razón o base de cálculo, incluso más allá de lo que la normativa permitía. Además, en esta lógica subvaluadora, la consultora establecía un determinado valor referencial para una empresa pública, pero al poco tiempo se contrataba otra consultora para que estableciera otro valor referencial menor para la misma compañía. Consiguientemente, la subvaluación se hizo en beneficio de los potenciales adjudicatarios (transnacionales) y en desmedro del Estado.
En este proceso de enajenación, en el caso de YPFB, el Estado entregó adicionalmente a las empresas capitalizadoras 30 campos hidrocarburíferos en concesión con “valor cero”.
En ENFE se rebajó un 67% el costo de la tarifa de transporte de carga, lo cual afectó fuertemente a la economía de esa empresa, con lo que se obtuvo el pretexto para capitalizarla.
El informe de la comisión evidenció también que el Estado boliviano gastó más de $us 297 millones para llevar adelante el denominado proceso de capitalización.
DAÑO
Los datos oficiales mencionan que la capitalización de ENDE provocó un daño superior a los $us 26 millones, a Entel $us 484 millones, a LAB más de $us 50 millones, a ENFE más de $us 86 millones y a YPFB $us 8.448 millones.
En el caso de la Comibol y la EMV el daño económico al Estado fue superior a los $us 476 millones, que, sumados a las más de $us 9.100 millones de ENDE, Entel, LAB, ENFE y YPFB, ascienden a $us 9.576 millones.
PATROCINADORES
Durante el periodo estatal nacionalista (1952-1985), los excedentes generados por las empresas estatales estratégicas, especialmente las que tenían el control de los recursos naturales (Comibol y YPFB), le permitían al Estado hacerse cargo —aunque de manera insuficiente— de los gastos de infraestructura productiva y vial, energía, salud y educación, e incluso apoyar la actividad privada y agroindustrial; sin embargo, en la etapa neoliberal esa condición fue eliminada: los excedentes generados por las empresas públicas en manos privadas ya no sostenían al Tesoro General de la Nación (TGN), y habían disminuido dramáticamente.
La transferencia del patrimonio público al sector privado, la desaparición del Estado nacionalista y la exclusión de los actores sociales anticapitalistas como el proletariado minero fueron acciones patrocinadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y por los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), algunos de los cuales tenían una fuerte incidencia en el Grupo Consultivo de París, al que frecuentaban delegaciones del gobierno neoliberal de Bolivia. Esos organismos facilitaron préstamos financieros o donaciones a condición de que las empresas públicas del país (dependientes de ministerios, corporaciones regionales de desarrollo, prefecturas y alcaldías) fueran transferidas al sector privado, y aquellas que no pudieran transferirse fueran cerradas.
El informe de la CEMIPyC explica que el Grupo Consultivo de París es un instrumento poderoso de sumisión económica y política de los países acreedores (países de Europa, Japón, Australia y Estados Unidos) hacia naciones endeudados, y tiene una fuerte incidencia en las políticas financieras del BM y FMI. En ese marco, el gobierno neoliberal frecuentaba al Grupo de París durante el período neoliberal para rendir cuentas de sus compromisos asumidos y cumplidos.
LA MAYOR PARTE DEL EXCEDENTE ECONÓMICO ERA PARA LAS PRIVADAS
Muchas de las empresas públicas, en todas las fases de su cadena productiva (producción, comercialización, consumo y distribución de bienes), pasaron al dominio privado; otras se cerraron o fueron desmanteladas.
A lo largo del ciclo neoliberal, la mayor porción del excedente económico fue percibida por el sector privado transnacional. El sector hidrocarburífero fue un ejemplo paradigmático de esa realidad, tomando en cuenta que sólo el 18% del valor de la producción hidrocarburífera de los campos nuevos y más ricos beneficiaba al Estado boliviano bajo la figura de regalías; el resto, 82%, fue en beneficio privado. Consiguientemente, la capacidad productiva y económica del país fue afectada de tal modo que el Estado no podía invertir en el desarrollo nacional ni atender las necesidades sociales más acuciantes.
La privatización del LAB se hizo con irregularidades
Tenía un importante rol en el transporte aéreo.
La Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (CEMPyC), de la Asamblea Legislativa, informó, el 11 de junio de 2014, que se encontraron serias irregularidades de orden legal, técnico y económico, antes, durante y después del proceso de la capitalización del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).
El 30 de noviembre de 1995, después de un proceso de adjudicación con varias observaciones, el LAB fue transferido a la Sociedad Voe-Canhedo SA VASP del empresario Brasileño Wagner Canhedo por medio de dos escrituras públicas: una de Capitalización y Suscripción de Acciones y otra de Administración por cinco años. En éstas se establecía compromisos de inversión de la VASP por un monto de $us 47 millones, de los cuales $us 5 millones debían entregarse en efectivo, $us 31,9 millones en bienes (una aeronave Boeing 737-300), $us 8,6 millones correspondiente al 30% del alquiler de 2 aeronaves y $us 1,9 millones al asesoramiento general.
Estas obligaciones pactadas contractualmente no se cumplieron, como fue certificado por la comisión investigadora. Más bien, contrariamente a las condiciones del contrato, el pago de impuestos por la internación del avión Boeing 737-300 fue asumido por el Estado, erogación que no estaba contemplada pero que se autorizó mediante el Decreto Supremo 24451, del 20 diciembre de 1996.
En relación al pago del 30% del alquiler de dos aeronaves ($us 8.605.000), el Directorio del LAB capitalizado y presidido por Wagner Canhedo anuló esta obligación modificando unilateralmente el contrato, ilegalidad que fue avalada por las autoridades del Poder Ejecutivo durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El Contrato de Administración prohibía la contraprestación de servicios de la VASP con el LAB. Pese a ello, el 6 de junio del año 2000, el LAB concilió una deuda, que databa de 1996, con la VASP, por gastos operativos efectuados en Miami (Estados Unidos) por la suma de $us 11.540.518, sin que sea registrada contablemente, pero que apareció en un convenio firmado entre los hermanos Wagner y Roberto Canhedo, presidentes de LAB y de VASP, respectivamente. La empresa capitalizadora cobró la deuda con la apropiación indebida de las acciones que el LAB tenía en el Sistema Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA), por $us 9,8 millones. Aun así la VASP sostenía que el LAB le adeudaba $us 1,7 millones.
En el mismo contrato de capitalización, la VASP se comprometió a no transferir las acciones sin autorización del LAB, del Estado y del fiduciario de las acciones, contrario a esto, el 9 de noviembre de 2001, Canhedo vende acciones del Lloyd a Ernesto Asbún y Raúl Garáfulic Gutiérrez, sin la autorización respectiva.
La Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización concluyó que la VASP no aportó los $us 47 millones para capitalizar el LAB. Pese a ello, el 31 de diciembre de 2001, la Superintendencia de Transportes concluyó que la inversión de VASP fue de $us 47.475.000; es decir el total comprometido.
Sánchez de Lozada consolidó la enajenación
Durante el neoliberalismo, el gobierno de Jaime Paz (1989-1993) pretendió privatizar el LAB, pero fracasó debido a la oposición de los trabajadores del LAB y de las organizaciones sociales y cívicas en marzo de 1993. Su enajenación, vía capitalización, se efectivizó en 1995, cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada la adjudicó a la empresa brasileña VASP.
El LAB fue creado en 1925 como empresa privada. En 1941, el Estado nacionalizó las acciones que pertenecían a empresarios alemanes. En 1973, se convirtió en sociedad de economía mixta, en la que Bolivia tenía el 97,8% del paquete accionario, y los privados el 2,2%. El LAB cumplía un importante rol en el transporte de pasajeros, carga y correo, y en la articulación territorial con el oriente del país. Llegaba a 12 destinos nacionales y 14 internacionales.
Perjuicio por capitalización de YPFB alcanzó a $us 8.448 MM
La enajenación empezó con Sánchez de Lozada.
El daño económico total por la capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la entrega de reservas hidrocarburíferas, emergente de dicho proceso, alcanzó la suma de $us 8.448 millones.
La estatal petrolera, desde 1985 hasta 1996, se convirtió en la principal fuente de ingresos del país, con un aporte anual promedio de $us 369 millones. Sin embargo, con el proceso de capitalización se transfirieron 30 campos hidrocarburíferos en producción, a través de contratos de riesgo compartido (28/11/1996), lo que significó dejar sin recursos al Tesoro General de la Nación (TGN).
De acuerdo al informe de la Comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas, el proceso de enajenación de YPFB comenzó con la fragmentación empresarial y la separación de las unidades de exploración, explotación y transporte de YPFB que luego fueron transferidas a capitales foráneos mediante el método de capitalización, en el marco de la Ley 1544 de Capitalización de 21 de marzo de 1994, y la Ley 1689 de Hidrocarburos de 30 de abril de 1996, promulgadas por el gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997).
Por otra parte, las unidades de refinación, distribución, comercialización y otros componentes de YPFB fueron enajenadas en el marco de la Ley 1330 de Privatización, de 24 de abril de 1992, principalmente durante el gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2002).
Para ese proceso, por ejemplo, se contrataron ocho consultoras internacionales para asesorar la capitalización de YPFB, con un costo aproximado de $us 4,41 millones (1995-1996).
Mientras que las reservas hidrocarburíferas entregadas a las transnacionales capitalizadoras y otras empresas petroleras privadas, bajo la figura de contratos de riesgo compartido, alcanzaron a $us 3.080.867 que representó un enorme daño económico al Estado.
El caso de YPFB es paradigmático del fraccionamiento que algunas empresas públicas (ENDE, ENFE, Enaca, entre otras) sufrieron a objeto de facilitar su enajenación.
El 28 de mayo de 1999, mediante convocatoria a licitación pública internacional, se puso en venta los activos de las refinerías de petróleo de propiedad de YPFB: ‘Gualberto Villarroel’ (Cochabamba) y ‘Guillermo Elder’ (Santa Cruz).
Sólo el 18% de los ingresos por el gas beneficiaba al país
En el proceso de privatización, el sector hidrocarburífero fue un ejemplo paradigmático: sólo el 18% del valor de la producción de los campos nuevos y más ricos beneficiaba al Estado boliviano bajo la figura de regalías; el resto, es decir el 82%, fue en beneficio privado.
Consiguientemente, la capacidad productiva y económica del país fue afectada de tal modo que el Estado no podía invertir en el desarrollo nacional ni atender las necesidades sociales más acuciantes.
El daño por Comibol y Vinto llega a $us 476 millones
La privatización de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) provocó un daño económico al Estado por un monto superior a los $us 476 millones, señala el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, presentado en enero de 2019.
Una vez instaurado el sistema neoliberal en 1985, la Comibol fue paralizada con el despido de aproximadamente 27 mil trabajadores, el cierre de empresas y operaciones mineras, siendo luego objeto de desmantelamiento y enajenación bajo diversas modalidades.
Esta empresa fue creada mediante Decreto Supremo 31196, de 2 de octubre de 1952. Después de la nacionalización de las minas detentadas por Patiño, Hochschild y Aramayo (31 de octubre de 1952), Comibol se constituyó en la compañía estatal más grande del ciclo estatal nacionalista, generando excedentes económicos que permitieron la diversificación de la industria y el agro, la expansión territorial del Estado y la articulación y el desarrollo del oriente boliviano. Sus aportes a la economía, al país y a la sociedad eran tan significativos que se puede afirmar que Bolivia vivía de los excedentes económicos que generaba Comibol. Por ello mismo, era considerada la empresa estratégica más importante del país.
VINTO
Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, la EMV fue incluida en el proceso de capitalización de empresas estratégicas, pero debido a la oposición del pueblo de Oruro esa iniciativa no prosperó. En 1999, el gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga la enajenó en el marco de la Ley 1330 de Privatización, pero no como empresa en marcha, sino como activos. Fue privatizada a pesar de que en el periodo 1993-1998 fue la de mayor producción, generación de utilidades y productividad de la EMV, llegando a ser una empresa estratégica modelo del sector productivo nacional.
El nombre de Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) fue instaurado en 1985 por el gobierno de Víctor Paz, tomando en cuenta que fue creada bajo el denominativo de Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) por Decreto Ley 07695, de 15 julio de 1966, con el propósito de evitar la exportación de minerales como materia prima y fundir concentrados de estaño y otros en el país.
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