En ocasión del inicio de la devolución de Bs 150 de excedente en la inscripción de premilitares, el Jefe de Estado explicó que los últimos acontecimientos políticos han dado luces para pacificar el país de forma real, concreta y correcta con la aplicación de la justicia por las ejecuciones extrajudiciales y la violación de los derechos humanos en 2019.
Aseguró que la ruptura del orden constitucional no sólo ocasionó un severo daño a la economía del país, sino cobró la vida de personas que enlutaron a 38 familias, y que la única manera de reparar a la brevedad eso es con la justicia. Dijo que el 21 de agosto, Bolivia recordó 50 años del golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez que cobró la vida y la desaparición de cientos de bolivianos; a medio siglo de lo ocurrido continúa la impunidad para quienes fueron parte de ese nefasto hecho de la historia en el país.
“El pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos del silencio. Bolivia necesita avanzar, Bolivia necesita sincerarse y Bolivia necesita generar actividad económica que le permita crear empleo e ingresos para la población”, sostuvo el mandatario.
El Presidente expresó su orgullo y complacencia porque en el camino las Fuerzas Armadas (FFAA), de a poco, empiezan a mostrar una conducta diferente a la que asumieron en 2019, decisión correcta porque viabiliza el trabajo para la pacificación y el sinceramiento.
“El pueblo es el último fiscal al que tendremos que rendir cuentas de todas nuestras actuaciones finalmente, sólo así contribuiremos a la construcción de una sociedad más abierta, democrática y enterraremos de una vez por todas el fantasma de la dictadura y de la oscuridad que vivió lamentablemente en el pasado nuestro país”, concluyó el Jefe de Estado en su discurso.
CONDICIONAMIENTOS
El jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, propuso al Gobierno la firma de un acuerdo nacional por la paz y la reconciliación con juicios de responsabilidades por las masacres de 2019, previa modificación del sistema judicial y del Ministerio Público, caso contrario desde su punto de vista, con “la actual justicia y el Ministerio Público lo que tendremos es un linchamiento judicial y no una administración de justicia, o una garantía de impunidad”.
“En Comunidad Ciudadana estamos de acuerdo con llevar adelante varios juicios de responsabilidades en el caso de que se investigue y se demuestre que son necesarios, pero no creemos que esos juicios puedan llevar adelante el objetivo que puedan buscar una administración de justicia imparcial, creíble y que sobre todo sea justa con quienes fueron víctimas, por quienes perdieron la vida en esos hechos con la actual justicia”, precisó.
CHANTAJE
Para el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en El Alto, David Inca, a Mesa no le interesa la situación de los familiares de las víctimas fatales en Sacaba, Senkata, Pedregal, Montero, de los heridos, de los encarcelados ilegalmente y de los torturados en 2019 porque condiciona la situación jurídica de una persona (Jeanine Añez) que cometió asesinatos extrajudiciales.
“Es chantaje porque condiciona el cambio de jueces, fiscales y el sistema judicial para recién autorizar los juicios; lo que Carlos Mesa está promoviendo es la impunidad y le está diciendo al país que no le interesa el derecho que tienen las víctimas, los familiares de los fallecidos, los que han sido heridos a bala y los que han sido torturados”, sostuvo.
“Para Mesa, esas personas no importan, lo único que le interesa es la vida y la dignidad de la expresidenta Jeanine Añez, su actuar es discriminatorio porque sólo está viendo a una persona frente a al menos 600 entre heridos, fallecidos y detenidos en El Alto, Cochabamba y Montero; entonces, Carlos Mesa no ve el derecho que tienen las víctimas”, añadió Inca.
ANGULO: LA PROPUESTA DE CC ES POLÍTICA
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juanito Angulo aseguró ayer que la propuesta del jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, es política y busca impunidad para los responsables de la masacre de 2019.
“El señor Carlos Mesa está buscando que se encubra y se busque impunidad por los hechos cometidos en 2019, está buscando que no se haga justicia de los 37 muertos y los más de 1.500 perseguidos, heridos, detenciones ilegales, vejámenes, torturas, hechos de violencia psicológica y sexual”, indicó.
Mesa propuso firmar un “acuerdo nacional por la paz y la reconciliación” que considere la reforma judicial para iniciar con los juicios de responsabilidades a quienes corresponda.
“Esta es una propuesta política que no coadyuva a mejorar la justicia. El señor Carlos Mesa está mostrando su miedo a las víctimas y al pueblo boliviano, ya se demostró quiénes han participado de manera activa en el golpe de Estado, ahí va su miedo para escapar de la justicia y no asumir sus responsabilidades”, resaltó. (ABI)
Arce: El pueblo boliviano ya no está para soportar impunidad ni pactos de silencio
OXIGENO.- El presidente del Estado, Luis Arce, sostuvo este lunes que el país ya no está para soportar impunidad ni pactos de silencio de hechos de violencia que afectaron los derechos de las familias bolivianas, sobre todo por lo ocurrido en 2019.
“Recordábamos hace poco el golpe de Estado del año 71, donde también hubieron muertes y 50 años posteriores sigue habiendo impunidad para quienes estuvieron en este golpe de Estado, y el pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio”, dijo el mandatario en su discurso en un acto oficial en el Estado Mayor General del Ejército.
La semana anterior, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó el informe final que contiene los resultados de las investigaciones de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
El documento concluye que en 2019, durante el Gobierno de Jeanine Áñez, existió vulneración a los derechos, racismo, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones extrajudiciales.
“La forma de pacificar correcta, real y concreta que tenemos es la aplicación de justicia, como lo piden las familias de las personas que han perdido vidas, porque aquí no estamos hablando de que simplemente el golpe de Estado dejó un daño económico, dejó una deuda con 38 familias en el país y la única manera de reparar y pacificar esto es con la aplicación de la justicia a la brevedad posible”, sostuvo el Jefe de Estado.
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