Por Roberto Medina Buezo / AHORA EL PUEBLO.- Aunque la Fiscalía de Miami (Estados Unidos) y los abogados de Arturo Murillo acordaron una fianza de $us 250 mil para que el extitular de Gobierno se defienda en libertad, previamente deberá demostrar que sus fondos económicos son legales.
“Los abogados de Murillo han propuesto que pague esa fianza para que se defienda en libertad, y la jueza más o menos ha aceptado si él puede mostrar que el dinero no es ilegal. Si puede pagar la fianza saldrá de la cárcel, aunque su abogado dijo que no pagará todavía”, explicó al periódico Ahora El Pueblo el abogado estadounidense Thomas Becker.
Como estaba previsto, ayer se llevó a cabo la audiencia vía Zoom en Miami, Florida, y Arturo Murillo, quien vestía un uniforme de color verde de preso, estuvo atento a las consultas y decisión final de la jueza luego de aproximadamente 40 minutos; posteriormente, un guardia lo acompañó nuevamente a su celda.
Debido a comentarios respecto a que el exministro de Jeanine Añez ya recobró su libertad; Becker aclaró que el proceso en su contra continúa y que puede estar “meses y meses en la cárcel si no tiene la plata para pagar su fianza”, aunque en su caso podrá hacerlo demostrando que sus fondos son legales.
“Habrá como una audiencia pequeña para que demuestre esa situación (legalidad del dinero) y se podría dar en cualquier momento”, manifestó Becker.
ANTECEDENTES
El 22 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el arresto en los estados de Florida y Georgia de Arturo Murillo (57), su exjefe de gabinete Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal (51), los representantes de la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), Luis Berkman (58), Bryan Berkman (36) y Philip Lichtenfeld (48), por su participación en los delitos de soborno y lavado de dinero.
Para comprender este caso de soborno, corrupción, robo al Estado boliviano y lavado de dinero, nos remontamos al 16 de noviembre de 2019, sólo cuatro días después de que Jeanine Añez se autoproclamó presidenta de Bolivia (12 de noviembre).
Rodrigo Méndez le pidió a su amigo Luis Berkman una cotización para la compra de gases lacrimógenos y equipo no letal, pese a que su empresa, BTS, no tenía experiencia en el rubro.
El 26 de noviembre, el Estado boliviano envió una carta a la empresa brasileña Cóndor para indicarle que se comprará dicho material pero con la excepción de que se lo haría mediante una empresa intermediaria, en este caso BTS.
El 3 de diciembre se aprobó el Decreto Supremo 4090, que autorizaba al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional de ese material mediante una empresa intermediaria.
El 17 de diciembre de 2019, BTS compró los gases lacrimógenos a la empresa Cóndor por $us 3,3 millones, y dos días después los vendió al Estado boliviano en $us 5,6 millones.
El sobreprecio de $us 2,3 millones que se le robó al Estado se lo repartieron todos los miembros del “clan mafioso”.
LA RUTA DEL DINERO
El 13 de enero de 2020, el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, trató de enviar los $us 5,6 millones, a través del Banco Central de Bolivia, a Estados Unidos.
“Casualmente, esa fecha, Arturo Murillo se encontraba en Estados Unidos y se reunió con Bryan Berkman. Más tarde, ese mismo día, abrió una cuenta en un banco y retornó a Bolivia”, detalló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en mayo.
El 29 de enero de 2020, el JP Morgan Chase Bank rechazó ese pago al detectar algunas irregularidades y evitó la ejecución de la transacción.
Ante la desesperación y al no concretar el envío de todo el dinero, López hizo un nuevo intento el 17 de marzo y logró transferir a Estados Unidos $us 3,9 millones para BTS, posteriormente, el 8 de abril, envió el saldo de $us 1,7 millones, lo que suman los $us 5,6 millones que se le robó al Estado boliviano con este ilícito.
De ese monto, $us 3,3 millones fueron a la empresa Cóndor y los $us 2,3 millones se repartieron todos los involucrados, además se pagaron sobornos.
Este envío de dinero al país del norte, y las posteriores transacciones a cuentas particulares de Murillo, López, Lichtenfel, entre otros, es lo que se investiga en Estados Unidos, porque se utilizaron entidades bancarias para lavar esos millones.
DETENCIÓN DOMICILIARIA
Si Murillo paga la fianza y sale de la cárcel, tendrá que cumplir con una detención domiciliaria mientras dure el proceso en su contra y la Fiscalía de Miami colecte todas las evidencias en su contra para emitir una sentencia, que se prevé no será menos de 20 años de prisión por ambos delitos.
“Es un caso internacional muy complicado y los investigadores necesitan más tiempo para construir el proceso”, afirmó el abogado norteamericano.
Está previsto que Murillo tenga que usar una tobillera que le impedirá trasladarse a otro estado (más aun salir de Estados Unidos), su registro en la corte; entre otras restricciones.
“Si paga la fianza, no significa que es no culpable de los delitos por los que es investigado, sólo dejará la cárcel, pero no podrá escapar (como lo hizo de Bolivia el 5 de noviembre de 2019 al pasar a Brasil de manera ilegal)”, remarcó.
En el país del norte es común y normal que los acusados enfrenten sus procesos en libertad una vez que concreten el pago de una fianza, es así que los demás involucrados en el caso también están gozando de esta disposición.
Algo similar pasó con todos los demandados en este caso, ya que Bryan Berkman canceló $us 500 mil, su padre (Luis) $us 350 mil y Sergio Méndez $us 250 mil.
“Aún hay un involucrado, que podría ser Luis Fernando López (exministro de Defensa y actual prófugo de la justicia Bolivia). Todos los demás han pagado sus fianzas y la posibilidad de escapar es poca”, remarcó.
NUEVA AUDIENCIA
Ante el pedido de la abogada de Murillo, la jueza de Florida permitió la suspensión de la audiencia del exministro de Gobierno hasta el 9 de septiembre.
“Para el pago de la fianza puede haber otra audiencia formal, pero en general hay una audiencia especial que se llama nebbia hearing. Ahí es donde deberá demostrar que no ha robado el dinero que pretende pagar por su fianza”, manifestó el abogado norteamericano.
CUATRO COIMPUTADOS EN EL PROCESO CIVIL ESTÁN NOTIFICADOS
En el marco del proceso civil instaurado por el Estado boliviano en contra del clan mafioso que robó a los bolivianos $us 2,3 millones, el juez norteamericano William Thomas ya notificó hasta el momento a cuatro coimputados.
“La demanda civil que hemos planteado ya el jueves de la antepasada semana ha rendido frutos. Se ha notificado a cuatro, hasta el momento, de los coimputados. Estamos en una etapa de notificación electrónica (…) El juez William Thomas es quien está presidiendo esta demanda civil”, detalló en una videoconferencia desde Sucre el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, vía Zoom.
La demanda civil pretende recuperar el dinero de los bolivianos y que se califiquen los daños y perjuicios por los delitos cometidos por parte de Arturo Murillo y los demás miembros del clan mafioso en contra del patrimonio de los bolivianos.
Esta acción tiene dos elementos: recuperar al menos los $us 2,3 millones por el sobreprecio en la compra de los gases, y el pago de daños y perjuicios, con base en el contrato firmado con la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions.
“Se espera que el procedimiento sea completado en los siguientes días, puesto que cada uno de los notificados tiene 20 días para responder por la vía legal”, remarcó.
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