Mientras obispos aliados de Añez callan: Un párroco de El Alto pide justicia por Senkata

AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION.- El sacerdote Guechi Revelin, quien ayudó a las víctimas de la masacre de Senkata, El Alto, ocurrida en noviembre de 2019 durante el régimen de Jeanine Áñez, dijo que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es una “luz de esperanza” para lograr justicia y verdad.

El párroco que dirige la iglesia ubicada en el sector 25 de julio, en la zona de Senkata, decidió abrir las puertas del templo a los caídos en la matanza ocurrida en 2019, además de convertir a ese recinto en sitio de atención a los heridos, en reposo para los perseguidos y, luego, en una morgue para los fallecidos.

“No podía quedarme mirando desde el campanario como un simple espectador o de rodillas ante el Santísimo mientras mi pueblo estaba en graves conflictos. Salí (en noviembre de 2019) agarrando mi bandera blanca y me arrebataron en el camino pensando que era de (Luis Fernando) Camacho y seguí entre los gases y todo el lío. Tomé a los heridos, a los fallecidos, hicimos llegar a la plaza, no dudé ni dos veces en abrir la iglesia sin autorización, no había ni espacio ni tiempo para esto. Yo he jurado, he decidido esta opción de acompañar a mi pueblo, lo haré hasta el último día de mi vida”, indicó a radio Deseo.  

En el templo de Senkata se armó un altar de homenaje a los caídos en la masacre de 2019. Allí el GIEI presentó su informe, este miércoles, sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos, ejecuciones sumarias, torturas y detenciones ilegales ocurridas durante la gestión de Jeanine Áñez.

Para el sacerdote, “el informe nos da una luz de esperanza para un camino de justicia, de verdad”.

El silencio de los obispos ante las masacres de Sacaba y Senkata

Por Itzamná Ollantay /TELESUR / Marzo 2021.- Con asombro y vergüenza veo, una vez más, que la jerarquía católica boliviana, ante el inicio de la investigación judicial contra los responsables del Golpe de Estado y de las masacres subsecuentes en noviembre 2019, se pronunció enérgico acusando/recriminando a los operadores de la justicia, y exigiendo la libertad de la ex gobernante de facto detenida.  Aunque en el calvario de las masacres de Senkata y Huayllani no hubo obispo alguno que recriminase a los verdugos cristianos.

¿Quiénes y por qué niegan la existencia del Golpe de Estado en Bolivia?

Sólo cuantos se sienten culpables con las masacres, o conmocionados por el impacto de las detenciones judiciales contra actores del Golpe de Estado, puede negar a estas alturas la existencia de la violenta ruptura del orden constitucional en Bolivia ocurrida en noviembre del 2019.

La jerarquía católica boliviana fue uno de los artífices y legitimadoras del Golpe de Estado porque los obispos en reunión con políticos opositores al gobierno de Morales, y con embajadores de otros países, decidieron incluso quién sería la sucesora de facto del sillón presidencial. Las evidencias periodísticas y confesiones de parte sobre ello son abundantes.

Los obispos católicos sienten culpa y miedo. Saben que si juzgan y encarcelan a los ejecutores del Golpe y de las masacres, también se tendrá que investigar y castigar a los “autores intelectuales y espirituales”. He aquí la razón del por qué intentan ahogar la verdad sobre el Golpe de Estado y de las masacres en nombre de Dios.

¿Por qué la jerarquía católica boliviana apostó al Golpe de Estado?

Quienes defenestraron violentamente el gobierno constitucional de Evo Morales, en 2019, lo hicieron envalentonados y legitimados por la Biblia, la cruz, el rosario, oraciones, etc.

Biblia en mano, y en nombre de Dios, la usurpadora decretó inmunidad para militares que masacraban a indígenas y campesinos descontentos. Los obispos, ante esa hecatombe infernal, con rótulo cristiano, guardaron silencio de ultratumba. ¿Por qué?

En el fondo, la jerarquía católica, confió que el Golpe de Estado restauraría el añorado orden político de la República católica. Confiaron que con el retorno a la República se restaurarían sus privilegios disminuidos durante los 14 años del gobierno del MAS. Pero, la “dictadura católica” encabezada por la “predilecta” de los obispos fue un desastre total. Al grado que, ahora, hasta “los intocables” sienten el aliento de la justicia que les sopla en sus nucas.

   

¿Qué ocurre y ocurrirá con la Iglesia Católica en Bolivia?

La actitud desesperada, y hasta irracional, de la jerarquía católica evidencia su sentimiento de culpa. Saben que golpearon una vez más al pueblo en nombre de Dios, y que ese pueblo creyente regresó por las urnas al poder para hacer justicia con sus verdugos.

En este momento, como nunca antes, existe un repudio abierto contra la jerarquía católica que promovió y apañó las masacres y humillaciones a los pueblos de Bolivia. Ese repudio se lo están ganando a pulso los obispos. Especialmente por atacar a los administradores de justicia que tardíamente comienzan a investigar a los culpables.

Ante el desprecio de la dignidad y de la vida de las y los bolivianos por parte de la jerarquía católica boliviana el Estado Plurinacional está en la obligación de revisar los contenidos del Concordato que firmó con el Vaticano. Se tiene que suprimir todos los privilegios que el Estado boliviano concede a la Iglesia Católica con los impuestos del pueblo.

La auténtica espiritualidad irremediablemente nos lleva a ejercer nuestra vocación profética, no únicamente desobedeciendo la orientación o prédicas torcidas de la jerarquía católica, sino denunciándolas por ser cómplices y corresponsables del Golpe de Estado y de las masacres contra nuestros hermanos y hermanas indefensas. Urge una Iglesia dócil al dolor de los pueblos sufridos. Es imperdonable que por un plato de lentejas la jerarquía católica boliviana venda a toda una Iglesia local a las hienas del infierno.

https://www.telesurtv.net/bloggers/Bolivia.-Jerarquia-catolica-niega-la-existencia-del-Golpe-de-Estado-para-liberarse-de-culpa-20210323-0001.html

Los vecinos de Senkata inician su camino hacia la justicia por la masacre de 2019

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó en este barrio de El Alto su informe sobre vulneraciones de derechos cometidas durante el golpe contra Evo Morales. Esperan que este documento sirva para lograr justicia por los asesinados. Sputnik estuvo allí para conocer la reacción de los vecinos ante el documento.

Llegó el momento tan esperado para los familiares de las víctimas de la masacre de Senkata en 2019. Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) llegaron a este barrio de la ciudad de El Alto para entregarles el informe realizado en un año y medio de investigaciones. El documento final constató que el pueblo alteño fue acribillado por balas de fuerzas militares y policiales. También comprobó que la Policía torturó y ejerció violencia sexual contra mujeres. En total, 38 personas fueron asesinadas en ese periodo.

Gloria Quispe es presidenta de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Senkata. Su hermano, Antonio, recibió una bala en la cabeza cuando ayudaba a un hombre que se había desmayado por los gases lacrimógenos.

«Agradecemos al GIEI que nos relata toda la verdad. Los vamos a llevar siempre en el corazón por el trabajo que realizaron acá», dijo Quispe, quien no puede ingresar a la iglesia de San Francisco sin que la atrape la angustia.

Luego de la masacre, los cuerpos fueron traídos a esta misma iglesia. Cuando las autoridades de facto vinieron a llevarlos para la autopsia correspondiente, las familias lo evitaron: temían que hicieran desaparecer a sus seres queridos, así nunca se habría demostrado la existencia de la masacre.

Cada vez que entra a esta iglesia, Gloria aún recuerda la sangre de su hermano pegada a sus zapatos: «Todo el piso de la iglesia era un charco de sangre. No se puede olvidar. Psicológicamente nos han dañado la mente y el corazón a todo el entorno familiar», relató a Sputnik.

«Cuánto me gustaría que nos digan: ‘Toma el papá de tus niños huérfanos’. O a las mamás que han perdido a sus hijos: ‘Aquí está, vuelve con vida’. Pero eso nunca va a pasar. Por eso queremos que descansen en paz», dijo la presidenta de los familiares.

«Cuánto me gustaría que nos digan: ‘Toma el papá de tus niños huérfanos’. O a las mamás que han perdido a sus hijos: ‘Aquí está, vuelve con vida’. Pero eso nunca va a pasar. Por eso queremos que descansen en paz», dijo la presidenta de los familiares.

Los medios y el golpe

Los vecinos de Senkata no pudieron evitar esconder su molestia con los medios de comunicación locales. Don Jesús Cayocusi Pinto dejó salir su bronca contra y por varios minutos les gritó de todo. Les recordaba la complicidad que mantuvieron la mayoría de ellos con el discurso del Gobierno de facto: la masacre de Senkata estaba justificada por el peligro que revestían los alteños para la planta de combustibles.

«La prensa nacional en esos tiempitos nos ha tildado de terroristas, sediciosos, vándalos. Decían que estábamos robando… ¡Yo nunca he robado! Me gano la vida honradamente», dijo a Sputnik.

«Decían que queríamos hacer explotar la planta de Yacimientos. Pero el informe del GIEI dice que no había ninguna posibilidad de hacerla explotar. ¿Por qué nos ha mentido así la prensa nacional? Por eso siempre repudiamos a la prensa boliviana», aseguró.

¿Y cómo le cayó el informe del GIEI? «Satisfactoriamente lo hemos recibido, porque aquí en Bolivia mucho peregrinamos en búsqueda de justicia. Ahora, esperamos con ansias que se ejecute lo que dice este informe, conforme a las leyes del Estado boliviano», se esperanzó Cayocusi.

¿De qué manera fue afectado por la masacre? Don Jesús se baja el cuello de la camisa para ostentar dos cicatrices: «Yo fui baleado aquí en el cuello. Esa bala se ha metido por aquí [dijo señalando a una cicatriz] y ha salido por acá», agregó con su índice en la segunda marca.

«Mi historia ha sido así: estaba grabando con el teléfono… A todos los que estaban grabando han baleado. Cuando estaba grabando, un herido ha caído al lado mío. He dado un cuarto de giro y acá me llega la bala», dijo tocándose el cuello. «Si no hacía ese movimiento, seguro ahorita no la estaría contando», porque la bala le habría dado de lleno en su garganta.

Fantástico relato sobre la planta de Senkata

La tarde del 19 de noviembre de 2019, ya concretada la masacre, las autoridades del Gobierno de facto de Jeanine Áñez dijeron a los medios de comunicación que había sido necesaria la matanza, porque —según ellos— los vecinos de El Alto amenazaban con hacer volar la planta de combustible de Senkata, donde se almacena gas y gasolina para todo el departamento. Si eso hubiera sucedido, la explosión habría afectado 10 kilómetros alrededor.

El informe del GIEI logró demostrar la falsedad de esta versión: «A partir de investigaciones objetivas, de acudir a la planta, de analizar expedientes investigativos, y mediante estudios técnicos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), nos es posible afirmar taxativamente que no existía riesgo de generar una explosión en la planta de Senkata», dijo a los vecinos el abogado argentino Juan Méndez, integrante del grupo creado a partir de un convenio entre el Gobierno boliviano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El GIEI comprobó que al menos 70 personas fueron heridas en la masacre. «El primer grupo estuvo integrado por 28 personas, entre los cuales había una mujer y tres menores de edad. Uno de los menores era una persona con discapacidad psicosocial», advirtió Méndez.

Y agregó: «Las personas aprehendidas fueron víctimas de tortura en la estacion policial 3, de Ciudad Satélite. La mujer fue víctima de violencia de género y violencia sexual». Las mujeres capturadas en los otros grupos también fueron abusadas por los oficiales.

Hubo casos en que las víctimas «decidieron no acudir a hospitales por temor a ser detenidas. Así el estado de salud de las personas heridas se agravó», comentó.

Méndez relató que el 11 de noviembre de 2019, con Morales ya derrocado, varias personas de El Alto capturaron a otros vecinos, quienes protestaban contra el golpe, y fueron entregados a la Policía. El GIEI tomó conocimiento de tres grupos de detenidos.

«Horas después de su detención, estas personas fueron exhibidas en conferencia de prensa como ‘terroristas’, sin resguardar su privacidad ni su derecho a la presunción de inocencia», afirmó el integrante del GIEI.

Muchas de estas personas permanecieron detenidas hasta seis meses, porque «la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial incumplieron con su deber de promover el debido proceso legal, ofreciendo imputaciones y acusaciones sin respaldo probatorio».

El abogado del grupo informó que, a partir de las autopsias realizadas a los 10 asesinados, se supo que «el calibre de armamento empleado y los casquillos encontrados en el lugar es compatible con armas de uso exclusivo del Ejército».

Cuando escucharon estas palabras, cientos personas que atiborraban la iglesia de San Francisco de Asís estallaron en aplausos. Finalmente, una investigación seria demostraba que los vecinos fueron asesinados por motivos políticos: rechazaban el golpe.

Un informe exhaustivo

Patricia Tappatá, también integrante del GIEI, aseguró que actuaron «con la mayor seriedad y profundidad en el estudio de las evidencias y las pruebas. Escribimos el informe con gran sentido de responsabilidad hacia las víctimas y hacia toda Bolivia».

Y agregó: «Están puestas en el informe las falencias, las ausencias, todo lo que falta para conseguir condiciones dignas de acceso a la justicia. Señalamos con claridad las deficiencias y abusos en el funcionamiento de las fuerzas policiales y las acciones de las Fuerzas Armadas en general».

En este sentido, Tappatá recomendó a las y los vecinos de Senkata: «Lo más importante es que ustedes se asienten en los hechos, en las cosas tal como pasaron, para obtener justicia y recibir reparación por los daños que les fueron provocados».

Por su parte, Méndez nombró a todos los asesinados en la masacre: «Me voy a permitir leerles los nombres de las personas que hemos perdido en el episodio de Senkata para después pedirles un minuto de silencio en memoria de ellos». La mayoría de los asesinados apenas pasaba los 20 años de edad.

«Antonio Ronald Quispe Ticona, de 24 años. Falleció el 19 de noviembre de 2019 por traumatismo craneoencefálico penetrante, por proyectil de arma de fuego, compatible con calibre 22», dijo Méndez.

«Segundo: Clemente Mamani Santander, de 24 años. Falleció por traumatismo abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego, compatible con calibre 9 milímetros. Tercero: Calixto Huanaco Aguilario, de 25 años, falleció por traumatismo craneoencefálico penetrante por proyectil de arma de fuego compatible con calibre 22», siguió el abogado.

«Cuarto: Devi Posto Cusi, de 34 años, falleció por traumatismo abdominal penetrante, por proyectil de arma de fuego. No se recolectó proyectil, por tener orificio de salida. Quinto: Edwin Jamachi Paniagua, de 31 años, falleció por traumatismo toráxico penetrante». Tampoco se pudo obtener la bala de su cuerpo.

El resto de las víctimas también fueron asesinadas por certeros disparos en la cabeza, en el pecho o el abdomen. Entre ellos están Juan José Tenorio Mamani, de 22 años; Joel Colque Patty, de 22 años; Milton Zenteno Gironda, de 22 años; Pedro Quispe Mamani, de 37 años; y Rudy Vásquez Condori, de 23 años. «Para todos ellos les pido un minuto de silencio», dijo Méndez.

Los madres de los asesinados, aún de riguroso luto, se pusieron de pie con los retratos de sus hijos. Pasado el minuto, la iglesia de Senkata retumbó con el coro de las y los presentes, quienes gritaban «justicia».

AQB / Sputnik
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Ministro de Justicia de Bolivia: Cada una de las muertes de bolivianos en las masacres es cuestión de Estado

«Transmitimos el compromiso con la independencia de la justicia, con la reforma de la justicia a la cabeza del TSJ y el acompañamiento del Ministerio de Justicia y todo el Estado», dijo el Ministro de Justicia en Sucre. (Foto: @ivanlimamagne)

Ahora EL PUEBLO digital/ El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, señaló este miércoles que, en respuesta a las recomendaciones establecidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), se reimpulsará la Reforma Judicial y no se dejará en la impunidad las muertes de 38 bolivianos causadas por la represión militar y policial durante el gobierno de facto. 

“El informe ha establecido la urgente necesidad de que la Justicia adquiera un carácter de independencia, de imparcialidad, de idoneidad que nos permita a los bolivianos estar orgullosos de ella rumbo a los 200 años de vida independiente”, indicó el Lima en una conferencia de prensa desde la ciudad de Sucre, cita un boletín de prensa del Ministerio de Justicia.

El informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 realizado por el GIEI fue entregado ayer al presidente el Estado Plurinacional, Luis Arce, y familiares de las víctimas mortales y sobrevivientes, con una veintena de recomendaciones para el Estado.

El documento a través de una investigación científica y metodológica, evidenció que se produjeron masacres en Sacaba y en Senkata y graves vulneraciones de derechos humanos, además de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas del orden durante el periodo de facto.       

“Se ha vuelto una cuestión de Estado la muerte de cada uno de los bolivianos, el presidente Luis Arce ayer (martes) lo ha señalado, no vamos a cesar en ese esfuerzo nacional para que todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos tengan justicia”, dijo Lima.

El ministro agregó que se pondrá a disposición toda la institucionalidad del Estado para lograr que se haga justicia para todos los bolivianos que resultaron víctimas de dicho periodo.

“Ese es el compromiso del Presidente y no vamos a cesar en este esfuerzo que implica necesariamente juicio de responsabilidades, procesos ordinarios y la firme convicción del Estado de que ningún crimen quede en la impunidad”, subrayó.

Con el objetivo de atender las recomendaciones, hoy se desarrolla una reunión de las máximas autoridades del órgano judicial para analizar los mecanismos con los que se dará cumplimiento a lo establecido en el informe.

“El informe GIEI Bolivia ha establecido la enorme necesidad de que la justicia adquiera un carácter de independencia, imparcialidad e idoneidad y la necesidad de trabajar todos juntos en el sector justicia para implementar las recomendaciones planteadas”, señaló la autoridad.

Tras un mandato del presidente Luis Arce, en nombre de 2020 el Ministro de Justicia anunció la Reforma Judicial que tiene como pilar un paquete normativo que busca garantizar la transparencia, celeridad e independencia en la administración de justicia, el proceso ahora será reimpulsado bajo las recomendaciones emitidas por los expertos internacionales.

“Trasmitir en nombre del Gobierno nacional nuestro firme compromiso con la independencia de la justicia, con la reforma de la justicia como debe ser, encabezada por el Tribunal Supremo de Justicia, su presidente Ricardo Torres, el magistrado que ha asumido recientemente la conducción del órgano Judicial y que como cabeza del mismo tiene un reto enorme, que cuenta con el acompañamiento y el concurso del Ministerio de Justicia y de todo el Estado”, dijo el titular de Justicia.

Sin embargo, la autoridad remarcó que “la principal señal de independencia judicial, es que la reforma parta de los jueces y parte de la conducción del Tribunal Supremo de Justicia”.