ABI.- El canciller Rogelio Mayta dijo que en 2019 se ejecutó una estrategia de terrorismo de Estado para sostener a Jeanine Áñez y entonces se cometió delitos de lesa humanidad. Indicó que Carlos Mesa tiene sus manos manchadas con la sangre de bolivianas y bolivianos.
La autoridad, entrevistada en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, hizo una evaluación de la visita y del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que determinó que, en 2019, durante la gestión de Jeanine Áñez, se produjeron masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, agresiones sexuales y persecuciones.
Mayta indicó que en 2019 se manifestó un “terrorismo de Estado” que se expresó en “represión violenta de la protesta social sin importar que hubiese pérdida de vidas humanas, probablemente buscando la pérdida de vidas humanas, porque ya no eran conciudadanos que tenía en frente, eran enemigos que había que vencer y eliminar, implicaba persecución del oponente político”.
“Se ha ejecutado una estrategia de terrorismo de Estado para sostener, para llevar a Jeanine Áñez al Gobierno, para sostenerla y que todos esos hechos que se han cometido son delitos de lesa humanidad, previstos en el Estatuto de Roma, y que tengo la convicción de que deben ser procesados y juzgados como delitos de lesa humanidad (…) porque son delitos imprescriptibles y están sujetos a jurisdicción universal”, indicó el Canciller.
“Querían que el pueblo quede intimidado porque era la estrategia del terrorismo de Estado para poder mantener en el poder a Áñez, y como les iba a faltar municiones y pertrechos, recurrieron a Ecuador y Argentina”, manifestó.
Sobre Carlos Mesa dijo que, aunque las autoridades judiciales determinen o no su juzgamiento, él tiene las manos manchadas con la sangre de bolivianas y bolivianos.
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Bolivia da pasos importantes para que CIDH y ACNUDH acompañen implementación de recomendaciones del GIEI
ABI.- El canciller Rogelio Mayta informó este viernes que se dio pasos importantes para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) acompañen la aplicación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de violencia de 2019.
“Hemos dado pasos importantes para que hagan acompañamiento instituciones como la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, también en las próximos días, semanas, tengamos reuniones para ver metodologías de trabajo”, manifestó en una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz para la despedida de los miembros del GIEI-Bolivia.
La autoridad estatal explicó que se cuenta con la fortaleza y el valor para enfrentar el reto de cumplir las sugerencias dejadas por los especialistas de la entidad internacional.
En especial, Mayta destacó que entre las recomendaciones se enfatizará la búsqueda de justicia para al menos 37 víctimas fatales nombradas en el informe final, con procesos penales que deben ser proseguidos y nuevos que deberán empezarse o readecuarse con el compromiso del Ministerio Público.
“Eso vamos a preservarlo sobre todas las cosas, porque las víctimas no son números fríos, heridos, perseguidos, no son cifras o estadísticas, son seres humanos y las violaciones de derechos que se han realizado en esos aciagos días tenemos que superarlas a través de los procesos de justicia que tenemos comprometido realizar con todas las dificultades que puedan existir en el marco de las recomendaciones”, sostuvo.
El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que se incluirá el concepto de reparación en el ideario sobre cómo implementar las recomendaciones del GIEI-Bolivia.
“Nuestro firme compromiso de que ustedes, que ya nos han permitido avanzar en la idea de que puedan volver, sea concretado esto en el próximo año, en el momento más propicio para sus agendas. Queremos mostrarles que este es un país que tiene palabra, que la honra y que la va a cumplir”, aseveró.
Una de las expertas del GIEI-Bolivia, Patricia Tappatá, agradeció al Gobierno de Bolivia por su apoyo y predisposición para la investigación del caso de los hechos de violencia de 2019 y expresó su complacencia por las gestiones para que organismos internacionales acompañen el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI.
“Es realmente una buena noticia que la CIDH acompañe y apoye ese seguimiento y que la Oficina de la Alta Comisionada en Bolivia también tendrá un rol”, aseveró.
El procurador Federal Adjunto de los Derechos del Ciudadano de Brasil y miembro de la GIEI-Bolivia, Marlon Weichert, indicó que se espera que las recomendaciones del informe final sean tomadas y aplicadas con “una mirada de que se crea una oportunidad para avanzar en esta reconstrucción tan deseada del tejido social que desafortunadamente se mostró fracturado en la crisis social de 2019”.
GIEI recomienda beneficiar a familias de víctimas y heridos de hechos de violencia de 2019
ABI.- El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI-Bolivia) recomienda que los familiares de las víctimas y heridos de los hechos de violencia de 2019 sean beneficiados con un plan de reparación integral de daños, para que puedan rehacer sus vidas de la mejor manera posible, informó el viernes uno de sus miembros, Juan Méndez.
“Ante las graves violaciones de los derechos humanos, el Estado boliviano tiene la obligación de ofrecer un plan de reparación integral a las víctimas (…). Que implique una reparación tanto simbólica como monetaria y que incluya la posibilidad de rehacer sus vidas de la mejor manera posible”, señaló, en una entrevista en el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv.
El experto explicó que el resarcimiento de los daños tiene que efectuarse por medio de la atención a las consecuencias de la violación de los derechos humanos que vivieron los familiares de los fallecidos y los heridos sobrevivientes.
La reparación tiene una fundamental importancia porque es un mandato internacional en el campo de los derechos humanos, recordó.
“Esa reparación tiene que empezar con la investigación y el relato de la verdad de los hechos para las víctimas y la población en general, el procesamiento y castigo de quienes resulten responsables”, complementó.
El experto rememoró que entre los hechos de violencia se enfatizó en el informe final de la GIEI-Bolivia las masacres de Senkata y Sacaba, que fueron calificadas así porque “esa es la definición que en derecho internacional se usa cuando se dispara más o menos indiscriminadamente contra un grupo de personas políticas, ideológicas o de discriminación en general”.
“Y cuando se dispara a matar especialmente. Normalmente, llamamos masacres a episodios en los que mueren tres o más personas en ese tipo de circunstancias y aquí teníamos diez víctimas en Sacaba y creo que 10 u 11 en Senkata”, concluyó.
GIEI: Abusos de los cívicos y de la Policía causaron las muertes en Montero
El Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista cercaron y atacaron armados por siete días con ayuda de las FFAA y de la entidad del orden.
Por Luis Fernando Cruz / AHORA EL PUEBLO.- La Policía Boliviana no evitó el cerco de simpatizantes del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de la Unión Juvenil Cruceñista al barrio Cofadena, del municipio de Montero, del 26 al 31 de octubre de 2019, que cobró la vida de tres personas, confirmó ayer Juan Méndez, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En instalaciones de la sede social del barrio, con la presencia de autoridades municipales, dirigentes de la zona, familiares de las víctimas, el grupo de expertos hizo entrega de su informe final sobre los actos de violencia en ese barrio y el territorio nacional entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Méndez explicó que el trabajo del GIEI recogió testimonios y toda la información de lo ocurrido desde el 24 de octubre de 2019, después de que dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron la movilización en defensa de la democracia y para organizar la resistencia.
Anoticiado de la decisión, el Comité Cívico Pro Santa Cruz se trasladó al “barrio Cofadena al grito de collas de mierda los vamos a matar, y empezaron una confrontación. Durante los siguientes días los enfrentamientos fueron incrementando en intensidad”.
El experto señaló que el 25 de octubre de 2019, un grupo de personas afines al MAS se enfrentó con simpatizantes del Comité Cívico Pro Santa Cruz que realizaban un bloqueo sobre la carretera principal que comunica a los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.
Relató que el 30 de octubre, al mediodía, empezaron las explosiones y tiros en inmediaciones del Puente de la Amistad, donde se concentraron los movilizados. Los afines al Comité Cívico llegaron hasta el lugar armados y cercaron a al menos 300 personas de ambos lados del puente.
“Pese a la presencia de agentes policiales en el lugar, la Policía no intervino para prevenir o contener el enfrentamiento. En esta primera confrontación, cuatro personas de Cofadena resultaron heridas con perdigones; también fue herido con dos perdigones en la cabeza un quinto manifestante”, sostuvo.
“El GIEI concluye que las autoridades actuaron con opacidad para impedir o prevenir el cerco a Cofadena, así como los actos violentos que habrían tenido inicio el 26 de octubre en Santa Cruz y venían incrementando su intensidad hasta los hechos en Montero”, dijo.
“Posteriormente, los bloqueadores del movimiento cívico se organizaron para hacer un cerco al barrio de Cofadena. (…) Los ánimos se encontraban exacerbados luego de nueve días de paros y bloqueos que afectaban intensamente las posibilidades de trabajo de los moradores de Cofadena”, añadió el experto.
Señaló que la noche del 30 de octubre, las personas adeptas al paro cívico en Montero fortalecidas por integrantes del Comité Cívico y de la Unión Civil Cruceñista de Santa Cruz reforzaron el cerco al barrio Cofadena.
“El barrio Cofadena se mantuvo prácticamente cercado hasta la madrugada del 31 de octubre, ante la omisa respuesta policial para contener la situación. Vecinos de Cofadena resultaron lesionados de diversas formas y por lo menos cuatro casas fueron saqueadas y dos quemadas en los límites del barrio por personas simpatizantes al movimiento cívico”, manifestó.
Flora Guzmán: Me llevaron a la cárcel por salvar una vida
Flora Guzmán, presa política y víctima de los sangrientos hechos que vivió Montero en octubre y noviembre de 2019, rememoró ayer ante los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) las vejaciones y violación a sus derechos que sufrió junto a su familia.
“Sólo por salvar vidas fui llevada a la cárcel, yo como médica tengo esa facultad de salvar vidas y socorrer a las personas que lo necesitan, pero había sido un delito”, contó con lágrimas ante los expertos.
Detalló que por salvar y ayudar a una persona que estaba en estado crítico, producto de la violencia suscitada en Montero, fue detenida y remitida a la cárcel sin ninguna orden de aprehensión, “me trataron como delincuente, como si hubiese matado (…). Me aprehendieron junto mis dos hijos, prácticamente toda mi familia estuvo en la cárcel” apuntó.
Cuando quiso defenderse ante la justicia, expresó, no tenía ese derecho porque era catalogada de terrorista por el gobierno de Jeanine Añez. “Durante 25 años trabajé salvando vidas, pero el delito más grande fue atender a una persona que requería ayuda”, rememoró. (ABI).
Fiscalía propone nuevo juicio contra Añez por 3 delitos
AHORA EL PUEBLO.- El Ministerio Público presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un requerimiento acusatorio en contra de la expresidenta Jeanine Añez para su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la autorización de un juicio de responsabilidades por los muertos y heridos que se registraron durante las masacres de Sacaba y Senkata en 2019.
Según el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, los delitos están calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves, y lesión seguida de muerte.
“En mérito a la proposición acusatoria presentada por las víctimas de los hechos luctuosos producidos en los días 15 y 19 de noviembre de 2019 en el sector del Puente Huayllani del municipio de Sacaba (Cochabamba) y la planta de Senkata (El Alto) y los antecedentes acumulados, se presentó el requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Añez”, dijo.
Agregó que el requerimiento acusatorio sobre los sucesos que provocaron la muerte de al menos 20 personas y varias decenas de heridos, se funda en los elementos de convicción recabados bajo los principios de objetividad y transparencia, en el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes.
“Ahora corresponde que esta instancia (TSJ), a la brevedad posible, remita el mismo a conocimiento de la Asamblea Legislativa para la respectiva autorización de juzgamiento”, señaló.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre el 15 y 19 de noviembre de 2019 hubo masacres en las localidades de Senkata y Sacaba.
Mediante un Decreto Supremo 4078 firmado por Añez y su gabinete, los militares y policías tenían carta blanca para hacer uso de sus armas de fuego contra las personas movilizadas.
La exmandataria, quien guarda detención preventiva en el penal de Miraflores, es también investigada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, presuntamente cometidos cuando era senadora, y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes durante su etapa presidencial.
Trató de salir libre en cuatro oportunidades: el 6 de julio, 12 de julio, 4 de agosto y 19 de agosto.
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