Por Luciana Bertoia y Felpie Yapur / PAGINA 12.- La Gendarmería terminó la semana pasada con un sumario interno que se originó para averiguar cómo se produjo la salida de las 70.000 balas antitumulto que terminaron en poder de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y de la policía tras el golpe de Estado contra Evo Morales. El sumario será una prueba importante en la causa penal que tramita contra el expresidente Mauricio Macri, la exministra Patricia Bullrich y el exjefe de Gendarmería Gerardo Otero, entre otros, pero por el momento se mantiene bajo reserva. Sin embargo, se sabe que los gendarmes confirmaron que nunca usaron esas balas. “Se ratifica la inexistencia de órdenes de adiestramiento e instrucción que autorizaran el uso de municiones de cualquier tipo en Bolivia; también que pallets con las municiones fueron observados en el Hércules, pero que no fueron trasladados adonde los llevaron a ellos”, anticipó la ministra de Seguridad Sabina Frederic a Página/12.
El sumario se abrió en Gendarmería después de que este diario revelara la existencia de una carta del comandante de la FAB Jorge Gonzalo Terceros Lara en la que agradecía al entonces embajador argentino Normando Álvarez García por la entrega de 40.000 balas antitumulto 12/70, granadas y sprays. La investigación interna de la fuerza es voluminosa: lleva más de 900 fojas y contiene 100 documentos adjuntos. Mucho de lo sucedido con el contrabando de municiones a Bolivia puede explicarse gracias a las marcas que fue dejando la burocracia. En ese proceso que llevó más de un mes se les pidieron explicaciones a distintos gendarmes, que las brindaron por escrito y sin estar bajo juramento, a diferencia de lo que sucedería en un proceso penal.
—¿Surgió en el sumario información sobre el accionar de Bullrich? — preguntó este diario a Frederic.
–Las responsabilidades que analiza el sumario administrativo de Gendarmería van desde el entonces director nacional Gerardo Otero hacia sus subordinados. No podrían nunca aparecer responsabilidades por encima de él. Nada de esto va a tener algún impacto directo sobre las responsabilidades de los funcionarios y las funcionarias políticas.
—¿Cómo describen los gendarmes lo sucedido alrededor de la comitiva que se desplazó a Bolivia con los proyectiles?
–En términos generales, hay quienes manifiestan desconocer el envío, y otros que dicen que cumplieron órdenes. Por otra parte, se ratifica la inexistencia de órdenes de adiestramiento e instrucción que autorizaran el uso de municiones de cualquier tipo en Bolivia; también que los pallets con municiones fueron observados en el Hércules, pero que no fueron trasladados adonde los llevaron a ellos.
—¿Y frente a estas manifestaciones cómo sigue el proceso administrativo?
–Ahora se abre la investigación disciplinaria que podría llevar un mes más. Los irán llamando para que hagan sus descargos y determinar cuáles son las sanciones que les cabe a cada uno de ellos.
El sumario de la Gendarmería preocupa a Macri, tanto que intentó frenarlo desde el expediente que tramita en el fuero en lo penal económico. Como ya no es parte de la fuerza, Otero está fuera de esa investigación. El excomandante de la Gendarmería era un funcionario de extrema confianza de Bullrich, tanto que, antes del fin del mandato, le obsequió un sable con la frase que la ministra acuñó mientras Santiago Maldonado estaba desaparecido y ellas les prometió “no tirar un gendarme por la ventana”. Según surge de la última ampliación de la denuncia que presentó el gobierno de Alberto Fernández, Otero estuvo reunido en la Casa Rosada el 12 de noviembre de 2019, el mismo día en que los gendarmes partieron hacia Bolivia. Mientras estaba en Casa de Gobierno, la Gendarmería tramitó la autorización para sacar las 70.000 balas que terminaron en poder de la FAB y de la policía boliviana.
En el expediente que se sustancia en la órbita del Ministerio de Seguridad, los apuntados con claridad son los cuatro funcionarios a quienes Frederic puso en disponibilidad hasta en tanto se determine qué rol jugaron en la salida y la entrega de los proyectiles: Fabián Salas (el jefe del Grupo Alacrán que justificó la salida de las 70.000 balas), Rubén Yavorski (que tramitó la autorización para sacar el material represivo), Carlos Miguel Recalde (que informó que las 70.000 balas se habían usado en entrenamientos) y Adolfo Caliba (el agregado de Gendarmería en La Paz, señalado por el gobierno boliviano como quien gestionó la entrega de las municiones a la policía local).
Más allá del plano administrativo, las expectativas están puestas en la causa penal. Después de la ampliación de la denuncia, el fiscal Claudio Navas Rial deberá decidir si también imputa al exjefe de Gabinete Marcos Peña, al excanciller Jorge Faurie y al exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. De hacerlo, se sumarían a la lista que encabezan Macri, Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exembajador Normando Álvarez García.
