Por Juan Luis Hernández / LA IZQUIERDA DIARIO.- El 21 de agosto de 1971 un golpe de estado marcó el ascenso del General Hugo Banzer Suárez al gobierno de Bolivia, en el cual permaneció durante casi siete años. La dictadura de Banzer fue la primera instaurada en los ‘70 en el Cono Sur, abriendo el ciclo de los golpes contrarrevolucionarios de esa década: le siguieron en junio y setiembre de 1973 los ejecutados en Uruguay y Chile, y en 1976, el encabezado por Videla y la Junta Militar en Argentina.

El golpe derrocó al gobierno del General Juan José Torres, un militar de tendencia nacionalista que intentó un difícil equilibrio entre las aspiraciones de la clase obrera y los sectores populares por un lado y las presiones de la burguesía y el imperialismo por el otro. El movimiento obrero, organizado en la entonces poderosa Central Obrera Boliviana (COB), y los partidos de izquierda, habían impulsado la construcción de la Asamblea Popular, un organismo que se definía así mismo como un Frente Antiimperialista dirigido por el movimiento obrero. La Asamblea comenzó a funcionar el 22 de junio, reconociendo como plataforma programática -junto con las Bases Constitutivas y el Reglamento de Debates- la Tesis Política aprobada en el IV Congreso de la COB, de mayo de 1970. Este documento se pronunciaba por la independencia política de la clase obrera y el socialismo, incluyendo una amplia Plataforma de Lucha que abarcaba las principales reivindicaciones sociales, democráticas y antiimperialistas.

El golpe derechista se inició el 18 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, ciudad que el 19 cayó en manos del coronel Andrés Selich, luego de sangrientas refriegas donde murieron más de 100 personas. Entre el 20 y el 21 se libró la lucha decisiva en torno de La Paz. El único regimiento que luchó al lado del presidente hasta el final fueron los Colorados del Mayor Rubén Sánchez, las demás unidades o se plegaron al golpe o permanecieron a la espera de los acontecimientos. El Comando Político -que dirigía la lucha al entrar en receso la Asamblea Popular- declaró la huelga general, y en la noche del 20 una delegación se entrevistó con Torres para pedirles armas. Según algunas versiones el mandatario se habría negado a distribuirlas, según él mismo declaró posteriormente, no quedaba ninguna en su poder. Los trabajadores, tomaron por asalto los almacenes centrales del ejército, pero solamente encontraron unos 1200 máusers antiguos y escasa munición. Junto a los Colorados, lucharon heroicamente todo el 21 de agosto, pero fue en vano. Por la noche, Banzer asumía como presidente, mientras seguían los estruendos de las bombas y las ametralladoras contra la Universidad de San Andrés, que resistió algunas horas más. Los trabajadores y los estudiantes sufrieron en estas jornadas una de las peores derrotas de su historia.

Durante el gobierno de Banzer se produjeron cambios cualitativos en la economía y la sociedad boliviana. Inició su gobierno bajo la consigna “paz, orden, trabajo”, y conformó su gabinete a partir de una alianza con dos partidos políticos tradicionales: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Falange Socialista Boliviana (FSB). Con ellos los militares firmaron un pacto llamado Frente Popular Nacionalista, para formalizar el acuerdo. El MNR era el antiguo movimiento nacionalista que había estado al frente del gobierno surgido de la insurrección triunfante del 11 de abril de 1952, mientras la Falange era un partido fundado en la posguerra del Chaco, originado en un grupo fascista, tradicionalista y ultramontano inspirado en la falange española, tenaz opositor del MNR cuando éste estaba en el gobierno. De esta manera, guiado por su líder histórico, Víctor Paz Estenssoro, el MNR iniciaba el tramo descendente de la parábola que, partiendo del nacionalismo de los ‘50, el desarrollismo de los ’60, el apoyo a la derecha proimperialista en los ‘70, desembocaría finalmente en el neoliberalismo pos 1985.

La dictadura de Banzer obtuvo el inmediato apoyo de Estados Unidos y de Brasil, obteniendo de ambos países fuertes préstamos. Se trató, por supuesto, de uno de los gobiernos más autoritarios que hubo en Bolivia. Los organismos de derechos humanos contabilizaron un mínimo de 200 muertos, más de 14.000 personas pasaron por sus cárceles, la mayoría sin juicio previo y habiendo sufrido torturas y unos 19.000 debieron exiliarse. Se prohibió la actividad política y sindical, se censuró la prensa y se clausuraron emisoras de radio opositoras.

En octubre de 1972 se dispuso una devaluación del 67 %, concediéndose bajísimos aumentos salariales del 10 o del 20 %. A fines de 1973 se suprimieron los subsidios a productos de consumo popular, produciéndose incrementos sustanciales en los precios de los alimentos. Los campesinos, principales afectados por las medidas gubernamentales, comenzaron a movilizarse en el valle alto de Cochabamba, bloqueando la ruta a Sucre. Tras infructuosas negociaciones con el ministro de Asuntos Campesinos, el 19 de enero comenzó la llamada “masacre del valle”. En el pueblo de Tolata y en la localidad de Epizana, aviones de caza, tanques y carros blindados dispararon contra una concentración de 20.000 campesinos dejando montones de cadáveres. Esta acción brutal fue el comienzo del fin del Pacto Militar Campesino, laboriosamente labrado años antes por el dictador Barrientos con las dirigencias campesinas allegadas, y que había sido renovado por esos mismos dirigentes al asumir Banzer.

La estrategia económica del gobierno estaba centrada en dos objetivos: atraer la inversión externa, eliminando todas las restricciones legales a la misma, y concentrar todos los esfuerzos económicos en Santa Cruz. Con respecto a lo primero, el gobierno de Banzer dictó la ley de inversiones extranjeras en setiembre de 1971, que liberó el movimiento de utilidades y eliminó todo tipo de aranceles a la introducción de capitales. En relación a lo segundo, puede afirmarse que es bajo la dictadura de Banzer que Santa Cruz comienza a convertirse en el motor del capitalismo en Bolivia. Incidió decisivamente a ello la cuantificación definitiva de las reservas de gas existentes en el subsuelo de Tarija, confirmándose la existencia del segundo reservorio de gas de Sudamérica. Esto, sumado a la creciente explotación petrolera, abierta nuevamente a la inversión extranjera, terminó por inclinar la balanza hacia el Oriente boliviano, especialmente a partir de la crisis mundial de 1973-74, que elevó sustancialmente los precios del petróleo. Además, el gobierno canalizó préstamos y subsidios hacia Santa Cruz, destinados a estimular cultivos de exportación, como algodón, café, azúcar y a la madera, rubros que crecieron en las exportaciones del país, a lo cual debe agregarse también el arroz y la explotación ganadera, ofreciendo de esta manera un sostén económico a la oligarquía cruceña.

En el plano político se conformó el Frente Revolucionario Antiimperialista (FRA), presidido por el General Torres y al que se sumó toda la izquierda, (incluido el POR) que terminó disolviéndose sin pena ni gloria. En noviembre de 1974 se produce un denominado “autogolpe”, por el cual se disuelve el acuerdo con el MNR y la FSB, y se forma un nuevo gabinete, formado por allegados de Banzer. En junio de 1976, Torres fue asesinado en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor. Más de 20.000 personas concurrieron a una manifestación de protesta y recordación que se efectuó en siglo XX.

En esos años oscuros hace su aparición el katarismo. A partir de 1971 comenzaron a formarse en La Paz las primeras agrupaciones kataristas, integradas inicialmente por estudiantes universitarios y residentes aymaras urbanos, dedicadas a hacer trabajo político y social comunitario y territorial y a elaborar críticamente el legado de la Revolución de 1952.

El gobierno del MNR pretendía extender la ciudadanía política a las mayorías indígenas, mediante la reforma agraria (transformación del indio en campesino), la educación (castellanización) y el sufragio universal (transformación del campesino en ciudadano). El katarismo, que toma su nombre de la reivindicación de Túpac Katari, reivindica la cultura y el pasado indígena, y sostiene que la modernización impulsada por el MNR si bien sacó al indio del atraso y las relaciones paternalistas y autoritarias, lo hizo al precio de sacrificar su cultura, su pasado, su cosmovisión. No rechaza la modernidad, pero reclama la recuperación de su identidad avasallada. En 1973, varias agrupaciones kataristas elaboran el Manifiesto de Tiahuanaco, primera declaración pública del movimiento, que resume todas estas posiciones. El katarismo se convirtió en un amplio movimiento cultural e ideológico, que dará cobertura a múltiples expresiones políticas, sociales y culturales. En el Manifiesto se sostendrá que la tarea de los kataristas no es crear nuevas organizaciones campesinas, sino recuperar las ya existentes, expulsando a las dirigencias que habían pactado con los militares. Esto permite confluir al katarismo con una nueva dirigencia sindical campesina, que va a alcanzar gran desarrollo tras las masacres de 1974, que hunden definitivamente el Pacto Militar Campesino. Bajo la conducción de Jenaro Flores (La Paz) y Macabeo Santos Chila (Oruro), los kataristas recuperarán, entre 1977 y 1978 las organizaciones sindicales campesinas, y en junio de 1979 dieron origen a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), hoy la organización de masas más importante del país.

En la segunda mitad de 1977 comenzaron a sentirse las presiones provocadas por los cambios en la política de Estados Unidos bajo la administración del presidente James Carter. El gobierno cree oportuno intentar una salida institucional, para lo cual prepara un candidato oficial, el General Juan Pereda Asbún, detrás de cuya candidatura se formó la Unión Nacionalista del Pueblo (UNP). Se dictó una amnistía muy limitada, que no incluía a muchísimos dirigentes políticos y sindicales, como Juan Lechín, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Hernán Siles Suazo y centenares de dirigentes y militantes de base.

En respuesta a esto, el 28 de diciembre de 1977 las esposas de cuatro mineros exiliados iniciaron una huelga de hambre en las oficinas del Arzobispado reclamando: amnistía general e irrestricta, trabajo para todos los despedidos y el retiro de las tropas de las minas. El 31 de diciembre un segundo grupo de huelguistas se constituyó en la sede del diario católico Presencia. Cuando el movimiento terminó, el 18 de enero, había más de 1000 huelguistas y muchos más en reserva para suplantarlos cuando llegasen al límite de las fuerzas físicas. El gobierno debió acceder a todas las demandas, menos el retiro de las tropas de las minas, decretándose la amnistía total el 20 de enero de 1978.

En ese contexto, fueron convocadas elecciones para julio de 1978, siendo el acto electoral escandalosamente fraudulento, con lugares donde había más votos escrutados que electores anotados en el padrón. Los resultados favorables al candidato oficialista no fueron reconocidos, por lo cual todo terminó con un golpe de estado que proclamó presidente a Pereda Asbún. Culmina de esta manera, en forma poco glamorosa, el gobierno de Hugo Banzer Suárez, quien sin embargo logró reciclar a gran parte de sus seguidores en un nuevo partido, la derechista Alianza Democrática Nacional (ADN), que le da a su mentor la posibilidad de participar en el ciclo institucional abierto a partir de 1982.

https://www.laizquierdadiario.com/Hace-50-anos-triunfaba-el-golpe-de-Banzer-en-Bolivia

Evo Morales dice que ‘herederos políticos’ de Banzer buscan impunidad por el ‘golpe’ de 2019

Evo Morales en un contacto con los medios en La Paz. Foto: Roberto Guzmán-La Razón.

Por Mariano Vásquez / SANGRRE/ Argentina.- El 21 de agosto de 1971 comenzó en Bolivia el golpe de estado más extenso de su historia. Duró siete años y derrocó al general nacionalista Juan José Torres, asesinado en 1976 en la Argentina por un Grupo de Tareas de la dictadura.

El coronel Hugo Banzer Suárez derrocó al incipiente proyecto popular, que gobernaba a Bolivia mediante una alianza heterodoxa encabezada por un general progresista, la Central Obrera Boliviana (COB) y movimientos de izquierda que se atrevieron a instalar una Asamblea del Pueblo en el propio hemiciclo del Congreso Nacional.

En apenas once meses, “el general de los pobres”, como se lo llamaba a Torres, nacionalizó la Mina Matilde, expulsó a los Cuerpos de Paz de Estados Unidos, creó la Corporación Estatal de Desarrollo y el Banco del Estado. La dictadura de Banzer volvió a las relaciones carnales con Estados Unidos y a las acostumbradas políticas de entrega del patrimonio nacional y los recursos naturales. Dejó 468 asesinados, 667 exiliados y miles de torturados.

Hoy, muchos de los sobrevivientes y familiares de las víctimas tuvieron que recordar este aniversario luctuoso bajo un nuevo régimen golpista que derrocó al gobierno de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. Según la Defensoría del Pueblo, “la vigencia de los tratados de Naciones Unidas se encuentra amenazada por la sistemática conducta gubernamental de violación de derechos humanos, que dejó 35 muertos, 833 heridos y 1.504 arrestos y/o aprehensiones”.

Uno de los principales lugartenientes de la mandataria de facto Jeanine Añez sintetizó en una frase el corpus clásico de las dictaduras latinoamericanas. Se trata del ministro de Defensa, Luis Fernando López, quien amenazó a un ciudadano en plena vía pública: “Podría hacerlo desaparecer en diez segundos”, le dijo.

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Seis miembros de la familia Campero Marañón fueron víctimas de la dictadura de Banzer. Casi cincuenta años después, uno de ellos, Fernando, murió en el exilio cubano, acompañado de su esposa y su hija Ariana Campero Nava, exministra de Salud de Evo Morales, quien rememoró en su cuenta de Twitter esta angustiante repetición de los años de plomo: “Un agosto doloroso para nuestra familia y sobre todo para lxs que resistieron junto a Fernando, mi papá. Acá el testimonio q escribió hace algunos años, será motor para recuperar nuestra democracia popular. ¡Hasta siempre compañero del alma!”

Ella se refiere al texto de su padre “Viva el Chato”, que escribió entre 2008 y 2009 con el propósito de “rescatar la memoria histórica de una familia entera que vivió lo duro de la dictadura”. Fernando explica en el texto que la motivación a dejar testimonio se produjo  cuando “una joven compañera” le preguntó “qué pasaría si el proceso” de cambio que entonces encabezaba el Gobierno de Evo Morales sufría un golpe de Estado y “si estaríamos preparados para resistirlo”. “Reflexionando en la posible respuesta, creí necesario hacer estas pocas líneas, que siendo una vivencia personal, siempre consideré como parte de nuestra historia colectiva, por ello, creí necesario responder la pregunta”.

En el escrito, Fernando Campero Marañón recuerda a su madre Bertha, “progenitora de diez, a la que la dictadura encarceló a cinco de sus hijos, y a uno de ellos, a Marcos, los torturadores lo postraron en silla de ruedas hasta el final de sus días. Siempre supe de sus sufrimientos, de la penurias que pasó por ver a sus hijos en prisión. Quizá uno nunca alcance a sentir y vivir lo que sufrió, el maltrato de los dictadores, las presiones que sobre ella ejercían, los insultos y el vejamen, las largas caminatas para pedir permiso para las visitas, el caminar de kilómetros para llegar con su aliento hasta la cárcel de Chonchocoro, no tengo una sola duda que desde su posición ella se convirtió en una luchadora más contra el fascismo. Nunca sumé los días y los meses de mi encierro, siempre supe que todo tiempo en manos de los carceleros había que convertirlo en tiempo útil y que había que aprender a vivir los momentos que la vida nos impone como difíciles”.

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Ruth Llanos es secretaria ejecutiva Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), esposa de Ricardo Navarro, uno de los ochos miembros de la Dirección Nacional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) asesinados el 15 de enero de 1981 por la narcodictadura de Luis García Meza. “Hoy en el régimen de Añez vuelvo a vivir otra vez una situación de represión, como ayer en el de Banzer y García Meza. Jamás pensé que a la edad que tengo iba a vivir un tercer golpe”, lamentó la defensora de derechos humanos en diálogo con SANGREE.

“Para quienes vivimos las dictaduras militares del pasado, lo que pasa hoy en Bolivia nos retrotrae a lo doloroso de todas las formas de persecución, de hostigamiento que sufrimos organizaciones y familiares”, afirma Llanos.

Expresa que “para Asofamd los golpes de Banzer y García Meza nos llevan a hacer un paralelismo con lo que actualmente vivimos: la represión se justifica por el enemigo interno, los sediciosos, los terroristas. Hoy como ayer tenemos detenciones arbitrarias, torturas, persecuciones, encarcelamientos sin el debido proceso, vejámenes a las mujeres, cierre de los medios de comunicación”.

Advierte que “nos atacan a través de las redes sociales, niegan las violaciones a los derechos humanos, alaban a los militares, realizan vivas a Banzer, a García Meza, celebran el retorno de la fuerza dura e irracional”.

Para la referente “estamos viviendo un mundo muy parecido al que describía George Orwell en 1984 en donde nos quieren hacer creer que la guerra es la paz, que la esclavitud es libertad y que la dictadura es democracia. Ante esa situación, organizaciones como la nuestra tienen la enorme tarea de luchar contra la desmemoria, el negacionismo y el relativismo”.

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Leonardo Benito Peña es hijo de Irene Nélida Peña, argentina, enfermera y delegada gremial del Sanatorio Güemes, y Cosme Benito, boliviano, médico y delegado gremial del Hospital Escuela San Martín, militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Ambos fueron secuestrados el 16 de septiembre de 1976 en su domicilio en Gonzales Chávez 236, Mataderos, en el marco del Plan Cóndor. La familia cree que fueron llevados al campo de concentración Automotores Orletti. El dolor se potencia por la posibilidad de que Nélida haya estado embarazada al momento del secuestro.

“Al finalizar la tarde un Grupo de Tareas allana el domicilio y los identifica. Mi madre reacciona indicando que su padre era mayor de edad y que otra compañera del partido que me tenía en brazos era solo una vecina y yo hijo de ella. Eso me salvó la vida. Yo tenía un año y ocho meses. Por la fuerte represión estuve muy corto tiempo con mi abuelo materno en Mataderos. Mis tíos, por seguridad, me llevaron a Quilmes. Hasta allí llegó de Bolivia la hermana menor de mi papá, Fortunata Benito, y me sacó clandestinamente del país”, rememora desde Argentina Benito Peña a SANGRRE.

“Llegué a Bolivia con casi tres años, ahí crecí separado de mis hermanos y hermana, cuyos nombres no conocía, y no tuve contacto tampoco con mi familia materna. Gracias a Defensa del Niño Internacional y al apoyo de Asofamd, mi tía logra que sea nacionalizado boliviano y me otorgan el documento de identidad cuando tenía ocho años”.

Benito Peña es miembro de ASOFAMD desde los dieciséis: “A casi cincuenta años del golpe no ha habido justicia, no se ha aplicado una política integral de recuperación de la memoria que garantice la no repetición de crímenes de lesa humanidad. Es muy doloroso ver esa inacción, el pacto de silencio, el negacionismo, el racismo y el odio que provocaron un nuevo golpe de Estado en noviembre de 2019, con graves violaciones a los derechos humanos, las cuales deberán ser juzgadas, como es el caso de la masacre de militares y policías en Senkata y Sacaba, además de la persecución, las detenciones arbitrarias y extrajudiciales, las torturas y los tratos crueles inhumanos y degradantes”.

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Marcelo Quiroga Santa Cruz, connotado intelectual, escritor y dirigente político, fue asesinado por la dictadura de Luis García Meza el 17 de julio de 1980. Dos años antes, en una entrevista radial decía: “Creo que no hay otro país como Bolivia, en América Latina, donde se observen contrastes tan lacerantes entre una minoría privilegiada, usufructuaria de la riqueza nacional, una minoría que concentra en beneficio suyo el excedente económico que se genera en la explotación de las mayorías nacionales”.

ATB: Cincuenta años, tres testimonios de resistencia y lucha. Tres estampas en la pared: Verdad. Memoria. Justicia. Y un grito que no cesa: “¡Dictaduras, Nunca Más!”

Juan José Torres fue destituido por Hugo Banzer que gobernó durante 7 años con mano de hierro, en sintonía con los intereses estadounidenses.

Hace medio siglo, el 18 de agosto de 1971, el coronel Hugo Banzer iniciaba un golpe de Estado contra el general de izquierda Juan José Torres, para poner en marcha el Plan Cóndor, que asesinó o provocó la desaparición de centenares de personas en Bolivia.

Banzer, el militar golpista que llegó a ser presidente en 1997 con el 22% de los votos tras vanos intentos de llegar a la Presidencia con su partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), nunca fue procesado por violaciones a los derechos humanos.

Tras convertirse en mandatario por la vía constitucional, dispuso la erradicación de las plantaciones de coca, tradicional sustento económico de los campesinos bolivianos, y una serie de medidas de ajuste liberal, entre otras decisiones económicas.

Según el Centro para los Asuntos Internacionales (Cidob), con sede en Barcelona, el 18 de agosto de 1971 Banzer entró clandestinamente a Bolivia.

Pero fue arrestado en Santa Cruz y conducido en avión al cuartel de Carabineros de La Paz.

Tres días después se constituyó un triunvirato militar que le otorgó la presidencia del país, tras el golpe número 187 de los 146 años de historia del país vecino.

Así, Banzer gobernaría Bolivia con puño de hierro durante siete años, hasta que sería derrocado por una asonada militar.

Torres había asumido el poder el 7 de octubre de 1970 mediante un levantamiento popular con la participación de trabajadores, organizaciones campesinas, el movimiento universitario y un sector de militares leales.

Tras el golpe contra su Gobierno huyó de Bolivia y en mayo de 1973 fue uno de los fundadores de la Alianza de la Izquierda Nacional (ALIN).

Banzer puso en marcha un aparato de represión que fue mucho peor que sus antecesores, suprimiendo los sindicatos, despojando a la población de los derechos civiles y militarizando las minas del país.

El 2 de junio de 1976 fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires en el marco del llamado Plan Cóndor, que integraban las dictaduras de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Según denuncias de organizaciones de derechos humanos, el golpe contra Torres fue apoyado por el Gobierno de Estados Unidos, que envió ayuda militar.

Durante su dictadura de siete años, Banzer puso en marcha un aparato de represión que fue mucho peor que sus antecesores, suprimiendo los sindicatos, despojando a la población de los derechos civiles y militarizando las minas del país.

La oposición de aquellos años lo acusaba de “corrupto, represor y de haber contraído una enorme deuda extranjera”

Banzer fue reemplazado por una junta militar que se mantuvo por cuatro años antes de ser derrocada en 1982.

En aquel año, Bolivia comenzó una serie de gobiernos democráticos, en medio de una gran crisis económica, caracterizada por la hiperinflación que llegó al 20.560% en 1985.

Banzer falleció en agosto de 2001, afectado por un cáncer, un año antes de cumplir su mandato constitucional, a los 75 años de edad.

El 11 de marzo de 2014 la organización Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, pidió que se esclarezcan en Bolivia los abusos cometidos contra los derechos humanos durante 18 años de régimen militar.

En un informe, afirmó que más de 350 personas fueron muertas o desaparecidas bajo distintos regímenes militares entre 1954 y 1982 (de las dictaduras de René Barrientos, Alfredo Ovando y Banzer).

Según la biografía “El dictador elegido”, escrita por el periodista argentino Martín Sivak, Banzer decía: “Personalmente, tengo una filosofía: al amigo, todo; al indiferente, nada; y al enemigo, palo.”

En un artículo publicado en 2001 en la revista Radar, del diario Página/12, Sivak menciona un documento desclasificado con motivo de la visita que realizó en junio de 1976 a Bolivia el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger.

El perfil elaborado por el Departamento de Estado señala: el coronel Banzer “es un hombre amistoso, informal pero digno, y negociador. Conoce y le gustan los Estados Unidos y se ha desviado de su camino en varias oportunidades para demostrar su adherencia al liderazgo de EEUU en este hemisferio y en el mundo (…)”.

https://www.telam.com.ar/notas/202108/565342-se-cumplen-50-anos-del-golpe-de-estado-de-hugo-banzer-contra-juan-jose-torres-en-bolivia.html