Por Luis Fernando Cruz / AHORA EL PUEBLO.- El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desvirtuó ayer cualquier intento de atentado explosivo a la Planta de Senkata en 2019, en la ciudad de El Alto, como mencionó alguna vez la expresidenta de facto Jeanine Añez para justificar el despliegue de tropas militares que perpetraron asesinatos extrajudiciales.
La afirmación fue emitida por Juan Méndez, en la entrega del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a las víctimas de la masacre de 2019, en la parroquia San Francisco de Asís, de Senkata, cita que fue precedida por una oración y un minuto de silencio en honor a los caídos.
Explicó que el GIEI tomó conocimiento de que la ciudad de El Alto es históricamente conocida como un lugar de protestas y luchas políticas de reivindicaciones sociales bajo la consigna de “El Alto de pie, nunca de rodillas”.
Dijo que los expertos reconocen las movilizaciones y demandas de noviembre de 2019, por lo que en su investigación elaboraron una evaluación objetiva de los momentos “en los que se señalaba a la población alteña con la intención de generar afectaciones a la Planta de Senkata”, lo que motivó que 11 personas pierdan la vida y 78 resultaran heridas. “No obstante, a partir de investigaciones objetivas, acudiendo a la Planta, analizando expedientes investigativos y mediante estudios técnicos del equipo argentino de antropología forense nos es posible afirmar taxativamente que no existía el riesgo de generar una explosión en la Planta de Senkata”, sostuvo.
MENTIRA DE AÑEZ
El 19 noviembre de 2019, la presidenta de facto Jeanine Añez y sus ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, acusaron a la población movilizada de intentar explotar la Planta de Senkata.
“Hemos recibido agresiones físicas a instalaciones estratégicas nacionales, como son ductos estropeados y amenaza de agresiones explosivas que destruirán totalmente plantas estratégicas de hidrocarburos como la de Senkata”, declaró entonces Añez en conferencia de prensa junto al Alto Mando Militar, en su afán de justificar la intervención en la que perdieron la vida 11 personas y decenas fueron heridas.
HERIDOS
Méndez informó que ese grupo de expertos tomó conocimiento de que los heridos por impactos de bala, balines y gases lacrimógenos fueron discriminados en los centros hospitalarios donde se les negó atención médica porque eran simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). “En algunos casos hubo denegación de atención médica a personas heridas de bala, y diversas personas heridas que se encontraban recibiendo atención médica decidieron irse sin el alta correspondiente, huyendo de los hospitales. En algunos casos, las víctimas decidieron no acudir a los hospitales por temor a ser detenidas, lo cual hasta hoy impide conocer el número efectivo de heridos durante los hechos en Senkata”, manifestó.
APREHENSIÓN ILEGAL
Méndez dijo que los expertos conocieron que el 11 de noviembre de 2019 había grupos de vecinos de El Alto que ejecutaron aprehensiones ilegales de personas con argumentos discriminatorios, y en algunos casos cometieron hechos violentos contra los detenidos, para después entregarlos a la policía; tres grupos de personas fueron capturados.
“El primer grupo estaba integrado por 28 personas, una mujer y tres menores de edad, de los que uno de los menores era una persona con discapacidad psicosocial. Durante el proceso posterior a la detención las personas fueron víctimas de tortura en la Estación Policial Tres, IPI Tres, de Ciudad Satélite. Las mujeres del grupo fueron víctimas de violencia de género y violencia sexual. Horas después de su detención, las personas de este grupo fueron exhibidas en conferencia de prensa como ‘terroristas’, sin resguardad su privacidad ni su derecho a la presunción de inocencia”, sostuvo.
ILEGALIDAD
En esa línea, el experto dijo que el GIEI evidenció que en los procesos iniciados en contra de las personas detenidas carecen de una individualización de actos, de responsabilidades y son deficientes en la acreditación de un nexo entre el delito y los civiles imputados.
“A pesar de esto, algunas personas permanecieron privadas de su libertad en celdas penitenciarias hasta seis meses, así la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial incumplieron con su deber de promover el debido proceso legal ofreciendo imputaciones y acusaciones sin respaldo probatorio”, sentenció.
Quino: Se debe reparar el daño ocasionado
El analista político Israel Quino explicó que se categorizaron 12 derechos humanos vulnerados, cuyo daño es necesario reparar mediante acciones concretas a mediano y largo plazo.
Sobre lo ocurrido en Senkata, Quino se refiere a las ejecuciones sumarias extrajudiciales y explica que, con el informe del GIEI, se muestra que no hubo tal enfrentamiento ni intercambio bélico. “Por la firmeza del informe del GIEI, se disparó por la espalda de las víctimas en completo estado de indefensión, su único objetivo: quitar la vida de los manifestantes que ejercían su derecho a la protesta”.
Dijo que el Ministerio de Gobierno debe iniciar los sumarios correspondientes, de manera inmediata, para identificar a los uniformados policiales denunciados por los testigos y, bajo el debido proceso, procesarlos con todo el rigor de la ley penal en Bolivia.
“El análisis científico, además, devela actos reprochables del exmando militar y policial al deliberar políticamente, una sugerencia que era más un ultimátum al poder que ejercía el orden constitucional. Por ello debe identificarse tanto a los autores mediatos e inmediatos que detonaron todo con la vigencia del DS 4078”, manifestó el analista mediante sus redes sociales.
Entre otras sugerencias, Quino dijo que el informe de la GIEI es el único documento internacional que hace énfasis en la irregular e inconstitucional toma del poder político en Bolivia por el régimen de transición, describe las acciones que fueron contrarias al mecanismo de sucesión constitucional y que profundizó la crisis, que generó 38 muertes.
Finalmente, a modo de recomendación, dijo que “las fuerzas políticas tienen la obligación moral, con el soberano, de autorizar los juicios de responsabilidades en el país por las masacres. Si no lo hacen, el pueblo los juzgará y la única vía será la Corte Penal Internacional”.
Sacerdote: Es una luz de esperanza
El sacerdote Guechi Revelin, quien ayudó a las víctimas de la masacre de Senkata, El Alto, en noviembre de 2019, durante el régimen de Jeanine Añez, dijo que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es una “luz de esperanza” para lograr justicia y verdad.
El párroco que dirige la iglesia ubicada en el sector 25 de Julio, en la zona de Senkata, decidió abrir las puertas del templo a los caídos en la matanza de 2019, además de convertir a ese recinto en sitio de atención a los heridos, en reposo para los perseguidos y, luego, en una morgue para los fallecidos. “No podía quedarme mirando desde el campanario como un simple espectador o de rodillas ante el Santísimo mientras mi pueblo estaba en graves conflictos. Salí (en noviembre de 2019) agarrando mi bandera blanca y me arrebataron en el camino pensando que era de (Luis Fernando) Camacho y seguí entre los gases y todo el lío. Tomé a los heridos, a los fallecidos, los hicimos llegar a la plaza, no dudé ni dos veces en abrir la iglesia sin autorización, no había ni espacio ni tiempo para esto. Yo he jurado, he decidido esta opción de acompañar a mi pueblo, lo haré hasta el último día de mi vida”, indicó a radio Deseo.
Para el sacerdote, “el informe nos da una luz de esperanza para un camino de justicia, de verdad”. (ABI)
Las balas de la masacre de Senkata salieron de las FFAA y la Policía, no hubo riesgo de explosión en la planta
Por Miguel Gómez / LA RAZON.- El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) califica de “masacre” lo ocurrido el 19 de noviembre de 2019 en el barrio de Senkata, en El Alto, por el “uso desproporcionado de violencia” de las fuerzas de seguridad y reveló que no hay evidencia sobre la intención de hacer explotar la planta de YPFB.
Son las conclusiones sobre la violencia y la violación de derechos humanos investigadas por la comisión y presentadas este martes. Desde el 10 de noviembre de 2019, El Alto protagonizó movilizaciones de rechazo a la renuncia del expresidente Evo Morales, lo que se ahondó con la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta, dos días después.
“Las protestas en Senkata iniciaron por el desacuerdo con la renuncia de Morales. Las manifestaciones eran de una participación plural con personas que no necesariamente eran simpatizantes de ningún partido político, pero que se identificaban con las demandas sociales en contra de la quema de la Wiphala, la humillación y las vejaciones en contra de la gente pobre y la discriminación a las mujeres de pollera”, remarca el documento proporcionado a La Razón.
Ello provocó el bloqueo a la salida de combustibles líquidos de la planta de la zona, a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lo que desencadenó una crisis de carburantes en la ciudad de La Paz. Por ello, militares y policías realizaron un operativo conjunto el 19 de noviembre, al amparo del Decreto Supremo 4078 promulgado cinco días antes por Áñez y su gabinete, que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en los operativos para “restablecer el orden”.
El informe explica que 47 cisternas y camiones de garrafas de gas fueron parte del convoy escoltado por las fuerzas de seguridad. Luego, una centena de manifestantes derribó el puro perimetral de la planta y cuatro vehículos incautados fueron quemados en “una zona de la planta sin uso operacional, e intentó ingresar por un portón del extremo sur” de la engarrafadora.
“Las fuerzas de seguridad reaccionaron con uso desproporcionado de violencia al derrumbe del muro y la secuencia de protestas. Las autoridades del Estado justificaron la necesidad del uso de elevada fuerza —aunque no se admitiera el uso de municiones letales— para prevenir la ocurrencia de explosión de la planta, lo que provocaría un desastre de gravísimas consecuencias en la ciudad de El Alto. Las evidencias ofrecidas por el Estado y complementadas con las diligencias conducidas por el GIEI no confirman que hubiera ese riesgo concreto”, remarca el GIEI.
El documento añade que “las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vandálicos ni por las protestas. En la única ocurrencia de alguna gravedad, acaecida en el extremo sur de la planta —en el área de manejo de válvulas para reducción de la presión del sistema de distribución de gas natural— el uso proporcionado de la fuerza se ha comprobado como suficiente para prevenir riesgos o daños concretos a los servicios”.
El grupo de expertos argumenta que el “uso desproporcional de la fuerza” de las fuerzas de seguridad provocó la muerte de 10 personas y al menos otras 78 resultaron heridas. Y subraya que “aunque las Fuerzas Armadas y la Policía no hayan admitido el uso de armas letales, las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron de sus tropas”.
Asimismo, los heridos acudieron a hospitales pero fueron víctimas de maltratos, discriminación, racismo y denegación de servicios médicos, incluso los heridos de bala, bajo el argumento de que eran simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirma el GIEI en sus conclusiones.
Por ello, ante la desconfianza, seis familias de los fallecidos evitaron que los cuerpos sean llevados a instituciones públicas para la práctica de las autopsias, por lo cual se las hizo en la parroquia San Francisco de Asís de la zona.
El 20 de noviembre, añade el documento, “familiares de las víctimas fatales y moradores de la ciudad de El Alto organizaron una protesta hacia el centro de la ciudad de La Paz con miles de personas, conocida como Marcha de los Féretros. El Estado, a través de la Policía, reprimió arbitrariamente la marcha, lo que resultó en personas heridas por el uso abusivo de gases. Además, considerando la naturaleza fúnebre de la protesta, la represión afectó la dignidad de las personas muertas y de sus familiares”.
Senkata y Sacaba, las narrativas que caen
Por Rubén Atahuichi / LA RAZON.- Ha pasado más de año y medio desde los hechos luctuosos de 2019. Durante todo ese tiempo los bolivianos hemos estado sometidos a narrativas inverosímiles que se instalaron poco a poco en el imaginario colectivo gracias a la conveniencia política y la hegemonía mediática. Sin embargo, nada parece perecedero.
El último informe del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) sobre la violencia y la violación de derechos humanos durante la crisis poselectoral de 2019, trabajado en ocho meses, acaba de echar por tierra algunas narrativas, que resultan las contraposiciones políticas a los hechos, que muchas veces son difíciles de admitir.
¿Masacre o enfrentamiento? No van a contarnos. Quienes estuvimos pendientes de los sucesos de 2019 vimos con indignación cómo las fuerzas militares y policiales, al amparo del Decreto 4078, irrumpieron con violencia en las movilizaciones contrarias al gobierno recién proclamado de Jeanine Áñez. Entonces, políticos y medios de información consideraron y titularon los hechos como “enfrentamientos”.
¿Puede haber en un enfrentamiento muertos y heridos en un solo bando? No, a no ser por la superioridad numérica o la logística de unos sobre otros, pero siempre en condiciones similares de enfrentamiento: contingentes, pertrechos o experticia.
En la represión de Sacaba y Senkata solo unos tenían la fuerza y armas. Unos eran militares y policías, y otros, movilizados. ¡Hubo masacres! Así lo vimos, y el GIEI acaba de decirlo con contundencia: “El GIEI no duda en llamar a los hechos de Sacaba y Senkata como masacres”.
¿En 2019, los movilizados planearon volar la planta de Senkata? La narrativa, surgida desde el muro de un periodista, dice que sí. Y el relato señalaba que los manifestantes planeaban el extremo, y cierto periodismo comenzó a especular incluso con el radio de impacto —cinco kilómetros— y el número de posibles fallecidos, que no eran menos de 5.000.
El GIEI acaba de derrumbar la leyenda urbana: “De hecho, quedó demostrado que, aun tras el derribamiento del muro, los manifestantes no representaban un riesgo concreto para la seguridad de la planta”.
¿Y dinamitaron el muro, como cierto diario tituló? Un grupo, “de no más a un centenar de personas”, derribó el muro, dice el GIEI.
Sobre la masacre de Sacaba, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que los manifestantes se dispararon entre sí: “Muestra una parte donde dicen ‘hagámonos daño. ¿En qué cabeza macabra puede entrar ‘hagámonos daño para culparles a ellos’?”.
No se dispararon entre sí. “No se comprobó que manifestantes hayan hecho uso de armas de fuego, entre sí o en contra de las fuerzas de seguridad”, dice el GIEI sobre Sacaba.
Cuando ocurrió la masacre de Senkata, el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo que “del Ejército no salió ni un solo proyectil”. El ministro se disparó en el pie, el GIEI afirma que “no se conoce la motivación para el ataque contra civiles, pero es posible concluir que la masacre fue resultado de la acción de los órganos de seguridad del Estado”.
El informe del GIEI abarcó septiembre a diciembre de 2019, entre el gobierno de Evo Morales y el de Jeanine Áñez. Los hallazgos señalan graves violaciones de derechos humanos, ejecuciones sumarias y “sin amparo legal”, y las masacres de Sacaba y Senkata.
La narrativa nueva es que tanto Morales como Áñez deben ser juzgados por similares presuntos delitos. Es más, con ese argumento, Áñez desafió a Morales a someterse a un juico como ella. Pero las masacres, la más grave violación de derechos humanos, ocurrieron en el gobierno transitorio. Así estamos, condenados a convivir con eso hasta que otro organismo tutelar nos diga qué sucedió en un caso o qué hacer sobre un hecho. Hasta esperar seguirán instalándose otras narrativas.
https://www.la-razon.com/voces/2021/08/18/senkata-y-sacaba-las-narrativas-que-caen/
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