AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (ABI).- Ante denuncia de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, la Fiscalía General del Estado acusó a Jeanine Áñez Chávez por el delito de genocidio, que tiene una pena de cárcel de hasta 30 años, debido a que ella estuvo a cargo de las FFAA y de la Policía en 2019 y aprobó dinero para sus operaciones planificadas que causaron matanzas, ejecuciones extrajudiciales de al menos 20 personas y centenares de heridos que protestaban contra su gobierno que fue conformado sin cumplir el quorum exigido en el Legislativo.
Esos datos están contenidos en el Requerimiento Acusatorio para enjuiciamiento y solicitud para autorización de juzgamiento. Caso CU FGE20210005, presentado este viernes por la Fiscalía General del Estado a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
El documento incluye una larga lista de militares y policías que participaron en las masacres de Sacaba y Senkata, la lista de los 20 familiares de las víctimas que presentaron su denuncia, sus testimonios, las autopsias de las personas fallecidas en esas matanzas, documentos internacionales, jurisprudencia, informes oficiales remitidos por las FFAA, peritajes, entrevistas, informes de respaldo, entre otros insumos.
Respecto a Jeanine Áñez Chávez, el Requerimiento Acusatorio señala que ella se autoproclamó presidenta del país y asumió el mando de las FFAA y la Policía en 2019.
“ (…) de la Sra. Jeanine Áñez Chávez, y a tal efecto, debe tenerse presente que conforme la documentación colectada y cursante en obrados se tiene que la misma en fechas 15 y 19 de noviembre de 2019, ejerció las funciones de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, (autoproclamada en una sesión Parlamentaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional llevada adelante sin quorum y sin cumplir la formalidad prevista por ley, la que fue ampliamente cuestionada por diversos sectores sociales del país), asumiendo de esa manera el nivel jerárquico más alto de toda la estructura del Poder Ejecutivo del Estado Boliviano, y a su vez el control y dominio total de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, con absoluto poder de mando para la conducción y dirección de las acciones y políticas de orden y seguridad en el interior del País, ejercitándose en estas condiciones la represión contra un sector de la población boliviana, más concretamente en contra de ciudadanos del Trópico de Cochabamba, identificados como miembros de “comunidades interculturales. (Masacre de Sacaba) y ciudadanos de Senkata de la ciudad de El Alto (Masacre de Senkata), que se encontraban plenamente identificados, y compartían componentes culturales e ideológicos contrarios al gobierno instituido, basados fundamentalmente en el permanente rechazo y cuestionamiento a su toma del poder, representando así un riesgo para la continuidad de su gobierno”, indica el documento de la Fiscalía.
Esa institución recordó que la norma Constitucional, señala: “Artículo 172 .· Son atribuciones de la Presidenta o de/ Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley: 18. Designar y destituir al Comandante General de la Policía Boliviana. 25. Ejercer el mando de Capitana o Capitán General de las Fuerzas Armadas, y/ o, disponer de ellas para la defensa del Estado, su independencia y la integridad del territorio. Articulo 246.- I. Las Fuerzas Armadas dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado y reciben sus órdenes, en lo administrativo, por intermedio de la Ministra o del Ministro de Defensa y en lo técnico, del Comandante en Jefe”.
La acusación de la Fiscalía, indica que las masacres de Senkata y Sacaba, “acontecieron tras la planificación y ejecución operativa conjunta policial militar dispuesta por el nivel central de Gobierno bajo la autoridad y aquiescencia de JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ quien en ese momento ejercía funciones de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, habiendo asumido además el control de las fuerzas del orden y seguridad del Estado (Fuerzas Armadas y Policía Boliviana), extremo que fue operativizado por los entonces Ministros de Estado Arturo Carlos Murillo Prijic (Ministro de (Gobierno) y Luis Fernando López Julio (Ministro de Defensa), con la participación de los Comandantes a nivel nacional de la Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, Gral. Sergio Carlos Orellana Centellas y Cnel. Rodolfo Antonio Montero Torricos, respectivamente, quienes asintieron y toleraron la participación en estos hechos, de grupos militares especializados, munidos con armamento y munición letal, entre los cuales se encontraba el grupo denominado GCAII (Grupo Contra Actos de Interferencia Ilícita “Libertador Simón Bolívar”) con base de operaciones en la Brigada Aérea de la ciudad de La Paz, dependiente del Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, para entonces Gral. Brig. Ciro Orlando Álvarez Guzmán (sic)”.
Por todo ello, la Fiscalía señaló que “la Sra. Jeanine Áñez Chávez la comisión del delito de GENOCIDIO, cuya descripción y sanción penal se encuentra definido conforme lo siguiente: Código Penal – Articulo 138.- (Genocidio) Quien o quienes con propósito de destruir total o parcialmente a la población boliviana, nación o pueblo indígena originario campesino, comunidades interculturales, afrobolivianas, o segmento de ellos, o grupo de un credo religioso, diere muerte o causare lesiones a sus miembros, o los sometiere a condiciones de inhumana subsistencia o de asimilación forzosa, o les impusiere medidas destinadas a impedir su reproducción, o realizare con violencia el desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos, será sancionado con privación de libertad de quince (15) a treinta (30) años”.
La acusación agrega que, en la gestión de Áñez, también se incurrió en la comisión de ejecuciones extrajudiciales “ (…) y Corte lnteramericana de Derechos Humanos, así como el contenido del informe del GIEI, permite sostener la existencia de ejecuciones extrajudiciales suscitadas en fechas 15 y 19 de noviembre de 2019 por parte de las fuerzas conjuntas policiales y militares, quienes se encontraban bajo la autoridad y mando de la ciudadana Jeanine Áñez Chávez que ejercía en ese momento las funciones de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia constituyéndose así en la máxima autoridad de gobierno con poder de mando sobre toda la estructura organizacional del Estado”.
En el documento, se acusa también a Jeanine Áñez del delito de Lesiones Graves y Leves y Lesión seguida de muerte.
El tipo penal contenido en el artículo 273 del Código Penal. (Lesión Seguida de Muerte), señala: ” El que con el fin de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona, sin que esta hubiese sido querida por el autor, pero que pudo haber sido prevista, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) anos”.
Respecto al financiamiento a los operativos militares y policiales, la acusación de la Fiscalía indica que: “a) La asignación de recursos se efectuó en cumplimiento del Decreto Supremo No. 4082, afectando la partida 99200 ‘Provisiones para Gastos Corrientes’ del presupuesto de la Entidad 99 ‘Tesoro General de la Nación’. b) (asignación presupuestaria adicional asciende a Bs. 34.796.098.- (Treinta y cuatro millones setecientos noventa y seis mil noventa y ocho 00/ 100 Bolivianos), registrado en el SIGEP”.
DESCARGA EL INFORME DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES (GIEI) SOBRE LAS MASACRES DE JENAINE AÑEZ, AQUÍ:
El Fiscal General presenta requerimiento acusatorio ante el TSJ para enjuiciar a Áñez por las masacres
Por Miguel Gómez / LA RAZON.- El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció este viernes que presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el requerimiento acusatorio contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, para que se tramite un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa por las 20 muertes en las masacres de Sacaba y Senkata.
“La Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales comunica que en mérito a la proposición acusatoria presentada por las víctimas de los hechos luctuosos producidos en los días 15 y 19 de noviembre de 2019, en el sector del puente de Huayllani del municipio de Sacaba y la planta de Senkata de la ciudad de El Alto, y los antecedentes acumulados en observancia a los plazos legalmente previstos en la Ley 044 de 8 de octubre de 2010, presentó hoy ante el TSJ el requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Áñez Chávez, por tales hechos, calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves, y lesión seguida de muerte”, dijo Lanchipa, en una conferencia de prensa en Sucre.
“El presente requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público ante el TSJ sobre los sucesos que provocaron la muerte de 20 personas y varias decenas de heridos se funda en los hechos de convicción recabados bajo los principios de objetividad y transparencia en el desarrollo de la acumulación de antecedentes previstos en la Ley 044, correspondiendo que dicha instancia (el TSJ), a la brevedad posible, remita a la Asamblea Legislativa para la respectiva autorización de juzgamiento. La Fiscalía reafirma su compromiso con el país en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia”.
El anuncio se produce cuatro días después de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que halló graves violaciones a los derechos humanos entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, especialmente ejecuciones extrajudiciales en las masacres de Sacaba y Senkata, en el gobierno transitorio de Áñez, bajo el paraguas del Decreto Supremo 4078 que exoneraba de cualquier responsabilidad penal a los militares en los operativos para “restablecer el orden”.
El 15 de noviembre de ese año, un operativo provocó la muerte de 10 movilizados en Sacaba, a tres días de la posesión de Áñez. Cuatro jornadas después, ocurrió lo mismo en Senkata, con otros 10 fallecidos. Todos murieron por impactos de bala. El GIEI determinó que las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes en un uso desproporcionado de la fuerza. Así echó por tierra la narrativa del ministro de Gobierno de entonces, Arturo Murillo, de que los movilizados se dispararon entre sí.
Áñez llegó al poder en medio de un polémico proceso de sucesión marcado por reuniones extralegislativas y una autoproclamación en la Asamblea. El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales fue derrocado por protestas cívicas, denuncias de fraude electoral, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Áñez se encuentra actualmente en la cárcel de Miraflores, detenida por el caso Golpe de Estado.
LINK DE LA RAZON: https://www.la-razon.com/nacional/2021/08/20/la-fiscalia-presenta-requerimiento-ante-el-tsj-para-enjuiciar-a-anez-por-las-masacres/
Posesión de Añez no constituyó una sucesión presidencial legítima
El experto asegura que la actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas fue una muestra clara de insubordinación. Contribuyeron a la violencia.
AHORA EL PUEBLO.- Juan Méndez, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), afirmó ayer que la posesión de Jeanine Añez como presidenta en 2019 no “constituyó una sucesión constitucional legítima”, de acuerdo al análisis que se hizo de la Constitución Política del Estado.
El experto declaró anoche, en el programa Primer Plano de Bolivia TV, que el GIEI no tenía el mandato de pronunciarse si hubo fraude o golpe de Estado en Bolivia; sin embargo, afirmó que en el informe final sobre los hechos de violencia y vulneración de derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 hay una cronología de hechos que incluyen un análisis de la Constitución sobre la sucesión presidencial.
“Efectivamente, lo único que hicimos fue poner en el informe la forma en que se llegó a constituir un gobierno provisorio, está en nuestro informe, no constituyó una sucesión presidencial legítima”, sostuvo Méndez.
Esta situación es descrita ampliamente en la página 27 del informe del GIEI, donde indica: “En reunión del Senado sin el quórum previsto en reglamento, Jeanine Añez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente. Luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Añez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia”.
Para el experto, fue primordial hacer énfasis en los antecedentes de varios hechos y acciones para demostrar que varios líderes políticos, de todas las tendencias, tenían responsabilidades por la creación de condiciones que llevaron a una espiral de violencia que causaron luto.
El 12 de noviembre, según la cronología del GIEI, Jeanine Añez ingresó al Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando.
Esto sucede luego de una serie de actos de violencia en varias regiones del país, y días antes de que la Policía se amotinara y los jefes militares sugirieran la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
“Efectivamente, tanto las fuerzas militares como las fuerzas del orden público tienen que estar sujetas al poder civil, en ese sentido el motín policial y la sugerencia, entre comillas, de que renunciara el Presidente son claras muestras de insubordinación de esas fuerzas al poder civil, esperamos que con esta lección aprendida eso no vuelva a suceder”, señaló Méndez.
El informe del GIEI contiene más de 400 páginas que demuestran que en 2019 hubo masacres en Bolivia.
Régimen Penitenciario: Junta médica determina que Áñez está estable y su vida no corre peligro
La expresidenta Jeanine Áñez cumple detención preventiva desde marzo.
Por Carlos Corz / LA RAZON.- Una junta médica concluyó que la expresidenta Jeanine Áñez se encuentra “actualmente estable” y su vida no corre riesgo, informó la responsable de salud de Régimen Penitenciario, Mariana García, en una conferencia de prensa junto al director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.
“Se llega a la conclusión avalada por todos los especialistas que participaron en dicha junta que la señora (Añez) se encuentra actualmente estable. No presenta ningún tipo de descompensación en su patología crónica el cual ponga en riesgo su vida y por ende se continuará con el tratamiento antes impuesto con monitorización de cardiología y demás especialistas”, aseguró.
Áñez padece de hipertensión y de males derivados de esa enfermedad de base. Sus abogados y su hija, Carolina, exigen que la exmandataria sea trasladada a un centro privado de salud para ser atendida. En una audiencia en la que se rechazó su libertad, la expresidenta advirtió: “A mí cualquier ratito me va a dar un infarto porque toda esta presión que recibo por todo este acoso afuera y adentro es tremendamente injusto”.
García explicó que en horas de la mañana se desarrolló una junta médica compuesta por especialistas del Hospital del Tórax, el médico de cabecera de Añez y familiares.
“Se ha visto pertinente que permanezca en las condiciones que está en el recinto penitenciario y que será monitoreada por cada uno de los médicos de la junta médica”, sostuvo.
Limpias aseguró que en la junta médica estuvo Carolina, hija de la expresidenta, y dos de sus abogados.
“Las partes involucradas han quedado en conformidad”, insistió Limpias y aseguró que se ha aprobado el tratamiento respectivo y la entrega de la historia clínica.
Áñez se encuentra recluida en un ambiente de la cárcel de Miraflores acondicionado para tratar sus problemas de salud. El jueves, la Justicia le negó un recurso de Acción de Libertad en busca de defenderse en libertad en el caso golpe de Estado.
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