Por Luis Fernando Cruz / AHORA EL PUEBLO.- El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirma que la represión conjunta de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Boliviana en el puente Huayllani, en el municipio de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, se ejecutó con “la intención de matar” a los movilizados.
(La Capitana de las FFAA, de facto, fue Jeanine Añez y el Ministro de Defensa, de facto, Luis Fernando López, ambos con el máximo control de los militares; mientras que la Policía estuvo dirigida por el Ministro de Gobierno, de facto, Arturo Murillo, hoy preso en EEUU por robar miles de dólares al Estado boliviano y pretender lavarlos en bancos norteamericanos).
La afirmación fue emitida por el experto de la GIEI Juan Méndez en la entrega del documento que registra la investigación de los actos de violencia ocurridos en el país desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 a las víctimas y familiares de los asesinados en la masacre de Sacaba.
El acto instalado en inmediaciones del puente Huayllani se inició con un minuto de silencio en honor a los mártires de la democracia, y contó con la participación de autoridades del Gobierno, asambleístas nacionales, departamentales y dirigentes de las organizaciones sociales.
EJECUCIONES SUMARIAS
Méndez señaló que el GIEI verificó que la movilización, anunciada para el 15 de noviembre de 2019, iba a ser pacífica, por lo que no se justifica ninguna represión militar ni policial.
“Se refuerza la perspectiva de que el operativo no fue ejecutado con el único objetivo de impedir el ingreso de manifestantes a Cochabamba; como resultado hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican además una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga”, sostuvo.
“El equipo forense de antropología de Argentina concluye en el estudio que nosotros le pedimos que hiciera para nuestro informe, que las lesiones que produjeron las muertes permiten inferir que fueron causadas por un proyectil de alta velocidad disparado desde un fusil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se podría calificar en ese caso las muertes como ejecuciones sumarias”, precisó.
FRACASO DE DIÁLOGO
Méndez dijo que el informe del GIEI verificó que el 14 de noviembre de 2019 pobladores del trópico de Cochabamba se reunieron en el municipio de Sacaba, donde se determinó realizar una marcha pacífica hasta la ciudad de Cochabamba un día después. Explicó que al menos unas cinco mil personas se concentraron para dirigirse hasta la plaza 14 de Septiembre de la capital cochabambina, pero el comandante departamental de la Policía advirtió que no permitiría su ingreso.
“Días antes, el comandante de la Policía había informado que no permitiría el ingreso de las y los manifestantes a la ciudad. Las negociaciones resultaron infructuosas, un avión caza sobrevoló la zona y la Policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos en contra de los pobladores del trópico”, manifestó.
Después del inicio de la gasificación, efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea, que se encontraban detrás de la policía, avanzaron y formaron una sola línea con los policías.
Señaló que la investigación verificó que las tropas de las Fuerzas Armadas se encontraban “fuertemente armadas, (y que) producto de los disparos nueve personas fallecieron y otro quedó con graves heridas que provocaron su muerte en junio del año siguiente, por lo menos otras 98 personas resultaron heridas. El GIEI logró documentar 36 personas heridas con proyectiles de armas de fuego”.
MARCHA PACÍFICA
Méndez manifestó que el GIEI no encontró pruebas de que los manifestantes hicieran uso de armas de fuego, o que amenazaran la vida de otros manifestantes, de los efectivos de la Policía o de las Fuerzas Armadas. “No hubo informes de lesiones graves a ningún miembro de las fuerzas del orden”.
GRAVES LESIONES
Además, con base en los informes del comandante de la Séptima División y del comandante del REPM 3, y otras fuentes consultadas por el GIEI, es posible establecer que las tropas militares estaban fuertemente armadas. “A partir de la información antes referida, el GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la Policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones a los manifestantes. El GIEI evalúa que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones a los derechos humanos en el operativo en Sacaba el 15 de noviembre de 2019. Las fuerzas estatales actuaron en violación de su obligación de respetar y proteger a las personas, sus derechos y sus libertades”, manifestó el experto.
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY
La prohibición absoluta de que la marcha pacífica ingresara a la ciudad de Cochabamba fue indebida, porque el Estado tenía el deber de garantizar la seguridad y de prevenir enfrentamientos entre grupos antagónicos. También tenía la obligación de adoptar medidas para evitar el paso de personas que pudieran estar armadas, pero sin prohibir el ejercicio del derecho de reunión y de expresión de los manifestantes. “La gasificación fue innecesaria y desproporcionada. En el momento en que la Policía comenzó a lanzar gases no había una situación de convulsión que necesitase ser controlada o dispersada, por ello el operativo policial no fue en respuesta a una agresión contra las fuerzas de seguridad, o contra terceras personas, sino una activa demostración de fuerza para deshacer la concentración de manifestantes”, aseguró el experto del GIEI.
LOS ESPECIALISTAS INTERNACIONALES PRESENTARON SU REPORTE EN POTOSÍ
El procurador federal adjunto de los Derechos del Ciudadano de Brasil, Marlon Weichert, informó ayer que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomienda la investigación, el juzgamiento y la aplicación de sanciones a los responsables de la violación de los derechos humanos, registrada en 2019 en el departamento de Potosí.
“Investigar, juzgar y aplicar sanciones a los responsables de todos estos hechos que se han documentado en el informe”, señaló en la presentación del documento en el Obispado de la Diócesis del departamento de Potosí, según reporte de ABI.
El experto internacional mencionó además que el informe sugiere que la investigación del caso se realice de manera efectiva, exhaustiva, diligente y con pleno respeto de los derechos de las víctimas y de los sindicados.
Weichert además explicó que el texto propone también que los perjudicados tengan garantizada su participación en la pesquisa.
“Y también propone al Ministerio Público que se abra casos que se cerraron indebidamente”, agregó.
El representante del GIEI detalló que entre las propuestas se incluye también un acápite para solicitar la investigación de casos de violencia sexual y de género.
Por su parte, la experta del GIEI Magdalena Correa explicó que el informe final detalla que las violaciones registradas en el departamento de Potosí estuvieron relacionadas con los derechos a la vida, a la libertad y la seguridad privada, la integridad personal, a la honra y la dignidad y la no discriminación, entre otros.
Marco Borda, víctima de los hechos luctuosos de 2019, calificó como histórica la entrega del informe internacional de derechos humanos que acredita que en 2019 hubo en Bolivia un golpe cívico, militar propiciado por angurria de poder, uno de ellos candidato a vicepresidente y gobernador que debe ser juzgado por la historia.
“Violación de derechos humanos so pretexto de lucha, reivindicación, no se debe torturar a personas porque mañana cualquier bellaco movilizará a gente para quemar su casa, eso no es democracia”, precisó.
El acto contó con la participación de autoridades departamentales, municipales, de las víctimas y de otros sectores, quienes demandaron monitorear el proceso para que se cumpla con las recomendaciones emitidas por el GIEI.
HRW: GIEI aporta pruebas de ejecuciones sumarias en gestión de Áñez y del sometimiento de la Justicia
El director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó de “excelente” el informe del grupo de expertos del GIEI sobre los hechos de violencia y muerte de 2019
El director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco
Por Carlos Corz / LA RAZON.- El director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó de “excelente” el informe del GIEI sobre los hechos de violencia y muerte en la crisis de 2019 porque aporta pruebas de la violación de derechos humanos y “ejecuciones sumarias y torturas durante el gobierno de Jeanine Áñez”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó el martes su informe de una investigación de ocho meses de lo ocurrido entre septiembre y diciembre de 2019, antes, durante y después de la renuncia de Evo Morales.
“Excelente informe del GIEI aporta pruebas contundentes sobre el sometimiento del sistema judicial al gobierno de turno y las gravísimas violaciones de DDHH durante las protestas de 2019, incluyendo ejecuciones sumarias y tortura durante el Gobierno de Áñez”, sostuvo Vivanco en una serie de mensajes en Twitter.
Vivanco aseguró que las pruebas encontradas por el grupo de expertos “elimina de una vez por todas la versión disparatada del gobierno de Áñez de que los manifestantes se mataron unos a otros en Sacaba y Senkata.
Un total de 37 muertes fueron identificadas. Una veintena de ellas ocurrieron en los hechos calificados de masacre en Sacaba y Senkata, donde militares y policías intervinieron protestas de sectores sociales en apoyo a Morales.
“Documentó 37 muertes en el contexto de protestas entre sep y dic 2019. Ellas no responden a un único color político. Es imperativo que la fiscalía boliviana despierte de su marasmo e investigue con diligencia e imparcialidad estos hechos. No pueden quedar impunes”, demandó el responsable de la institución que defiende el respeto a los derechos humanos.
También hizo notar la violencia con la que actuaron contra la población civil en El Alto. “Documentó arrestos ilegales, tortura sistemática de detenidos, agresiones sexuales y un patrón de arbitrariedad por la policía. Esos hechos requieren una investigación seria, imparcial e inmediata por parte de la fiscal”.
Vivanco sostuvo que el informe del GIEI apuntó “que hubo participación y responsabilidad del gobierno de Evo Morales” en los ataques “muy graves” en Vila Vila y Playa Verde contra quienes se trasladaban a La Paz para sumarse a las protestas en demanda de la dimisión de Morales, que finalmente ocurrió el 10 de noviembre.
“El informe del GIEI debe ser tomado en serio. La fiscalía debe investigar imparcialmente las violaciones a DDHH, sin importar la opinión política de las víctimas, y los responsables deben ser enjuiciados. Y es crucial una reforma para dotar de independencia a la justicia”, demandó.
Respecto al estado de situación de la Justicia, coincidió que el “carácter transitorio de la gran mayoría de los jueces y fiscales los expone a presiones políticas y el uso arbitrario de acusaciones de terrorismo y sedición, delitos definidos de modo abierto en la ley”.
Respecto al anuncio del presidente Luis Arce de anular el decreto de amnistía, celebró la decisión porque “abría camino a la impunidad por delitos graves y abuso”.
Áñez pide una vez más a la justicia casa por cárcel: ‘No me voy a fugar, no soy ninguna delincuente’
Áñez recurrió a su derecho a la defensa y entre sollozos pidió que se le cambie la detención preventiva por la detención domiciliaria.
Áñez en el vehículo que la transportó hasta el Hospital del Tórax la semana pasada
Por Paulo Cuiza / LA RAZON.- La expresidenta Jeanine Áñez pidió este jueves, una vez más, “casa por cárcel” en una audiencia virtual que se instaló para resolver un recurso de Acción de Libertad planteada por su defensa. “No me voy a fugar (…) no soy ninguna delincuente”, dijo.
Áñez recurrió a su derecho a la defensa y entre sollozos pidió que se le cambie la detención preventiva por la detención domiciliaria.
Demandó dejar la política de un lado y poner primero al ser humano.
“Hay una orden judicial y una contraorden política, y no nos parece porque así no hay justicia, estamos pidiendo que se cumplan las órdenes judiciales y hemos llegado al extremo de pedir casa por cárcel, no me voy a fugar, si hubiera tenido la intención de fugarme del país lo hubiera hecho en diciembre, enero, febrero, pero estuve acá en mi país porque considero que hice lo que tenía que hacer, no me excedí en absolutamente en nada, no soy ninguna delincuente, no maté a nadie, ni mandaría a nadie a matar porque soy una mujer de fe”, sostuvo.
“A mí cualquier ratito me va a dar un infarto porque toda esta presión que recibo por todo este acoso afuera y adentro es tremendamente injusto”, indicó la exmandataria, quien es acusada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso conocido como golpe de Estado.
En la audiencia virtual, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Amparo Carvajal, se ofreció como garante para la libertad de Áñez. “Yo me ofrezco como garante y estoy dispuesta a dar mi vida por los derechos de los bolivianos”, dijo.
Áñez ya había pedido en una anterior audiencia que se le permita guardar detención domiciliaria por su delicado estado de salud.
Desde marzo y por seis meses debe guarda detención preventiva en la cárcel. En una ampliación del proceso en su contra, se ordenó otros seis meses.
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