Por Fernando Molina /EL PAIS/ España.- El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) ha concluido que en la crisis política boliviana de 2019 se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive “ejecuciones sumarias”, “masacres”, “racismo”, “tortura” y “agresiones sexuales”. Determina que 38 personas murieron y muchas otras fueron heridas, molestadas sexualmente, secuestradas temporalmente, vejadas, torturadas, discriminadas racialmente, detenidas incorrectamente, procesadas sin debido proceso y otros abusos. Las victimas de las violaciones son millares y el GIEI-Bolivia recomienda que se haga un censo para identificarlas totalmente.
La responsabilidad general recae sobre el Estado boliviano y, según los casos, sobre alguno de los dos gobiernos sucesivos: el de Evo Morales, en lo sucedido desde las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019 hasta su renuncia el 10 de noviembre del mismo año; y el de Jeanine Añez, desde su ascensión el 12 de noviembre hasta fines de diciembre de 2019, que es el límite del periodo investigado por los peritos. Las principales causas de luto y violaciones a los derechos humanos fueron la “acción desproporcionada” de la Policía y las Fuerzas Armadas, y, en segundo lugar, choques violentos de civiles divididos por sus opiniones políticas a favor y en contra de Morales.
Los hechos más graves fueron la masacre de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y la masacre de Senkata, del 19 de noviembre del mismo año. En ellas murieron una veintena de personas por armas de fuego y casi doscientas fueron heridas con proyectiles. La primera masacre ocurrió cuando las fuerzas conjuntas desplegadas por el Gobierno de Añez impidieron la llegada a la ciudad de Cochabamba de una columna de manifestantes que venía del Chapare, el área de producción de coca y baluarte electoral de Evo Morales. Las autoridades de entonces argumentaron que los marchistas habían disparado contra los policías y militares. El GIEI-Bolivia “no encontró pruebas de que los manifestantes hicieran uso de armas de fuego o que amenazaran la vida de otros manifestantes, de los efectivos de la policía o de las Fuerzas Armadas presentes. No hubo informes de lesiones graves a ningún miembro de las fuerzas del orden”.
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La masacre de Senkata sucedió en la parte exterior de la planta de almacenamiento de gas y gasolina de El Alto. Los manifestantes derribaron el muro e incendiaron chatarra para expresar su rabia porque, horas antes, camiones cisternas custodiados por la policía habían superado el bloqueo que ellos habían tendido en torno a la planta y estaba llevando combustible a la vecina ciudad de La Paz. Según argumentó el Gobierno de Añez, esta protesta trató de volar la planta “a dinamitazos”, lo que el informe niega. “Las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vandálicos ni por las protestas. En la única ocurrencia de alguna gravedad, acaecida en el extremo sur de la planta –en el área de manejo de válvulas para reducción de la presión del sistema de distribución de gas natural– el uso proporcionado de la fuerza se ha comprobado como suficiente para prevenir riesgos o daños concretos a los servicios”, señala. Y concluye que “ocurrió una masacre en Senkata (…) Aunque las Fuerzas Armadas y la Policía no hayan admitido el uso de armas letales, las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron en sus tropas”.
Si estos pasajes del informe favorecen la interpretación de los citados sucesos que defiende el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, el GIEI-Bolivia también establece que dos personas del movimiento cívico que protestaba contra el presidente izquierdista murieron baleadas el 30 de octubre en Montero, una ciudad del oriente del país. Es probable que los responsables fueran militantes del MAS. Por otra parte, el informe confirma que, en vísperas del derrocamiento de Morales, varios buses de manifestantes contrarios a este que iban a La Paz desde el sur del país fueron detenidos por la fuerza. A algunos de estos viajeros, los bloqueadores pro-Morales los golpearon y hasta agredieron sexualmente. A otros, personas anónimas, les dispararon con armas de larga distancia. “Estos hechos fueron el resultado de la polarización estimulada por agentes políticos y por el propio Gobierno, que contribuyeron a la propagación de la violencia entre civiles y la violación a los derechos humanos”, dice el informe. Hasta ahora no ha habido una investigación seria de los delitos cometidos. “El Estado también es responsable por la impunidad todavía existente”, añade el GIEI-Bolivia.
El presidente Luis Arce pidió perdón a las víctimas de la represión bajo el régimen de Áñez
Una investigación de la CIDH concluyó que se cometieron masacres en Bolivia en 2019
“La policía y las fuerzas armadas usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado”, sostiene el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el informe final presentado este martes.
Un grupo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que durante el golpe de noviembre de 2019 en Bolivia se registraron masacres de fuerzas militares y policiales contra civiles, incluyendo ejecuciones sumarias. “En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas“, afirmó en ese sentido la representante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Patricia Tappatá Valdez, durante la presentación del informe final del colectivo en La Paz.
Tappatá Valdez aclaró que el documento no busca dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral en el que Evo Morales resultó ganador constituyeron fraude o un posterior golpe de Estado, ni se tuvo en cuenta la denuncia contra los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri por el envío de armas para reprimir al pueblo boliviano, ya que no es parte del mandato que recibieron. La experta argentina llamó a que el informe “no sea visto como la fotografía de un tiempo violento pero breve que ya pasó, sino como el nuevo umbral ahora más elevado y exigente de lo intolerable”. El presidente Luis Arce recibió el documento y pidió perdón a las víctimas. Además llamó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a acelerar los juicios de responsabilidades y anunció la derogación del Decreto Supremo 4461, que otorgaba amnistía a los calificados como “perseguidos políticos” del MAS.
“El documento del GIEI es importante porque quita cualquier duda de la comunidad internacional. Ha sido independiente, transparente e investigado con mucho cuidado contando por ejemplo con el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”, aseguró en diálogo con Página/12 Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información. Por su parte Ruth Llanos, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASOFAMD), destacó: “El informe reconoce las graves violaciones a los derechos humanos. Esto hay que destacarlo porque existen esfuerzos sistemáticos por parte de actores políticos y mediáticos nacionales e internacionales de negar, justificar, invisibilizar o incluso banalizar dichas vulneraciones“.
Sacaba y Senkata
Entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, el GIEI entrevistó a testigos de la violencia estatal y paraestatal y escuchó testimonios de organizaciones civiles, autoridades y representantes de instituciones, lo que implicó realizar alrededor de 400 entrevistas y analizar más de 120 mil expedientes.
“La policía y las fuerzas armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprevenidos a los ciudadanos y ciudadanas”, sostiene el grupo en un extenso informe que, citando varios casos que ponen de manifiesto la represión de las fuerzas estatales, menciona lo ocurrido en Senkata y Sacaba. Ambas masacres ocurrieron luego de la asunción de la hoy detenida exmandataria de facto Jeanine Áñez. Tras la salida obligada de Evo Morales en noviembre de 2019, la entonces senadora asumió el poder en circunstancias irregulares ante una Asamblea sin quórum ni oposición.
En el caso del barrio de Senkata, en el Alto, el documento revela que no hay evidencias de la justificación esgrimida por el gobierno de entonces, que sostuvo que la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) corría peligro. “Las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vandálicos ni por las protestas“, apunta el GIEI. El “uso desproporcionado de la fuerza” es responsable de la muerte de diez personas y de al menos 78 heridos.
El GIEI observa un patrón muy similar en Sacaba, ciudad de Cochabamba, donde la reacción de los militares y de la policía fue “desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes”. Producto de los disparos, nueve personas fallecieron y una décima quedó con graves heridas, que provocaron su muerte en junio del año siguiente. Por lo menos otros 98 manifestantes resultaron heridos. En el informe se contradice la versión del por entonces ministro de gobierno Arturo Murillo, actualmente detenido por soborno y lavado de dinero en Estados Unidos, quien acusaba a los manifestantes de ser responsables de los disparos.
El reporte del GIEI también recopila episodios de amenazas y agresiones contra las víctimas de la represión ordenada por el gobierno de Áñez, por ejemplo cuando los manifestantes acudían a los hospitales para ser tratados. El estudio también explica que en las manifestaciones, surgidas en protesta por la renuncia forzada del expresidente Morales, hubo una “participación plural”, con personas “que no necesariamente simpatizaban con ningún partido”, pero sí “se identificaban en contra de la quema de la wiphala, de la humillación y las vejaciones contra la gente pobre y la discriminación de las cholas”. “Estos actos de racismo que se dieron de manera intensiva en 2019 fueron presentados por nuestra asociación en el sistema interamericano. Por eso nos parece muy importante que exista la voluntad política para que el Estado y la sociedad civil cumplan las recomendaciones del GIEI”, destacó en ese sentido Llanos.
Recomendaciones del GIEI y compromiso de Arce
La investigadora Tappatá Valdez entregó este martes el informe al presidente Arce, quien estuvo junto a otras autoridades en el Banco Central de Bolivia, mientras se escuchaban de fondo los aplausos y los pedidos de justicia de los asistentes. Tras recibir el extenso trabajo, el mandatario exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar, en el menor plazo posible, un juicio para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones por la violación de derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019. Luego de leer los nombres de los 37 fallecidos durante la crisis y pedir un minuto de silencio en su memoria, Arce anunció el compromiso de la implementación de las recomendaciones del GIEI.
El grupo de trabajo hizo 36 recomendaciones al Estado, destinadas principalmente a la reparación de los daños, la búsqueda de justicia y cambios en la institucionalidad del órgano judicial. El GIEI remarca en su informe que “la justicia y las fuerzas de seguridad quedaron rezagadas en el proceso de cambio” y que “los ciudadanos no confían en ellas las perciben hostiles, lejanas a sus realidades e intereses”.
Comprometiéndose a avanzar sobre esos reclamos, Arce también dijo que va a “desestructurar toda organización parapolicial” citando los casos de la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala, responsable de la persecución y el ataque a la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce. El GIEI exige que esos grupos de choque sean disueltos, investigados y reciban consecuencias legales porque, como enfatiza Llanos a este diario, “proyectar un país pluricultural y plurinacional tiene que estar basado en lo que significa la lucha contra los discursos de odio”.
https://www.pagina12.com.ar/362168-una-investigacion-de-la-cidh-concluyo-que-se-cometieron-masa
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